Eleuterio Martínez Hernández

Expediente 625/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
625/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Eleuterio Martínez Hernández
  • Primera Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal de Justicia del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México solicita se devuelvan las constancias de primera y segunda instancia que fueron remitidas como sustento al informe justificado rendido en este sumario constitucional; en consecuencia, remítanse éstas a la citada autoridad. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia terminada de engrosar en treinta de agosto de dos mil veintidós, por la cual se sobreseyó en el juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que esa determinación ha causado ejecutoria En otro orden, el estado procesal de este juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21 inciso a) de ese Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo, el expediente en que se actúa será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito este sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, AUTO QUE A LA LETRA REFIERE: Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eleuterio Martínez Hernández, respecto del acto y autoridad precisados en los considerandos Segundo y Tercero de este fallo, en atención a los motivos expuestos en el Considerando Quinto del mismo.

  4. Principal

    SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 625/2022-IV, promovido por Eleuterio Martínez Hernández, en contra actos de la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, Estado de México; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de demanda de amparo directo e incompetencia. Mediante escrito presentado, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, ante la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, Estado de México, Eleuterio Martínez Hernández, por propio derecho, promovió demanda de amparo directo; por lo cual, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, fue remitida al buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Estado de México, con residencia en esta ciudad, y posteriormente turnada al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien el uno de abril de dos mil veintidós, se declaró incompetente para conocer de la misma; y una vez que, mediante proveído de veintiuno del mismo mes y año, declaró firme el auto de incompetencia aludido, ordenó enviarla a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, para que fuese turnada al órgano jurisdiccional correspondiente. 2. Recepción de la demanda de amparo. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito aludida, turnó a este Juzgado de Distrito la demanda de amparo promovida por Eleuterio Martínez Hernández, por propio derecho, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "III- AUTORIDAD RESPONSABLE.- PRIMERA SALA COLEGIADA CIVIL DE TOLUCA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO. IV.- ACTO QUE SE IMPUGNA.- A).- LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DE FECHA 7 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN EL TOCA DE APELACION NOMERO 110/2022" Acto reclamado que el promovente del amparo señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión. En acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, sin que fuera necesario solicitar el informe justificado a la responsable, dado que ya había sido rendido ante el tribunal colegiado aludido, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 4. Terceros interesados. En proveído veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se tuvo con tal carácter a Germán y José, ambos de apellidos Martínez Hernández, así como a Edgar y Rocío, ambos de apellidos Martínez García, quienes fueron debidamente emplazados como consta en autos. 5. Audiencia Constitucional. La audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo el veintiuno de junio de dos mil veintidós, en términos del acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 61, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, al reclamarse un acto dictado por un tribunal del orden civil, cuya residencia se localiza dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La sentencia de siete de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca 110/2022 del índice de la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, Estado de México, que declaró insubsistente la sentencia definitiva de catorce de enero de dos mil veintidós, y ordenó la reposición del procedimiento del juicio ordinario civil plenario de posesión del índice 402/2021, del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Toluca, Estado de México. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado. Para corroborar lo anterior, remitió el toca 110/2022 de su índice y el juicio ordinario civil plenario de posesión 402/2021 del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Toluca, Estado de México, así como un sobre con documentos presentados en el juicio; documentos a los que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al tratarse de documentales públicas expedidas por funcionarios en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Consecuentemente, debe tenerse por cierto el acto que se reclama a dicha autoridad; siendo aplicable a lo anterior la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Quinta Época, página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Se estima necesario, para una mejor comprensión del asunto, el relató de los siguientes antecedentes del acto materia del reclamo: 1. El once de junio de dos mil veintiuno, Eleuterio Martínez Hernández, promovió juicio ordinario civil en contra de Germán y José, ambos de apellidos Martínez Hernández, y de Edgar y Rocío, ambos de apellidos Martínez García; mismo que el catorce de junio de dos mil veintiuno, se registró bajo el número 402/2021 y se admitió a trámite, ordenándose los emplazamientos correspondientes. 2. Seguido en sus secuelas procesales, el catorce de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva, en la que se resolvió: "PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ORDINARIA CIVIL en la que el actor ELEUTERIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, probó su ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN, que dedujo en contra de GERMÁN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, EDGAR MARTÍNEZ GARCÍA y ROCÍO MARTÍNEZ GARCÍA; quienes opusieron excepciones y defensas; consecuentemente", SEGUNDO.- se declara que ELEUTERIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, tiene mejor derecho que los demandados, para poseer el predio ubicado en la POBLACIÓN DE SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, SECCIÓN I, DEL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 37.50 metros, con SECCIÓN 5ta, actualmente CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA; AL SUR: 36.00 metros, con JOSÉ VALENCIA; AL ORIENTE: 44.50 metros, con MARTÍN BERNAL; y AL PONIENTE: 52.20 metros, con ANDRÉS MELCHOR; con una superficie aproximada de 1,778 metros cuadrados; consecuentemente, TERCERO.- Se condena a GERMÁN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, EDGAR MARTÍNEZ GARCÍA y ROCÍO MARTÍNEZ GARCÍA, para que en el plazo de OCHO DÍAS contados a partir del día siguiente, hagan entrega al actor ELEUTERIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, del bien inmueble descrito, debidamente desocupado y deshabitado, con todos sus frutos y accesiones; con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a su ejecución por la vía de apremio. CUARTO.- Se absuelve a los demandados GERMÁN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, EDGAR MARTÍNEZ GARCÍA y ROCÍO MARTÍNEZ GARCÍA, el pago de daños y perjuicios que le fueran reclamados. QUINTO.- No se hace condena de costas." 3. Determinación que al ser recurrida por el codemandado José Martínez Hernández, fue resuelta en siete de marzo de dos mil veintidós, por la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, Estado de México, en el toca 110/2022, al tenor siguiente: "PRIMERO. Los motivos de disenso expuestos por José Martínez Hernández, relativos a la violación procesal fueron fundados. SEGUNDO. Se declara insubsistente la sentencia definitiva de catorce (14) de enero de dos mil veintidós (2022), dictada por la Jueza Primero Civil y de Extinción de Dominio de Toluca, Estado de México. TERCERO. Se ordena la reposición del procedimiento para el único efecto de que la Jueza, en ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1.250, 1.251 y 1.316 del Código de Procedimientos Civiles, designe perito tercero en discordia en la materia correspondiente y éste dictamine conforme proceda. CUARTO. Hecho lo anterior, la Jueza deberá dictar sentencia definitiva según sus atribuciones. QUINTO. No se aborda el estudio de los demás disensos, precisamente por haberse declarado insubsistente la sentencia definitiva apelada. [.]" Determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. QUINTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada con el número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y en ese sentido, se estima que, en el presente caso, respecto al acto materia del reclamo, como bien lo hizo valer la tercera interesada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretado a contrario sensu), de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, literalmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Contextos normativos de los que se advierte, por una parte, que el juicio de amparo será improcedente, en aquellos casos en que la improcedencia se derive de alguna disposición de la Norma Fundamental o de la Ley de Amparo, y por otra parte, que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone la Norma Fundamental (artículo 107, fracción III, inciso b), con la precisión de que, conforme al precepto invocado de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, interpretado ello a contrario sensu, que el juicio de amparo indirecto será improcedente contra aquellos actos que no sean de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados por la norma y tratados indicados. En relación con lo anterior, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que, a partir de esa interpretación, se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo, debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. De esta manera, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en análisis, pues si lo que reclama la parte quejosa, consiste en la resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca 110/2022 del índice de la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, Estado de México, en la que se declaró insubsistente la sentencia definitiva de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada por la Jueza Primero Civil y de Extinción de Dominio de Toluca, Estado de México, y se ordenó la reposición del procedimiento para que en términos de la legislación aplicable se designara perito tercero en discordia en la materia correspondiente en el juicio ordinario civil plenario de posesión 402/2021, instado por el aquí quejoso. Entonces, se estima que lo reclamado no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que las posibles consecuencias de los actos reclamados, en su caso, ocasionaran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá el resultado del procedimiento que se tramita ante la autoridad que señalada como responsable. Esto es así, si se toma en consideración que de las manifestaciones vertidas por el ahora quejoso, así como de las constancias que integran el procedimiento de origen, remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en la presente instancia constitucional lo que reclama el solicitante del amparo es la determinación por la que la sala responsable advirtió una violación procesal en el juicio de origen, lo que tuvo como consecuencia la reposición del procedimiento a fin de subsanarla, de suyo no produce de manera inmediata una trasgresión a algún derecho fundamental, y al ser parte en el procedimiento natural, está en aptitud de comparecer a defender sus derechos hasta antes de que se dicte sentencia y, en su caso, interponer el recurso correspondiente contra la sentencia definitiva que se dicte; incluso, una vez agotado lo anterior, por medio del juicio de amparo directo, en el cual se expresen los motivos de inconformidad en relación al mismo. Razones por las cuales, se concluye que el acto reclamado no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que éste únicamente produce efectos intraprocesales, que pueden ser reparados si el amparista obtiene sentencia favorable; y por ende, la determinación reclamada únicamente tiene efectos procesales que no necesariamente tendrán un efecto en la sentencia de fondo, y si así lo sucediera, derivado de las consecuencias de éste, si la resolución fuera desfavorable para la ahora quejosa, las podrá reclamar a través del juicio de amparo directo; pues, se insiste, no se advierte con ello lesión a sus derechos sustantivos, y menos en forma irreparable, más aún que dada la naturaleza y etapa del procedimiento de origen, se advierte que el aquí quejoso aún se encuentra en aptitud de hacer valer sus derechos en el procedimiento de origen, en tanto aún no se dicta la sentencia definitiva en éste. Orienta lo anterior, por las razones que la integran, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, página 39, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así como la diversa tesis de jurisprudencia 56, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 36, cuyo rubro texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la Jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en Sesión Privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu), de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la ley invocada, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Cabe señalar que lo anterior no implica una denegación de la justicia o una afectación a los derechos fundamentales del solicitante del amparo, pues no es la obligación de este tribunal de amparo tramitar y resolver en el fondo el asunto sometido a su consideración en forma favorable a sus intereses, sino que se circunscribe a que a su demanda debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento, a las cuales debe apegarse el accionante de amparo, y entre las que se encuentran la causa de improcedencia advertida en el presente fallo. Es aplicable sobre el tema, la jurisprudencia VII.2o.C.J/23, publicada en la página 921, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2006, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Y, en lo conducente, la jurisprudencia III.2o.C.3 K (10ª), publicada en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Enero de 2013, Libro XVI, Tomo 3, Décima Época, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Finalmente, dado el sentido de la presente resolución, no se permite a este juzgador el análisis de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo; lo que encuentra apoyo en el criterio sustentado en la jurisprudencia 509, publicada en la página 335, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, los mismos resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, y en el presente el caso no se advierte oposición alguna al respecto. SÉPTIMO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eleuterio Martínez Hernández, respecto del acto y autoridad precisados en los considerandos Segundo y Tercero de este fallo, en atención a los motivos expuestos en el Considerando Quinto del mismo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy treinta de agosto de dos mil veintidós, en que las labores de este Juzgado de Distrito permitieron su engrose, asistido de José Miguel Castillo Pérez, secretario con quien actúa. Doy fe.

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