Eleticia Gallegos Guardado
Expediente 74/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 74/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Eleticia Gallegos Guardado
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Devuélvase a los Magistrados que integran la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, los expedientes 530/2018, 456/2017 y el Toca Civil de Apelación número 145/2021, de los cuales se ordenó formar tres cuadernos de pruebas por separado. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, no obran documentos aportados por la parte quejosa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la tercera interesada Rocío Vargas Bello por medio de edictos a cargo de la parte quejosa, para lo cual se indicó que estos edictos se debían publicar tanto en el Diario Oficial de la Federación como en un periódico de circulación nacional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de igual manera, se le otorgó un plazo de veinte días hábiles a fin de que justificara haber realizado los trámites necesarios para la publicación de los referidos edictos. Adicionalmente, en dicho proveído, se otorgó a la parte quejosa un plazo de tres días para que señalara si contaba con los recursos para publicar los edictos y, en su caso, demostrara su insolvencia económica para sufragar dicho gasto. En acuerdo de doce de noviembre siguiente, se proveyó en relación con el escrito presentado por el quejoso Julián Camacho Rosete y se determinó que con sus manifestaciones y pruebas que al efecto exhibió, no demostró que careciera de los recursos económicos necesarios para cubrir el gasto relativo a la publicación de los edictos; por lo que se le informó que a partir de la notificación de ese proveído, comenzaría a correr el plazo de veinte días, previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, para acreditar la publicación de los edictos. Dicho auto se le notificó por lista el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, previo aviso judicial dejado en su domicilio procesal el diecisiete del mismo mes y año; por lo que el aludido plazo de veinte días transcurrió del veinticuatro de noviembre al veintiuno de diciembre, ambos de dos mil veintiuno. Sin embargo, el dieciséis de diciembre del año próximo pasado, Vianney Islas Méndez, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, acudió ante este Juzgado de Distrito a recoger los edictos para el emplazamiento de la parte tercera interesada. De esta manera, si bien a la fecha en que la citada autorizada del quejoso acudió a recoger los edictos se encontraba próximo a vencerse el plazo para la publicación de estos; lo cierto es que ante las gestiones realizadas se estimó conveniente considerar que el quejoso debía contar con un plazo adicional de veinte de días para acreditar la publicación de dicho edictos. De acuerdo con lo anterior, si la autorizada del quejoso acudió a recibir los edictos el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el plazo adicional para acreditar su publicación transcurrió del veinte de diciembre de dos mil veintiuno, al catorce de los actuales. Durante ese periodo, mediante escrito presentado el cuatro de enero del año que transcurre, el quejoso Julián Camacho Rosete exhibió un ejemplar del periódico "El Heraldo", correspondiente al treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se contenía la publicación del edicto para emplazar a la tercera interesada; de igual manera, el justiciable informó que las ulteriores publicaciones ocurrían el siete y catorce de enero del presente año; lo que se corrobora con los anexos del escrito de cuenta, mediante el que Vianney Islas Méndez, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, exhibe las publicaciones de los edictos en el citado diario. No obstante, la parte quejosa ha sido omisa en acreditar que los referidos edictos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, como se le indicó en el acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, y a pesar de que ya transcurrió el plazo de veinte días otorgado para tal efecto e, incluso, el término adicional de veinte días que se estimó debía concedérsele a partir del veinte de diciembre del año próximo pasado -y que finalizó el catorce de los actuales- debido a que compareció a recoger los edictos el dieciséis de diciembre pasado. En ese sentido, se estima que en el presente caso procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que se actualiza la causa de sobreseimiento que se deduce de lo previsto en los artículos 27, fracción III, inciso b), y 63, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, dado que el quejoso no acreditó, sin causa razonable, haber entregado los edictos para su publicación en el Diario Oficial de la Federación; en tanto que es insuficiente que lo haya hecho únicamente en un diario de circulación nacional. Por ende, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió a Josué Octavio Rodríguez López, la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada de Vehículos Robados y Recuperados, Región Norte, Adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, de inmediato proceda a remitir la indagatoria en cuestión, se cerciore de que la misma fue recibida por su destinatario, y le dé seguimiento hasta que obtenga una respuesta de la misma. Atento a lo anterior, y como se advierte del oficio 1913/2021, la autoridad responsable, no ha dado debido cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo, toda vez que si bien es cierto que remite copia del registro número RM124455724MX, mediante el cual se remitió la original de la carpeta de investigación UIERVTC-N/365/2017; asimismo, se dejó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato el motor número 2M090180E; sin embargo no existe certeza alguna sobre si la misma fue recibida por dicha Fiscalía. En consecuencia de lo expuesto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada de Vehículos Robados y Recuperados, Región Norte, Adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que se encuentre debidamente notificada, informe a este órgano de control constitucional el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa; subsistiendo el apercibimiento decretado en auto de quince de octubre de dos mil veintiuno. Ahora bien, agréguese el escrito del quejoso Josué Octavio Rodríguez López; en atención a su contenido, dígasele al quejoso que no ha lugar de hacer efectivo el apercibimiento decretado en virtud de que la autoridad responsable, ha dado contestación a los requerimientos formulados, tratando de cumplir con la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
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