Elena Chávez Cruz

Expediente 395/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
395/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Elena Chávez Cruz
  • Elena Chávez Cruz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el presente cuaderno es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se proceda a su destrucción. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en alcance a su informe justificado remite el laudo dictado el diecinueve de abril del año en curso. En esa tesitura, es menester precisar que de la lectura integral de la demanda que dio origen al presente sumario, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de dictar el laudo en el expediente 825/2021 de su índice. Establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de amparo. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido del artículo antes mencionado de la Ley de Amparo el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Así, este juzgador arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así de la interpretación de dicho ordinal, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto, acontece cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así, partiendo de la base que en términos generales, un acto reclamado cesa en sus efectos cuando con posterioridad a su emisión se suscita una circunstancia de hecho o de derecho que elimina toda afectación que éste produjo con su existencia; tal situación es aplicable al caso en estudio. En ese orden de ideas, como se dijo, la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional combatiendo la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de dictar el laudo en el expediente 825/2021 de su índice; sin embargo, de las constancias remitidas con el oficio de cuenta, se advierte que el diecinueve de abril de dos mil veintidós, se emitió el laudo correspondiente, con lo que, a consideración del suscrito, quedaron destruidos en forma total los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, visible a página 38, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Tomo XVII, Novena Época, visible a página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas del veintiséis de abril de dos mil veintidós, se deja insubsistente en razón a la determinación anterior. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibidos los oficios de cuenta, de los cuales se advierte que la Jueza de Control Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, interpuesto por el quejoso, Jesús Isaac Guzmán de la Puente, así como también si ese Órgano Jurisdiccional se encuentra en posibilidad de abrir debate sobre la imposición de la medida cautelar. Atento a lo anterior, hágase de su conocimiento que en el presente juicio de amparo por auto de siete de junio de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de la materia y en veinticinco de junio siguiente, se decretó que dicho proveído había causado estado, por lo que se declaró procedente remitirlo al archivo. Ahora bien, toda vez que por auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto y por tanto, se encuentra totalmente concluido; hágase del conocimiento de la autoridad oficiante, que dicha situación deja expedita su facultad para actuar en el proceso, respecto a la imposición de la medida cautelar. Finalmente, se faculta a la secretaria adscrita para que en uso de sus atribuciones firme el oficio derivado del presente acuerdo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el ocurso de cuenta; a través del cual, el quejoso **** desiste del recurso de revisión. En atención a lo anterior, se ordena remitir el ocurso de mérito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien tiene radicado el amparo en revisión 61/2022, a fin de que provea lo conducente.

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