Elias Casillas Martínez

Expediente 727/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
727/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Elias Casillas Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio, y depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito signado por Erwin Huerta Rodríguez, en cuanto autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita se difiera la audiencia constitucional señalada para las once horas del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, ello en virtud de que no se había proveído en relación con la prueba documental ofertada; de lo anterior no se hace mayor pronunciamiento en virtud de que en la fecha referida se acordó lo conducente y se resolvió en definitiva el presente asunto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-727/2021-M, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con el escrito registrado con el número 14216. Atento a su contenido se acuerda: agréguese el escrito signado por Erwin Huerta Rodríguez, en cuanto autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita que este juzgado requiera a la autoridad responsable a efecto de que remita la totalidad de constancias de las que emana el acto reclamado; sin embargo, dígase al promovente que no resulta procedente requerir a la referida autoridad, pues con independencia de que corresponde a las partes allegar al Juez de Distrito las pruebas que deseen ofrecer en el juicio de amparo, el promovente no cumple con los lineamientos que marca el artículo 121 de la Ley de Amparo, para que este juzgado esté en aptitud de solicitar su envío; es decir, no se advierte que haya solicitado tales constancias ante la autoridad de referencia y esta a su vez, haya sido omisa en expedirle las mismas. Asimismo, a nada practico llevaría solicitar las constancias referidas, pues en el presente asunto se reclama la retención del salario que percibía como custodio adscrito a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, cuando lo cierto es que dicha retención se traduce en que causó baja en la corporación en la cual se desempeñaba desde el mes de febrero de dos mil catorce. Enseguida, el secretario hace constar que el presente expediente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da nueva cuenta con las documentales ofertadas por el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. El juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales referidas. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular los alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinte de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Elías Casillas Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Coordinador del Centro Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La instrucción de retener el salario que recibe el quejoso como custodio adscrito a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán. Segundo. Admisión de la demanda. Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional en relación con las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La instrucción de retener el salario que recibe el quejoso como custodio adscrito a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Al momento de rendir su informe justificado la autoridad responsable manifestó que no es cierto el acto que se le atribuye; asimismo, informó que el aquí quejoso no labora en la coordinación a su cargo ni en alguno de los centros penitenciarios del Estado y remitió las constancias de las que se advierte que el quejoso fue dado de baja desde el mes de febrero de dos mil catorce, documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia. Ahora, la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar dicha negativa; por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Elías Casillas Martínez, por inexistencia de los actos reclamados en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.MARILYN "2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA" JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA. 17827. COORDINADOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÀN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO III-727/2021-M, CONTRA ACTOS DE USTED SE DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA EXPRESA:

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las doce horas con diez minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia correspondiente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo III-727/2021-M, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con el oficio registrado con el número 12323. Atento su contenido el juez acuerda: Téngase por recibido el oficio signado por el Director Jurídico de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, aclara su informe previo. Hágase nueva relación de lo anterior en la etapa procesal correspondiente. Acto seguido, el secretario hace constar que el presente expediente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. Dentro del periodo probatorio el secretario da nueva cuenta con las documentales ofertadas por el Director Jurídico de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales allegadas por la autoridad responsable y se declara precluido el derecho de las demás partes para ofertar pruebas. Asimismo, dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez, quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: Autoridades responsables: Coordinador del Centro Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La instrucción de retener el salario que recibe el quejoso como custodio adscrito a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán. Segunda. Al momento de rendir su informe previo, la autoridad responsable manifestó que no es cierto el acto que se le atribuye; asimismo, en diversos oficios recibidos en este juzgado el siete y veintitrés de septiembre del año en curso, informó que el aquí quejoso no labora en la coordinación a su cargo ni en alguno de los centros penitenciarios del Estado y reiteró que la constancia que anexó como complemento a dichos oficios causó baja a partir del quince de febrero de dos mil catorce; ello sin que el quejoso haya aportado prueba para desvirtuar tal negativa. Por tanto, lo procedente es negar la suspensión solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 133, Tomo ll, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Julio 1995, de rubro: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO." Por lo anteriormente expuesto se resuelve: Único. Se niega a Elías Casillas Martínez, la suspensión definitiva en términos de la consideración segunda de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.MARILYN

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