Eleazar Medina Riojas

Expediente 166/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
166/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
27/06/2016

Partes del expediente

  • Eleazar Medina Riojas
  • Director Encargado del Despacho de la Dirección General del Cefereso Número 9 Norte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    vista la razón actuarial se notifica por medio de lista al quejoso el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, que dice: Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de dos de junio de dos mil dieciséis, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Por otra parte, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración, por haberse decretado la suspensión de plano a la parte quejosa. Entonces, luego de tres años podrá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General Conjunto 1/2009. Luego de transcurridos seis meses destrúyanse los incidentes de suspensión original y el duplicado, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales,

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de dos de junio de dos mil dieciséis, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Por otra parte, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración, por haberse decretado la suspensión de plano a la parte quejosa. Entonces, luego de tres años podrá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General Conjunto 1/2009. Luego de transcurridos seis meses destrúyanse los incidentes de suspensión original y el duplicado, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la resolución en la cual se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Eleazar Medina Riojas, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, en atención a que la ejecutoria de referencia, otorgó la protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables Director General y Director Encargado del Despacho, ambos de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con residencia en esta ciudad: 1. Den contestación a la solicitud del quejoso respecto de la visita íntima. 2. Notifiquen la respuesta a la petición realizada por la parte quejosa, esto es, que ordenen a quien corresponda a través de los medios que la ley le autoriza que se notifique personalmente a *************** la resolución, en la que determinen lo que en derecho corresponda. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y del conocimiento de la autoridad responsable la circunstancia anterior. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Director General y Director Encargado del Despacho, ambos de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, informe al suscrito sobre el cumplimiento que de a la sentencia de amparo o, en su defecto, sobre las medidas que tome tendentes a tal cumplimiento, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. Apercibidas que de no hacerlo así dentro del término que se le señala: a) Con fundamento en el artículo 238, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo actual, en relación con el 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización; y b) Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en esta ciudad, para seguir el trámite de la inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior. Asimismo, se requiere al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, como superior jerárquico de las autoridades responsables Director General y Director Encargado del Despacho, ambos de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con residencia en esta ciudad, para que en el mismo término de tres días le ordene acatar el fallo protector, y lo acredite con las constancias respectivas, ello en atención a lo dispuesto por los arábigos 192, párrafo tercero y 194 de la legislación de la materia. Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que el recaudador responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 58/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 284, del tomo XXVIII, julio de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 169286, de rubro: INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yara Isabel Gómez Briseño. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de mayo de dos mil dieciséis. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo ***************, promovido por *************** en representación de ***************, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, *************** en representación de ***************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto del Director General y Director Encargado del Despacho, ambos de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con residencia en esta ciudad, consistente en: [.] IV. ACTOS RECLAMADOS: La detención, Ilegal incomunicación y restricción de visitas de su esposa *************** y familiares así como la visita íntima conyugal a la que tiene derecho del C. ***************, por parte de la autoridad señalada como responsable. No obstante lo anterior, en diligencia actuarial de uno de marzo de dos mil dieciséis, al ratificar su demanda manifestó a la Actuaria lo siguiente: "SI RATIFICA LA DEMANDA DE AMPARO; AGREGA NO ESTAR INCOMUNICADO Y QUE SU INTERÉS ES QUE LE SEA AUTORIZADA LA VISITA ÍNTIMA A QUE TIENE DERECHO". SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó violadas. La parte quejosa considera que con la emisión de los actos reclamados se violaron en su perjuicio los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El dos de marzo de dos mil dieciséis, se radicó la demanda como amparo indirecto ***************; y una vez que fue ratificada por el directamente agraviado, se admitió a trámite solo por lo que respecta a la autorización de la visita íntima, se solicitó a las Responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. Considerando: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos que son susceptibles de ejecutarse por autoridades con sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizado en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de autorizar la visita íntima. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su estudio. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, de Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Presunción de existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con residencia en esta ciudad, negó la existencia del acto que se le reclama. No obstante lo anterior, en el informe justificado expuso "Por cuanto hace a '. LA VISITA ÍNTIMA CONYUGAL´ me permito informarle que no se han cubierto los trámites correspondientes para la acreditación de la visita conyugal, ya que aún se encuentra pendiente la documentación para la visita familiar de la C. *************** esposa del quejoso". Además, por oficio ***************, informó que ***************, no ha presentado ante esa Unidad Administrativa la totalidad de los requisitos para la valoración de la visita, por lo que una vez que se tenga lo requerido se realizaría el debido trámite; y en diverso oficio ***************, hizo del conocimiento de este juzgado que la referida persona entregó la documentación necesaria para la acreditación de la visita íntima, misma que no se encuentra autorizada, porque el quejoso aún no cumple los seis meses desde la fecha de ingreso, esto es, el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social. Con lo que antecede, se desvirtúa la negativa del acto reclamado, por tanto, se tiene por cierto. Por su parte, el Director Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", fue omiso en rendir su informe con justificación, no obstante que fue debidamente requerido para ello, por oficio *************** de dos de marzo de dos mil dieciséis, como consta en el acuse de recibo, mediante la cual se advierte que aquél se entregó el dos de marzo de este año (foja 12). En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de admisión y se tiene por cierta la existencia de la omisión a autorizar la visita íntima, dado que no obra constancia que desvirtúe la presunción de certeza que subyace de la omisión de rendir el informe con justificación. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, Volumen 22, Primera Parte, materia común, página 22, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE. SUS CONSECUENCIAS. La autoaplicabilidad de preceptos legales reclamados en el amparo, no depende ni de que se haya omitido rendir informe justificado por algunas responsables ni de que se establezca la certeza de los actos reclamados derivada de la falta de informe, conforme con el artículo 149 de la Ley de Amparo. Este precepto señala las consecuencias que se derivan de la omisión de rendir informes justificados y ellas se reducen a tener como ciertos los mismos hechos o actos presuncionalmente, salvo prueba en contrario, pero de ninguna manera implican consideración alguna acerca de que ya se realizaron actos concretos de aplicación de la ley; tampoco la falta de informes implica considerar que los actos reclamados violen en perjuicio de las quejosas las garantías individuales que invocaron en su demanda, pues esa cuestión atañe al fondo del asunto y debe ser demostrada a la luz de los conceptos de violación expresados y las pruebas que en su caso se llegaren a ofrecer, mas no puede considerarse como una consecuencia establecida en la Ley de Amparo, derivada de la tantas veces mencionada falta de informes justificados. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Aun cuando la parte quejosa expresó conceptos de violación, se le suple la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, que opera en la materia penal. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente". (Novena Época, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Jurisprudencia 2ª./J.26/2008, página 242). Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que la omisión reclamada es ilegal, pues la autoridad responsable transgredió en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de petición establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Derecho establecido también en el numeral 7 del Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social, que establece: 7. Para la aplicación de los estímulos, el Consejo recibirá la solicitud del interno por escrito, a fin de que se analice la misma. Toda resolución que se emita deberá estar fundada y motivada. En caso de resultar procedente el estímulo, la resolución contemplará su tipo, la fecha, el horario y, en general, las condiciones en que se otorgará. El acuerdo respectivo se notificará al interno quien firmará la constancia de enterado. Del precepto constitucional transcrito, se tiene que el derecho de petición establece tres requisitos formales que toda autoridad debe observar a fin de cumplirlo íntegramente, que son: a) Que recaiga un acuerdo por escrito contestando la solicitud enderezada; b) Que dicha respuesta sea completa y congruente a la petición realizada; c) Que se comunique en breve término esa contestación al interesado, conforme a las disposiciones legales que rigen el acto, con independencia del sentido y términos en que se haya emitido. Requisitos que la autoridad señalada como responsable debe probar fehacientemente haber cumplido, para que pueda entonces asegurarse que se satisfizo el imperativo constitucional en comento. Para que el derecho de petición consagrado en el imperativo constitucional analizado sea atendible en la vía de amparo, tiene como presupuesto que aquella petición se realice al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir, en una relación de supra a subordinación, de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 126, del tomo XIII, abril del 2001, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuyo rubro es el siguiente: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición reconocido en el artículo 8º constitucional, se conforma a su vez de diversos elementos que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, a saber: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de amparo, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido. En el caso, las hipótesis indicadas en los puntos que anteceden, no se encuentran colmados, porque las responsables no han dado respuesta a lo solicitado por el ahora quejoso. En efecto, del informe justificado y de los diverso oficios que remitió el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con residencia en esta ciudad, se advierte que primeramente, hizo del conocimiento a este juzgado que la esposa del quejoso no había presentado ante la Unidad Administrativa la totalidad de los requisitos para la valoración de la visita, por lo que una vez que se tuviera lo requerido se realizaría el debido trámite y, posteriormente, que entregó la documentación necesaria para la acreditación de la visita íntima, pero que no se encuentra autorizada, porque el quejoso aún no cumple los seis meses desde la fecha de ingreso, esto es, el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social, de lo cual se deduce que el quejoso realizó las solicitud correspondiente, en la que pidió le fuera concedido el estímulo denominado visita íntima. Empero no se advierte de las constancias remitidas que dicha solicitud fuera atendida y resuelta. Así es, se deduce que el quejoso elevó una petición por escrito a la autoridad responsable, presentada en forma pacífica y respetuosa, por lo que se cumplió con el extremo que exige el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, de los autos no se advierte que la autoridad responsable atendiera y diera contestación a su petición. Tampoco se desprende que se haya notificado al quejoso tal resolución. De lo expuesto y de las constancias de autos, como se dijo, se advierte que la autoridad responsable no ha dado contestación por escrito a la petición de la parte quejosa de manera congruente con lo solicitado, así como también omitió notificar dicha resolución al interno, hoy quejoso. De ahí que la autoridad responsable al omitir dar contestación a la petición del quejoso y notificarle dicha determinación, incumple con la obligación prevista en el artículo 8° constitucional, así como en el diverso 7 del Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social, por lo que se viola dicha norma suprema. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia VI.1o.A. J/54 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 931, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido. Consecuentemente, a efecto de restituir al quejoso en el pleno uso de sus derechos transgredidos, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables Director General y Director Encargado del Despacho, ambos de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", con residencia en esta ciudad: 1. Den contestación a la solicitud del quejoso respecto de la visita íntima. 2. Notifiquen la respuesta a la petición realizada por la parte quejosa, esto es, que ordenen a quien corresponda a través de los medios que la ley le autoriza que se notifique personalmente a *************** la resolución, en la que determinen lo que en derecho corresponda. La anterior determinación encuentra apoyo en la Jurisprudencia VI.1o.A. J/49, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 2689, del Tomo XXXI, febrero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2.- Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso." Ahora, dicha notificación deberá realizarse en la estancia donde se encuentra interno el quejoso, dentro del Centro Federal de Readaptación Social número Nueve "Norte", con sede en esta ciudad, remitiendo copia certificada de la constancia que así lo acredite. Resulta aplicable en lo conducente, la tesis XX.94 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a página cuatrocientos veintiséis, tomo IV, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE QUE LA RESPONSABLE NOTIFICÓ EL ACUERDO AL QUEJOSO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. El artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) dictar el acuerdo correspondiente y b) que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto; por tanto, aun cuando llegare a estimarse que la autoridad recurrente cumplió con el primero de los requisitos formales, al turnar el escrito de petición suscrito por el agraviado a la autoridad correspondiente, por tratarse de un asunto de su exclusiva competencia, si no acredita en forma fehaciente que se dio a conocer en breve término el contenido del proveído en cuestión al quejoso, por medio de notificación personal o a través del acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano que contenga la firma autógrafa del peticionario de garantías, es evidente que no se dio cabal cumplimiento al segundo requisito formal contenido en la garantía tutelada por el artículo 8o. de la Carta Magna. Finalmente, debe resaltarse que la autoridad responsable no está obligada a contestar favorablemente la petición de la parte quejosa, o en algún sentido determinado por ella, pues, contra dicha contestación, quedan a salvo sus derechos, para interponer el recurso o medio de defensa legal que considere idóneo, lo único es que debe ser congruente con lo pedido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XV.3o.38 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, legible en la página 2519, Tomo XXVI, septiembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO. La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75 y 78 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a ***************, contra el acto reclamado y por las autoridades señaladas en el considerando tercero de esta ejecutoria. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.

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