Elena Nava Orozco
Expediente 971/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elena Nava Orozco
- Elena Nava Orozco y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 8-17) que desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, queda FIRME el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el escrito presentado por Elena Nava Orozco, quejosa en el juicio en que se actúa, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele a su costa copia certificada de las constancias que solicita, previa identificación y recibo que de dicha entrega se deje en autos. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ELENA NAVA OROZCO Y ROLANDO NAVA OROZCO. Demanda y radicación Vista la demanda de amparo presentada por los quejosos Elena y Rolando, ambos de apellidos Nava Orozco; mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuyen al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese con el número I-971/2018, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ? Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil , ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." ? Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que el acto reclamado por los peticionarios de amparo Elena y Rolando, ambos de apellidos Nava Orozco, es el siguiente: ? Todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario 687/2016 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán, a bienes de Antonio Nava Esquivel, incluyendo la falta de emplazamiento al sumario, dado que gestionan en su calidad de terceros extraños puros. ? Improcedencia de la demanda de amparo. Una vez precisado el acto reclamado, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por lo cual, se realizará el estudio respectivo. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.).". De la lectura del artículo anterior, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Ahora bien, analizada la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que, para que opere la causal de improcedencia aludida son necesarios los requisitos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo. b) Que ese juicio haya sido resuelto y causado ejecutoria la sentencia en él dictado. c) Que ambos juicios de garantías hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.95 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 420, del Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Ahora, como se adelantó, se actualiza el supuesto de cosa juzgada respecto del acto aquí reclamado por el quejoso, consistente en lo siguiente: ? Todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario 687/2016 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán, a bienes de Antonio Nava Esquivel, incluyendo la falta de emplazamiento al sumario, dado que gestionan en su calidad de terceros extraños puros. En efecto, resulta un hecho notorio para este juzgado, la existencia del juicio de amparo II-542/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, del que se desprende que los aquí quejosos Elena Nava Orozco y Rolando Nava Orozco, señalaron como autoridad y acto reclamado los siguientes: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán. ? La falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario 687/2016 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán, a bienes de Antonio Nava Esquivel y como consecuencia todo lo actuado en él, dado que, a su decir, son terceros extraños puros. En el citado juicio de amparo, mediante proveído de veintisiete de junio del año en curso, se desechó de plano, al considerar se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo; determinación que por auto de once de julio de dos mil dieciocho, quedó firme, al no haber sido impugnada. Esto es así ya que en dicho juicio de amparo los aquí quejosos comparecieron bajo la figura de tercero extraño a juicio, bajo el argumento de que no habían sido llamados a juicio, al referir que les reviste el carácter de herederos dentro del juicio sucesorio 687/2016 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán. Sin embargo, los mismos quejosos manifestaron tener conocimiento de la etapa procesal en la que se encontraba el juicio subyacente, incluso bajo protesta de decir verdad expresaron que en dicho juicio no existía sentencia interlocutoria de la primera sección y, por tanto, se tuvo por desvirtuada su calidad de terceros extraños a juicio. Tal juicio de amparo se conoce ampliamente por razón de la actividad jurisdiccional que es propia de este Tribunal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles , aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto segundo. Sustentan lo expuesto, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 103/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Ahora, en el presente sumario constitucional, los peticionarios de amparo se ostentan terceros extraños a juicio y pretenden combatir "todo lo actuado dentro del juicio Sucesorio Intestamentario número 687/2016.". No obstante ello, los peticionarios de amparo reclaman la falta de llamamiento al citado juicio sucesorio bajo la figura del tercero extraño. Ahora bien, es indudable que tanto en el juicio de derechos fundamentales II-542/2018, como en el presente juicio de amparo, los quejosos se ostentan como terceros extraños a juicio, sin que obste que en la primer demanda de amparo como en la segunda existan diferencia en el planteamiento de los actos reclamados contra la autoridad responsable, pues en ambos juicios se duelen de todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario al no haber sido emplazados pese a ser herederos de la sucesión ventilada en dicho sumario. En ese contexto, en el mencionado juicio II-542/2018, los ahora peticionarios de amparo Elena y Rolando ambos de apellidos Nava Orozco, señalaron como autoridad responsable a la siguiente: ? Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán. Y como acto reclamado el siguiente: ? La falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario 687/2016 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán, a bienes de Antonio Nava Esquivel y como consecuencia todo lo actuado en él, dado que, a su decir, son terceros extraños puros. En el citado juicio de amparo, mediante auto de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se desechó de plano, por los motivos siguientes: "En el caso que nos ocupa, el acto aquí reclamado es el siguiente: La falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario 687/2016 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán, a bienes de Antonio Nava Esquivel. Mismo que reclaman los quejosos partiendo de la perspectiva consistente en que cuentan con la calidad de terceros extraños al procedimiento, al no haber sido notificados personalmente al juicio sucesorio de origen. Ahora, del contenido de los antecedentes y del escrito de demanda que fueron expresados bajo protesta de decir verdad, se desprende que la parte quejosa expuso que en el juicio sucesorio 687/2016, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán, aún no se ha dictado sentencia interlocutoria que ponga fin a la primera sección, al referir lo siguiente: ".debiendo manifestar, que en dicho juicio no existe sentencia interlocutoria alguna dentro de la primera y única sección que conforma a la fecha el juicio multireferido." Esto es, no ha concluido aún la primera de las cuatro secciones que integran el aludido juicio sucesorio. Por tal motivo es factible concluir que la parte quejosa, quienes aducen tener carácter de herederos de la sucesión a bienes de Antonio Nava Esquivel, están en aptitud de hacer valer sus derechos dentro del juicio sucesorio que aún no ha concluido con lo cual, se desvirtúa su calidad de terceros extraños a juicio a que se refiere el artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo. [...] Lo anterior guarda congruencia con la finalidad perseguida por el legislador al introducir como un supuesto de procedencia del juicio de amparo los actos que afecten a "personas extrañas ajuicio", pues dicha figura es contemplada en el artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo, como un instrumento que garantiza a aquellas personas que se vean afectadas en su esfera jurídica con la tramitación de un procedimiento del que no formaron parte material, para que puedan ser llamadas a éste, con el fin de que se les garantice el derecho de audiencia y puedan defender sus intereses. Sin embargo, la referida figura cobra aplicación cuando el juicio ha concluido, esto es, cuando se haya dictado sentencia o resolución que ponga fin al procedimiento, lo que en la especie no acontece, de ahí que los quejosos directos no revistan el carácter de terceros extraños al juicio sucesorio de origen, cuestión que hace que el juicio de amparo devenga improcedente". Por tanto, el acto impugnado en el juicio en que se actúa, consistente en todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario 687/2016, así como la falta de emplazamiento a él, guarda estrecha vinculación con lo analizado en el juicio de amparo II-542/2018. De lo anterior se advierte que tanto el presente juicio como en el diverso II-542/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, fueron promovidos por los mismos quejosos, en contra del mismo acto reclamado, autoridad responsable y juicio de origen; consecuentemente, se surten los requisitos de la figura jurídica de cosa juzgada. Esto es así, pues la finalidad que se busca en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podría vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio de la parte quejosa, en contra de un mismo acto, contrario a lo consagrado en la garantía constitucional de seguridad jurídica. Robustecen lo anterior los criterios siguientes: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado." Asimismo, si bien en el juicio de amparo II-542/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, no se hizo pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, lo cierto es que la determinación de desechar de plano la demanda de amparo, se debió a la actualización de la causal de improcedencia prevista en el normativo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción VI del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, interpretados éstos en sentido contrario; por tanto, ante la firmeza adquirida no puede ser soslayada en una posterior contienda constitucional al existir identidad entre los quejosos, acto reclamado y autoridad responsable, dado que en modo alguno puede trastocarse una resolución en la que se determinó que el acto reclamado no reviste la característica de ser un acto de imposible reparación de la parte quejosa. Sirve de apoyo, la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 524, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. También se cita la tesis aislada 1a. XCV/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1107, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." ? Desechamiento Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano, por notoria e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Elena y Rolando ambos de apellidos Nava Orozco, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo. No escapa a la consideración de este juzgador que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". ? Domicilio procesal y autorizados Téngase a la parte quejosa señalando domicilio y autorizado para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gilberto Valencia Barrera, ya que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito ? Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. ? Digitalización Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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- Eleuterio Ortega Jiménez284/2022
- Elí Durán Gómez36/2021
- Eli Durán Gómez744/2019
- Eli Tello Esquivel378/2022
- Elia Zarate Lara630/2020
- Elia Zarate Lara631/2020