Elia Astorga Mendoza
Expediente 636/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elia Astorga Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran el auto dieciocho de agosto de dos mil veintidós, que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías promovido por ******************** por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de título: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Finalmente, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... el proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós... Vista la constancia secretarial que antecede, se desprende que la parte quejosa hizo consistir medularmente el acto reclamado en la omisión de dictar el acuerdo correspondiente al escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral de origen número ...sin embargo, tomando en consideración lo manifestado por la autoridad responsable, se pone de manifiesto que han cesado los efectos de los actos reclamados, dado que la misma ha dado contestación a cada una de las peticiones hechas por la parte actora aquí quejosa, en su escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral de origen. Lo anterior, así se considera, porque en el presente juicio de amparo, se reclamó la omisión de dictar el acuerdo correspondiente al escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral de origen número ... por tanto, al haber ocurrido ello el uno de julio del presente año, resulta evidente que entorno a estos se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El numeral en comento dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías; por tanto, a nada práctico conduce analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte peticionaria. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Morelia, Michoacán, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la constancia secretarial que antecede, se desprende que la parte quejosa hizo consistir medularmente el acto reclamado en la omisión de dictar el acuerdo correspondiente al escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral de origen número ...sin embargo, tomando en consideración lo manifestado por la autoridad responsable, se pone de manifiesto que han cesado los efectos de los actos reclamados, dado que la misma ha dado contestación a cada una de las peticiones hechas por la parte actora aquí quejosa, en su escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral de origen. Lo anterior, así se considera, porque en el presente juicio de amparo, se reclamó la omisión de dictar el acuerdo correspondiente al escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral de origen número ... por tanto, al haber ocurrido ello el uno de julio del presente año, resulta evidente que entorno a estos se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El numeral en comento dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías; por tanto, a nada práctico conduce analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte peticionaria. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.
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Como de la certificación secretarial que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término legal concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, y como nada dijo al respecto dentro de ese lapso, por tanto, este Juzgado procede a realizar el examen de las constancias del juicio, a fin de resolver lo conducente con apoyo en la jurisprudencia 26/2000, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, visible a página doscientos cuarenta y tres, con el rubro que a la letra versa: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". Mediante resolución definitiva con engrose de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciada por este Juzgado, por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Eliseo Barajas Tafolla, para el efecto siguiente: ".1. No apliquen al quejoso, en el presente ni en el futuro, el artículo 58, fracción XVIII, del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, ni el numeral 61 del mismo reglamento, de manera adminiculada con el primero. 2. En consecuencia, deberán dejar insubsistente la boleta de infracción con folio 324 de uno de diciembre de dos mil veinte, así como sus consecuencias legales. Por consiguiente, deberán devolver al quejoso los montos que enteró y pagó con motivo de esa boleta de infracción y, en su caso, los gastos erogados por conceptos de arrastre y corralón derivados del retiro del vehículo y su remisión al corralón, así como cualquier otra erogación que sea consecuencia de la infracción reclamada y de la retención del vehículo, las que deberán ser cubiertas por la autoridad responsable, dado que el particular afectado no debe soportar los efectos de un acto emitido con motivo de la actividad administrativa irregular. 3. En el supuesto de que las autoridades no hayan devuelto al quejoso el vehículo que fue recogido en garantía, deberán hacerle entrega de ese bien mueble.". En el caso, en proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, fue declarado ejecutoriado dicho fallo y se requirió a las autoridades responsables Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán e Inspector adscrito y Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que dieran cumplimiento al mismo, por lo que en proveídos de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, veinte y veintiocho de enero, cuatro y veintidós de febrero, así como el cuatro de marzo, todos del presente año, se tuvo a la autoridad responsable Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, informando las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, por lo que en auto once de marzo pasado, se tuvo al Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección General Jurídica de la referida Secretaria de Finanzas, por remitiendo las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector, con las que acreditó la transferencia bancaria realizada el dieciséis de febrero del presente año, a nombre del impetrante; de igual forma, el veinticinco de mayo siguiente, la diversa autoridad Jefe de Departamento de Amparos y Procesos Administrativos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, residentes en esta capital, informó que la cantidad a devolver al impetrante se encontraba liberada y a su disposición el cheque relativo materia de la ejecutoria en el presente juicio, proveído que se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa para que compareciera ante dicha autoridad para la diligencia de devolución en comento, asimismo exhibiera ante este juzgado la constancia respectiva que acreditara tal circunstancia; apercibiéndola en el sentido que de no hacerlo de oficio se resolvería lo conducente sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata, con base en las constancias existentes en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, sin que el peticionario haya hecho manifestación al respecto. Conviene precisar que la autoridad Ejecutivo del Estado de Michoacán, no está constreñida por virtud de la concesión del amparo a realizar acto alguno en cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que únicamente ejerció su facultad reglamentaria respecto del precepto reclamado. Por consiguiente, al no advertirse que haya exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL; sin perjuicio de que la quejosa esté en condiciones de impugnar la presente determinación, o en su caso, por la vía correspondiente recurra el auto dictado por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 301, del rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Ahora bien, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente de dictar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, asimismo, el original y duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, 18, fracción I, inciso b) y 21, fracción I, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: ".Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo" "Artículo 14. Criterios de valoración. Los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales serán: relevancia documental, conservable, depurable o destruible, el cual deberá decretarse en el acuerdo de archivo como asunto concluido. Los responsables de la valoración sólo podrán optar por uno de los criterios señalados en el párrafo anterior." "Artículo 18.- Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales." Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Asimismo, que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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