Elias Abud Abdala Aguiar

Expediente 1162/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1162/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Elias Abud Abdala Aguiar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su primer punto resolutivo sobreseyó el juicio HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno de incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DESTRUCCIÓN, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 20 fracción III del acuerdo general relativo. Por lo tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracciones I y III del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción de ambos cuadernos, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación de los expedientes destruidos. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 1162/2023-I-A, promovido por ********************; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintiséis de julio de dos mil veintitrés recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán al día siguiente; y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Comisión Federal de Electricidad Distribución y la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, ambas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Pronunciamiento respecto de la demanda. Por acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 1162/2023-I-A, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, la cual se desechó parcialmente respecto del acto reclamado consistente en el corte del servicio de energía eléctrica, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIIII del artículo 61, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo. Además, se admitió a trámite respecto del diverso acto precisado; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del mismo modo, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: La negativa verbal e injustificada de celebrar el contrato de adhesión denominado "contrato mercantil para la prestación del servicio de suministro básico de energía eléctrica en baja tensión en la modalidad de pospago, en el domicilio ubicado en el predio cuatrocientos noventa y cuatro, de la calle cuarenta y dos, por calles veinticinco y veintisiete del fraccionamiento Residencial Los Pinos de esta ciudad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados de la Comisión Federal de Electricidad Distribución (promoción electrónica 13120) y la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, ambas con sede en esta ciudad (promoción electrónica 12186). Pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para demostrar la existencia de los actos y con ello desvirtuar la negativa. Sin que obste las documentales que ofreció la parte quejosa en su demanda de amparo, consistentes en: Copia certificada del convenio transaccional de desocupación y entrega, celebrado entre Janet del Rosario Rodríguez Díaz y el quejoso. Copia simple de las credenciales para votar con fotografía a nombre Janet del Rosario Rodríguez Díaz y ********************. Once pagares marcados del número dos al doce, todos de fecha dos de julio de dos mil veintidós. Dos recibos de la Comisión Federal de Electricidad con número de servicio 771781202301, a nombre de Armando Cano Salazar. Impresión del comprobante de anticipo de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, con número de servicio 771781202301, a nombre de Armando Cano Salazar. La impresión de pantalla con la leyenda: "Para reinstalar el servicio debe realizar un nuevo contrato". Documentales que no acreditan la existencia de una negativa verbal de celebrar un contrato de adhesión para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, pues únicamente demuestran la existencia de un contrato de ocupación del predio ubicado cuatrocientos noventa y cuatro de la calle Cuarenta y dos del fraccionamiento Residencial Los Pinos, en esta ciudad; así como la existencia de diversos pagares por la cantidad de diez mil pesos y como deudor al quejoso; y los recibos de energía eléctrica con número de servicio 771781202301, a nombre de Armando Cano Salazar. De ahí que dichos documentos resultan deficientes para acreditar lo que se pretende en el presente juicio de amparo, esto es, la existencia de la negativa verbal por parte de las responsables de llevar a cabo un contrato del suministro eléctrico en el predio mencionado. En consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de tal negativa verbal de celebrar un contrato de suministro eléctrico, atribuido a las autoridades responsables y cuya inconstitucionalidad se acusa, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia y por las razones expuestas en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. En relación con la publicación de datos personales, estese a lo señalado en el considerando cuarto de este fallo. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando cuarto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de los que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación la vista que se dio a las partes mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, del informe justificado que obra agregado en estos autos. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos incidentales, se acuerda: agréguese el informe justificado rendido por RAYMUNDO JOSE PEÑA GOMEZ, quien se ostenta apoderado de Comisión Federal de Electricidad Distribución, con sede en esta ciudad, personalidad que se le reconoce en términos de la certificación notarial del testimonio de la escritura pública que acompaña para acreditarla, el cual manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que es copia íntegra e inalterada del original. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. De igual forma, como se solicita, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a sus delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, los señalados para tal fin en los informes de mérito. Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización al usuario que indica, para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Finalmente, téngase por señalados los medios de contacto proporcionados por la responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

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