Elena Marisa Ríos Vega

Expediente 1022/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1022/2016
Año
2016
Actuaciones
19
Última actuación
03/03/2017

Partes del expediente

  • Elena Marisa Ríos Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    En tres de marzo de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICA: Que el acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, fue notificado por medio de lista a la parte quejosa el quince siguiente (foja 31), por lo que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del trece al veinticuatro del presente mes y año, sin que haya sido recurrida la mencionada resolución. Asimismo se certifica lo siguiente: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no obran documentos originales. Conste. En la misma fecha el Secretario da cuenta a la Juez con el estado de autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de marzo de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida el auto de nueve de febrero de dos mil diecisiete, en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia (fojas 137 a 138); con apoyo en lo previsto por el citado numeral y el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado. En tales condiciones, al no requerir ejecución material el fallo de que se trata, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que tanto presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud a que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y a la diversa con calidad de tercera interesada; y, por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. /manuelcc

  2. Principal

    En nueve de febrero de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el folio 1856 (con anexo) y con el estado de autos.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de febrero de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por el cual, en cumplimiento al requerimiento contenido en auto de dos del presente mes y año, remite copia certificada de la constancia de notificación practicada a la aquí quejosa Elena Marisa Ríos Vega, del laudo de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, dictado en los autos del expediente laboral 307/2013. Ahora bien, la suscrita advierte que durante la tramitación del presente juicio, se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En efecto, de la demanda de amparo de la que emana el presente sumario, se desprende que la parte quejosa reclamó la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 307/2013, por parte de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, en virtud a que a la fecha de la presentación de su libelo constitucional, dicha autoridad no había pronunciado dicha resolución. Ahora bien, mediante acuerdo de dos de febrero del presente año, se tuvo a la autoridad responsable de que se trata, remitiendo copia certificada del laudo de veinticinco de enero del año en curso; documental que al igual que la constancia de notificación que se recibe en el presente auto, se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En ese contexto, cabe decirse que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo y durante la tramitación del presente juicio, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, dictó el laudo en los autos del expediente laboral 307/2013, donde a la aquí quejosa le reviste el carácter de parte demandante. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha en que se actúa han cesado los efectos del acto de omisión que se reclama, dado que durante la substanciación de este juicio, la autoridad responsable ha cumplido con las obligaciones que le impone el artículo 17 constitucional, que consagra las garantías relativas a la impartición de justicia pronta y expedita; por tanto, al haber procedido en los términos apuntados la referida autoridad, es inconcuso que ello se traduce en que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó vulneradas en su perjuicio y por ello, concluirse que en el caso que nos ocupa, cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, por tanto, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia; lo anterior, en observancia al principio de prontitud en la impartición de justicia que se consagra en el ordinal 17, de la Constitución General de la República. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desviartuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; hágase la presente determinación del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y a la diversa con carácter de tercera interesada; y, personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. /manuelcc

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO:" Téngase por recibido el oficio de la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por el cual, en cumplimiento al requerimiento contenido en auto de dos del presente mes y año, remite copia certificada de la constancia de notificación practicada a la aquí quejosa Elena Marisa Ríos Vega, del laudo de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, dictado en los autos del expediente laboral 307/2013. Ahora bien, la suscrita advierte que durante la tramitación del presente juicio, se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En efecto, de la demanda de amparo de la que emana el presente sumario, se desprende que la parte quejosa reclamó la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 307/2013, por parte de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, en virtud a que a la fecha de la presentación de su libelo constitucional, dicha autoridad no había pronunciado dicha resolución. Ahora bien, mediante acuerdo de dos de febrero del presente año, se tuvo a la autoridad responsable de que se trata, remitiendo copia certificada del laudo de veinticinco de enero del año en curso; documental que al igual que la constancia de notificación que se recibe en el presente auto, se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En ese contexto, cabe decirse que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo y durante la tramitación del presente juicio, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, dictó el laudo en los autos del expediente laboral 307/2013, donde a la aquí quejosa le reviste el carácter de parte demandante. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha en que se actúa han cesado los efectos del acto de omisión que se reclama, dado que durante la substanciación de este juicio, la autoridad responsable ha cumplido con las obligaciones que le impone el artículo 17 constitucional, que consagra las garantías relativas a la impartición de justicia pronta y expedita; por tanto, al haber procedido en los términos apuntados la referida autoridad, es inconcuso que ello se traduce en que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó vulneradas en su perjuicio y por ello, concluirse que en el caso que nos ocupa, cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, por tanto, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia; lo anterior, en observancia al principio de prontitud en la impartición de justicia que se consagra en el ordinal 17, de la Constitución General de la República. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desviartuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; hágase la presente determinación del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. "

  4. Principal

    En ocho de febrero de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas con diez minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González. En la misma fecha, el Secretario da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos se advierte que mediante acuerdo de dos de febrero actual (foja 128), se requirió a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, a fin de que en un plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente en que fuese notificada de dicho proveído, remita la constancia de notificación practicada a la aquí quejosa Elena Marisa Ríos Vega, del laudo de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, dictado en los autos del expediente laboral 307/2013; por tanto, considerando que el término concedido a dicha autoridad se encuentra transcurriendo en virtud a que fue notificada del referido acuerdo el tres de febrero siguiente (foja 131); y a fin de dar oportunidad a ello, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y a la diversa con carácter de tercera interesada; y, por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. /manuelcc

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