Elena González Servin

Expediente 1427/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1427/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Elena González Servin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Presidente del Comité de Pensiones del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, es decir, realice lo siguiente: "1. De inmediato emita una respuesta fundada y motivada, respecto de la solicitud de pensión presentada por la parte quejosa el ********************. 2. Notifique oportunamente dicha respuesta, como legalmente corresponda a la parte quejosa." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá a la persona física que ostente dicho cargo una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En el entendido, que en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese como legalmente corresponda.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; once de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y en atención a que las partes no realizaron manifestación sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia terminada de engrosar el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 113 a 154), este Juzgado de Distrito por una parte negó el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************** respecto del acto reclamado atribuido a las autoridades responsables Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Presidente Constitucional de los Estados Unidos de México, consistentes en la aprobación y promulgación del artículo 225, fracción IV del Código Penal Federal; y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del auto de vinculación a proceso de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal ********************, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, para los siguientes efectos: "Sin modificar, ni rebasar, lo expuesto de forma oral, emita el auto de vinculación a proceso dictado en la carpeta administrativa ********************(sic) de forma escrita (debiendo guardar coincidencia entre lo expuesto de forma oral con su versión escrita)." Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión (fojas 167 a 197), del cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien lo registró con el número ******************** (fojas 252 a 254) y por resolución de doce de mayo de dos mil veintidós, ordenó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, si lo estimaba conveniente, se pronunciara sobre el tema de inconstitucionalidad relacionado con su competencia originaria (fojas 257 a 279). Por auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********************, el cual fue registrado con el número ******************** (fojas 289 a 291) y por resolución de uno de marzo de dos mil veintitrés (fojas 306 a 317), determinó: "PRIMERO. En la materia de la revisión competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la unión no ampara ni protege a ********************, respecto de la fracción IV del artículo 225 del Código Penal Federal. TERCERO. Se reserva jurisdicción al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, para que se ocupe de las cuestiones de legalidad, que se hicieron valer." Posteriormente, mediante oficio 1579/2023 recibido en este Juzgado Federal el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, remitió la ejecutoria de once de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 324 a 360), en la cual dicho tribunal colegiado resolvió: "PRIMERO. En la materia del recurso cuyo estudio compete a este tribunal colegiado, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto precisado en el resultando primero de este fallo, para los efectos establecidos en la sentencia recurrida." En consecuencia de lo anterior, en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, el cumplimiento a la sentencia de amparo (foja 361). En atención a lo anterior, por oficio 299/2023-IV-DV el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano) en funciones de juez de control, remitió el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, así como el auto de vinculación de esa misma fecha, ambos con firma electrónica, dictados en la causa penal ******************** de su índice (fojas 365 a 370). Con dichas constancias se dio vista a las partes en proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (foja 371). En ese tenor, del examen de la documental que remitió la autoridad responsable, la que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tiene pleno valor probatorio, se desprende que si bien emitió la pieza escrita del auto de vinculación a proceso dictado en contra del imputado aquí quejoso, en la causa penal ********************, con dicha determinación no se puede tener por cumplida la sentencia de amparo. Esto es así, dado que en la parte considerativa de la sentencia de amparo, que fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, se determinó que el juez responsable debería emitir la pieza escrita en la que se indicara el hecho delictivo que se atribuye al indiciado, lugar tiempo y circunstancias de ejecución de la conducta y las razones de su consideración, aunque sea de manera mínima, pero que permitan garantizar al imputado el derecho fundamental a la certeza y seguridad jurídicas. Sin embargo, en la determinación que ahora se analiza, si bien el Juez responsable después de precisar el hecho circunstanciado refiere que las exposiciones puntualizadas se ponderaron de forma libre y lógica, ya que evidenciaron concordancia con la mecánica de hechos planteada por la Fiscalía de forma oral; además de la idoneidad y pertinencia de sus relatos, ya que en primer término se trata de expertos en ejercicio de sus funciones, que narraron eventos coincidentes entre sí, esto es, sus exposiciones se contextualizan unas a otras, por lo que resultaron coherentes, especialmente porque encuentran sustento en los demás datos de prueba, sin advertirse alguna contradicción en su contexto. Asimismo refirió que los informes científicos se ponderaron en forma libre y lógica, en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no solo se trató de periciales eficientes para concluir que el imputado proporcionó información verbal y escrita, sino que contextualizan sus conclusiones científicas, basadas en su experiencia como peritos oficiales adscritos a una institución que cuenta con profesionales en diversas materias para emitir dictámenes, en las cuales no se evidencia incongruencia, falta de tecnicismo o de objetividad en sus relatos científicos y por tanto, cumplieron con el cometido de toda experticia, que es, precisamente, ilustrar al juzgador en la que son expertos. Posteriormente, refiere que los datos de prueba permitieron razonar fundadamente la posibilidad de que el imputado cometió el hecho punible en forma dolosa de acuerdo a la mecánica de hechos, a la cual hizo mención, y que su intervención fue como autor material en términos del artículo 13, fracción II, del código adjetivo, sin que existiera causa de exclusión del delito o causa de exclusión de la acción penal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, no señala aún de manera breve los datos de prueba con los que se acreditó la existencia del hecho delictivo ni la probable intervención del imputado en su comisión ni lo que se obtiene de cada uno de ellos, esto es, los razonamientos que justifiquen su determinación; pues la valoración de los datos de prueba no constituyen los únicos argumentos que sustentaron su determinación emitida en forma oral. Ello, pues si bien es cierto, en la pieza escrita deben señalarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar así como las razones de su consideración, de manera mínima, ello no implica dejar de señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaran en consideración para la emisión del acto reclamado; esto a fin de garantizar al imputado el derecho fundamental a la certeza y seguridad jurídicas. Máxime que los efectos de la sentencia se establecieron en el sentido de que sin modificar, ni rebasar lo expuesto en forma oral emitiera la pieza escrita, debiendo guardar coincidencia entre una y otra. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente proveído, informe el cumplimiento total a la sentencia de amparo, esto es, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria, sin modificar, ni rebasar, lo expuesto de forma oral, emita el auto de vinculación a proceso en la carpeta administrativa ******************** de forma escrita, debiendo guardar coincidencia entre lo expuesto de forma oral con su versión escrita. APERCIBIMIENTO En el entendido de que, para el caso de ser omisa en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual se duplicará hasta llegar a mil, en caso de inobservancia. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Con independencia de lo anterior, se le informa que de constituirse en actitud omisiva, también se hará acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General 5/2013, de trace de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, esto es, para que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento que aun cuando deje su puesto, continuará su responsabilidad por el desacato al fallo constitucional, durante el tiempo que duró en su encargo y por esa razón, también podrá ser consignado en términos del artículo 107, fracción XVI constitucional. Cobra validez la jurisprudencia visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Notifíquese como legalmente corresponda.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de octubre de dos mil veintitrés. CERTIFICACIÓN Y ESTADO PROCESAL Vista la certificación y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra fijada para esta fecha; no obstante, está transcurriendo el término de quince días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado, toda vez que fue notificada el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés (foja 19). DIFERIMIENTO En consecuencia, a fin de permitir lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las trece horas con cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese como legalmente corresponda.

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