Eli Coria Salas
Expediente 258/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eli Coria Salas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 1.1. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no les depara perjuicio alguno a éstas. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 3. Incidente de suspensión. No es el caso emitir pronunciamiento en cuanto a los incidentes de suspensión, en virtud de que dicha medida fue resuelta por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro de los autos de los cuadernos incidentales que se formaron con motivo de su juicio de amparo número ********************, de donde derivó la separación de juicios, sin que haya remitido cuadernos incidentales. 4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 258/2023, promovido por Eli Coria Salas, por alegada violación de los artículos 1o., 14, 16, 17 y 35, fracción V, de la Constitución Federal, atribuida a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama, lo siguiente: I. Del titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán: a) La determinación de once de mayo de dos mil veintidós, dictada dentro de la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/009/2022, mediante la cual en su calidad de delegado administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se le impuso una mediada de apremio consistente en multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización. II. De los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán: b) El auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitido en el recurso de revisión SSP/CHJ/RR/0095/2022, en que determinó carecer de competencia legal, para conocer del medio de defensa interpuesto por el quejoso, en contra del proveído de once de mayo del año pasado, dictado en la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/009/2022 y ordenó su remisión al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de esta entidad federativa, por ser el superior jerárquico del recurrente. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de reclamarse diversos actos, entre ellos, una multa impuesta por autoridad administrativa cuya ejecución debe tener verificativo en Morelia, Michoacán, circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. De las manifestaciones expresadas en los informes justificados rendidos por la secretaria técnica en representación de la Comisión de Honor y Justicia y el titular de la Unidad de Asuntos Internos, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se advierte la certeza de los actos que se les atribuyen. Lo que se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/009/2022, así como del recurso de revisión SSP/CHJ/RR/0095/2022, de donde se advierten las determinaciones reclamadas dictadas el once de mayo y veintidós de junio de dos mil veintidós, respectivamente. Medios de prueba que adquieren valor convictivo pleno de acuerdo con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2o., al haber sido expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierten actualizadas las causas de improcedencia siguientes: I. Acto consentido (extemporaneidad en la presentación de la demanda). Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del numeral 61, en relación con los diversos dispositivos 17 y 18, de la Ley de Amparo, respecto de la determinación de once de mayo de dos mil veintidós, dictada dentro de la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/009/2022, por el titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; la cual además fue hecha valer en su informe justificado, por el titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En esa tesitura, el primer artículo referido contempla la improcedencia del juicio de amparo cuando la parte quejosa haya consentido tácitamente el acto reclamado, esto es, cuando no presentó la demanda dentro de los plazos previstos en la Ley de la materia. Esta disposición resulta coherente con la sanción procesal que debe imponerse al quejoso que adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad que a pesar de que le causa perjuicio, se somete a él en todos sus efectos y consecuencias, por su simple desinterés de haberlo controvertirlo en el tiempo dispuesto por la Ley, pero aun así, pretende impugnarlo a pesar del consentimiento posterior que manifestó al no redargüirlo. Cobra aplicación la tesis sustentada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 139-144, Primera Parte, página 13, de registro digital 232527, que a la letra dice: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad. Por su parte, los preceptos 17 y 18, de la Ley de Amparo, contemplan como término genérico para la interposición de la demanda, el de quince días computados a partir: 1. Del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. De aquélla data en que haya tenido conocimiento; 3. De la fecha en que se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. En esa tesitura, dada la naturaleza de la determinación de once de mayo de dos mil veintidós, reclamada, se concluye que la presentación de la demanda de amparo, para controvertir la posible afectación aducida por el impetrante a su esfera jurídica, debió hacerse dentro del término genérico de quince días previsto en el artículo 17, de la Ley de Amparo, porque no está comprendido en ninguno de los supuestos de excepción ahí contemplados. Ello, porque no se impugna la vigencia de una ley, ni se controvierte una sentencia condenatoria proveniente de un proceso penal; tampoco es materia de análisis la privación temporal o definitiva de derechos ejidales o el inicio de un procedimiento de extradición, ni actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Federal. Así, el justiciable estaba constreñido a denunciar la posible violación de derechos fundamentales, dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17, de la Ley de Amparo, puesto que en el caso concreto se actualiza el plazo genérico para los extremos relatados; sin embargo, tal circunstancia no aconteció. En el caso, de las constancias aportadas por el titular de la Unidad de Asuntos Internos, las cuales fueron valoradas en el considerando que antecede, se advierte el oficio SSP/UAI/DRE/1010/2022, de once de mayo del año pasado emitido en la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/009/2022, mediante el cual notificó al quejoso la multa impuesta reclamada, el cual fue recibido en la delegación administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública de esta entidad federativa el veinticuatro de los mismos, por tanto, esa data debe considerarse como la fecha de notificación al quejoso. Máxime que en el escrito aclaratorio presentado por el justiciable el veintisiete de julio de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes Comunes, manifestó bajo protesta de decir verdad que la notificación del acuerdo de once de mayo del año pasado, dictado en la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/009/2022, le fue notificado el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. La cual de conformidad con los numerales 65, 66 y 67, fracción I, del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, surtió efectos el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por tanto, el término que tenía en su favor Eli Coria Salas para presentar la demanda de amparo conforme a la regla del artículo 18 de la Ley de Amparo, inició el veintiséis de mayo de dos mil veintidós y feneció el quince de junio posterior, periodo del que se descontaron los días veintiocho y veintinueve de mayo, así como cuatro, cinco, once y doce de junio de dicho año, por ser inhábiles Entonces, el plazo de quince días transcurrió en demasía, pues la demanda de amparo se presentó el quince de julio dos mil veintidós, de forma física en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, de acuerdo con el sello de recibido. En ese sentido, se concluye que la parte quejosa acudió en forma extemporánea a denunciar la posible afectación de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, respecto del proveído de once de mayo de dos mil veintidós, reclamado, acarreando imposibilidad de determinar si afectó o no su esfera jurídica; lo que se traduce en la improcedencia del juicio de amparo. II. Cesación de efectos por sustitución procesal. Se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitido en el recurso de revisión SSP/CHJ/RR/0095/2022, por los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Importa precisar que la causa de improcedencia en comento se actualiza por dos hipótesis, a saber: Por revocación, supuesto que se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos; y b) Por sustitución, el cual opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, cuando se interpone un recurso o medio de defensa contra el acto reclamado, la determinación dictada en aquél sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Lo anterior, porque cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis en un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, y recayó una resolución, la validez o insubsistencia de aquél depende de lo resuelto en la nueva determinación que sustituyó procesalmente a la anterior. Entonces, será la nueva determinación, en todo caso, la que podría ser materia del juicio constitucional. Precisado lo anterior, es menester realizar una reseña de los antecedentes destacados del procedimiento administrativo de origen y del medio ordinario de defensa interpuesto: En la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/009/2022, del índice de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, seguida en contra de Blanca García Guerrero, se ordenó al delegado administrativo de dicha oficina -aquí quejoso-, que suspendiera temporalmente a ese servidor público de sus funciones, sueldo y prestaciones, con motivo de la sanción que fue impuesta. Bajo la óptica del titular de la Unidad de Asuntos Internos, el quejoso, en cuanto delegado administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, fue omiso en cumplir con el requerimiento que le fue formulado, motivo por el cual, mediante resolución dictada el once de mayo de dos mil veintidós, le impuso como medida de apremio una multa de treinta unidades de medida y actualización. Inconforme con dicha determinación, mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintidós, ante la Unidad de Asuntos Internos, dirigido al secretario técnico de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, el justiciable interpuso recurso de revisión, el cual fue registrado con el número SSP/CHJ/RR/0095/2022. Mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia, con residencia en esta ciudad, determinaron carecer de competencia legal para conocer de dicho medio de defensa y ordenaron su remisión al superior jerárquico del recurrente, esto es, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. En proveído de siete de julio de dos mil veintidós, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, admitió a trámite el recurso de revisión y ordenó su registro bajo el número SSP/UAJDH/RR/094/2022-I. Finalmente, mediante resolución de seis de octubre de dos mil veintidós, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, determinó improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, al no actualizarse alguna de las hipótesis de procedencia previstas en el artículo 129 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo; en consecuencia, resolvió sobreseerlo. En ese contexto, se desprende que el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitido por los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia en el recurso de revisión SSP/CHJ/RR/0095/2022, mediante el cual determinaron carecer de competencia legal, para conocer del medio de defensa interpuesto por el quejoso en contra del proveído de once de mayo de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/009/2022, fue sustituido procesalmente por la resolución de seis de octubre de dos mil veintidós, signada por el secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, dentro del recurso de revisión SSP/UAJDH/RR/094/2022-I. Toda vez que en dicha resolución se determinó improcedente el medio ordinario de defensa bajo el argumento de que la impugnación de la medida disciplinaria impuesta por la autoridad administrativa dentro de un procedimiento -materia de los agravios esgrimidos-, no se encuentra contemplada en los supuestos de procedencia del numeral 129 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que en consecuencia, sobreseyó el recurso; en esa tesitura dicha resolución es la que prevalece y la que puede causar perjuicio al justiciable, por ser la que actualmente rige su situación jurídica. Empero, dicha resolución no fue señalada como acto reclamado por la parte quejosa, no obstante que en proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, se le dio vista para que ampliara la demanda por lo que ve a la autoridad aludida y resolución mencionada, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría el trámite del juicio al tenor del escrito inicial. Determinación que le fue notificada por lista al justiciable el quince de marzo del año en curso y el término conferido para tal efecto transcurrió del diecisiete de marzo al trece de abril de dos mil veintitrés, de acuerdo con la certificación plasmada en la audiencia constitucional; consecuentemente, el auto emitido el veintidós de junio de dos mil veintidós, por los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia, no puede ser materia de análisis en este sumario, al haber cesado sus efectos en virtud de la sustitución procesal de la que fue objeto al dictarse la resolución de seis de octubre del año en curso, por el secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Sirve de apoyo la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1492, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos. En esas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia estudiadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, se sobresee en el juicio. En consecuencia, resulta innecesario el estudio de las restantes causales de improcedencia advertidas por el titular de la Unidad de Asuntos Internos, así como las hechas valer por la secretaria técnica en representación de la Comisión de Honor y Justicia, ambas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, externadas en sus informes justificados. Tampoco es procedente analizar los conceptos de violación esgrimidos por el justiciable en su líbelo actio, pues al decretarse el sobreseimiento del juicio, este órgano se encuentra impedido a estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Fundamenta dicho razonamiento la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 24, tercera parte, página 49, de registro 239006, de epígrafe y contenido: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, no se inadvierten los alegatos formulados por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos humanos, en calidad de secretario técnico de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la agente del Ministerio Público de la Federación; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar los argumentos plasmados, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eli Coria Salas, respecto de los actos reclamados al titular de la Unidad de Asuntos Internos y a los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. 1. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado, por medio del cual formula alegatos que a esa representación social corresponde, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 2. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias certificadas de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintitrés. 1. Razón actuarial. Visto lo de cuenta, se aprecia la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial de la adscripción para notificar al quejoso Eli Coria Salas y sus autorizados, el proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, emitido dentro del presente juicio de amparo, por los motivos expuestos en la razón actuarial elaborada el veinticuatro de febrero pasado. 1.1. Notificaciones por lista. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese la notificación a ésta del auto correspondiente, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale nuevo domicilio para esos efectos. 2. Informa vinculación. Téngase por recibido el comunicado de cuenta, suscrito por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa que se ordenó habilitar el expediente electrónico 776/2022-X, de su índice, para efectos de su vinculación con el presente expediente; lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. 3. Manifestaciones autoridad. Asimismo, téngase por recibido el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; atento a su contenido, se le tiene formulando las manifestaciones que refiere, mismas que, de ser procedente, serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. 3.1. Domicilio y delegados. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante señalando como domicilio para recibir notificaciones el que expresa y designando delegados en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo a las personas que precisa. 3.2. Proporciona correo y teléfono. De igual forma, proporciona la dirección de correo electrónico ********************, para que de estimarlo necesario, este órgano jurisdiccional pueda establecer comunicación relativa al juicio en que se actúa; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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