Elia Mares Melgoza
Expediente 486/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elia Mares Melgoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
....se ordena el archivo....
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de quince de junio de dos mil diecisiete, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
...El auto de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Ario de Rosales, Michoacán, dentro del juicio sucesorio intestamentario 147/2007 mediante el cual se tuvo al Notario Público Número 136, informando que verificó la compra venta del inmueble ubicado en la calle Rayón, número 178, colonia centro de la ciudad de Ario de Rosales, Michoacán, mediante escritura pública mil cincuenta y tres de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el número 7, tomo 359. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de garantías, pues conforme a lo previsto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Materia Común, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este juzgador de oficio advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que las quejosas no agotaron el principio de definitividad a que estaban obligadas. Para explicarlo, es preciso traer a glosa el contenido de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". En la fracción citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme al cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario el acto no es reclamable en amparo. Tal máxima implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. De actuar en contrario, es decir, si las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juez común. Es sabido que según la teoría general del proceso, a través de los medios de impugnación ordinarios se pretende demostrar ante el tribunal de alzada competente que el inferior que dictó la resolución impugnada, no aplicó correctamente la ley en el caso en concreto, o arribó a esa resolución violando las normas esenciales del procedimiento; por lo que de resultar exitosa su promoción, el agravio inicialmente causado puede desaparecer, sin embargo, si no se ejercen, a pesar de que aquél persista, solo el gobernado debe soportar las consecuencias de no haberse defendido por los recursos legales procedentes y conducentes. De esto se sigue, que si el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo en términos de las normas antes referidas, la propia ley reglamentaria establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio, la improcedencia del juicio, es decir, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio, traiga como consecuencia -también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones XVIII, XIX y XX, prevé todos aquellos supuestos en los que el juicio es improcedente en virtud de que el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En este caso específico, la que se estima actualizada la primera de ellas. Los elementos cuya configuración dan lugar a que se integre la causal de improcedencia en análisis, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 276, del Semanario judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, registro 223023, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA. Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia." Así como la diversa jurisprudencia I.4º C.J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, correspondientes a los meses de julio a diciembre de 1990, Materia Común, Octava Época, registro 224800: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada: Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Debe señalarse que, no obstante el principio de definitividad en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, la propia Ley de Amparo establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole de la parte quejosa y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En ese sentido, los contados casos de excepción a este principio, son de aplicación estricta, pues así han quedado expresamente definidos en la ley. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada con el número VI.2o.C. J/260, en la página 1816, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ahora bien, tratándose del ejercicio de un derecho humano, ello trae aparejado como consecuencia que no debe existir obstáculo jurídico que implique la imposibilidad de hacer valer un acceso efectivo a la justicia. En seguimiento de la idea de que la parte quejosa puede acudir en sede ordinaria y combatir el acto de que se duele, resulta conveniente recordar que las accionantes de tutela constitucional reclaman el auto de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Ario de Rosales, Michoacán, dentro del juicio sucesorio intestamentario 147/2007 mediante el cual se tuvo al Notario Público Número 136, informando que verificó la compra venta del inmueble ubicado en la calle Rayón, número 178, colonia centro de la ciudad de Ario de Rosales, Michoacán, mediante escritura pública mil cincuenta y tres de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el número 7, tomo 359. Una vez precisado lo anterior y como se adelantó, este juzgador considera que respecto del acto reclamado, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación establecido en el artículo 1010 del vigente Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en la Sección Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el sábado 6 de septiembre de 2008, última reforma publicada el 29 de diciembre de 2016. Para estar en condiciones de establecer lo anterior, convine traer a glosa el contenido del referido artículo que señala: "Artículo 1010. Los autos dictados en los juicios sucesorios y la resolución declarando herederos de un intestado o que es legítimo un testamento, son apelables en el efecto devolutivo, salvo las excepciones expresas de la ley." Como se ve, el numeral descrito contempla expresamente la procedencia del recurso de apelación en efecto devolutivo para todos los autos dictados en los juicios sucesorios, como en el caso, en el que se reclama el auto de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Ario de Rosales, Michoacán, dentro del juicio sucesorio intestamentario 147/2007 mediante el cual se tuvo al Notario Público Número 136, informando que verificó la compra venta del inmueble ubicado en la calle Rayón, número 178, colonia centro de la ciudad de Ario de Rosales, Michoacán, mediante escritura pública mil cincuenta y tres de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el número 7, tomo 359; de ahí que, sin lugar a dudas las accionantes de tutela constitucional estaban obligadas a interponer el recurso de apelación en contra de la determinación de la ahora se duelen, previo a la promoción de esta acción constitucional. Más porque las quejosas no se ubican en diversa causa de excepción del principio de definitividad; porque el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco consiste en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; y, la accionantes de tutela constitucional no son personas extrañas al procedimiento pues están incorporadas a la relación procesal derivada del juicio sucesorio de origen. En ese orden, es inconcuso que las quejosas debieron impugnar el acto reclamado a través del recurso de apelación previsto en el artículo 1010 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, antes de promover el presente juicio constitucional; de ahí que, al no hacerlo así, resulta obvio que incumplieron con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; máxime, que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos de excepción a que se refiere dicho numeral. En consecuencia, al no haberlo realizado en esos términos, se actualiza la causa de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en al página 51, del tomo 67, julio de 1993, octava época del semanario judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional.". Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de seis de junio de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.
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