Eleuterio Néstor Antonio

Expediente 1050/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1050/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Eleuterio Néstor Antonio

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 1050/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Cumplimiento de prevención. Agréguese el escrito de ********************, mediante el que cumple con la prevención formulada en acuerdo de ocho de noviembre del año en curso y señala que: a) Promueve la demanda de amparo, en su carácter de presidente municipal de ********************, ********************, Oaxaca; al efecto, exhibe copia simple a color de su credencial expedida por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca y de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. b) El ******************** presentó ante la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México su petición mediante el oficio número ********************, la cual no ha sido contestada. c) Y exhibe dos tantos de la copia de su escrito de demanda. 2. Desechamiento de demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede analizar si existe alguna causa de improcedencia, por ser su estudio oficio y de orden público. En el caso, el presidente municipal de ********************, ********************, Oaxaca, promueve demanda de amparo contra los siguientes actos: La falta de contestación a: 1º El escrito de fecha ********************, presentado el ******************** siguiente, en el que aparece como asunto, notificación e informe actual de estatus para acceder al programa Huracán Agatha 2023, y hace del conocimiento de la autoridad que cumplió formalmente con la documentación necesaria y fue invitado a la reunión de autoridades municipales a la firma de convenio para que se incluya al municipio en ese convenio y se le entreguen, en su momento, los recursos para la rehabilitación de infraestructura, esperando el convenio por parte de la Secretaría de Bienestar para la firma formal. 2º En escrito de fecha ********************, presentado en la misma fecha, se dirige a la autoridad para comunicarle la situación actual de ese municipio de alta marginación en la región de la sierra sur del Estado de Oaxaca, en el que realizaron la ratificación de las asambleas y conformado el Comité para el seguimiento al Programa del huracán Agatha 2023 y esperan respuesta alguna sobre el convenio ante la Secretaría y el municipio. 3º En promoción de ********************, sin que aparezca la fecha de presentación ante la autoridad, solicitó información de la gestión ante la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público derivado de las afectaciones del huracán, en alcance a diverso correo oficial turnado a la Dirección de Administración de la Secretaría de Bienestar, con referencia a las afectaciones provocadas por ese fenómeno natural. Así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5 de la Ley de Amparo; ya que dichos preceptos refieren: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Por su parte, el artículo 7º de la Ley de Amparo señala: "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes". Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 374/2016, sostuvo que ". En esa tesitura, el juicio de amparo es uno de los medios de control constitucional de mayor relevancia, en tanto su finalidad se encuentra centrada en proteger a los gobernados contra los actos u omisiones de la autoridad que violenten sus derechos fundamentales; ello con el afán deontológico de asegurar que las actuaciones u omisiones de los entes públicos no menoscaben la posibilidad de que el hombre, como tal y como gobernado, pueda desenvolver su propia personalidad en consecución con sus fines vitales de manera digna -proyecto de vida-, pues resulta inconcuso que los derechos reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional estarían destinados a su fatal frustración, sin que, concomitantemente al reconocimiento jurídico de las potestades naturales del hombre, se instituyese un medio constitucional para lograr el respeto y cumplimiento de las normas en que tal consagración opere. En ese tenor, es dable sostener que el juicio de amparo surgió a la vida jurídica de México, merced al impulso social canalizado por su forjadores, de proteger los llamados derechos del hombre, es decir, tutelar los derechos que detenta la persona en virtud de su humanidad contra cualquier acto u omisión del poder público que afectase o amenazase su dignidad, y dentro de cuya esfera ocupa un lugar prominente la libertad y la seguridad. En otras palabras, la tutela de las potestades naturales del hombre a través de la Constitución, es decir, su conversión en derechos humanos oponibles a toda autoridad estatal y respetables por ella, han sido fenómenos que obedecieron al acatamiento ineludible de las exigencias inherentes a la naturaleza del ser humano como persona, esto es, como ente dotado de razón y con una dignidad ontológica. De ahí que los preceptos constitucionales en los que se ha reconocido o declarado un ámbito mínimo de acción y desenvolvimiento del hombre como gobernado, no son sino el resultado lógico del desiratum social, consistente en traducir los imperativos de la personalidad humana en normas de carácter jurídico fundamental, pues el derecho, si pretende ostentar un signo de perennidad y establecer una regulación duradera de la vida de los pueblos, debe necesariamente acoger en sus mandamientos los principios axiológicos que derivan de la sustancialidad del hombre, los cuales se traducen en la forma de derechos humanos. La razón y la experiencia han demostrado que de poco sirve que el Estado reconozca derechos inherentes del hombre si no procura mecanismos adecuados y eficientes para asegurar su debida aplicación, conservación y protección de los mismos -recursos efectivos-, ante los actos de aquellos entes que se encuentran en un plano de superioridad fáctica y jurídica respecto de los particulares. La sola proclamación de nuestro juicio constitucional de amparo, como sistema de tutela jurídica de los derechos humanos, se erige como trascendental contribución para el aseguramiento de la dignidad y libertad del hombre, en las que se finca la cultura, el bienestar y el progreso de la sociedad. En suma, el medio de control constitucional del juicio de amparo, en este aspecto, no es más que la exigencia histórica del pueblo para contar con los medios suficientes que les permitan asegurarse que sus derechos humanos no se encuentren sujetos a los caprichos y necesidades de los gobernantes, por ende, este medio de control constitucional jamás se sustenta, ni puede ser fundamentado, para la protección de los intereses de las autoridades, sino de la dignidad ontológica del hombre. Tan es así, que desde los orígenes del juicio de amparo, se destacó la necesidad de que se fortaleciera al Poder Judicial al ser el "protector nato de los derechos de los particulares", incluso, cuando todos los demás poderes políticos fallan a esa encomienda, otorgándosele la facultad constitucional "de proteger a todos los habitantes de la República en el goce de los derechos que les aseguren la Constitución y las leyes constitucionales."(7) En ese sentido, el Acta de Reformas de mil ochocientos cuarenta y siete, en su precepto 25 establecía que: "Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República, en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativos y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare." Ahora, si bien en el desarrollo histórico y normativo del juicio de amparo sufrió diversos cambios, entre otros, la posibilidad de impugnar actuaciones del Poder Judicial que sean lesivos de los derechos fundamentales, lo cierto es que el fundamento teleológico del amparo ha quedado intocado respecto a la protección de los derechos reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional, tal como se advierte, entre otros, de los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el precepto 1o. de la ley reglamentaria de los citados preceptos constitucionales, que prevén lo siguiente: Lo transcribe. Como se desprende de la anterior cita, tanto el Constituyente Permanente, como el legislador federal han establecido al juicio de amparo como un medio de control constitucional que tiene por objeto normativo que el Poder Judicial de la Federación conozca de aquellas controversias en las que se dilucide si las normas generales, actos u omisiones de la autoridad, violan "los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De ahí que, precisamente, el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por quien aduce "ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", siempre que alegue que el acto reclamado "viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Es decir, para la interposición del amparo, es necesario: (I) la titularidad de un derecho o interés legítimo individual o colectivo; y, (II) que el acto de autoridad transgreda los derechos humanos reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional -ya de manera directa, ya por su especial situación frente al orden jurídico-. Es por ello, que esta Segunda Sala ha establecido que el juicio de amparo es un medio de control constitucional instituido para la salvaguarda de los derechos humanos y, a su vez, constituye el cumplimiento del derecho fundamental al recurso efectivo que consagran los preceptos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -esto es, compone una parte esencial del referido derecho humano, al tiempo que es el medio para lograr la supremacía constitucional de los demás derechos fundamentales-. En efecto, el juicio de amparo se erige como un recurso judicial efectivo, de conformidad con el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo "emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo". Da sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 12/2016 (10a.), que se lee bajo el título y subtítulo: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."(8) 2. Legitimación de las personas morales oficiales para acudir al amparo. Precisado lo anterior, debe tenerse en cuenta que la Ley de Amparo establece, en su precepto 7o., que: "La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. ..." Como se advierte de lo anterior, el legislador federal ha considerado que las personas morales públicas pueden solicitar amparo cuando la actuación de una diversa autoridad afecte su patrimonio, en tratándose de "relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares". A juicio de esta Segunda Sala, la excepción contenida en el precepto normativo aludido: (I) no resulta de interpretación amplia, sino estricta; y, (II) constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales puedan interponer amparo, por lo que de no actualizarse sus hipótesis fácticas-jurídicas, tales entes carecerán indefectiblemente de legitimación en tal medio de control constitucional. En efecto, no puede perderse de vista que la excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo obedece a la teoría de la doble personalidad del Estado, según la cual, los entes públicos pueden ser considerados como entidades dotadas de imperio, o bien, en su carácter de sujetos de derecho privado. Así lo ha establecido este Alto Tribunal, al señalar que bajo la fase de derecho privado -es decir, como sujeto colocado en el mismo plano jurídico que los particulares-, el Estado como persona moral, "capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, está en aptitud de poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles, para la defensa de unos y otras", entre ellos, precisamente, el juicio de amparo. Siendo que, como entidad pública en sentido estricto, "no puede ejercer ninguno de esos medios sin desconocer su propia soberanía", dando lugar, por ende, a que se soslayara "todo el imperio, toda la autoridad, o los atributos propios del Estado". Además no es posible conceder a los órganos del Estado el juicio de amparo por actos emitidos por el propio Estado a través de otro de sus órganos, "porque establecería una contienda de poderes soberanos, y el juicio de garantías no es más que una queja del particular, que se hace valer contra abusos del poder". En otras palabras, el Estado, en unos casos puede obrar como autoridad "haciendo uso de los atributos propios de su soberanía, encargado de velar por el bien común por medio de dictados imperativos cuya observancia es obligatoria", y en otros casos, como persona de derecho privado, es decir, "cuando al igual que los individuos particulares ejecuta actos civiles que se fundan en derechos del propio Estado, vinculados a sus intereses particulares, ya celebrando contratos o promoviendo ante las autoridades en defensa de sus derechos patrimoniales". Ilustra lo anterior, las tesis intituladas: "ESTADO, NO PUEDE PEDIR AMPARO COMO ENTIDAD SOBERANA, CUANDO SE APLICA EL ESTATUTO JURÍDICO."(9) y "ESTADO. CUÁNDO OBRA COMO PERSONA DE DERECHO PÚBLICO, Y CUÁNDO COMO PERSONA DE DERECHO PRIVADO."(10) Por ende, resulta inconcuso que la posibilidad de que las personas morales públicas puedan promover el juicio de amparo, únicamente tiene cabida cuando el Estado obra como ente privado en el ejercicio de su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones vinculados a sus "intereses particulares", lo cual, lo coloca en un plano fáctico-jurídico de igualdad con los particulares con los que se relaciona, precisamente, para esos fines patrimoniales, provocando con ello que se encuentre en aptitud de "poner en ejercicio todos aquellos medios que la ley le concede a las personas civiles", como lo es el referido medio de control constitucional. En efecto, si la finalidad del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos, es claro que dicho objeto no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla -cuando el ente público obra como cualquier particular-, pues, de lo contrario, se traduciría en un desconocimiento del propio imperio del cual se encuentra investido la autoridad, al tiempo que modificaría al juicio de amparo a un simple medio de resolución de conflictos entre poderes públicos. En consecuencia, si bien el artículo 7o. de la Ley de Amparo autoriza a las personas morales oficiales para promover el juicio de garantías en defensa de sus derechos privados cuando actúa como cualquier particular, lo cierto es que "no capacita a las oficinas públicas o departamentos de Estado para entablarlo con objeto de protegerse contra otros departamentos de Estado". Pues, como se ha razonado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció el juicio de amparo para proteger a los individuos contra la actuación del Estado que sea lesiva de los derechos fundamentales. Luego, siendo, en esencia, los derechos humanos "restricciones al poder público ... queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de éstos, y por lo mismo, no puede promover juicio de garantías". Da sustento a lo anterior, la tesis emitida por esta Segunda Sala, que se lee bajo el rubro: "PERSONAS MORALES OFICIALES, AMPARO PEDIDO POR LAS."(11) En esa tesitura, siempre que las personas morales oficiales actúen en su verdadero carácter de autoridad, se encontrarán excluidas de la posibilidad de interponer el juicio de amparo, con entera independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer, pues tal medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre entes estatales, sino para la eficaz protección de los derechos humanos de los particulares ante los actos de autoridad. ." Ello originó la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2015321 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 128/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, página 1022 Tipo: Jurisprudencia PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos". Así, determinó que el artículo 7º de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que las personas morales (jurídicas) públicas puedan promover el juicio de amparo, únicamente cuando el Estado obra como ente privado en el ejercicio de su capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones vinculados a sus "intereses particulares", lo cual lo coloca en un plano fáctico-jurídico de igualdad con los particulares con los que se relaciona, precisamente, para esos fines patrimoniales. Y que si la finalidad del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos, es claro que dicho objeto no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, esto es, cuando obra como cualquier particular, de lo contrario, se traduciría en un desconocimiento del propio imperio del cual se encuentra investido la autoridad, al tiempo que modificaría al juicio de amparo a un simple medio de resolución de conflictos entre poderes públicos. Además, la afectación al patrimonio, como excepción para promover demanda de amparo, sea derivada o tenga su origen en actos jurídicos que realiza como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad en una relación de coordinación frente a otro gobernado; distinguiéndose así dicha actuación con la que realiza en despliegue de sus atribuciones propias de gobierno, porque en estas últimas el organismo público crea, modifica o revoca, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular. En el caso, el presidente municipal promueve demanda de amparo porque la autoridad a la que señala como responsable no le ha contestado su petición, en el sentido de que al municipio que representa se le incluya en la firma de convenio de municipios, quienes pretenden obtener recursos para la infraestructura dañada por un desastre natural, pese a que, dijo, había cumplido con los requisitos necesarios para ello. Entonces, el numeral 7º invocado permite que las personas jurídicas oficiales promuevan el juicio de amparo, para lo cual deben satisfacerse dos requisitos: 1º La existencia de una afectación patrimonial. En este caso, el menoscabo se proyecta en su presupuesto directo o se afectan los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares (bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones). Se invoca en apoyo la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2005501 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: III.3o.T.6 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2475 Tipo: Aislada PERSONAS MORALES OFICIALES. EN EL SISTEMA DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE PREVALECE LA RESTRICCIÓN DE SÓLO ACUDIR CONTRA ACTOS QUE AFECTEN SU ESFERA PATRIMONIAL Y MIENTRAS ACTÚEN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE A LOS PARTICULARES (INTEPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 7o. DE LA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". 2º Que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Así, es claro que la omisión reclamada por el presidente municipal quejoso no afecta los intereses patrimoniales del municipio, porque no se afecta su presupuesto directo o los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de la cual sea titular, ni se encuentra subordinado frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral, pues la omisión de dar contestación a su petición se encuentra relacionada con un convenio (acuerdo voluntario entre dos o más partes sobre un asunto en particular), que ha celebrado la autoridad a la que señala como responsable y diversos municipios, en el que la parte quejosa solicita se le incluya, por lo que ha pedido y está en espera de la firma formal de ese convenio, encontrándose así en un plano de igualdad con la autoridad que convocó a diversas municipios para la firma relativa. Por tanto, por falta de legitimación, y con fundamento además en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 1050/2023 MESA 1* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, sede Ciudad de México, presentada el seis de noviembre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio y turnada el día siete de noviembre último a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente con el número 1050/2023. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Prevención. De la lectura a la demanda de amparo se advierten irregularidades y omisiones. El quejoso reclama, por propio derecho, la falta de acuerdo a los escritos presentados el diez y quince de agosto y cinco de octubre de dos mil veintitrés, por los que solicitó apoyo a su municipio de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca. Sin embargo, de la copia simple de los ocursos que exhibe, se advierte que: 1º Por escrito de fecha diez de agosto de dos mil veintitrés, presentado el catorce de agosto siguiente, como asunto, aparece notificación e informe actual de estatus para acceder al programa Huracán Agatha 2023, y suscribe Eleuterio Néstor Antonio, en su carácter de presidente municipal constitucional de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca. Como tal (presidente municipal), hace del conocimiento de la autoridad que cumplió formalmente con la documentación necesaria y fue invitado a la reunión de autoridades municipales a la firma de convenio para la entrega de los recursos para la rehabilitación de infraestructura, esperando el convenio por parte de la Secretaría de Bienestar para la firma formal de su municipio. 2º En escrito de fecha quince de agosto de dos mil veintitrés, presentado en la misma fecha, ******, en su carácter de presidente municipal constitucional de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, se dirige a la autoridad para comunicarle la situación actual de ese municipio de alta marginación en la región de la sierra sur del Estado de Oaxaca, en el que realizaron la ratificación de las asambleas y conformado el Comité para el seguimiento al Programa del huracán Agatha 2023 y esperan respuesta sobre el convenio ante la Secretaría y el municipio. 3º En promoción de cinco de octubre de dos mil veintitrés, sin que aparezca la fecha de presentación ante la autoridad, Eleuterio Néstor Antonio, en su carácter de presidente municipal constitucional de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, le solicitó información de la gestión ante la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público derivado de las afectaciones del huracán, en alcance a diverso correo oficial turnado a la Dirección de Administración de la Secretaría de Bienestar, con referencia a las afectaciones provocadas por ese fenómeno natural. Lo anterior, constituye una irregularidad, porque el quejoso promueve la demanda de amparo por propio derecho -como particular-, incluso, en los conceptos de violación dice que se vulneran sus derechos humanos, pero en los escritos presentados, cuya omisión reclama, fueron realizadas por una autoridad, a saber, el presidente municipal constitucional de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, a nombre de su municipio. Ante lo cual, en términos de los artículos 108, fracción IV, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se previene a Eleuterio Néstor Antonio para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, por escrito y con las copias relativas, manifieste: Primero. Si promueve la demanda de amparo como presidente municipal constitucional de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, o si insiste en que se promueve por propio derecho. Segundo. Diga, bajo protesta de decir verdad, si el escrito de diez de agosto de dos mil veintitrés fue presentado ante la autoridad respectiva en la misma fecha (diez de agosto del año en curso) o en diversa data. Por otra parte, el artículo 114 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente para que aclare el escrito de demanda a) cuando haya alguna irregularidad en la misma, b) cuando se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de dicha ley, c) no se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente, d) no se haya expresado con precisión el acto reclamado, o e) no se hubieran exhibido las copias necesarias de la demanda. En relación con lo anterior, el artículo 110 de la Ley de Amparo establece la carga procesal de la parte quejosa de exhibir con su demanda copias suficientes de ésta para el traslado a cada una de las partes, dentro de las cuales indefectiblemente se encuentra el agente del Ministerio Público Federal, en términos del artículo 5, fracción IV, de dicha ley; exceptuándose de esa carga cuando se presenta vía electrónica o en los supuestos que prevé el segundo párrafo del citado artículo 110. En el caso, no se aprecia que dichas excepciones se actualicen, y la parte quejosa no exhibió ninguna copia de la demanda para el traslado, siendo necesarias, dos para el trámite correspondiente (una para la autoridad responsable y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita). En tales condiciones, con fundamento en los artículos 110 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, también se previene a la parte quejosa a fin de que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído: Tercero. Exhiba dos copias más de la demanda de amparo; o, en su defecto, precise si se ubica en alguno de los supuestos de excepción para ello. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 66/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA". 4. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. 5. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo. 6. Autorizados. Respecto de las personas que menciona, se les tiene por autorizadas únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, como lo establece el numeral 24 de la referida legislación, ya que el precepto 27 de la Ley de Amparo que menciona, se refiere a las formalidades con las que han de llevarse a cabo las notificaciones personales. 7. Medios tecnológicos y soluciones digitales aplicables a expedientes. Atendiendo los artículos 252, 253, 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se comunica a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tramitará e integrará este asunto a través de medios tecnológicos y soluciones digitales, por tanto: 1º Como se inició a través de un documento físico, sólo se imprimirán las actuaciones que resulten indispensables, como las constancias de notificación, y servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, pues los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes; y, 2º La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, y no se imprimirán ni agregarán al expediente impreso. 3º Ello, bajo ninguna circunstancia obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 4º Las partes podrán consultar este expediente mediante el uso de los dispositivos electrónicos respectivos. 5º Se privilegiará el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. 6º En caso de que alguna de las partes acuda físicamente a este Juzgado o cuando deseen asistir personalmente a consultar los expedientes por no ser posible a través de los dispositivos electrónicos, sólo se llevará a cabo a través del uso del equipo de cómputo que se tiene destinado para el efecto, de lunes a viernes hábiles, en un horario de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos. 8. Publicación de versión pública de resolución. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución que decida este asunto, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que, en su momento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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