Elfego Teódulo Olarte García
Expediente 577/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 49 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 49
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Elfego Teódulo Olarte García
- Juez Primero Especializados en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I (22/07/2021, denominación correcta del Juez de Control y Juicio Oral Especializado en Justicia Integral, con sede en Guadalajar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 49.
- Principal
PRAL.577/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintidós. Sobre cerrado. Agréguese un sobre devuelto por el Servicio de Mensajería Acelerada Estafeta, que contiene el oficio 18436/2022, dirigido al agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Centro Vehicular de Devolución Inmediata de la Unidad de Investigación contra Robo de Vehículos de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con la anotación "Rechazado por el destinatario que se encuentre en Semefo". Se ordena reexpedir oficios. Ahora, a fin de que la citada autoridad tenga conocimiento del contenido del auto de fecha veintisiete de junio del año en curso, se ordena reexpedir el oficio 18436/2022, en el domicilio ubicado en calle catorce número dos mil quinientos sesenta y siete, zona industrial, Guadalajara, Jalisco, código postal 44940; dirección que fue asentada en el sobre en el que la citada autoridad remitió su informe justificado, como se advierte de la imagen siguiente: Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.577/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de mayo del año en curso, en la que, por unos actos, se sobreseyó en el juicio y, por otros actos, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Elfego Teódulo Olarte García, el cual transcurrió del trece al veinticuatro de junio de dos mil veintidós, sin que hubiere interpuesto ese medio de impugnación. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Sin que se realice pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades ni parte tercera interesada, pues al haberse sobreseído y negado el amparo a la parte quejosa, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será DEPURABLE y terminado el proceso relativo, se solicitará la transferencia relativa a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; previa digitalización. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Devolución de documentos. a) A la parte quejosa. Como en este expediente la parte quejosa exhibió diversa documental, se le requiere para que, en el plazo de noventa días, acuda ante este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, serán depurados junto con el expediente. En el entendido que su comparecencia deberá realizarla en términos de lo previsto en el artículo 3 del referido acuerdo general 21/2020; es decir, previa cita que genere en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. b) A las responsables. Y como las responsables a) agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia Receptora de Denuncias de la Unidad de Investigación contra Robo de Vehículos de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco y b) agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Centro Vehicular de Devolución Inmediata de la Unidad de Investigación contra Robo de Vehículos de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, exhibieron copia certificada de diversas constancias deducidas de la carpeta de investigación 21551/2021 de su índice, devuélvase por oficio esas documentales. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 9. Incidente de suspensión. En el entendido de que, respecto del incidente de suspensión, el veintisiete de julio de dos mil veintiuno se proveyó lo relativo al destino del original y duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PREVIO AVISO.- PRAL.577/2021.MESA-1 Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 577/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, recibido por dicha Oficina el veintisiete de mayo siguiente y remitido por razón de turno en la misma fecha, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Elfego Teódulo Olarte García, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra: a) la integración de la carpeta de investigación formado con motivo de la denuncia de un vehículo de motor que se dijo fue robado el catorce de marzo de dos mil veintiuno, b) el reporte de robo dado de alta en la página de internet del Registro Público Vehicular (REPUVE) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto del vehículo de motor marca Nissan, modelo Frontier N/P 300, modelo dos mil dieciocho, clase camioneta, tipo pick up, identificación vehicular número 3N6AD35CXJK806853, número de motor QR25175724H, color blanco, placas de circulación RV-64017 del Estado de Oaxaca, y que se embargó en el expediente civil número 39/2021, del índice del Juzgado Primero Civil del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca. Actos que atribuyó al fiscal Receptor de Denuncias de Robo de Vehículos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, Agencia uno de Robo de Vehículos, Agencia dos de Robo de Vehículos, Agencia tres de Robo de Vehículos, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y prevención. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 577/2021, y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Tercero. Pretende cumplir con prevención. La parte quejosa presentó escrito el ocho de junio de dos mil veintiuno en el que señaló, para aclarar la demanda de amparo, que: Señalaba como responsables ordenadoras al: Juzgado de Control y Juicio Oral Especializado en Justicia Integral de Guadalajara, Jalisco. Fiscal Receptor de Denuncias de Robo de Vehículos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. Agencia uno de Robo de Vehículos. Agencia dos de Robo de Vehículos. Agencia tres de Robo de Vehículos. Todas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco Atribuyéndoles: La orden de detención, aprehensión, presentación, citación, comparecencia y su ejecución, con motivo de la integración de la carpeta de investigación por el delito de robo de vehículo de motor marca Nissan, modelo Frontier N/P 300, modelo dos mil dieciocho, clase camioneta, tipo pick up, identificación vehicular número 3N6AD35CXJK806853, número de motor QR25175724H, color blanco, placas de circulación RV-64017 del Estado de Oaxaca, Y a las responsables: Al fiscal Receptor de Denuncias de Robo de Vehículos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. Agencia uno de Robo de Vehículos. Agencia dos de Robo de Vehículos. Agencia tres de Robo de Vehículos. Director de la Unidad de Investigación de la Policía Investigadora de Robo de Vehículos Todas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. También les reclamó: El cumplimiento a la orden de detención El ejercicio de la acción penal La judicialización de la carpeta de investigación durante la etapa de investigación inicial como acto de molestia y que se integró por el robo del vehículo de motor de que se trata. Cuarto. No cumple prevención. Por acuerdo de once de junio de dos mil veintiuno se tuvo por no aclarada la demanda de amparo, por lo que se estableció que quedaba subsistente la prevención formulada por acuerdo de veintiocho de mayo de ese año, así como su apercibimiento. Quinto. Se admite demanda de amparo. El quejoso señaló que también reclamaba la orden de cateo para buscar la unidad vehicular, por lo que en proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno se tuvo por cumplida la prevención formulada en el juicio de amparo 577/2021, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado respectivo y se citó a las partes para la audiencia constitucional. Sexto. Aclaración de denominación de responsable. Mediante acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintiuno se tuvo a la parte quejosa aclarando la denominación de la responsable Juzgado de Control y Juicio Oral Especializado en Justicia Integral, y señaló como tal al: 1. Juez Primero Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 2. Juez Segundo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 3. Juez Tercero Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 4. Juez Cuarto Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 5. Juez Quinto Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 6. Juez Sexto Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 7. Juez Séptimo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 8. Juez Octavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 9. Juez Noveno Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 10. Juez Décimo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 11. Juez Onceavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 12. Juez Doceavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 13. Juez Treceavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 14. Juez Catorceavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 15. Juez Quinceavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 16. Juez Decimosexto Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 17. Juez Decimoséptimo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 18. Juez Decimoctavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 19. Juez Decimonoveno Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 20. Juez Vigésimoprimero Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 21. Juez Vigésimosegundo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 22. Juez Vigésimotercero Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. Séptimo. Ampliación de demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mi veintiuno el quejoso amplió la demanda de amparo al señalar como responsable al agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Receptora de Denuncias de la Unidad de Investigación contra Robo de Vehículos de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara. A la que reclamó: a) El reporte de robo. b) Integración de la carpeta de investigación 21551 con motivo de la denuncia del robo del vehículo de motor descrito. c) Como consecuencia, el alta de reporte de robo en el padrón de vehículos robados en dicha dependencia. d) Así como el reporte de robo dado de alta en la página de internet del Registro Público Vehicular (REPUVE) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto del vehículo de motor de referencia. e) La orden de aprehensión, detención, citación, presentación o comparecencia. f) El ejercicio de la acción penal. g) La judicialización de la carpeta de investigación relativa. h) Orden de cateo que se dictó para la localización y búsqueda del vehículo de motor. Octavo. Se admite ampliación de demanda de amparo. En proveído de veintisiete de agosto de dos mi veintiuno se admitió la ampliación de la demanda de amparo respecto de esos actos reclamados y se solicitó informe justificado a la autoridad responsable. Noveno. Emplazamiento de la parte tercera interesada. Por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada Tr Truck, sociedad anónima de capital variable, o Rentable Truck, sociedad anónima de capital variable, por tener el carácter de víctima en la carpeta de investigación de la que derivan los actos reclamados. Parte tercera interesada que se apersonó a través de su apoderado legal, mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno. Décimo. Inexistencia de autoridades. En proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós se tuvo por inexistentes a las siguientes autoridades: 1º Juez Vigesimosegundo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal del Sistema Penal Acusatorio Adversarial Distrito 1. 2º Juez Vigesimotercero Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal del Sistema Penal Acusatorio Adversarial Distrito 1. Décimo primero. Audiencia constitucional. Y, previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver de este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y uno de los actos reclamados, a decir del quejoso, se trataron de ejecutar en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los que se realizará el análisis relativo, son: I. Actos reclamados: 1º La orden de detención dictada contra el quejoso, con motivo del inicio de la carpeta de investigación que se encuentra integrada por el robo del vehículo de motor marca nissan, modelo frontier NP300, modelo 2018, clase camioneta, tipo pick up, con número de identificación vehicular 3N6AD35CXJK806853, número de motor QR25175724H, color blanco, placas de circulación número RV-64017 del Estado de Oaxaca. 2º La orden de aprehensión, citación, presentación o comparecencia. 3º La orden de cateo para la localización y búsqueda del citado automotor. Autoridades responsables: 1. Juez Primero Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 2. Juez Segundo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 3. Juez Tercero Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 4. Juez Cuarto Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 5. Juez Quinto Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 6. Juez Sexto Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 7. Juez Séptimo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 8. Juez Octavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 9. Juez Noveno Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 10. Juez Décimo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 11. Juez Onceavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 12. Juez Doceavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 13. Juez Treceavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 14. Juez Catorceavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 15. Juez Quinceavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 16. Juez Decimosexto Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 17. Juez Decimoséptimo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 18. Juez Decimoctavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 19. Juez Decimonoveno Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 20. Juez Vigésimoprimero Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I. 21. Fiscal Receptor de Denuncias de Robo de Vehículos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. 22. Agencia Uno de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. 23. Agencia Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. 24. Agencia Tres de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. II. Actos reclamados: 4º La ejecución de dichas órdenes Autoridad responsable: Director de la Unidad de Investigación de la Policía Investigadora de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. III. Actos reclamados: 5º El ejercicio de la acción penal 6º La judicialización de la carpeta de investigación inicial y 7º Orden de cateo para la búsqueda de vehículo de motor. Autoridades responsables: 1. Fiscal Receptor de Denuncias de Robo de Vehículos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. 2. Agencia Uno de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. 3. Agencia Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. 4. Agencia Tres de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. IV. Actos reclamados: 8º El reporte de robo. 9º Integración de la carpeta de investigación 21551 con motivo de la denuncia del robo del vehículo de motor descrito. 10º Como consecuencia, el alta de reporte de robo en el padrón de vehículos robados en dicha dependencia. 11º Así como el reporte de robo dado de alta en la página de internet del Registro Público Vehicular (REPUVE) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto del vehículo de motor de referencia. 12º La orden de aprehensión, detención, citación, presentación o comparecencia. 13º El ejercicio de la acción penal. 14º La judicialización de la carpeta de investigación relativa. 15º Orden de cateo que se dictó para la localización y búsqueda del vehículo de motor. Autoridades responsables: Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Receptora de Denuncias de la Unidad de Investigación contra Robo de Vehículos de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables: 1. Juez Primero Especializado en Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes adscrito del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial. 2. Juez Tercero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco. 3. Juez Cuarto Especializado en Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes adscrito del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, firmado por su homólogo del Juzgado Sexto. 4. Juez Quinto Especializado en Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes adscrito del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá, Jalisco. 5. Juez Sexto de Control y Juicio Oral del Primer Partido Judicial, con sede en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 6. Juez Séptimo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes adscrito del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá, Jalisco, firmado por su homólogo del Juzgado Quinto. 7. Juez Décimo Primero de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, quien firma por periodo vacacional del juez Octavo de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá, Jalisco. 8. Juez Noveno Especializado en Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá, Jalisco. 9. Juez Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes adscrito del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Tonalá, Jalisco, firmado por su homólogo del Juzgado Vigésimo. 10. Juez Décimo Primero de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá, Jalisco. 11. Juez Decimosegundo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Tonalá, a través de su homólogo del Juzgado Décimo Tercero. 12. Juez Décimo Tercero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá, Jalisco. 13. Juez Décimo Cuarto Especializado en Control y Enjuiciamiento de Justicia para Adolescentes del Sistema Penal Acusatorio Adversarial del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco. 14. Juez Décimo Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Tonalá. 15. Juez Décimo Sexto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Tonalá, a través de su homólogo del Juzgado Décimo Quinto. 16. Jueza Décimo Séptima Especializada en Control y Enjuiciamiento y Justicia Integral del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Tonalá, a través de la Jueza Vigésima Primera. 17. Juez Decimoctavo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes adscrito del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Guadalajara, Jalisco. 18. Juez Decimonoveno Especializado en Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes adscrito del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá, Jalisco, firmado por su homólogo del Juzgado Quinto. 19. Jueza Vigésima Primera Especializada en Control y Enjuiciamiento y Justicia Integral del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Tonalá. 20. Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Receptora de Denuncias de la Unidad de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco -denominación correcta de lo que el quejoso señaló como fiscal Receptor de Denuncias de Robo de Vehículos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco-. 21. Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 01 de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco -denominación correcta de lo que el quejoso señaló como Agencia Uno de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco-. 22. Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 02 de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco -denominación correcta de lo que el quejoso refirió como Agencia Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco-. 23. Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 03 de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco -denominación correcta de lo que el quejoso señaló como Agencia Tres de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco-. Al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos consistentes en: 1º La orden de detención dictada contra el quejoso, con motivo del inicio de la carpeta de investigación que se encuentra integrada por el robo del vehículo de motor marca Nissan, modelo frontier NP300, modelo 2018, clase camioneta, tipo pick up, con número de identificación vehicular 3N6AD35CXJK806853, número de motor QR25175724H, color blanco, placas de circulación número RV-64017 del Estado de Oaxaca. 2º La orden de aprehensión, citación, presentación o comparecencia. 3º La orden de cateo para la localización y búsqueda del citado automotor. La responsable, agente de la Comandancia de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, sede Guadalajara -denominación correcta de la autoridad que el quejoso señaló como director de la Unidad de Investigación de la Policía Investigadora de Robo de Vehículos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco-, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye, consistente en: 4º La ejecución de dichas órdenes Por su parte, las responsables: Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Receptora de Denuncias de la Unidad de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco -denominación correcta de lo que el quejoso señaló como fiscal Receptor de Denuncias de Robo de Vehículos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco-. Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 01 de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco -denominación correcta de lo que el quejoso señaló como Agencia Uno de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco-. Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 02 de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco -denominación correcta de lo que el quejoso refirió como Agencia Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco-. Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 03 de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco -denominación correcta de lo que el quejoso señaló como Agencia Tres de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco-. Al emitir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos relativos a: El ejercicio de la acción penal La judicialización de la carpeta de investigación inicial y La orden de cateo para la búsqueda de vehículo de motor. Por su parte, el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Receptora de Denuncias de la Unidad de Investigación contra Robo de Vehículos de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados relativos a: La orden de aprehensión, detención, citación, presentación o comparecencia. El ejercicio de la acción penal. La judicialización de la carpeta de investigación relativa. Orden de cateo que se dictó para la localización y búsqueda del vehículo de motor, esto último, porque no existe orden de cateo, sino oficio de búsqueda y localización del automotor. Por otra parte, no son ciertos los actos atribuidos al juez Segundo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I, relativos a: 1º La orden de detención dictada en su contra, con motivo del inicio de la carpeta de investigación que se encuentra integrada por el robo del vehículo de motor marca nissan, modelo frontier NP300, modelo 2018, clase camioneta, tipo pick up, con número de identificación vehicular 3N6AD35CXJK806853, número de motor QR25175724H, color blanco, placas de circulación número RV-64017 del Estado de Oaxaca. 2º La orden de cateo para la localización y búsqueda del citado automotor. Pues aunque no rindió su informe justificado, pese haber quedado notificado el dos de marzo de dos mil veintidós de la petición respectiva; en el caso, no es de presumir ciertos dichos actos, porque de las constancias de la carpeta de investigación que remitió el representante social responsable, en copia cotejada, con pleno valor pleno, en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que esa carpeta de investigación no ha sido judicializada, esto es, el agente del Ministerio Público no ha solicitado al juez de Control responsable señalara fecha para comunicar la imputación al ahora quejoso, por lo que menos puede existir orden de detención en su contra, ni orden de cateo para la localización y búsqueda del automotor. Sin que la parte quejosa aportara medio de prueba alguno que desvirtuara la negativa de esas responsables. Decisión. Por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, por cuanto a los actos y autoridades responsables de que se trata. Cuarto. Existencia y presunción de certeza del acto reclamado. Certeza del acto. La agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia del Ministerio Público del Centro Vehicular de Devolución Inmediata de la Unidad de Investigación contra el Robo de Vehículos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado, convino en la existencia de los actos relativos al (a la): Integración de la carpeta de investigación 21551 con motivo de la denuncia del robo del vehículo de motor descrito y, como consecuencia: Reporte de robo. Alta de reporte de robo en el padrón de vehículos robados en dicha dependencia. Reporte de robo dado de alta en la página de internet del Registro Público Vehicular (REPUVE) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto del vehículo de motor de referencia. Y como justificación de su informe se tiene la copia cotejada de diversas constancias de la referida carpeta de investigación, que obran como tomos anexos. Presunción de certeza. El juez Segundo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I, omitió rendir su informe justificado, pese haber quedado notificado de la petición respectiva el dos de marzo de dos mil veintidós. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le reclaman, consistentes en: La orden de aprehensión, citación, presentación o comparecencia. La responsable, agente de la Comandancia de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, sede Guadalajara -denominación correcta de la autoridad que el quejoso señaló como director de la Unidad de Investigación de la Policía Investigadora de Robo de Vehículos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco-, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye, consistente en: La ejecución de dichas órdenes. Sin embargo, al presumirse ciertas esas órdenes, se desvirtúa la negativa de la ejecutora, y se tiene por cierto el acto de ejecución que se le atribuye. Quinto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si, en la especie, existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de los actos relativos a: Integración de la carpeta de investigación 21551 con motivo de la denuncia del robo del vehículo de motor marca Nissan, modelo frontier NP300, modelo 2018, clase camioneta, tipo pick up, con número de identificación vehicular 3N6AD35CXJK806853, número de motor QR25175724H, color blanco, placas de circulación número RV-64017 del Estado de Oaxaca; como consecuencia, El reporte de robo de ese vehículo El alta del reporte de robo en el padrón de vehículos robados en dicha dependencia. El reporte de robo dado de alta en la página de internet del Registro Público Vehicular (REPUVE) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto del vehículo de motor de referencia. Que se reclaman de la agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia del Ministerio Público del Centro Vehicular de Devolución Inmediata de la Unidad de Investigación contra el Robo de Vehículos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Estudio de la causal. En su relación, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o, de la Ley de Amparo, establecen, respectivamente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio, análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agravios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Conforme a esos preceptos legales, para la procedencia de la acción constitucional se requiere, como condición previa, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye la legitimación exigida por la Carta Magna y la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es por ello que el ejercicio de la acción restitutoria de derechos fundamentales está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley, que lo legitima a instar la acción constitucional. Falta de interés legítimo y jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, se pronunció en el sentido de que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. Así, el gobernado en el juicio de amparo debe demostrar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Para demostrar tal extremo se requiere que se acredite la existencia conjunta de varios elementos: a) Una persona determinada (principio de instancia de parte); b) Un derecho legítimo de ésta; c) El señalamiento indudable de ese derecho (legitimación); d) Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e) La afectación del citado derecho, de manera personal y directa, con ese acto. En este último aspecto, se invoca en apoyo la tesis de datos de localización, texto y rubro siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2012855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: II.1o.23 K (10a.) Página: 2942 INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. De la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Sin embargo ¿cuál es la razón por la cual el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso? La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta". Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la reforma al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aparte de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo; así como que, no obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, pues el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Ahora, de la carpeta de investigación 21551/2021, que en copia cotejada remitió la responsable, con pleno valor probatorio en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la responsable recibió la denuncia del ahora tercero interesado, por el hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo, cometido en su agravio, y ordenó el desahogo de diversas diligencias, a saber: ? Una investigación de campo para la búsqueda, localización y entrevista de testigos. ? Inspección en el lugar de los hechos. ? Búsqueda y localización del vehículo ? Localizado e identificado el imputado, verificar si cuenta con antecedentes criminales. ? Todas las diligencias necesarias adicionales. ? Se hizo del conocimiento del encargado del Centro de Telecomunicaciones y de Información Vehicular de la Fiscalía Estatal de Jalisco, debía dar de alta el reporte de robo. Sin que esas diligencias causen un daño o perjuicio al gobernado, porque las investigaciones no se están realizando en su contra, ni la autoridad ministerial ha ordenado que se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos, esto es, los actos realizados durante la carpeta de investigación no han trascendido irreparablemente en la esfera jurídica del quejoso, por tanto, no existe afectación a su interés jurídico. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del quejoso como imputado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Se invocan en apoyo, por tratar sobre el tema, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2017560 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: XIII.P.A.32 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2987 Tipo: Aislada MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO". "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2015368 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: II.2o.P.51 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2601 Tipo: Aislada SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Decisión. En esas condiciones, con fundamento, además, en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de dichos actos y autoridad responsable. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Análisis de los conceptos de violación. Respecto de la orden de aprehensión, citación, presentación o comparecencia, que se reclaman del juez Segundo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I, quien no rindió su informe justificado, se tiene a la parte quejosa expresando sus respectivos conceptos de violación, y por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Ahora, es necesario reproducir lo previsto por el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. Respecto al acto que es en sí mismo violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que se actualiza cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por la Carta Magna. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría conforme a la Ley Fundamental, entonces no es en sí mismo violatorio. Por lo que la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de derechos no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos surge por la sola existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos; de ahí que el artículo 117 de la Ley de Amparo establezca que corresponde al quejoso probar la inconstitucionalidad de los actos que en sí mismos no son violatorios de derechos. En el caso, la orden de aprehensión, citación, presentación o comparecencia no son inconstitucionales en sí mismos, en la medida que el juez Segundo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I, es una autoridad judicial, con facultades para pronunciarla en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que la constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado para su emisión. De ahí que ante la conducta omisiva de la responsable en rendir su informe justificado, la carga de la prueba de la inconstitucionalidad de tal acto, en su caso, se le revirtió al quejoso, en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo. Así, pese a tener la carga probatoria de la inconstitucionalidad de la orden que reclama del juez responsable, el quejoso no ofreció pruebas que acreditaran, en su caso, la inconstitucionalidad de los actos de autoridad de que se queja, ya que, de conformidad con el artículo 121 de la Ley de Amparo, pudo haber ocurrido ante la autoridad judicial responsable a fin de obtener las constancias necesarias para su defensa; contrario a ello, permaneció impasible ante la carga de probar que le es revertida. Sin que este órgano jurisdiccional estuviera obligado, en términos del precepto 75 de la ley invocada, a recabar oficiosamente las pruebas que soporten la orden de aprehensión citación, presentación o comparecencia reclamada, dado que cuando la autoridad responsable omite rendir su informe justificado, y el acto combatido no es inconstitucional en sí mismo, como en el caso, el artículo 117 de la Ley de Amparo establece que debe presumirse cierto, pero la carga de la prueba en cuanto a su inconstitucionalidad queda a cargo del quejoso. Se invoca en apoyo, en términos del artículo sexto transitorio, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 199454 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 108 Tipo: Jurisprudencia PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". En esa tesitura, no obstante que en este juicio de amparo se reclama un acto de naturaleza penal, de ser el caso, operaría la suplencia de la queja de conformidad con la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo; pero tal suplencia no impone al juzgador la obligación de requerir con imposición de multas a la autoridad que se abstuvo de rendir su informe justificado, porque ello implicaría, en primer lugar, desconocer las consecuencias procesales que estableció el legislador en la propia ley a la conducta omisiva de la autoridad responsable y, en segundo lugar, sujetar la celebración de la audiencia constitucional y, por ello, la resolución del juicio, al cumplimiento de la autoridad omisa, lo que resulta inadecuado, si se considera que, precisamente, la aplicación del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, al presumir la existencia del acto reclamado, releva al quejoso de la carga de la prueba relativa a la existencia del acto reclamado, pero quedando a su cargo la demostración de que el mismo es inconstitucional. Es aplicable, por tratar sobre el tema, la jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 202557 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o. J/50 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Mayo de 1996, página 542 Tipo: Jurisprudencia QUEJA, SUPLENCIA DE LA. LIMITES DE LA OBLIGACION DEL JUEZ DE DISTRITO DE RECABAR PRUEBAS DE OFICIO. (INTERPRETACION DEL ARTICULO 78 DE LA LEY DE AMPARO). Si bien es cierto que por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, fue reformado, entre otros, el artículo 78 de la Ley de Amparo, en vigencia a partir del uno de febrero de este mismo año, según el cual, impone a los Jueces de Distrito la obligación de recabar pruebas de oficio; también es cierto, que dicho precepto debe interpretarse relacionadamente con el numeral 149 del propio ordenamiento legal. En efecto, el artículo 78 de la ley de la materia textualmente dice: "En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad. El Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto"; por su parte el numeral 149, párrafo tercero del cuerpo legal en estudio preceptúa: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Así pues, del análisis concatenado de los citados artículos de la Ley de Amparo, se puede establecer que la obligación que impone el primero de los preceptos referidos al Juez Federal de recabar pruebas de oficio, tiene lugar cuando existan datos de que tales probanzas efectivamente fueron rendidas ante la responsable, pero no se hayan acompañado o exhibido en el expediente del juicio de garantías, bien porque la autoridad a quien se le imputa el acto reclamado haya omitido anexarlas a las constancias que remitió con su informe justificado, o bien que a pesar de haberse acompañado o exhibido, sean ilegibles algunas de ellas, o por otra situación análoga; sin embargo, lo anterior no tiene aplicación cuando la responsable omite rendir su informe con justificación o no acompaña constancia alguna a su informe, o las que remite no se encuentran autorizadas por carecer de certificación, puesto que en esta hipótesis debe aplicarse el artículo 149 del cuerpo legal en cita, presumirse cierto el acto reclamado, quedando a cargo del quejoso demostrar los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando no sea violatoria de garantías en sí misma. De lo contrario, se haría nugatoria esta última disposición, y así, no tendría razón de ser". En consecuencia, como el juez Segundo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I del Estado de Jalisco, se trata de una autoridad quien, por sus atribuciones, puede emitir una orden de aprehensión, citación, presentación o comparecencia, es claro que su proceder no es inconstitucional en sí mismo y, por consiguiente, quedó a cargo del agraviado la prueba de su ilegalidad y, como no lo hizo, es de negarse al quejoso Elfego Teódulo Olarte García el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Al caso es aplicable la tesis que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 302286 Instancia: Primera Sala Quinta Época Materias(s): Penal Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCV, página 385 Tipo: Aislada ORDEN DE APREHENSION, CONSTITUCIONALIDAD DE LA, CUANDO FALTA EL INFORME JUSTIFICADO. En el artículo 149 de la ley orgánica de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene que la falta de informe de la autoridad responsable establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, por lo que si se trata de una orden de aprehensión decretada por autoridad judicial, correspondía a la promovente del amparo haber hecho así, cabe presumir que el Juez se ajustó a los términos del artículo 16 constitucional para dictar esa providencia". Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución, por no reclamarse por vicios propios; resulta aplicable la jurisprudencia que aparece con el número 91, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 72, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS". Séptimo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elfego Teódulo Olarte García, por propio derecho, contra los actos y autoridades responsables a que se refiere el considerando segundo, en términos de los fundamentos y motivos a que se refieren los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a Elfego Teódulo Olarte García, contra la orden de aprehensión, citación, presentación o comparecencia, que se reclaman del juez Segundo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Acusatorio Adversarial distrito I del Estado de Jalisco, en términos del considerando sexto de esta sentencia. Tercero. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Conste.
- Principal
PRAL.577/2021.MESA-1 Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las nueve horas con once minutos del once de mayo de dos mil veintidós, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional en este juicio de amparo 577/2021, como se ordenó en proveído de fecha once de abril del año en curso, sin que las partes solicitaran asistir a dicha audiencia. Apertura de audiencia. Abierta esta etapa, la secretaria: a) Hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Elfego Teódulo Olarte García, por propio derecho y demás constancias que integran este expediente, entre las que se encuentran los informes justificados de las responsables. b) Por otra parte, hace constar que no se ordenó el emplazamiento de Eduardo Ramírez Ballinas, como lo solicitó el quejoso, y que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por otra parte, en el caso no le resulta el carácter de tercero interesado a Eduardo Ramírez Ballinas, ya que se trata de la contraparte del quejoso en un juicio mercantil del cual no derivan los actos reclamados; razón por la que en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesa Tr Truck, sociedad anónima de capital variable, o Rentable Truck, sociedad anónima de capital variable, por tener el carácter de víctima en la carpeta de investigación de la que sí derivan los actos que reclamó el quejoso. III. En relación a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, considérese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que: I. La parte quejosa ofreció la prueba documental consistente en: Impresión de reporte de robo de un vehículo de motor, que señaló el quejoso es de su propiedad. Formato de pago de tenencia relativo al año dos mil veintiuno. Formato de control de servicio de baja de placas con fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno. Copia simple de una tarjeta de circulación a nombre de Eduardo Ramírez Ballinas. Copia certificada de la diligencia de notificación personal, requerimiento de pago y/o embargo, traslado y emplazamiento efectuada el doce de marzo de dos mil veintiuno, en el expediente civil 39/2021 del índice del Juzgado Primero Civil de Huajuapan. II. La responsable, agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia Receptora de Denuncias de la Unidad de Investigación contra Robo de Vehículos de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, aportó la documental consistente en: Copia certificada de diversas constancias deducidas de la carpeta de investigación número 21551, con la que se ordenó formar el tomo anexo I. III. La diversa responsable, agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Centro Vehicular de Devolución Inmediata de la Unidad de Investigación contra Robo de Vehículos de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, exhibió la documental relativa a: Copia cotejada de diversas constancias deducidas de la carpeta de investigación 21551/2021 de su índice, en dos ocasiones, por lo que se ordenaron formar los tomos anexos II y III. A lo que se acuerda: En términos del numeral 119 de la Ley de Amparo se admiten las referidas pruebas, que se desahogan en razón de su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio; no existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon; en esas condiciones, se declara cerrado este período. Enseguida, se concluye con esta audiencia constitucional, firmando los que en ella intervinieron, para para enseguida dictar la sentencia respectiva. Doy fe. PONCIANO VELASCO VELASCO. TITULAR DEL JUZGADO DECIMO DTTO. EDO. OAX. BEATRIZ B. MARTÍNEZ MARTÍNEZ SECRETARIA DE JUZGADO.
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