Eleuterio García Rojas

Expediente 739/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
739/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Eleuterio García Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy la quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente de la última publicación de los edictos, a efecto de que el tercero interesado Fernando Raúl García Cid señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, sin que al día de hoy se hubiera recibido escrito alguno. NOTIFICACIO´N POR LISTA Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por legalmente emplazado el tercero interesado de referencia; en consecuencia, notifíquese todos y cada uno de los proveídos emitidos en este juicio; así como las subsecuentes, por medio de la lista que se fija en este juzgado federal; para los efectos legales a que haya lugar y procedentes. Notifíquese como legalmente corresponda. Toluca, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil veintidós. ESCRITO DE DESAHOGO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos el escrito, signado por ************************, mediante el cual desahoga la prevención formulada el veintisiete de octubre pasado. ACTOS RECLAMADOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES De la lectura íntegra del escrito de demanda y de desahogo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México. Juez Quinto Familiar de Toluca, México; y, Notificador adscrito al Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México. ACTOS RECLAMADOS: Auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido en el Toca de Apelación 720/2022, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México, por el cual tuvo al Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México en el que informando el cumplimiento dado a la sentencia emitida. Auto de nueve de julio de dos mil veintidós, emitido en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México. Oficio 4963 de trece de octubre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México en el que informa el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el toca de apelación 720/2022, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México. Auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México, en el que señaló el domicilio que podría ser emplazada la parte demandada -aquí quejosa-; y, Razón e instructivo de notificación de cuatro de octubre de dos mil veintidós, emitidos en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México, por el cual se emplazó a la quejosa al juicio de origen. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE ACTOS PRECISADOS EN ORDINALES 2 A 4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". DESECHAMIENTO POR LO QUE HACE AL ACTO MARCADO EN EL PUNTO 2. "2. Auto de nueve de julio de dos mil veintidós, emitido en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México." Precisado lo anterior, previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo. En ese tenor, respecto al acto reclamado consistente en el auto de nueve de julio de dos mil veintidós, emitido en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México, se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, 17 y 18 de la citada Ley de Amparo. Con objeto de iniciar el análisis de la causal de improcedencia advertida, se toma en consideración que los preceptos legales en cita disponen: "Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. "El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo": Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo; y, (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De lo anterior se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previsto. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: 1. Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que pueden derivar de eso; 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y, 3. Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito al ser un acto consentido; lo anterior, pues la parte quejosa considera que le causa agravio el auto de nueve de julio de dos mil veintidós, emitido en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México, del cual la quejosa tomó conocimiento desde la tramitación del medió de impugnación que hizo valer en contra de la sentencia emitida en el asunto de origen, el cual fue radicado como toca de apelación 720/2022, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México, y resuelto el diez de diciembre de dos mil veintidós, toda vez que en dicha determinación ordenó dejar insubsistente la sentencia apelada y reponer el procedimiento a partir del proveído emitido el nueve de julio de dos mil veintidós -acto que reclama -. Ahora, por lo que hace al tercer requisito precisado, que establece que la agraviada se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de igual manera se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 de la propia ley, establece que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama; al en que haya tenido conocimiento de ello o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Sirve de apoyo la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 232527, visible en la página 13, Volumen 139-144. Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación que contiene el criterio siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquieras de las tres hipótesis establecidas. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, materia común, Novena Época (registro 163172), consultable en la página 5, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En el caso, como se precisó, la quejosa se duele del auto de nueve de julio de dos mil veintidós, emitido en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México. En ese tenor, se destaca lo manifestado por la quejosa en su escrito demanda bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que desde que interpuso el medio de impugnación que hizo valer en contra de la sentencia emitida en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México, radicado como toca de apelación 720/2022, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México, el cual fue resuelto el diez de diciembre de dos mil veintidós, tuvo conocimiento del acto precisado, ya que en dicha determinación se ordenó dejar insubsistente la sentencia apelada y reponer el procedimiento a partir del proveído emitido el nueve de julio de dos mil veintidós -acto que reclama-. Aunado a ello, considerando que los quince días para inconformase por medio del juicio de amparo comienzan a transcurrir al día siguiente de que el gobernado tenga pleno conocimiento del acto que considera violatorio, en el caso, tal término comenzó a partir del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Lo anterior, de conformidad con lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 11/2017 y P./J. 10/2017, registros 2014199 y 2014200, visibles en las páginas 7 y 8, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas.". "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa.". En el contexto supracitado, si el plazo para interponer el juicio de amparo indirecto comenzó para la parte quejosa, con antelación a la resolución que resolvió el toca de apelación 720/2022, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México, esto es, el diez de diciembre de dos mil veintiuno, empezó a contar a partir de esa fecha y feneció el veintiuno de enero de dos mil veintidós, excluyendo los días inhábiles presentados en ese lapso de tiempo, lo que evidencia lo extemporáneo de su reclamo. Robustece lo anterior, el hecho de que, del sello impreso en su escrito por la Oficina de Partes Común, se advierte que la demanda de amparo fue presentada hasta el veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior hace evidente que, al haberse presentado después de que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que se duele, la demanda que se analiza resulta extemporánea, dado que el término para ello trascurrió desde el diez de diciembre de dos mil veintiuno y feneció el veintiuno de enero de dos mil veintidós. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Julio de 1991, materia común, Octava Época (registro 222253), en la página 150, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. COMPUTO DEL TERMINO PARA PRESENTARLA, CUANDO EXISTE FECHA CIERTA DE LA NOTIFICACION DEL ACTO RECLAMADO. Cuando existe constancia de la notificación del acto reclamado al quejoso, el término para la presentación de la demanda de amparo empieza a contar a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo sin que pueda empezar a contar dicho término a partir de la fecha en que el quejoso se haga sabedor del acto reclamado, precisamente por existir fecha cierta de su notificación.". De ahí que es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XIV en el artículo 61, de la Ley de Amparo, concatenado con lo dispuesto en los diversos 17 y 18 de esa normatividad, lo procede es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente respecto del acto reclamado consistente en 2. el auto de nueve de julio de dos mil veintidós, emitido en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México, por los motivos expuestos anteriormente. DESECHAMIENTO POR LO QUE HACE AL ACTO MARCADO EN EL PUNTO 3 y 4. Consistentes en: Oficio 4963 de trece de octubre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México en el que informa el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el toca de apelación 720/2022, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México. Auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México, en el que señaló el domicilio que podría ser emplazada la parte demandada -aquí quejosa-. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que aquéllos no tienen una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos implican afectaciones tienen una ejecución de imposible reparación, y en el caso, oficio 4963 de trece de octubre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México en el que informa el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el toca de apelación 720/2022, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México y el auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México, en el que señaló el domicilio que podría ser emplazada la parte demandada -aquí quejosa-, no constituyen actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que se trata de determinaciones y/u actuaciones que en todo caso podrían constituir afectaciones a derechos procesales de la parte quejosa, esto es, los actos reclamados podrían constituir violaciones de carácter formal (procesal) que no afectan de forma material, actual y directa algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues solo trascienden en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tales violaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso, se considera que se tratan de eventuales violaciones procesales que podrán ser reparables en caso de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México, de donde emanan los actos reclamados, o en su defecto, de recaer una sentencia adversa, los actos que ahora reclama podrán ser combatirlos en la vía directa como violaciones procesales, ello conforme a lo dispuesto en las fracciones XI y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia de los actos reclamados se traduce en posibles violaciones procesales reclamables en amparo directo, en el supuesto que la ahora quejosa no obtenga una sentencia favorable, toda vez que la materia de los actos reclamados consiste en esencia oficio 4963 de trece de octubre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México en el que informa el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el toca de apelación 720/2022, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México y el auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México, en el que señaló el domicilio que podría ser emplazada la parte demandada -aquí quejosa-. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquél que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a la sustancia de las anteriores jurisprudencias, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando estos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en ese sentido, se concluye que los actos reclamados no reúnen esa calidad. Actos que podrían resultar intrascendentes si al resolverse en definitiva el juicio civil de referencia, se emite una sentencia favorable al quejoso, y como se ha dicho, su irreparabilidad tampoco es patente, pues incluso si se emitiere un fallo adverso, la parte peticionaria de la Justicia Federal está en posibilidad de impugnar la sentencia de mérito a través del amparo directo, en el que podrá plantear todas las violaciones procesales que refiere en la demanda de amparo que nos ocupa. En síntesis, los actos que impetra la Justicia Federal, versan sobre cuestiones meramente procesales, es decir, no implican afectación alguna a derechos sustantivos de manera actual, real, material y directa; por lo que en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, pues como se ha expuesto, el amparo contra actos emitidos dentro de juicio, únicamente se pedirá ante el Juez de Distrito, contra aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que en el caso no ocurre. En consecuencia, respecto de los actos reclamados en estudio, se impone desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, por notoriamente improcedente. DESECHAMIENTO POR LO QUE HACE AL ACTO MARCADO EN EL PUNTO 5. Consistente en: "5. Razón e instructivo de notificación de cuatro de octubre de dos mil veintidós, emitidos en el expediente 147/2017, del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México, por el cual se emplazó a la quejosa al juicio de origen" Acto del cual, del mismo modo, se actualiza la diversa causal de improcedencia atinente a que se incumplió con el principio de definitividad, contemplado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como requisito indispensable, antes de acudir a la presente instancia constitucional. Lo anterior es así, pues el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la interpretación del precepto legal parcialmente transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. En efecto, se impone señalar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes y en tal virtud, antes de acudir a él, es necesario agotar en primer término la jurisdicción ordinaria, por lo que en el caso, la aquí quejosa debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por ello, se estima el acto reclamado consistente en la razón e instructivo de notificación de cuatro de octubre de dos mil veintidós, emitido en el toca de apelación 720/2022, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México, por el cual se emplazó a la quejosa al juicio de origen, la parte quejosa deberá agotar medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Lo anterior es así ya que se advierte que la parte quejosa podía obtener la nulificación del emplazamiento referido, mediante la promoción del incidente de nulidad de notificaciones señalado en ordinal 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Ahora, el precepto jurídico de mérito dispone: "Artículo 1.187.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida." Del análisis sistemático del precepto legal transcrito se advierte que está previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México vigente, los casos en que procede el incidente de nulidad de notificaciones. En las relatadas condiciones el numeral 1.187 de ese Código Civil señala la hipótesis en que se puede promover la nulidad de notificaciones, a saber, cuando una notificación (emplazamiento) se hiciere en forma distinta a la prevenida en el capítulo respectivo de la ley, o bien, se omitiere la misma. De ahí que, la parte quejosa está en aptitud de promover el incidente de nulidad de notificaciones en contra del emplazamiento y/o notificación a que hace referencia. Sin que se esté en el caso en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) y c) del referido artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se trata de los supuestos contemplados en esos incisos. La anterior determinación se dicta tomando en consideración que el juicio de origen aún se encuentra en trámite, esto es, que no ha sido dictada sentencia en dicho procedimiento, pues se puede advertir de las manifestaciones que realiza, pues el emplazamiento del que se duele se realizó en cumplimiento a la resolución emitida en el toca de apelación 720/2022, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México, el cual fue promovido por la propia quejosa, lo que es evidente que el juicio de origen se encuentra en tramite, por ende esta en aptitud de defender sus intereses dentro del mismo. Apoya a la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J.47/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo (lo subrayado es propio)." Por tanto, atento a lo dispuesto por los artículos 61 fracción XVIII, 62, en relación con los artículos 112, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto analizado, en virtud de ser notoriamente improcedente. ADMISIÓN DE DEMANDA RESPECTO DEL ACTO PRECISADO CON EL NUMERAL 1. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase a trámite la demanda de amparo únicamente respecto del acto reclamado consistente en: Auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido en el Toca de Apelación 720/2022, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México, por el cual se tuvo al Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México informando el cumplimiento dado a la sentencia dictada en dicho medio de impugnación. INCIDENTE En observancia a los artículos 127 y 128 de la Ley de Amparo, se tramita el incidente de suspensión relativo, en razón de que fue solicitado por la parte quejosa. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación por medio de lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo; y, se instruye al actuario judicial adscrito a este juzgado federal haga constar tal situación. AUDIENCIA Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Sin que por el momento sea necesario que la referida audiencia de ley se desahogue por videoconferencia en términos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ya que del estadio procesal no se advierte la necesidad de realizar de esa forma dicha diligencia. Sin embargo, en caso de que alguna de las partes considere lo contrario, deberá de realizar su petición motivando por qué considera necesario se realice la audiencia constitucional por medio de videoconferencia -en caso de que desee comparecer a su celebración-; asimismo, deberá proporcionar usuario, número telefónico y correo electrónico, a efecto de llevar a cabo videoconferencia mediante el sistema CISCO WEBEX MEETINGS; de conformidad con lo establecido en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General 8/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En el entendido de que podrá rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor de los justiciables, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Bajo apercibimiento que de ser omisa en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa a la persona física que ostente el cargo de su titular de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato; en caso de no hacerlo se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 251, de ordenamiento invocado. NOTIFICACIÓN A AUTORIDAD Se hace del conocimiento a la autoridad responsable, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificara por lista y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. " TERCERO INTERESADO Toda vez que el acto reclamado deriva de un procedimiento civil, se advierte que, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado a Fernando Raúl García Cid; el cual tiene diversos domicilios en los que puede ser localizados, ubicados en: 1) Calle Matamoros sur número 215, Primer Piso Colonia Centro, en Toluca, Estado de México. 2) Plan de Ayala 106, Colonia Cinco de Mayo, en Toluca, Estado de México. 3) Calle pedro Ascencio número 150, casa 2, Villas San Agustín en Metepec, México. SE COMISIONA ACTUARIO A EMPLAZAR En ese orden, con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena emplazar al presente juicio al tercero interesado citado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y del presente auto, a fin de que si a sus intereses conviene, se apersone al presente juicio de amparo. De igual manera, de conformidad en el artículo 27 fracción I (primer párrafo), y fracción II (segundo párrafo), de la Ley de Amparo, le requiera para que dentro del término de tres días al en que sean notificados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, dentro de la residencia de este órgano de control constitucional (municipio de Toluca), o en su defecto, dentro de la zona conurbada de este Juzgado (Metepec, Lerma, Zinacantepec y Almoloya de Juárez), con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin ulterior acuerdo se les tendrán para tales efectos las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado de Distrito; asimismo, deberá, en caso de no localizar a la parte en mención, de manera pormenorizada asentar características particulares y especificas del domicilio, datos concluyentes de la búsqueda de la persona con referencias y adjuntar suficiente evidencia fotográfica de la búsqueda y no localización que en su caso se realizó. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe. Toluca, Estado de México; cuatro de mayo de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Vista la certificación y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que para este día, se encuentra prevista la audiencia constitucional, no obstante está trascurriendo el término de treinta días para que la tercera interesada Leisha Fernanda García Cid, quede debidamente emplazada al presente juicio de amparo y comparezca ante este órgano jurisdiccional a efecto de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, pues el mismo transcurrirá del veintidós de marzo al ocho de mayo de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO En consecuencia, a fin de permitir lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 6,755 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano