Eli Coria Salas

Expediente 122/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
122/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Eli Coria Salas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 3. Valoración. Consecuentemente, toda vez que se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 4. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que como se mencionó en el auto admisorio, el homólogo federal que remitió el escrito de demanda que dio origen al juicio en que se actúa, no adjuntó las constancias relativas al cuaderno incidental que le fueron solicitadas en proveído de ocho de febrero de la presente anualidad; lo cierto es que se pronunció sobre la suspensión de los actos reclamados y resolvió en definitiva al respecto mediante interlocutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, sin que se haya dado apertura al mismo. 5. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no les depara perjuicio alguno a éstas. 6. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 7. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 122/2023, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 1, 14, 16, 17 y 35 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: De la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo: La resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, en la que determinó carecer de competencia legal, para conocer del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, en contra de la diversa decisión dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/115/2019-INV, en la que se le impuso una multa como medida de apremio, en cuanto Delegado Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, motivo por el cual, se ordenó su remisión al Titular de la secretaría referida, a fin de que sea éste, en cuanto superior jerárquico, el que resuelva el medio de defensa ordinario. Del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo: La determinación dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/115/2019-INV, en la que se le impuso una multa como medida de apremio, en cuanto Delegado Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el reclamado a las autoridades responsables, pues así lo señalaron expresamente al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las diversas copias certificadas que integran la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/115/2019-INV, las cuales cuentan con valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. CUARTA. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, se considera que respecto del acto reclamado identificado con el número 1, consistente en: La resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, en la que determinó carecer de competencia legal, para conocer del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, en contra de la diversa decisión dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/115/2019-INV, en la que se le impuso una multa como medida de apremio, en cuanto Delegado Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, motivo por el cual, se ordenó su remisión al Titular de la secretaría referida, a fin de que sea éste, en cuanto superior jerárquico, el que resuelva el medio de defensa ordinario, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la cual se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia, se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación y b) por sustitución -como en el caso acontece-. El primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, cuando se interpone un recurso o medio de defensa contra el acto reclamado, la determinación dictada en aquél sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Lo anterior, porque cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis en un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, y recayó una resolución, la validez o insubsistencia de aquél ya depende de lo resuelto en la nueva determinación: sustituyó procesalmente a la anterior. Entonces, será la nueva determinación, en todo caso, la que podría ser materia del juicio constitucional. Previo a su análisis es pertinente señalar, en lo que interesa en este juicio, lo siguiente: Dentro de la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/115/2019-INV, del índice de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, seguida en contra de Félix Cerda Farias, se ordenó al Delegado Administrativo de dicha secretaría -aquí quejoso-, que suspendiera temporalmente de funciones, sueldo y prestaciones a dicho funcionario público, con motivo de la sanción que fue impuesta en dicho procedimiento administrativo. El quejoso, en cuanto Delegado Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, fue omiso en cumplir con el requerimiento que le fue formulado, motivo por el que mediante resolución dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría referida, le impuso como medida de apremio, una multa de TREINTA VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE EN EL ESTADO. Inconforme con dicha determinación, mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, ante el Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, interpuso recurso de revisión en su contra. Mediante resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, determinó carecer de competencia legal para conocer del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, en contra de dicha decisión dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/115/2019-INV, en la que se le impuso una multa como medida de apremio, en cuanto Delegado Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; motivo por el cual, se ordenó su remisión al Titular de la secretaría referida, a fin de que sea éste, en cuanto superior jerárquico, el que resuelva el medio de defensa ordinario. Así, mediante proveído de siete de julio de dos mil veintidós, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, admitió a trámite el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, el cual se registró bajo el número SSP/UAJDH/RR/0043/2022-I. Finalmente, mediante resolución de seis de octubre de dos mil veintidós, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, determinó no ser procedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, al no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 129 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo; en consecuencia, resolvió sobreseer el recurso de revisión. En ese contexto, se desprende que el acto reclamado identificado con el número 1, consistente en: La resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, en la que determinó carecer de competencia legal, para conocer del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, en contra de la diversa decisión dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/115/2019-INV, en la que se le impuso una multa como medida de apremio, en cuanto Delegado Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, motivo por el cual, se ordenó su remisión al Titular de la secretaría referida, a fin de que sea éste, en cuanto superior jerárquico, el que resuelva el medio de defensa ordinario, fue sustituida procesalmente por la resolución emitida el seis de octubre de dos mil veintidós, por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, dentro del recurso de revisión SSP/UAJDH/RR/0043/2022-I, es la que prevalece y la que realmente pudiera causar perjuicio, por ser la que ahora rige la situación jurídica de la parte quejosa. Sin embargo, dicha resolución no fue señalada como acto reclamado por la parte quejosa, no obstante que en proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se le dio vista para que ampliara la demanda por lo que ve a la autoridad aludida y resolución mencionada; consecuentemente, el acto reclamado no puede ser materia de análisis a través del juicio de amparo. En las relatadas condiciones, se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En otro orden de ideas, respecto del acto reclamado identificado con el número 2, consistente en: La determinación dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/115/2019-INV, en la que se le impuso una multa como medida de apremio, en cuanto Delegado Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, párrafo primero y 18, todos de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa presentó su demanda fuera del plazo de quince días establecido en la ley. Preceptos que, para mayor entendimiento, se transcriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que los actos consentidos, son aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, que en el presente caso, el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De manera que, se entenderá consentido tácitamente un acto y, por ende, improcedente el juicio de amparo, cuando no se impugne dentro del término de quince días que establece el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, computable en términos del numeral 18. Apoya lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en Página: 67, Volumen LXI, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 266815, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CONSENTIMIENTO TACITO COMO CAUSA DE. El consentimiento tácito como causa de improcedencia del amparo, en los términos del artículo 73 fracción XII de la ley reglamentaria del juicio de garantías, opera respecto del acto reclamado y, por definición legal, se consiente aquél contra el que no se promueva el juicio constitucional dentro de los términos que la propia ley señala al respecto." En la especie, la parte quejosa reclamó del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, la determinación dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación administrativa CIA/UAI/115/2019-INV, en la que se le impuso una multa como medida de apremio, en cuanto Delegado Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Entonces, dada la naturaleza del acto aquí reclamado, se concluye que la presentación de la demanda de amparo, para controvertir la posible afectación aducida por el impetrante a su esfera jurídica, debió hacerse dentro del término genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, porque no está comprendido en ninguno de los supuestos de excepción ahí contemplados. Ello, porque no se impugna la vigencia de una ley, ni se controvierte una sentencia condenatoria proveniente de un proceso penal. Tampoco es materia de análisis la privación temporal o definitiva de derechos ejidales o el inicio de un procedimiento de extradición, ni actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Así las cosas, el justiciable estaba constreñido a denunciar la posible violación de derechos fundamentales, dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que en el caso concreto se actualiza el plazo genérico para los extremos relatados; sin embargo, tal circunstancia no aconteció. En efecto, la determinación reclamada le fue notificada el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, por lo que en términos de los artículos 65, 66 y 67 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de La Secretaría de Seguridad Pública, surtió efectos el diecinueve siguiente; por tanto, el plazo transcurrió del veinte de mayo al nueve de junio de la citada anualidad. Entonces, el plazo de quince días transcurrió en demasía, pues la demanda de amparo se presentó hasta el quince de julio dos mil veintidós, según se advierte de la boleta de recepción ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quedando de manifiesto que su presentación resultó extemporánea, puesto que se realizó fuera del plazo de quince días que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se concluye que la parte quejosa acudió en forma extemporánea a denunciar la posible afectación de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, respecto del acto de autoridad aquí reclamado, acarreando imposibilidad de determinar si afectó o no su esfera jurídica; lo que se traduce en la improcedencia del juicio de amparo. Consecuentemente, ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, párrafo primero y 18; así como la diversa establecida en la fracción XXI, del citado numeral, con apoyo en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Sin que sea necesario realizar pronunciamiento de la causa de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable, al actualizarse de oficio las que se analizaron en la presente resolución, pues a nada práctico conduciría su análisis para verificar si se actualiza o no, ya que el sentido de la presente sentencia no variaría. Lo anterior encuentra sustento, por su contenido, en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA" Consecuentemente, al haber operado el sobreseimiento en este juicio de amparo, ello impide analizar las cuestiones de fondo que alega la parte quejosa. Tiene aplicación la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Respecto al alegato formulado por la fiscal de la adscripción; este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, el informe y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; por lo que legalmente no se está obligado a atender dichas manifestaciones. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de la que se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciséis de febrero de la presente anualidad, para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la diversa autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, así como por lo que ve a los actos consistentes en el auto de siete de julio y la resolución de seis de octubre, ambos de dos mil veintidós, precisando si dentro del procedimiento administrativo de origen le fueron notificadas esas determinaciones e informando, en su caso, la fecha en que ello aconteció; lo anterior, toda vez que el acuerdo aludido le fue notificado por medio de lista el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, como se advierte de la constancia que obra en autos. Por tanto, el plazo de referencia transcurrirá del dos al veinticuatro de marzo del año en curso. 2. Diferimiento constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintitrés. 1. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 2. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias certificadas de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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