Elia Zarate Lara
Expediente 630/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 34 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 06/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elia Zarate Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de quince de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del artículo 21 del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá destruirse, y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es depurable dado que se concedió la suspensión solicitada por la parte quejosa. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y del incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda en el incidente de suspensión respectivo. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencia del Estado de Michoacán y de la Federación, suspendió las labores por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia producida por el virus Sars Cov2 o Covid-19; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de comunicados por dicha circunstancia, los reserve en la actuaria de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración del expediente electrónico Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Elia Zarate Lara, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia, conforme a los razonamientos en ellos expuestos.
- Incidental
V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número III-630/2020; y RESULTANDO: PRIMERO. Lucero Ortega Zárate, en favor de Elia Zárate Lara, por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades; NUM. AUTORIDADES RESPONSABLES1Hospital General "Doctor Miguel Silva", de Morelia Michoacán. 2 Secretaría de Salud del Estado de Morelia, Michoacán. 3 Secretaría de Salud Federal, con residencia en la Ciudad de México. Por los actos que hizo consistir en: La omisión de proveer lo conducente a fin de brindar a la quejosa la atención médica integral que requiere conforme a sus padecimientos1, quien se encuentra internada en el Hospital Civil en esta ciudad. Los que estimó violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 4, 14, 16 y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. El tres de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite, se ordenó formar incidente de suspensión por duplicado y se solicitó informe previo a las autoridades responsables; se fijó fecha para el desahogo de la audiencia incidental, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de suspensión, con base en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 37, 107 y demás aplicables de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que la competencia nace en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión y se extiende a este mismo, máxime que el acto que se reclama emana de autoridades con residencia en este distrito judicial. Segundo. Consideraciones previas. En forma inicial, debe precisarse que la figura de la suspensión del acto reclamado constituye una medida cautelar que puede ser dictada dentro del juicio de amparo y tiene por objeto mantener las cosas en el estado en el que se encuentran mientras se dicta la sentencia y, por consiguiente, implica la paralización provisional de los efectos producidos con el acto de autoridad; por lo que a fin de proveer su dictado, resulta necesario que el juzgador federal realice el estudio de distintos tópicos en forma escalonada que se encuentran delineados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la propia Ley de Amparo. En esos términos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, los temas que deben estudiarse en forma escalonada para determinar la procedencia o improcedencia del otorgamiento de la suspensión y, en su caso, sus efectos y requisitos de subsistencia, se hacen consistir en los siguientes: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida debe o no concederse. Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento de la medida cautelar. Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión. Las previsiones que se tomen para evitar el abuso de la suspensión. Por lo que se refiere al primer aspecto, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. Así, conforme a la regulación constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse de forma estratificada son los siguientes: Petición de parte. Conforme el artículo 128 de la Ley de Amparo, por regla general, la suspensión debe concederse siempre a petición de parte, con excepción de aquellos actos reclamados en los que expresamente procede la suspensión de oficio. La existencia del acto reclamado. Como presupuesto lógico para el otorgamiento de la suspensión debe existir siempre un acto reclamado que pueda paralizarse, ya que dicha medida cautelar no puede proyectarse sobre situaciones jurídicas o de hecho que resulten inexistentes. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. Dado que la suspensión constituye una medida cautelar que implica la paralización de determinados actos, es necesario analizar en forma inicial si el acto es susceptible de ser suspendido, para lo cual puede tomarse en consideración la clasificación que de los actos reclamados ha formulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, verbigracia, actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera. Que la parte quejosa resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Afectación que puede acreditarse de manera indiciaria para efectos de la suspensión provisional y con un grado probatorio mayor para los efectos de la definitiva. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. Cuyo análisis debe realizarse de forma ponderada entre la estimación que obtenga del análisis superficial del acto reclamado en relación al derecho discutido en el proceso, contra el interés social que se pudiera ver afectado de obtener la medida cautelar. Resta enfatizar que los anteriores requisitos deben estudiarse en el orden expuesto, pues atienden a una prelación lógica y a un sentido práctico, de forma tal que, al avanzar en el análisis, si se advierte la falta de algún requisito, debe terminarse el examen del caso y declararse la improcedencia de la suspensión. Tercero. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa hizo consistir los actos reclamados en lo siguiente: La omisión de proveer lo conducente a fin de brindar a la quejosa la atención médica integral que requiere conforme a sus padecimientos1, quien se encuentra internada en el Hospital Civil en esta ciudad. Cuarto. Análisis de los requisitos de procedencia de la suspensión. Como se dijo, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. Precisado lo anterior, procede realizarse el análisis respectivo. IV.1 Petición de parte. La parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado; por ende, se colma el requisito de procedibilidad previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. IV.2. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables señaladas rindieron informe previo en los términos siguientes: NUM. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD Niega 2 DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL "DR. MIGUEL SILVA", DE ESTA CIUDAD Niega 3 SECRETARÍA DE SALUD, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Niega Ahora, respecto de las autoridades señaladas anteriormente se les atribuyen actos omisivos, pues la parte quejosa manifestó que esas autoridades incumplen con prestarle la debida atención médica; en ese sentido, al momento de rendir los informe de ley, dichas autoridades negaron lisa y llanamente los actos que se les atribuyen, sin embargo, debe precisarse que no acreditaron con actuación alguna respecto de las omisiones que les reclaman con anterioridad a la tramitación de este juicio; por tanto, se desvirtúa la negativa que sostienen en los informes previos respectivos. En ese contexto, únicamente para el efecto de resolver el presente incidente de suspensión, se tiene acreditada plenamente la existencia de los actos reclamados, por lo que ve a las mencionadas autoridades responsables, por lo que se continúa el estudio respectivo de dichas autoridades. IV.3 Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. De acuerdo a la precisión de los actos reclamados se obtiene que la omisión de brindar atención médica a la quejosa reviste el carácter de los actos omisivos; entendiéndose por tales aquellos que producen una abstención de la autoridad al no realizar los actos que la ley le ordena. Fundamenta lo anterior, la tesis .6o.T.3 K (10a.), visible en la página 1912, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, Décima época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio". Ahora, si bien el acto reclamado reviste la naturaleza de omisivo y conceder la medida suspensional implicaría darle efectos restitutorios, la realidad es que, conforme al artículo 147 de la ley de la materia dispone que, de ser jurídica y materialmente posible, el órgano de control constitucional restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, por lo cual, en este caso concreto, resulta procedente realizar el análisis relativo al otorgamiento de la medida cautelar peticionada en los apartados subsecuentes, con el objeto de evitar un perjuicio mayor, como sería el deterioro de la salud, de ahí que la medida cautelar resulte plausible. IV.4 Afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. En el caso particular, la parte promovente manifestó que, el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la directa quejosa Elia Zárate Lara acudió al hospital civil de Morelia al área de urgencias presentando dolor de huesos y músculos en donde de manera inmediata la internaron, una vez internada le comentaron que debían realizarle estudios y prueba de las enfermedades DENGUE y SARS-CoV-2 en laboratorios particulares para descartar que estuviera contagiada de dichas padecimientos, mismos que, como expone, resultaron negativos. Agregó que el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se les indicó a los familiares de la agraviada que ésta tenía que ser intubada a un respirador artificial, pues desde entonces y hasta la fecha presenta delirios y alusiones. Posteriormente a ello, el uno de octubre de dos mil veinte, se les indicó que la paciente requiere que se le practique un estudio denominado "BODY TAC CONTRASTADA", mismo que no podía realizarse en el hospital donde se encuentra internada -Hospital Civil-, por lo que se requiere que la agraviada sea trasladada mediante ambulancia a una clínica particular a efecto de que se le practique dicho estudio; asimismo, refiere que le es difícil poder realizar dicho procedimiento médico, ya que es una persona de recursos económicos precarios. Además, la parte promovente aportó a la demanda impresiones de una placa fotográfica que se presume es la directa quejosa, en la que se aprecia se encuentra una mujer intubada, así como una orden de estudio médico especializado "BODY TAC CONTRASTADA", emitida por el médico Tomás Guerrero Alvarado, adscrito al Hospital General "Doctor Miguel Silva" en esta ciudad perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán dirigido a nombre de la directa quejosa Elia Zárate Lara. En otras palabras, al menos para proveer sobre la suspensión definitiva, la parte peticionaria de amparo demostró la afectación que dice resentir con la omisión de los actos de autoridad y, por consiguiente, el interés para adquirir la medida cautelar solicitada. IV.5 No afectación al orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. Inicialmente, debe tomarse en cuenta que por orden público se entiende como la situación y estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obedecen; es una noción en sí que, bajo su imperio restringe la libertad individual, en razón de la fórmula del bienestar general, y su función es asegurar el orden jurídico, pues se encuentra constituido por un conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos y morales a los cuales la sociedad se considera estrechamente vinculada a la existencia y conservación de la organización social establecida. Por su parte, el interés social se traduce en cualquier hecho, acto o situación de los cuales la sociedad pueda obtener un provecho o una ventaja o evitarse un trastorno bajo múltiples y diversos aspectos, previniéndose un mal público, satisfaciéndose una necesidad colectiva o lográndose un bienestar común. En torno a dichos tópicos resulta orientadora la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.". En el caso, no se vulneran disposiciones de orden público ni se contraviene el interés social, ya que se trata de actos que sólo trascienden en la esfera jurídica del agraviado. Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que, además de las disposiciones de orden público, el interés social y el juicio de ponderación, debe analizarse si existe peligro en la demora, consistente en la posible frustración de los derechos de los peticionarios de la medida cautelar, como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Se justifica que existe peligro en la demora, ya que, de no concederse la suspensión, se impediría a la parte quejosa directa recibir atención médica, causándole daño a su salud, sin que pueda atender efectivamente sus padecimientos por la institución correspondiente. Quinto. Concesión de la suspensión definitiva. El artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el Juez de Distrito puede ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho vulnerado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Esto es, la medida suspensional no sólo tiene efectos de conservación, sino que también puede restablecer al quejoso en el goce de los derechos afectados con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso. Debe referirse que el artículo 147 aludido constituye una figura novedosa que el legislador incorporó en la Ley de Amparo, a fin de optimizar los derechos del solicitante de la medida cautelar a través del otorgamiento anticipado de los posibles efectos concesorios de la sentencia de amparo. Empero, el efecto anticipado a que se hace alusión en el artículo 147 de la ley de la materia, no debe otorgarse en todo caso, pues es el propio juzgador de amparo quien debe ponderar los elementos objetivos aportados por la parte quejosa para que, previo juicio de probabilidad y verosimilitud entre el derecho discutido y la violación alegada, pueda determinar si, en el caso concreto, resulta factible otorgar el efecto de restablecer los derechos el quejoso de forma provisional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015 e interpretar el artículo 147 de la Ley de Amparo, establece que, a efecto de restablecer provisionalmente en el derecho que se aduce violado, el juzgador debe realizar un estudio minucioso y preliminar del asunto, con base en los elementos objetivos aportados por el quejoso en su demanda de amparo, así como los elementos probatorios que se le pongan a la vista al momento de resolver sobre la suspensión definitiva. No debe perderse de vista que el órgano jurisdiccional de amparo también se encuentra obligado a ponderar todos los elementos que rodean el caso concreto, a fin de evitar abusos con el dictado de la suspensión. De ahí que resulte indispensable que la parte quejosa aporte elementos objetivos de los cuales pueda partir el juzgador de amparo a fin de determinar -en un juicio de probabilidad y verosimilitud- si en el caso concreto es factible conceder efectos restitutorios a la medida cautelar, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo. En el caso, se toma en consideración la naturaleza del derecho humano que se encuentra en juego -salud-. Así, la parte quejosa exhibe impresiones de una placa fotográfica que se presume es la directa quejosa, en la que se aprecia se encuentra una mujer intubada, así como una orden de estudio médico especializado "BODY TAC CONTRASTADA", emitida por el médico Tomás Guerrero Alvarado, adscrito al Hospital General "Doctor Miguel Silva" en esta ciudad perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán dirigido a nombre de la directa quejosa Elia Zárate Lara; por su parte, Vicente Zarco Suayd, en cuanto apoderado Jurídico de la Secretaría De Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", de esta ciudad, manifestó que si bien era cierta la omisión en que incurrieron -practicar el estudio médico especializado "BODY TAC CONTRASTADA"-, lo cierto es que se suministró el medicamento indicado a la promovente de amparo y, además, se realizaron los exámenes médicos solicitados. Manifestaciones que generan convicción suficiente para acreditar, indiciariamente, que las autoridades responsables, al momento de la presentación de la demanda de amparo, no habían proporcionado atención médica integral a la promovente de amparo. En ese sentido, se estima que la información objetiva aportada en el presente asunto es suficiente para realizar el juicio de probabilidad y verosimilitud entre el derecho discutido y la violación alegada, para, eventualmente, estar en condiciones de restituir provisionalmente a la parte quejosa en el goce de sus derechos y fijar con precisión los alcances de la medida cautelar, pues, estimar lo contrario, implicaría que la parte quejosa tuviera que probar un hecho omisivo, en el caso, la omisión del personal de las autoridades de salud. Por tanto, una vez que fue analizada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que las autoridades responsables no otorgaron oportunamente a la parte quejosa la debida atención médica, pues de lo expuesto tanto en los informes de ley como de las constancias que allegaron, se demostró la omisión de brindar protección a la salud al promovente de amparo. Por tal motivo, no obstante que con motivo de la suspensión provisional se advierte que las autoridades responsables proporcionaron a la quejosa el medicamento y exámenes, lo cierto es que la atención médica debe ser continua y constante; de ahí que a fin de evitar daños que pudieran resultar de difícil o imposible reparación para la salud de la peticionaria de amparo, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que se brinde la atención médica que sea necesaria de acuerdo al estado de salud en que actualmente se encuentre la quejosa Elia Zárate Lara, en concreto, que se le siga suministrando el medicamento que requiera y lo indique la prescripción médica correspondiente; asimismo, valoren la necesidad de realizar los estudios médicos que requiera la promovente de amparo. Lo anterior es así, en virtud de que el derecho a la salud exige del Estado Mexicano el cumplimiento de obligaciones de carácter inmediato, las cuales se traducen en brindar la atención médica indispensable para evitar un daño mayor en la salud, como lo es la hospitalización, los tratamientos indispensables que traten de evitar mayores daños -como la dotación de insumos y práctica de procedimientos necesarios para el tratamiento de dengue y SARS-CoV-2-, la asignación de un espacio adecuado para el tratamiento médico, como lo es una cama hospitalaria, medicamentos y demás elementos estrictamente necesarios. Asimismo, el derecho a la salud también implica el cumplimiento de obligaciones de carácter progresivo que se relacionan con la prestación del servicio de salud en el nivel más alto posible de acuerdo con las posibilidades del órgano del estado que los otorga; siendo la materia de esta suspensión los mencionados en primer lugar. Tiene aplicación al respecto la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1192, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO". Ello, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal de donde emana este incidente. Sexto. Garantía. La presente medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pues no se infiere que su concesión pueda causar daños o perjuicios, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se CONCEDE la SUSPENSIÓN DEFINITIVA a Elia Zárate Lara, contra los actos que reclamó de las autoridades y por los razonamientos expuestos en la parte considerativa de esta resolución.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que el cuatro de marzo de dos mil veintiuno se dio vista a las partes con el informe del Secretario de Salud Federal, con residencia en la Ciudad de México, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días para que se impongan de su contenido; por tanto, a fin de que estén en aptitud de preparar y ofrecer las pruebas que en su caso estimen convenientes, con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se señalan las catorce horas con cuarenta minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, para su verificativo. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades responsables dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Digitalización expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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