Elesabh Solís García
Expediente 879/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 879/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Elesabh Solís García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado Certifico que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para el quejoso del veintiséis de diciembre pasado al nueve de enero actual, y para la autoridad responsable del veintidós de diciembre pasado al ocho del mes y año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo número 879/2017; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitado, por lo que no se exhibió billete de depósito. No existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, diez de enero de dos mil dieciocho. doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diez de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este juzgado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEICISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 879/2017, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por el Jefe de Departamento Jurídico, Zona Zacatecas y Fresnillo, de la Comisión Federal de Electricidad (foja 19), así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con la documental exhibida por el organismo desconcentrado responsable (foja 22). A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la probanza referida, la cual será tomada en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario certifica que ninguna de las partes los formuló. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 879/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de octubre de de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Elesabh Solís García, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Federal de Electricidad. ACTO RECLAMADO: - El corte de suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en el número ochenta y cinco de la calle Adolfo López Mateos, de la comunidad de La Cantera, Fresnillo, Zacatecas. Acto que consideró violatorio del derecho fundamental contenido en los artículos 1, 13, 14, 16, 17, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 6 a 9), se registró el juicio con el expediente 879/2017 y se requirió a la quejosa para que precisara la fecha de conocimiento del acto reclamado. Mediante escrito recibido el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, la peticionaria del amparo precisó que la fecha de conocimiento del acto reclamado había sido el cuatro de octubre de dos mil diecisiete (foja 10). En acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete (fojas 13 a 15), se admitió a trámite la demanda, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a un organismo desconcentrado que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - La negativa de restablecer el suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en el número 85 de la calle Adolfo López Mateos de la comunidad de La Cantera, Fresnillo, Zacatecas. Lo precisado, en virtud de que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la inconformidad toral descansa en el hecho de que, una vez que fue cortado el servicio de energía referido, se ha impedido dicho suministro, sin que hubiera sido declarada culpable de ilícito alguno. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Jefe de Departamento Jurídico, zona Zacatecas y Fresnillo, de la Comisión Federal de Electricidad negó la existencia del acto reclamado, sobre la base de que el servicio de energía eléctrica involucrado no le pertenece a la quejosa y que lo reclamado no constituye un acto de autoridad (foja 19). Lo anterior implica la certeza del acto reclamado, pues no se niega su existencia, sino la legitimación de la quejosa para combatirlo a través del juicio de amparo. Así, indirectamente se aceptó la existencia del servicio de energía eléctrica objeto de la demanda de amparo y que se interrumpió el suministro respectivo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En ese contexto, debe sobreseerse en el juicio en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que la quejosa carece de interés jurídico o legítimo para combatir los preceptos que reclama. En efecto, la disposición citada establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de garantías, ya que cuando las prerrogativas que tiene el gobernado reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo faculta a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. En ese sentido, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo se integra por: a) Un derecho legítima o jurídicamente tutelado, y b) un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página: 60: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Lo anterior debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones, pues debe ser patente la existencia del derecho involucrado y su afectación, a fin de que, en consecuencia, pueda ser eficaz la ejecutoria que, en su caso, conceda el amparo. Es ilustrativa de lo anterior, por la razón que informa, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, página 225: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En consecuencia, la legitimación para promover el juicio de amparo descansa en que se acredite que el acto reclamado causa un perjuicio al amparista en un derecho jurídica o legítimamente tutelado. En esta instancia constitucional, como se precisó, la quejosa combate la negativa de restablecer el suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en el número 85 de la calle Adolfo López Mateos de la comunidad de La Cantera, Fresnillo, Zacatecas, con número de contrato 15DP53B411510405. De tal manera que la legitimación base de la demanda de amparo se integra por la titularidad del servicio de energía eléctrica involucrado o por ser titular del derecho de posesión del inmueble en que se tiene contratado; pues solo en esos supuestos sería patente una afectación directa derivada del corte y falta de restablecimiento del suministro respectivo. Así, los derechos citados integran un interés jurídico, pues se trata de prerrogativas respecto de las que deben existen titulares concretos y exclusivos. La Comisión Federal de Electricidad exhibió la impresión de la cuenta del servicio de energía eléctrica base de la demanda de amparo (foja 22). De dicho documento, se advierte que aparece como titular Carlos Solís Medina. En ese sentido, la quejosa no allegó prueba alguna al presente juicio relativo a acreditar que es titular del servicio citado o que tiene el derecho de posesión del inmueble relativo. Lo anterior es relevante, puesto que la amparista partió del hecho de que el suministro de energía eléctrica se encontraba a nombre de su fallecido padre; sin que se hubiera acreditado tal filiación ni que dicha persona ha fallecido, a efecto de evaluar la posibilidad de que se acreditara el interés jurídico materia de la instancia en esos términos. Con todo, al no ser la titular del contrato respectivo, como se expuso, el derecho de posesión del inmueble objeto del servicio citado constituye la prerrogativa base de la legitimación de la promoción del juicio de amparo; lo que no se acreditó en la especie, pues no ofreció ningún medio de convicción tendente a demostrarlo. En suma, no se demostró de manera fehaciente la existencia del derecho subjetivo base de la reclamación, a efecto de que fuera patente el perjuicio generado por el acto reclamado. Lo anterior teniendo como directriz que la legitimación en el juicio de amparo, en particular, el interés jurídico, debe acreditarse fehacientemente, por lo que no puede inferirse de presunciones; y en el caso, estimar acreditado tal presupuesto procesal respecto de la quejosa, implicaría presumirlo únicamente de lo afirmado en la demanda de amparo, lo que revela que no existiría prueba plena. En conclusión, se sobresee en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XII del numeral 61 de dicho ordenamiento. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elesabh Solís García contra el acto reclamado de la Comisión Federal de Electricidad, consistente en la negativa de restablecer el suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en el número 85 de la calle Adolfo López Mateos de la comunidad de la Cantera, Fresnillo, Zacatecas; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICO: Que se encuentran señaladas las diez horas con veinte minutos de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con veinte minutos de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio; asimismo, que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado remitido por la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, con sede en Zacatecas. Por tanto, para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada de este día, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
- Principal
El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad certifico: Que se encuentran señaladas las once horas con diez minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con una promoción con folio 15485. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad del estado de Zacatecas; con dicho ocurso dese vista a las partes para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con lo previsto por el ordinal 9 de la ley de la materia invocada, téngase como delegados de la citada autoridad a los profesionistas que menciona y como domicilio para oír notificaciones el que igualmente indica en su comunicado. Por otra parte, vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las once horas con diez minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, sin embargo, a fin de dar oportunidad a que las partes se impongan del informe justificado rendido por la citada responsable, con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
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