Eleny Casandra López Campos
Expediente 1255/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1255/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Eleny Casandra López Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en estos autos el diecisiete de junio de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer resolutivo sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1594/2021-II-A, promovido por CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. RESULTANDO PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderado legal Sergio Alejandro Borges Toache, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó de las autoridades siguientes: Titular de la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social y Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de los Servicios de la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, todas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Formación de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado en el juicio principal el diez de junio de dos mil veintidós, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos que la parte quejosa reclama, que como se asentaron en el auto de suspensión provisional, esencialmente son: El oficio No. 338001150900/CEA/DABCS/3469, por medio del cual la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, emite el comunicado del resultado (fallo) número AA-050GYR011-E168-2021, desechando la proposición de su representada para las claves 060.439.0088.13.01 y 060.439.088.0001.. SEGUNDA. Certeza de actos. Respecto a las autoridades señaladas como responsables Titular de la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social y Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de los Servicios de la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, todas con sede en esta ciudad; al momento de resolver la presente, no se tiene conocimiento de que hayan rendido su informe previo, a pesar de haber sido debidamente notificadas, de conformidad con las constancias respectivas, relativas a la entrega de los oficios correspondientes, mismas que obran en autos; por lo que deben tenerse como ciertos los actos que se les atribuyen, solamente para los efectos de la suspensión definitiva solicitada. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERA. Se niega la suspensión definitiva solicitada. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, previamente se debe analizar la naturaleza de los actos reclamados, los cuales tiene el carácter de ser consumados con efectos positivos, por lo que sí es procedente el otorgamiento de la suspensión respecto de los mismos; sin embargo, en primer lugar, debe atenderse si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos Siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se Contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. En este tenor, toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende, como ya se dijo, que los referidos actos reclamados tienen el carácter de consumados con efectos positivos, se procederá a proveer estos últimos. En ese sentido, es improcedente conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo cuando se pretende paralizar el procedimiento de adjudicación directa internacional bajo cobertura de tratados electrónica AA-050GYR011-E168-2021, en razón de que se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social, en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Esto, ya que se privaría a la colectividad de un beneficio que obtendría de manera directa con la adquisición de material quirúrgico y/o médico motivo de la convocatoria para dicha adjudicación y, por ello, se le inferiría un daño que de otra forma no resentiría, ya que de suspenderse los contratos que se hubiesen celebrado con las partes adjudicadas, se impediría la cobertura de las necesidades que el Estado procura satisfacer a la población. Por lo cual, bajo un principio de ponderación resulta mayor la afectación al colectivo que aquellas que pudiera sufrir la quejosa con la negativa de la medida cautelar, porque el interés particular no puede prevalecer sobre aquél. En efecto, tratándose de procedimientos administrativos de licitación de obra pública o contrato, ya sea de selección o concursales, no es posible su paralización mediante el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, ya que éstos representan en sí mismos, una actividad de la administración encaminada a la satisfacción de un interés que por provenir del propio órgano del Estado, constituyen una actividad de orden público, pues resulta innegablemente que la sociedad está interesada en que se protejan las actividades inherentes a contrataciones para proyectos de obras o servicios puestos en dichos procedimientos (licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa), por verse beneficiados en su conjunto social de forma indirecta con el ejercicio de la actividad propia del órgano de gobierno. Así, en casos donde implica el inicio, publicación, selección del mejor candidato para efectuar una obra o actividad y hasta el otorgamiento de la obra o contrato, tal actividad goza de la presunción de legalidad y validez típica de todo acto administrativo, de suerte que no bastaría deducir la pretensión de que existen irregularidades en dicha actividad o insumisión a las disposiciones que la regulan, sino que en todo caso correspondería a quien lo denuncie, demostrar esa falta de regularidad del acto, pues mientras esto no acontezca, prevalece aquella presunción de legalidad, situación que dicho sea de paso, corresponde al análisis del fondo del asunto. Es por ello que aunque se trate de procedimientos públicos y generalmente basados en convocatorias abiertas, los actos de la administración encaminados a la selección de personas, otorgamiento de contratos, realización de obra o la prestación de servicios a favor de la colectividad, generan en los particulares que se consideran por sí mismos aptos para ello, una simple expectativa de que al final del procedimiento, la voluntad de contratar del Estado, les favorezca. Por ello, en casos en que sea impugnado un procedimiento de licitación pública, de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, en el cual por su especial situación del particular frente a la actividad contractual del Estado, tendrán un interés que se convalida -a lo sumo- en una mera expectativa de beneficiarse si eventualmente obtiene un resultado favorable y la adjudicación del contrato, según se dijo anteriormente, así como la contraprestación económica respectiva, lo cual, desde luego, no dota al particular de un interés calificado como legitimo para poder solicitar su paralización. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con registro digital 162971, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 157/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 1402, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN O PARA CELEBRAR CONTRATOS PÚBLICOS. Debe negarse la suspensión solicitada en el amparo contra los efectos y consecuencias de la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de licitación o para celebrar contratos públicos en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pues de concederse se contravendrían las disposiciones de orden público que desarrollan las bases y principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo fin es regular y vigilar que las acciones relativas a la adquisición, arrendamiento y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y contratación de obra por parte de la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos colectivos para los que están destinados, situaciones respecto de las cuales la sociedad está interesada en que se protejan, aunado a que esa sanción goza de la presunción de legalidad y validez de los actos administrativos, por lo que el interés particular se subordina al general, evitando que participe en una licitación o se otorgue un contrato público a la persona sancionada respecto de la cual existe duda sobre su honradez." De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable con registro digital: 2006855, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: IV.2o.A.94 A (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1915, Tipo: Aislada, que señala: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA ORDEN DE SUSPENDER O CANCELAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON ÉSTA, POR AFECTARSE EL ORDEN PÚBLICO Y EL INTERÉS SOCIAL. Es improcedente conceder la suspensión cuando un participante de un procedimiento de licitación pública solicite amparo contra la orden de suspender o cancelar éste, al no cumplirse con el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues se afectarían el orden público y el interés social, concretizados en el procedimiento inherente a la realización de una obra pública. Esto es así, ya que los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, 31, párrafo segundo y 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas disponen que los recursos económicos de que dispongan la Federación, Estados, Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen dichas entidades, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria abierta para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; y, que las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables, o podrán cancelarla por caso fortuito, fuerza mayor, o porque existan circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad, caso en que deberá precisarse el acontecimiento que motiva la decisión y se hará del conocimiento de los licitantes. De lo anterior se advierte que los procedimientos de licitación para la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, representan, en sí mismos, una actividad de la administración encaminada a la satisfacción de un interés colectivo y típicamente de orden público, pues innegablemente la sociedad tiene un interés en que se proteja el ejercicio de los recursos para la satisfacción de sus propias necesidades, tutelado por la ley reglamentaria del artículo constitucional referido, que permite la declaración de deserción de la licitación o su cancelación, en los supuestos indicados. Por otro lado, los particulares adquieren sólo la prerrogativa a participar en una competencia justa y la expectativa de que, al final del procedimiento, obtendrán la adjudicación del contrato y de la contraprestación económica respectiva, sin que tengan ningún derecho previamente constituido para ello, de lo que deriva, a lo sumo, el interés legítimo en llegar a ser adjudicatario, en la medida en que se cumplan los requisitos previstos en la convocatoria -los cuales deben ser razonablemente establecidos y no constitutivos de un notorio e injustificado trato discriminatorio, que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia o sean imposibles de cumplir-, como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. CXXXVIII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 240, de rubro: "LICITACIONES PÚBLICAS. DERECHOS QUE DERIVAN A FAVOR DE LOS PARTICULARES QUE PARTICIPAN EN ELLAS.", y aun cuando en esa prerrogativa se funde la apariencia del buen derecho, es insuficientemente oponible ante el orden público inmerso en el propio procedimiento licitatorio, que resultaría vulnerado si se continúa, aun cuando las proposiciones no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables; exista caso fortuito, fuerza mayor, o circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos." Así como el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Localizable con Registro digital: 2006645, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: IV.2o.A.83 A (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1923, Tipo: Aislada, cuyo rubro y texto señalan: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, DEBE NEGARSE CONTRA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS, PUES LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ÉSTE CUENTAN SÓLO CON UNA EXPECTATIVA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y A LA OBTENCIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE. De la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión, en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual, el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Por otro lado, de los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, en vigor desde el 3 de abril de 2013, deriva que, hecha excepción de los casos en que deba concederse de oficio, la suspensión se otorgará siempre que: a) la solicite el quejoso y, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; pudiéndose conceder aun respecto de aquellos actos ejemplificados en el artículo 129 mencionado, si a estimación del juzgador, la negativa de la suspensión puede ocasionar mayor perjuicio al interés social y siempre en el entendido de que, cuando se aduzca un interés legítimo, la suspensión se concederá cuando también se acredite un daño inminente e irreparable a la pretensión del quejoso, en caso de que se niegue e igualmente se determine el interés social que justifique su otorgamiento, tomando en cuenta, finalmente, que la concesión de la medida cautelar no podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Por otro lado, del artículo 134, párrafos primero y tercero, constitucional, se colige que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados, Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. En el contexto referido, se concluye que los procedimientos de licitación para la contratación de obra pública o servicios, representan una actividad de la administración, encaminada a la satisfacción de un interés colectivo y, por tanto, es a través de éstos que típicamente se efectúa una tarea de orden público; por eso, para efectos de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, es innegable que la sociedad está interesada en que se proteja el ejercicio de los recursos para la satisfacción de sus propias necesidades, aunado a que por el carácter de acto administrativo que corresponde a esa actividad, goza en principio de una presunción de legalidad y validez. Asimismo, dado que el objeto de la licitación es asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en la contratación de obra pública o servicios, los particulares participantes en los concursos o licitaciones no adquieren, con su sola participación y menos aún con la mera intención de participar en el concurso, el derecho a la adjudicación del contrato para la ejecución de la obra o la prestación del servicio, sino sólo la prerrogativa a participar en una competencia justa y la expectativa de que, al final del procedimiento, la voluntad de contratar del Estado, vaya a su favor, mediante la adjudicación del contrato y la obtención de la contraprestación económica respectiva. Por lo anterior, en los casos en que un aspirante a participar en un procedimiento licitatorio, por considerarse indebidamente excluido, solicita el amparo contra dicha exclusión y la suspensión del procedimiento licitatorio, ésta, por regla general, deberá negarse, pues mientras que el procedimiento de licitación representa en sí, típicamente, una cuestión de orden público e interés social, que debe salvaguardarse por disposición legal y constitucional, el particular cuenta sólo con un interés individual en que legítimamente se le permita intervenir en el procedimiento y con la mera expectativa de que eventualmente se le adjudique el contrato y se le otorgue la contraprestación económica respectiva, intereses cuya afectación no resulta de mayor trascendencia que la ocasionada al interés colectivo si el procedimiento licitatorio se paraliza, privando a la colectividad del beneficio concreto que, de continuar habría obtenido, máxime cuando se trata de una obra a ejecutarse con recursos de vigencia calendarizada, pues el riesgo de pérdida del beneficio colectivo es todavía mayor si la licitación se suspende, además de que acorde a la medida del derecho deducido por el quejoso, el perjuicio que resentiría es, en todo caso, uno que jurídica y materialmente es posible restaurar en las condiciones ordinarias mediante la sentencia de amparo, si se acredita en cuanto al fondo la violación alegada." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. SE NIEGA a CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la suspensión definitiva que por conducto de su apoderado legal Sergio Alejandro Borges Toache, solicitó de los actos que reclamó del Titular de la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social y Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de los Servicios de la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, todas con sede en esta ciudad, precisados en el considerando primero de esta resolución incidental, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ELECTR.Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por Edgar Iván Canto Ortíz, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con un domicilio del tercero interesado Luis Enrique Rodríguez Quiñones, diverso a los señalados previamente en autos. Por tanto, como una medida más tendiente a la investigación del domicilio del nombrado tercero interesado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, solicítese a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado copia certificada y legible de las constancias o actuaciones en donde se advierta el último domicilio señalado por el citado tercero interesado, o en su caso, la última notificación que se le ha practicado en forma personal. Y de ser necesario, y aquél le haya aportado un medio tecnológico para entablar comunicaciones procesales que hubiere proveído favorablemente; recabe de aquél un domicilio para el fin perseguido en este asunto, esto es, emplazarlo. Lo anterior, toda vez que de autos se aprecia que el acto reclamado deriva del juicio ejecutivo mercantil 290/2010 de su índice. Apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 244, de la Ley de la Materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Finalmente resérvese acordar lo conducente respecto a las autoridades que señala el ocursante en su escrito de cuenta, a fin de localizar al aludido tercero interesado. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
ELECTR.Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó el acuerdo de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades responsables. Y en relación a dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que las responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, dado el sentido de la presente determinación, dese cuenta con copia autorizada de este auto en autos del incidente de suspensión derivado de este asunto, para que se acuerde lo que en derecho corresponda. Notifíquese y cúmplase.
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