Eleno Salas García

Expediente 637/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
637/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Eleno Salas García

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de octubre de dos mil veintiuno. ? Se remiten constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en el cual informa que, en atención al acuerdo de veintisiete de agosto del año en curso, emitido dentro de los presentes autos, en el que se ordenó remitirle mediante oficio, el exhorto 172/2021 de nuestro índice; sin embargo, refiere que solo se adjuntó oficio y no la comunicación oficial de referencia. En consecuencia, a fin de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en el referido auto de veintisiete de agosto del año en curso, mediante oficio que al efecto se gire, remítase al Juzgado Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, el exhorto con número de orden 172/2021 y orden 172/2021, del registro de este juzgado, a fin de que provea lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Juzgado federal solicita autos. Téngase por recibido el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, mediante el que solicita se le remita el juicio de amparo en que se actúa; por lo que, en atención a su solicitud, se le informa lo siguiente: En acuerdo de cuatro de agosto del año en curso, este Juzgado de Distrito tuvo por recibida la demanda de amparo promovida en línea con evidencia criptográfica de ********quien se ostenta representante del quejoso*******, contra actos de la Secretaría de la Función Pública Federal y otras autoridades; en consecuencia, la radicó en el expediente 637/2021, decretó la suspensión de los actos reclamados y se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto por razón del territorio, por lo que se declinó la competencia en favor del Juzgado de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, Monterrey, en turno. Mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional tuvo por recibido el oficio 25899/2021, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, a través del cual hizo del conocimiento de este Juzgado de Distrito que por acuerdo emitido el dieciséis de agosto del año en curso, en el juicio de amparo 1064/2021-4B de su índice, se avocó al conocimiento del asunto [637/2021 del índice de este juzgado de Distrito]. En consecuencia, infórmese al Juzgado de Distrito oficiante que no se cuenta con los autos originales que refiere, dado que estos se encuentran radicados en el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León; para mayor referencia, remítase al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León la promoción con registro 11247 y el acuerdo de veinticinco de agosto del año en curso, a que se ha hecho referencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Autoridad informa que se avoca al conocimiento de la incompetencia planteada en autos. Visto el contenido del oficio 25899/2021, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, se tiene a la oficiante haciendo del conocimiento el acuerdo emitido el dieciséis de agosto del año en curso, en el juicio de amparo ********************mediante el cual se avocó al conocimiento del asunto; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Se ordena archivo En esas condiciones, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años posteriores a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida en línea con evidencia criptográfica de ****************, quien se ostenta representante del quejoso ***********, contra actos de la Secretaría de la Función Pública Federal y otras autoridades. De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 637/2021-I. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. Suspensión de plano y de oficio. Ahora bien, toda vez que en la demanda de amparo se señalan como actos reclamados destacados: La exclusión del quejoso del grupo de personas vulnerables; por ende: Su reincorporación al trabajo presencial, ante la omisión de crear las condiciones necesarias a fin de que pueda realizar trabajo a distancia, sin arriesgarse al contagio de COVID-19 y/o COVID DELTA; Consecuentemente el "Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus sars-cov2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta de julio de dos mil veintiuno, a implementarse a partir del día uno de agosto de dos mil veintiuno" (sic). Se considera que estos actos que involucran el derecho a la salud de la parte quejosa, puesto que la ausencia de protección del mismo puede derivar en la pérdida de la vida, razón por la cual con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se analizará enseguida lo inherente a la suspensión de plano correspondiente. Por principio, conviene señalar que el artículo 1° Constitucional consagra el principio pro persona, el cual establece que los derechos humanos deben interpretarse en la forma más amplia en favor de los gobernados. Además, cabe mencionar que el artículo 4° de nuestra Carta Magna, consagra el derecho a la protección a la salud, del cual se desprende la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, lo que implica información, prevención, atención, control de enfermedades y otorgamiento de medicamentos y otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada. Así, en dicho numeral, se reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. Apoya lo anterior, la tesis aislada XVII.1o.P.A. J/31 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que dice: ..VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). AL CONSTITUIR SU BROTE UNA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, AMERITA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS URGENTES PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS Y ESTÁ EXPUESTO AL CONTAGIO. La Organización Mundial de la Salud declaró al brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19) una emergencia de salud pública de importancia internacional y, posteriormente, una pandemia, derivado del incremento en el número de casos existentes en los países que los han confirmado. Así, dicha situación tan grave amerita el establecimiento de medidas preventivas urgentes, principalmente en relación con las personas que tienen mayor riesgo, como lo son los adultos mayores y aquellas que tengan afectaciones de salud, pero también para la protección del personal que presta sus servicios en algún hospital público y está expuesto al contagio del virus mencionado. En ese tenor, a pesar de que los actos reclamados no se encuentran previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se estima que la falta de protección al derecho a la salud puede implicar la pérdida de la vida, en una franca violación al derecho fundamental que consagra el artículo 4° constitucional. Luego si la parte quejosa entre otras cuestiones refirió, bajo protesta de decir verdad, que: Se desempeña como técnico en estadísticas en área médica, en el Hospital General Dr. Arroyo, ubicado en Avenida Padre Severiano Martínez No- s/n, la Colonia de Dr. Arroyo, en el Municipio de Dr. Arroyo, Nuevo León. Cuenta con sesenta y cuatro años de edad (64) años de edad. Pertenece a un grupo vulnerable. Información que respectivamente se corrobora con los datos contenidos en las documentales que adjuntó a su demanda de amparo, consistentes en: Credencial que lo acredita como empleado de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, con el puesto de Técnico en Estadista en Área Médica Hospital General Dr. Arroyo. Identificación expedida por el antes Instituto Nacional Electoral, de donde resalta que la fecha de nacimiento del ahora quejoso es de cinco de marzo de mil novecientos cincuenta y siete. Resultados de laboratorio (química clínica) y (hematología), de los que resalta que el porcentaje arrojado en la hemoglobina glicosilada (12.5 %), corresponde al valor de referencia: Diabético "no controlado". Así, como con el hecho notorio que esta juzgadora advierte en términos de lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y conforme a la jurisprudencia XXI.3o. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, Novena Época, Octubre de 2003, visible en la página 804, del texto y rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones. Hecho notorio consistente en la sentencia dictada en el juicio de amparo 579/2020, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en la que se determinó que como la parte quejosa efectivamente forma parte del grupo vulnerable con alto riesgo de contraer la enfermedad derivada del virus COVD-19, por padecer: "1. Hipertensión arterial segundo grado; y, 2. Diabetes Mellitus tipo II"; entonces: no existe razón para que el quejoso ********* acuda de manera física o presencial a su centro de trabajo mientras dure la contingencia, pues, ha quedado demostrado que pertenece a un grupo vulnerable ante los riesgos que conlleva una infección ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); resultando obligatorio para las autoridades responsables respetar las medidas de prevención que ha impuesto el Estado Mexicano. Entonces, al estar demostrado el nexo laboral del quejoso con el Hospital antes referido; el estado vulnerable del mismo; así como el riesgo en la salud y vida en el que se colocaría la parte quejosa, si retorna a la prestación de servicios presenciales, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO a *****************, para el efecto de que: 1. Las autoridades responsables por sí o por conducto de las autoridades que resulten competentes del propio centro de trabajo, provean lo conducente para que de forma inmediata se garantice el respeto al derecho a la salud de*************esto es, para que no se le obligue a prestar sus servicios de manera presencial y regrese al resguardo domiciliario. Lo anterior, hasta en tanto la autoridad correspondiente evalúe si por el estado de salud y edad de la parte quejosa y conforme a los criterios y acuerdos emitidos respectivamente por la Secretaría de Salud Federal y Local, es factible el regreso del quejoso a la prestación de sus servicios en el centro de trabajo respectivo. En el entendido de que las responsables, bajo su prudente arbitrio, podrán asignarle la realización de actividades inherentes a su cargo y que pueda llevar a cabo en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Para tal efecto, se requiere al quejoso para que tan pronto como sea requerido por las autoridades señaladas como responsables, cumpla con las directrices que le sean dadas para llevar a cabo el trabajo que le sea asignado y que tenga que ejecutar a distancia. En el entendido de que, si el impetrante del amparo no atiende lo anterior, se podrá dejar sin efectos la medida cautelar otorgada. Durante el tiempo en que no se presente a laborar, las autoridades responsables deberán de abstenerse de fincarle responsabilidad jurídica ante su inasistencia a su centro de trabajo; y, por ende, deberán seguir pagándole su sueldo íntegramente, así como las prestaciones ordinarias y extraordinarias a que tenga derecho con motivo del nombramiento que tenga en su centro de trabajo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia identificada con los datos de localización, rubro y texto siguientes: ..SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA A LOS EMPLEADOS DEL SECTOR SALUD QUE FORMEN PARTE DE UN GRUPO VULNERABLE DURANTE EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). Cuando un empleado del sector salud reclama en amparo indirecto la omisión o negativa de observar el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", y el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 y el 31 de marzo de 2020, respectivamente, y éste demuestra encontrarse en algún grupo vulnerable al virus, contemplado en el primer acuerdo mencionado, debe concederse la suspensión de plano para que las autoridades responsables permitan de inmediato su resguardo domiciliario, sin responsabilidad alguna para la quejosa, con goce de sueldo íntegro y demás prestaciones a las que tenga derecho, derivadas de su relación laboral, y no con el alcance restringido de establecer su asistencia a la fuente de empleo con medidas de protección personal para ello, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo, o bien, hasta en tanto las autoridades federales sanitarias suspendan o den por concluida la emergencia sanitaria decretada en el país por el virus aludido; lo anterior, con independencia de que no se trate de los supuestos taxativamente precisados en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues dicho precepto no debe entenderse de forma limitativa, sino enunciativa, esto es, que las hipótesis que pueden presentarse para el otorgamiento de la suspensión de plano no son únicamente las establecidas en dicha norma, sino también en otros supuestos, como lo es cuando se trata del derecho a la salud, relacionando para ello el artículo 22 con el diverso 4o., ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar algún eventual riesgo que pudiera significar un daño o deterioro irreparable a ese derecho fundamental Finalmente, cabe señalar que la medida cautelar no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo que se analiza, y estará vigente hasta en tanto quede firme la sentencia que se dicte en el presente asunto; sin perjuicio de que, de contarse con mayores elementos se pueda modificar o revocar la medida cautelar otorgada. Informe sobre el cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a las autoridades responsables, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Por tanto, las autoridades responsables dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, siguientes a que surta efectos la notificación de este proveído, deberán rendir su informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada, así como las medidas que se tomaron para tal efecto; para lo cual deberán agregar copia certificada de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y, en específico, copia del expediente médico y laboral del quejoso, así como de las licencias médicas que se le hayan otorgado y de los estudios o valoraciones médicas que se le hayan practicado desde que inició su licencia médica y hasta que se emitió el acto reclamado. Se previene a las autoridades responsables, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. Del mismo modo, se hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 237 de la Ley de Amparo este Juzgado se encuentra facultado para aplicar las medidas de apremio que considere convenientes, a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se les impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se autoriza al Actuario Judicial de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de las autoridades mencionadas en el presente auto y se le proporcione la correcta, proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. Se plantea incompetencia legal por razón de territorio. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en lo que resulta de interés, es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el directo quejoso tiene su domicilio y presta sus servicios en Nuevo León, Monterrey; asimismo que reclama, de manera esencial, su reincorporación al trabajo presencial, ante la omisión de crear las condiciones necesarias a fin de que pueda realizar trabajo a distancia, sin arriesgarse al contagio de COVID-19 y/o COVID DELTA. Por tanto, se considera que la competencia para conocer del presente asunto corresponde al Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución o se esté ejecutando; esto es, en Nuevo León, Monterrey. Luego, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente por razón de territorio y declina la competencia en favor del Juzgado de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, Monterrey, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: ...COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto a qué Juez de Distrito correspondía conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora, las medidas implementadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo; al respecto, llegaron a conclusiones diferentes, pues mientras uno decidió que el asunto era competencia de un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, el otro resolvió que correspondía conocer de éste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo para conocer de las demandas de amparo indirecto promovidas en contra de la negativa de aplicar en beneficio de una persona trabajadora, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo. Justificación: Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para fijar la competencia por razón de materia para conocer de un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, cuando en una demanda de amparo indirecto se reclame la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo, se advierte que su naturaleza es de carácter laboral. Lo anterior, ya que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras Por lo que se le solicita al juzgado que corresponda conocer del mismo que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas haga saber si acepta o no la competencia declinada a su favor. En tal virtud, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, remítase el oficio que derive del presente asunto y todas las constancias que conforman el expediente en que se actúa al Juzgado de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, Monterrey, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. De igual forma háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena girar exhorto para notificar la suspensión de plano. En este orden de ideas, tomando en consideración que la tramitación del presente asunto es urgente; que el domicilio para notificar al quejoso se encuentra ubicado en calle Juan de la Barrera No.- 302 de la Colonia Obrera en Monterrey, Nuevo León; que diversas autoridades responsables de Servicios de Salud tienen su residencia oficial en la misma ciudad; esto es, en un lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado; y, que la notificación tradicional mediante oficio a la autoridades responsables del aludido sistema de salud de esa entidad, tal como se contempla en los artículos 26 fracción II, inciso a) y 28 fracción II, de la Ley de Amparo, demoraría el conocimiento de la medida cautelar decretada, esta juzgadora estima pertinente para la eficacia de la notificación de la presente determinación que, con fundamento en el artículo 28 fracción III, de la misma normatividad, así como en el diverso precepto 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la misma se realice mediante ATENTO EXHORTO VÍA ELECTRÓNICA que se ordena girar al Juzgado de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, Monterrey, en turno. Comunicación oficial que tiene como finalidad que el juez exhortado, en auxilio de las labores de este Juzgado: Notifique el presente proveído al quejoso ***********, con domicilio que ha quedado precisado con antelación; entregándole para tal efecto copia autentificada con evidencia criptográfica del presente proveído. Genere los oficios respectivos a efecto de notificar la presente determinación a las autoridades que tienen que ver directamente con el acatamiento de la suspensión de plano decretada con antelación y que son las siguientes: Servicios de Salud de Nuevo León. Secretario de Servicios de Salud del Estado de Nuevo León. Director General de Servicios de Salud del Estado de Nuevo León. Director de Recursos Humanos de Servicios de Salud de Nuevo León Dirección Jurídica de Servicios de Salud de Nuevo León Lo anterior atento a que el hospital al cual se encuentra adscrito el ahora quejoso forma parte de las unidades del organismo público descentralizado Servicios de Salud del Estado de Nuevo León. Por tanto, se faculta al Juez de Distrito exhortado para que, con plenitud de jurisdicción, provea lo conducente a fin de lograr la encomienda de que se trata, de conformidad con la ley aplicable, pudiendo disponer que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para su desahogo, incluso, acuerde promociones, recabe copias y habilite días y horas inhábiles. Se solicita al Juez de Distrito exhortado que una vez que sea diligenciada esta comunicación oficial electrónica, la devuelva por la misma vía a este juzgado. Reserva de notificación a restantes autoridades. En razón de lo anteriormente indicado y tomando en cuenta que las autoridades responsables diversas a las citadas en anteriores líneas, por razón de su competencia, no se encuentran vinculadas directamente con el acatamiento de la medida suspensional, la suscrita estima pertinente reservar la notificación correspondiente hasta en tanto se tenga conocimiento de la resolución que se adopte al tema de competencia declinada. Oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala. Finalmente, tomando en consideración que esta demanda se recibió en guardia, mediante oficio que al efecto se gire a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, hágase del conocimiento del contenido del presente auto, a fin de que proceda a realizar la compensación de los asuntos correspondiente. Notifíquese; vía exhorto a la quejosa y a las autoridades sanitarias con residencia en Nuevo León, Monterrey.

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