Eli Coria Salas

Expediente 142/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
142/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Eli Coria Salas

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintitrés. Como de la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de revisión, en contra del proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías promovido por Eli Coria Salas, por propio derecho; sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno o manifestado a este juzgado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la Superioridad; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, ha causado estado. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no se asentó el término para que las autoridades señaladas como responsables se inconformaran con dicho proveído, toda vez que, el sentido del auto que puso fin al presente juicio, en nada afecta el interés jurídico para sostener el acto reclamado por medio del recurso de revisión, que en su caso se interponga, toda vez que en el juicio se sobreseyó y únicamente afecta su sentido a la parte quejosa, de quien ya quedó asentado que no interpuso tal recurso. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, diligencia por practicar, ni documentos originales que devolver a las partes; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción y no se formaron cuadernos incidentales; lo anterior, de conformidad con el artículo 21 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón de cuenta, levantada por el Actuario adscrita a este Juzgado, a través de la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la notificación a la parte quejosa del auto de ocho de febrero pasado, por los motivos que indica; en consecuencia, se ordena practicarle dicha notificación y las subsecuentes por medio de lista, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que designe domicilio para tal efecto. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, al que adjunta el diverso oficio 1388 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado con sede en esa ciudad, al que anexa copias del juicio de amparo 776/2022, virtud a que mediante proveído de uno de febrero del año en curso, ordenó la separación de juicios; por tanto, este juzgado de distrito se AVOCA al conocimiento del mismo, y, se ordena continuar con el trámite respectivo. Regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número VI-142/2023-1; dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete. Ahora bien, toda vez que de la constancia secretarial se desprende que el veintidós de junio de dos mil veintidós la autoridad responsable Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública resolvió dentro del recurso de revisión -declararse incompetente y remitirlo al superior jerárquico, por lo que el seis de octubre de dos mil veintidós, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, resolvió sobreseer el recurso de revisión -, promovido por -, en contra del oficio -, de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Interna de la Secretaria de Seguridad Publica mediante el cual le impuso una multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el Estado. Asimismo, que el acto reclamado consiste en la declaración de incompetencia por parte de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, respecto del recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra la multa decretada mediante oficio -, de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Interna de la Secretaria de Seguridad Publica, así como dicha multa. Y que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se pone de manifiesto que el seis de octubre de dos mil veintidós, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, resolvió sobreseer el recurso de revisión -, promovido por -, en contra del oficio -, de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Interna de la Secretaria de Seguridad Publica mediante el cual le impuso una multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el Estado; lo que pone en evidencia un cambió de situación jurídica y actualiza indudablemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 en relación con la fracción IV del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo. El primero dispositivo en cita dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del mencionado dispositivo se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica que rige al quejoso. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sustenta que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En consecuencia, con fundamento en la fracción XVII del artículo 61 en relación con el diverso 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo del propio ordenamiento legal, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo en que se actúa. Sin que haya necesidad a señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional por lo anteriormente expuesto. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo y en el artículo 23, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y autorizando con las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a -; en virtud de que como se desprende de la certificación que antecede, tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano