Elfida Flores Favela y Otros.
Expediente 519/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Elfida Flores Favela y Otros.
- Daniela Cassandra Anchondo Flores
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Glósese a los autos el oficio enviado por el Actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en esta ciudad, y en atención a lo que solicita, dígasele que por auto de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se aceptó la competencia planteada por ese tribunal, y en la misma data se desechó la demanda de amparo, proveído que causó estado el seis de julio del año en curso, ordenándose el archivo definitivo del expediente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente, contra el auto de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de destrucción, por tanto, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, Tal como se estableció en la cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 110 en términos del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que disponen los numerales 113 de la legislación en comento. Además, el juicio de amparo en que se actúa es un expediente, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por último, y toda vez que no es necesario que obre en el presente juicio el toca *******, del índice de la Primera Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, remítase el mismo a dicho órgano jurisdiccional, solicitando acuse de recibido. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
vista la razón actuarial se notifica por medio de lista al quejoso el acuerdo de seis de julio de dos mil dieciséis, que dice: Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente, contra el auto de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de destrucción, por tanto, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, Tal como se estableció en la cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 110 en términos del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que disponen los numerales 113 de la legislación en comento. Además, el juicio de amparo en que se actúa es un expediente, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por último, y toda vez que no es necesario que obre en el presente juicio el toca *******, del índice de la Primera Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, remítase el mismo a dicho órgano jurisdiccional, solicitando acuse de recibido.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dieciséis que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de junio de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, remite los autos del juicio de amparo *******, promovido por ******* y *******, por conducto de su autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, licenciado *******; así como con el toca *******, del índice de la Primera Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia, toda vez que, mediante resolución de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, se declaró fundado el recurso de reclamación interpuesto en contra del proveído mediante el cual ese Tribunal admitió a trámite la demanda de amparo antes citada. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por ******* y *******, por conducto de su autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, licenciado *******; lo anterior hágase del conocimiento del Tribunal declinante. En términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce al promovente el carácter de representante de la quejosa, pues se acredita con las actuaciones que obran en el toca *******, del índice de la Primera Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua. Atento a lo anterior, regístrese la demanda bajo el consecutivo 519/2016-V; y con la documental anexa, apertúrese el tomo I de pruebas. Para estar en condiciones de proveer respecto a la presentación de la demanda de amparo, es preciso considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone la obligación de examinar el escrito de demanda para que, en caso de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, aquél se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cuestión explica, esencialmente, que para desechar de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Sobre el tópico que se analiza, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de acuerdo con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, los actos procesales causan un perjuicio de imposible reparación siempre que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente algún derecho fundamental del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; pues los efectos negativos que pudieran causar esos actos no se destruirán con el solo hecho de obtener sentencia definitiva favorable. Del contenido de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo se advierte la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento de ejecución de sentencia y de remate, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente, sean reclamables en el amparo que se promueva contra la resolución final que se dicte en éste. La misma razón debe prevalecer en aquellos juicios de amparo en que se reclame el desechamiento de pruebas emitido en un recurso de apelación, pues se trata de un acto de naturaleza eminentemente procesal y de efectos transitorios mas no de imposible reparación, tomando en cuenta además, que existe la posibilidad de que estos últimos desaparezcan si las agraviadas obtienen sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen; y, en caso contrario, que goza de los medios de defensa que la ley establece para controvertir ésta y las posibles violaciones cometidas en el procedimiento que las hayan dejado sin defensa. Así, de la interpretación funcional del principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se colige que éste sólo procede contra actos verificados durante la controversia, en ejecución de la sentencia, fuera de juicio o después de que éste concluyó, cuando sean imposibles de reparar; esto es, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en tratados internacionales. En esa virtud, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Por tanto, la resolución emitida por la Primera Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua, el cinco de febrero de dos mil dieciséis, en la cual revocó el auto de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, para efecto de decretar que no ha lugar a tener por presentada a la perito ingeniero María del Refugio Viezca Carrasco, donde exhibió su dictamen pericial, dado que el período probatorio concluyó el cinco de noviembre de dos mil catorce, como se indicó en auto de veintidós de octubre del citado año, no causa un perjuicio de imposible reparación y, por tanto, el amparo indirecto en su contra es improcedente, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la ley de la materia. En efecto, como se precisó, ese acto no trastoca derecho fundamental alguno, porque se trata de un aspecto procesal que, en su caso, sólo es posible de lesionar los derechos de la parte que se ve desfavorecida con la determinación, cuando se decida la incidencia de mérito en definitiva, pues será hasta este momento procesal cuando podrá advertirse si el acuerdo en que se desechó la prueba ofrecida por la ahora quejosa la dejó sin defensa y trascendió al resultado del fallo. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía, la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. Luego, para estar en condiciones de evidenciar las razones por las que se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es necesario considerar que al momento de proveer sobre la procedencia de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, se toman en consideración los hechos expuestos por la parte promovente en su demanda de cuenta, los cuales fueron vertidos bajo protesta de decir verdad y cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como de los autos del toca *******, del índice de la Primera Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua; se deduce que el acto reclamado lo constituye la resolución emitida por el citado Tribunal, el cinco de febrero de dos mil dieciséis, en la cual revocó el auto de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, para efecto de decretar que no ha lugar a tener por presentada a la perito ingeniero *******, donde exhibió su dictamen pericial, dado que el período probatorio concluyó el cinco de noviembre de dos mil catorce, como se indicó en auto de veintidós de octubre del citado año. Así, el acto reclamado no actualiza una afectación de imposible reparación y en su contra resulta improcedente la acción constitucional, dado que es un acto meramente procesal, el cual, por su naturaleza no afecta en forma directa e inmediata su esfera de derechos. En efecto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos humanos del gobernado que reconoce la Constitución, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en el juicio de amparo que se promueva contra la resolución que resuelva el juicio de origen. Luego, como a la infracción alegada le reviste el carácter de intraprocesal, que no es de imposible reparación, dado que el agravio que pueda causarse a las quejosas tendrá verificativo hasta el momento en el que la violación, que hoy aduce se le produce, trasciendan en el sentido del fallo y éste no le sea favorable y, hasta ese momento procesal, se estará en posibilidad de determinar si efectivamente le causan un perjuicio, siempre y cuando resulten trascendentes en el sentido del fallo, razón por la cual podrán ser alegadas en otra oportunidad. Por tanto, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último aplicado en sentido contrario, sin que esa calidad pueda quedar desvirtuada con cualquier elemento que pudiera aportarse al juicio, ya que incluso se tiene a la resolución que constituye el acto reclamado; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo, al quedar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación de los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por otra parte, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró inscrito a David J. Gómez Salazar, por lo que se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y solo para oír y recibir notificaciones al diverso profesionista que refiere, ello en virtud de que no está inscrito en dicho sistema. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley invocada, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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