Elias Bedolla Perez

Expediente 570/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
570/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
14/08/2023

Partes del expediente

  • JOSEFINA HERNANDEZ SANCHEZ y Otros.
  • ELIAS BEDOLLA PEREZ y Otros.
  • Elias Bedolla Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Del estado procesal que guardan los autos del presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se ordenó archivar el presente asunto, asimismo se declaró susceptible de depuración de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Sin embargo, el siete de junio de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, mismo que entró en vigor el ocho siguiente, conforme al artículo Primero Transitorio de dicho acuerdo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a regularizar el procedimiento, en términos del numeral 14 del Acuerdo General invocado, esto es, respecto al criterio de valoración. En tales condiciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara conservable, por lo que una vez cumplidos tres años, a partir del dictado del proveído de archivo, será transferido. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónicos.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado. Por otro lado, al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, archívese este asunto como totalmente concluido y háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control electrónico. Ahora, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias y conservarse sólo la demanda de amparo, la sentencia y el presente proveído. Por otra parte, se hace constar que en el presente asunto no obran documentos originales presentados por las partes, susceptibles de ser devueltos. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Se tiene por recibido el escrito signado por el tercero interesado IOO; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 278 de dicho código, expídase a su costa copia certificada de la resolución que refiere, previa identificación y razón que por su entrega y recibo se asiente en autos.

  4. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la Sala responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo, mediante proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a los quejosos y tercera interesada,1 sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés,2 este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada de trece de julio de dos mil veintidós. 2. Dicte una nueva en la que prescinda de efectuar planteamientos que no hayan sido hechos valer por las partes en el juicio de origen, como los analizados en esta ejecutoria; asimismo, considere que los recibos exhibidos por la parte actora reconvencional como base de su acción, son suficientes para la existencia del acto jurídico de compraventa que refieren; hecho lo anterior resuelva lo que proceda legalmente". Para una mejor comprensión se estima procedente traer a colación la parte conducente del considerando de estudio de la ejecutoria de amparo, mismo que a continuación se transcribe: "(.) Ahora bien, este órgano colegiado estima que le asiste razón a los impetrantes, respecto a que la Sala responsable introduce argumentos que no fueron expuestos por las partes en el juicio de origen, en particular, los demandados reconvencionales, ya que en efecto, del análisis de las constancias que integran el juicio civil de origen, se desprende que los actores en lo principal, quienes también tienen el carácter de demandados reconvencionales no aludieron al hecho establecido en la sentencia reclamada, relativo a que en la parte final del primer recibo de data cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, se asentó que se firma ante testigos que dan fe de la legalidad de la promesa de compraventa; y que por esto, no se acredita la existencia del contrato base de la acción reconvencional -compraventa-. De igual manera, es cierto lo aducido por los quejosos, respecto a que la Sala responsable manifestó en la sentencia combatida que a simple vista se advierte que las firmas estampadas atribuibles a los actores en lo principal, en los tres recibos, difieren a las estampadas por estos en las actuaciones de juicio, lo que también es un argumento que no fue efectuado por los demandados reconvencionales, conforme a las actuaciones judiciales del juicio natural y menos aún quedó demostrada dicha circunstancia con prueba alguna. Para corroborar y comprobar la veracidad de lo aquí determinado, se transcribe lo que interesa de la contestación a la demanda en reconvención - contestación al capítulo de hechos, así como excepciones y defensas-, de la que se aprecia la ausencia de los argumentos empleados por la autoridad responsable al resolver el recurso de apelación promovido por los hoy quejosos, que es como sigue: "(Se trascribió)". Por otra parte, este tribunal también considera ilegal que la Sala responsable establezca que no se acreditó la existencia del contrato verbal de compraventa, de cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, respecto del bien objeto de controversia; bajo el argumento de que el primero de los recibos exhibidos por los actores en reconvención como fundatorios de su acción, de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, aun cuando de su contenido se desprende que el valor del inmueble es de ciento ***, no establece la forma en que habrá de hacerse el pago de la cantidad restante - ***-; ello en atención a que tal consideración es intrascendente e insuficiente para estimar que ello sea un motivo para desestimar el valor probatorio de tales documentos, o poner en duda la existencia del acto jurídico de compraventa. Aunado a que, como lo señalan los impetrantes, lo determinado por la Sala responsable no se encuentra apegado a derecho, dado que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1858 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, debe tenerse por perfecta la venta y obligatoria para las partes, por el solo convenio de éstas respecto al bien vendido y al precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho; y en la especie, de los recibos de pago base de la acción reconvencional de otorgamiento y firma de escritura, se advierte que se hizo referencia como objeto de la compraventa la casa ubicada en la ***, ***, cuya propiedad se demuestra con la escritura, volumen treinta y cinco, instrumento dos mil setecientos treinta, pasada ante la fe del Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, de fecha dos de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, a nombre de los actores principales demandados en reconvención, por el precio de $*** *** 00/100 moneda nacional). Por consiguiente, contrario a lo establecido por la autoridad responsable, las documentales exhibidas -recibos de pago de cuatro de junio, veintinueve de octubre, ambos de mil novecientos noventa y nueve, y quince de enero de dos mil- sí acreditan la existencia de un contrato de compraventa, en él se pactó el precio y el objeto de la venta, lo que conforme en lo previsto en el mencionado artículo 1858, es perfecta la venta y obligatoria para las partes, al convenir una de las partes en transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero; lo que se materializa con las firmas plasmadas en los recibos de pago en cuestión, principalmente el de data cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, de los vendedores **** (aquí terceros interesados), como compradora la quejosa (***) y como testigos **** Corrobora la determinación de este tribunal colegiado, el contenido del referido recibo de cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuya imagen a continuación se inserta: (.)". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Sala responsable: - Por oficio 422/2023-II, de doce de abril de dos mil veintitrés,3 remitió copia certificada del auto de esa misma data, en el que dejó insubsistente la resolución de trece de julio de dos mil veintidós y ordenó poner a la vista los autos correspondientes para dictar nueva resolución con apego a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. - Mediante oficio 529/2023-II, de cuatro de mayo de dos mil veintitrés,4 remitió copia certificada de la sentencia de la aludida fecha, de la que se desprende que dejó de introducir planteamientos que no se hicieron valer por las partes en el juicio de origen, con relación a la inexistencia del contrato base de la acción reconvencional, el que difieren las firmas atribuibles a los actores en lo principal en los tres recibos y que en la parte final del recibo de cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, se asentó que se firma ante testigos que dan fe de la promesa de compraventa; asimismo determinó que al no contrariar el contenido de los recibos exhibidos y no haber sido objetados por la contraparte, demuestran que los actores reconvencionales tienen la posesión material del bien materia de la Litis; por lo tanto, resolvió revocar la sentencia recurrida, para proceder a condenar a los demandados reconvencionales al otorgamiento y firma en escritura pública del contrato de compraventa en favor de los actores reconvencionales, en su carácter de compradores, respecto del bien materia del juicio de origen. Así se concluye por este Tribunal Colegiado que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, se dio cumplimiento al fallo protector, pues de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable, se advierte que dejó insubsistente la sentencia de trece de julio de dos mil veintidós y dictó una nueva en la que prescindió de efectuar planteamientos que no se hicieron hechos valer por las partes en el juicio de origen; consideró que los recibos exhibidos por la parte actora reconvencional como base de su acción son suficientes para la existencia del acto jurídico de compraventa del bien inmueble materia de la litis y resolvió revocar la sentencia recurrida para quedar como anteriormente se plasmó; en ese sentido, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Sin que sea óbice a esta determinación el que los quejosos hayan desahogado la vista concedida con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, dado que al hacerlo, únicamente realizan manifestaciones de las que se aprecian que son tendentes a la falta de condena al pago de gastos y costas y su inconformidad con la actuación del juez de la causa y la del Tribunal de alzada, que violan sus derechos humanos; lo que no es materia de pronunciamiento por parte de este Tribunal Colegiado, al no estar dirigidas las manifestaciones a un indebido o incompleto cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

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