Elida Contreras Álvarez

Expediente 139/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
139/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Elida Contreras Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1859/2022, enviado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual informa la admisión a trámite del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y este Juzgado de Distrito, para conocer del juicio de amparo promovido por ELIDA CONTRERAS ÁLVAREZ, en contra del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, quedando registrado como conflicto competencial 8/2022; de lo anterior, tómese nota para los efectos legales a que haya lugar, y se está a la espera de la resolución que se emita en dicho conflicto competencial. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, ocho de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 338/2022, enviado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por ELIDA CONTRERAS ÁLVAREZ, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro uno de juzgado correspondiente al registro de juicios de amparo, que se lleva en este juzgado, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, con el número 139/2022-III, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Acúsese recibo de estilo. Así, del contenido de la determinación de seis de enero del presente año, dictada por el Juzgado oficiante, se desprende que el citado órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ELIDA CONTRERAS ÁLVAREZ, que quedara registrada bajo el número de amparo 5/2022, por razón de territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, con base a las consideraciones expuestas en dicha resolución. No obstante, este órgano de control constitucional, respetuosamente, no comparte las consideraciones en que se sustenta la declinación de la competencia. Sobre el particular, se toma en cuenta lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación en el orden siguiente: a). En el primer párrafo del señalado numeral, se establece la regla que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, acorde con su naturaleza jurídica, requieren de ejecución por parte de una autoridad. b). La segunda regla normativa que se contiene en el aquí comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se haya presentado la demanda. c). En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Conforme a lo anteriormente expuesto se deduce que para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, conforme a las diversas hipótesis previstas en el aludido precepto legal, es de relevancia la naturaleza jurídica del acto reclamado y sus consecuencias. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299, bajo el rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Ahora, el Titular del Juzgado declinante, en su resolución, básicamente determinó que la parte quejosa reclama todo lo actuado dentro del expediente agrario 618/2017, y el desalojo de la parcela 40 Z-1 P-1/1, que se localiza en el Ejido Portes Gil, del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio agrario 618/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 30 con sede en Ciudad Victoria, y que por ese motivo, este juzgado tiene competencia para conocer del asunto que nos ocupa, dado que en el territorio que ejerce jurisdicción este juzgado, se ejecutará ese acto administrativo. Sin embargo, también cierto es, que en la demanda de derechos fundamentales, la quejosa señala que uno de los actos reclamados, lo constituye la ejecución de la sentencia, la cual corresponde realizar al Registro Agrario Nacional en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Por lo tanto, el artículo 37 de la Ley de Amparo transcrito, establece en su segundo párrafo, que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Hipótesis que se surte en la presente demanda, toda vez que la quejosa también señaló actos a ejecutar por el Registro Agrario Nacional en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria. Es decir en aquella localidad, el acto reclamado también puede tener ejecución, pues será dicha autoridad la que, en su caso, ejecute las inscripciones respecto al certificado parcelario 000000198811 que ampara la parcela 40 Z-1 P-1/1, expedido a favor de Juan Antonio Jaramillo Valadez, persona con la que, según los antecedentes narrados por la quejosa, celebró una cesión gratuita de derechos parcelarios. De manera que las consecuencias jurídicas o determinaciones (inscripciones o actualizaciones al registro parcelario por cambio de titular) que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 30 con sede en Ciudad Victoria, ordene realizar en el juicio agrario 618/2017, al referido Registrador Agrario, se ejecutaran en aquella localidad. Por lo tanto, quien ahora juzga considera que, en la especie, nos encontramos en el supuesto del segundo párrafo del referido numeral 37, toda vez que al tener ejecución en varios distritos, será competente el juez ante el que se presentó la demanda de amparo. Ante tales motivos y fundamentos este juzgado de Distrito no acepta la competencia propuesta, y acorde a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena devolver al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, las constancias remitidas a través del oficio de cuenta, para los efectos legales conducentes. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo, y con transcripción del presente acuerdo remítanse a la autoridad oficiante las constancias correspondientes.

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