Elías Rafael González Hernández y Otros.

Expediente 626/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
626/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Elías Rafael González Hernández y Otros.
  • Elías Rafael González Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercero interesado se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse únicamente el escrito de demanda, la sentencia y el presente proveído. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación y las subsecuentes al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable, mediante el oficios 680/2020-II y 111/2021-II informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto, por lo que, con los mismos y sus anexos, mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada, la que fue desahogada por esta última a través del escrito de cuenta; en esas circunstancias, este tribunal hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de veinticuatro de noviembre dos mil veinte , se dictó ejecutoria en el presente asunto, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "(.) la responsable: 1. Deje sin efectos el fallo de segundo grado reclamado y, 2. Dicte otro en el que, en ejercicio de la libertad jurisdiccional que se le confiere, siguiendo las consideraciones plasmadas en esta ejecutoria, lleve a cabo el análisis íntegro de los agravios ante ella formulados por el actor apelante, aquí tercero interesado, en confrontación con las consideraciones que rigieron el sentido de la sentencia de primer grado y determine lo que en derecho corresponda. (.)". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Mediante acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte dejó insubsistente la sentencia reclamada (1), y 2. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno , siguiendo las consideraciones plasmadas en la ejecutoria dictada en el presente asunto, pero, en ejercicio de la libertad jurisdiccional otorgada, dictó una nueva resolución en la que llevó a cabo el análisis de los agravios formulados por actor apelante, aquí tercero interesado, y arribó a la consideración de que resultaban insuficientes e infundados, de modo que resolvió en el sentido de confirmar la sentencia apelada. De lo anterior se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, como se hace patente de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y las actuaciones practicadas por aquélla en los términos precisados en párrafos anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. No se oponen a esta consideración lo argumentos vertidos por el tercero interesado al desahogar la vista que se le dio con la sentencia dictada por la responsable en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se sostiene lo anterior, en virtud de que el ocursante se duele de que le causa agravios el nuevo fallo, porque la responsable realizó un incorrecto análisis de los "actos" dirigidos a demostrar la acción por él propuesta, al no considerarlos en totalidad, pese a que, de ellos se desprende que ha sido perturbado, por los quejosos, en la posesión del predio objeto de la litis, de ahí que debieron ser "valorados a fondo". Con base en lo anterior, asevera que la resolución de mérito debió dictarse en el sentido de confirmar la de primer grado, pues, aun cuando se concedió la protección constitucional, esa decisión se encontraba encaminada a confirmar el estudio y correcta valoración del caudal probatorio, a la luz de un análisis sistemático y conjunto, como se realizó en la primera ocasión, estableciendo que sus agravios eran suficientes, dado que los quejosos no demostraron la veracidad de su dicho, al no haber aportado pruebas idóneas para tal fin. Por ello, considera que la autoridad responsable debe emitir una nueva resolución en sentido diverso. A efecto de demostrar que las manifestaciones producidas por el tercero interesado no tienen el alcance de modificar la consideración de que la ejecutoria de amparo está cumplida de manera total, sin excesos ni defectos, es menester precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. LXII/2018 (10a.), dejó establecido que la libertad de jurisdicción otorgada a la autoridad responsable, para que dé el cumplimiento correspondiente a una sentencia de amparo, encuentra su límite en la materia de lo que fue analizado, por ende, no está desvinculada de la obligación de atender las consideraciones y razonamientos contenidos en la sentencia de amparo. Empero, debe dejarse claro que se trata de lineamientos legales que, ciertamente, deben observarse al dictar una nueva resolución, la cual, en ejercicio de la mencionada plenitud jurisdiccional puede ser en el sentido jurídico que la responsable estime procedente, es decir, no se le define éste. En eso consiste la libertad conferida, es decir, en que de nueva cuenta realice un ejercicio de ponderación, solventando las irregularidades detectadas por el órgano constitucional. El criterio en cuestión fue publicado con el número 1a. LXII/2018 (10a.) , y es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo". Con ese orden de ideas, puede sostenerse que, lo resuelto por la responsable a quien se dejó en la libertad de hacerlo de conformidad con su interpretación jurídica, en todo caso, puede ser objeto de una nueva controversia a través de diverso juicio de amparo, más no análisis del cumplimiento de esta ejecutoria, porque como se desprende de las consideraciones que rigen a la sentencia de amparo, no se le vinculó a resolver en un determinado sentido, razón por la cual esa actuación puede ser sometido nuevamente al control de legalidad que se ejerce en el juicio constitucional. En ese contexto, si al emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, no se aprecia que actuó de una forma distinta a lo indicado, el sentido en que lo hizo no puede ser suficiente para declararla no cumplida, como en concreto lo pretende el justiciable, basado en un claro desacuerdo con el examen que practicó a los agravios que ante ella formuló, respecto de lo cual no se sentaron lineamientos que debieran ser atendidos en una forma determinada que implicara su vinculación a resolver en cierto sentido. Al respecto, por su sentido y alcance jurídico, resulta aplicable la tesis 2a. CVI/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL JUZGADOR DE AMPARO DEJA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APTITUD DE EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución; no obstante, cuando el juzgador de amparo deja a la autoridad responsable con libertad de jurisdicción para emitir la nueva resolución con la cual dará cumplimiento al fallo protector, ésta puede combatirse a través de un nuevo juicio de amparo, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha determinación no podría considerarse cosa juzgada, considerando que esas decisiones no atienden a los lineamientos fijados por el órgano federal de amparo, por lo que es procedente el juicio constitucional contra los nuevos actos emitidos con libertad de jurisdicción por la autoridad responsable". Solo resta señalar que, de considerar que existió algún defecto en el cumplimiento que la responsable dio a la sentencia, el justiciable cuenta con un medio de impugnación previsto en la legislación de la materia que puede hacer valer. Hágase del conocimiento a las partes el presente acuerdo, para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO. "Apizaco, Tlaxcala, a trece de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable, mediante el oficios *** y *** informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto, por lo que, con los mismos y sus anexos, mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada, la que fue desahogada por esta última a través del escrito de cuenta; en esas circunstancias, este tribunal hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de veinticuatro de noviembre dos mil veinte, se dictó ejecutoria en el presente asunto, en la que se reclamada (1), y 2. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, siguiendo las consideraciones plasmadas en la ejecutoria dictada en el presente asunto, pero, en ejercicio de la libertad jurisdiccional otorgada, dictó una nueva resolución en la que llevó a cabo el análisis de los agravios formulados por actor apelante, aquí tercero interesado, y arribó a la consideración de que resultaban insuficientes e infundados, de modo que resolvió en el sentido de confirmar la sentencia apelada. De lo anterior se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, como se hace patente de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y las actuaciones practicadas por aquélla en los términos precisados en párrafos anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. No se oponen a esta consideración lo argumentos vertidos por el tercero interesado al desahogar la vista que se le dio con la sentencia dictada por la responsable en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se sostiene lo anterior, en virtud de que el ocursante se duele de que le causa agravios el nuevo fallo, porque la responsable realizó un incorrecto análisis de los "actos" dirigidos a demostrar la acción por él propuesta, al no considerarlos en totalidad, pese a que, de ellos se desprende que ha sido perturbado, por los quejosos, en la posesión del predio objeto de la litis, de ahí que debieron ser "valorados a fondo". Con base en lo anterior, asevera que la resolución de mérito debió dictarse en el sentido de confirmar la de primer grado, pues, aun cuando se concedió la protección constitucional, esa decisión se encontraba encaminada a confirmar el estudio y correcta valoración del caudal probatorio, a la luz de un análisis sistemático y conjunto, como se realizó en la primera ocasión, estableciendo que sus agravios eran suficientes, dado que los quejosos no demostraron la veracidad de su dicho, al no haber aportado pruebas idóneas para tal fin. Por ello, considera que la autoridad responsable debe emitir una nueva resolución en sentido diverso. A efecto de demostrar que las manifestaciones producidas por el tercero interesado no tienen el alcance de modificar la consideración de que la ejecutoria de amparo está cumplida de manera total, sin excesos ni defectos, es menester precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. LXII/2018 (10a.), dejó establecido que la libertad de jurisdicción otorgada a la autoridad responsable, para que dé el cumplimiento correspondiente a una sentencia de amparo, encuentra su límite en la materia de lo que fue analizado, por ende, no está desvinculada de la obligación de atender las consideraciones y razonamientos contenidos en la sentencia de amparo. Empero, debe dejarse claro que se trata de lineamientos legales que, ciertamente, deben observarse al dictar una nueva resolución, la cual, en ejercicio de la mencionada plenitud jurisdiccional puede ser en el sentido jurídico que la responsable estime procedente, es decir, no se le define éste. En eso consiste la libertad conferida, es decir, en que de nueva cuenta realice un ejercicio de ponderación, solventando las irregularidades detectadas por el órgano constitucional. El criterio en cuestión fue publicado con el número 1a. LXII/2018 (10a.), y es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo". Con ese orden de ideas, puede sostenerse que, lo resuelto por la responsable a quien se dejó en la libertad de hacerlo de conformidad con su interpretación jurídica, en todo caso, puede ser objeto de una nueva controversia a través de diverso juicio de amparo, más no análisis del cumplimiento de esta ejecutoria, porque como se desprende de las consideraciones que rigen a la sentencia de amparo, no se le vinculó a resolver en un determinado sentido, razón por la cual esa actuación puede ser sometido nuevamente al control de legalidad que se ejerce en el juicio constitucional. En ese contexto, si al emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, no se aprecia que actuó de una forma distinta a lo indicado, el sentido en que lo hizo no puede ser suficiente para declararla no cumplida, como en concreto lo pretende el justiciable, basado en un claro desacuerdo con el examen que practicó a los agravios que ante ella formuló, respecto de lo cual no se sentaron lineamientos que debieran ser atendidos en una forma determinada que implicara su vinculación a resolver en cierto sentido. Al respecto, por su sentido y alcance jurídico, resulta aplicable la tesis 2a. CVI/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación10, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL JUZGADOR DE AMPARO DEJA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APTITUD DE EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución; no obstante, cuando el juzgador de amparo deja a la autoridad responsable con libertad de jurisdicción para emitir la nueva resolución con la cual dará cumplimiento al fallo protector, ésta puede combatirse a través de un nuevo juicio de amparo, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha determinación no podría considerarse cosa juzgada, considerando que esas decisiones no atienden a los lineamientos fijados por el órgano federal de amparo, por lo que es procedente el juicio constitucional contra los nuevos actos emitidos con libertad de jurisdicción por la autoridad responsable". Solo resta señalar que, de considerar que existió algún defecto en el cumplimiento que la responsable dio a la sentencia, el justiciable cuenta con un medio de impugnación previsto en la legislación de la materia que puede hacer valer. Hágase del conocimiento a las partes el presente acuerdo, para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido."

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a seis de abril de dos mil veintiuno. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el oficio SEADS/239/2021, de diecisiete de marzo de la presente anualidad signado por el Secretario Ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del uno de abril del año en curso, este Tribunal Colegiado se encuentra integrado por los Magistrados José Daniel Nogueira Ruiz, Miguel Nahim Nicolás Jiménez y José Manuel Vélez Barajas, el primero en sustitución del Magistrado Jesús Díaz Guerrero.

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