Eleomar Salinas Peralta

Expediente 689/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
689/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/08/2023

Partes del expediente

  • Eleomar Salinas Peralta

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el proveído por el cual se DESECHÓ la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 20, fracción IV del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se DESECHÓ la demanda de amparo. Lo anterior, pues el presente asunto no es de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintitrés. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y Autorizados. Sin que haya lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones el señalado, ni por autorizados a los referidos en el escrito de cuenta, pues como se dijo, no existe persona que sea responsable del contenido del escrito de demanda. No obstante a lo anterior, por única ocasión se instruye al actuario judicial de la adscripción notifique el presente auto en el domicilio que se alude en el escrito de demanda. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    AL NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA, SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA EL PROVEIDO DE 05/07/2023.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo electrónica promovida a nombre de Eleomar Salinas Peralta, recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), contra actos del Juez de Control del Acaponeta, Nayari (sic), CRJP Región I (Acaponeta, Huajicori, Tecuala y Rosamorada), y otros. En consecuencia, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) bajo el número 689/2023 y fórmese el expediente electrónico e impreso. En principio, de la certificación de cuenta se aprecia que el escrito de demanda carece de firma autógrafa o en su caso electrónica del directo agraviado; y en su lugar, se desprende la firma electrónica de Eli Laureano Ortega Cruz -autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones-. Además, en dicha demanda no se advierte se reclame alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, o de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO. Previo a la admisión de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; ello, en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal ya que no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, es pertinente precisar que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución. Una vez establecido lo anterior, se considera que en el presente se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6 -este último interpretado en sentido contrario-, todos de la Ley de Amparo, atendiendo el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Como se puede apreciar, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, transcrito no se advierte que contemple una causa específica de improcedencia, sino que contempla la posibilidad de que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, se tiene que el artículo 107, fracción I, de la Constitución, determina que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ello en relación con esa disposición el diverso 6° de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. Asimismo, el diverso numeral 3 del ordenamiento legal antes citado, establece que la demanda de amparo se puede presentar de forma impresa -forma tradicional con firma autógrafa- o mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Con base en lo anterior, resulta conveniente precisar el contenido del dispositivo 2, fracción II del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General Conjunto, se entenderá por: [.]. II. Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL): El Documento Electrónico expedido por alguna de las Autoridades Certificadoras Intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico remitido mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación; [.]". Del numeral transcrito se arriba a la conclusión de que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. En este sentido, es dable tomar en consideración las razones plasmadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 32/2018, por cuanto a que la demanda de amparo presentada en Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con firma electrónica certificada, no implica soslayar el principio de instancia de parte agraviada, sino que únicamente tiene como objetivo simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, de tal manera que incluso la carencia de ésta conlleva a determinar, en los casos previstos que no hay instancia de parte agraviada y que, por tanto, se está facultado para desecharla de plano, incluso sin que ello constituya una irregularidad que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 32/2018 (10a.), del Máximo Tribunal del País, visible en la página 5, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." En ese contexto, se destaca que en el procedimiento la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma ya sea autógrafa o electrónica, lo que no acontece en la especie, toda vez que la demanda de amparo se presentó sin signatura autógrafa original, o en su defecto, la firma electrónica del directo agraviado. Es así, ya que del escrito de demanda se advierte que no obra firma autógrafa de Eleomar Salinas Peralta, la cual, fue presentada de forma electrónica, firmado por Eli Laureano Ortega Cruz -autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones-. Ahora, también se aprecia que en el presente no se actualizan los supuestos del aludido artículo 6, de la ley de la materia, relativo a que el acto reclamado derive de un procedimiento penal en el que se autoriza la promoción de la demanda de amparo, por conducto del defensor o de cualquier persona en los casos en que la propia ley lo permita. Aunado a que no se advierte que Eli Laureano Ortega Cruz - autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones- sea representante legal o apoderado del quejoso; ni que el asunto derive de una causa penal y aquél sea defensor del quejoso. Así, ante la carencia de firma autógrafa o electrónica del quejoso, pues insístase, en el caso concreto no se advierte el acto reclamado encuadre en las hipótesis establecidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo; máxime que del escrito de demanda no se hace referencia a alguna imposibilidad propia de la parte quejosa para firmar la demanda de amparo. Por tanto, se considera que, si la demanda carece de la firma de la parte agraviada, y la misma no se encuentra contemplada en alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o 15 de la Ley de Amparo; por tanto, debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el particular, la firma -autógrafa o electrónica- de la parte agraviada, ya que la firma es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. De ahí que, si ésta no se encuentra suscrita por el interesado, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto de dicho promovente, por lo tanto la demanda resulta improcedente. Deficiencia que no puede mandarse prevenir, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. Por tanto, si la demanda carece de la firma electrónica de la parte directamente agraviada, y tampoco se advierte que ésta se haya presentado en términos y respecto de los actos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo -para en su caso requerir a la directa parte agraviada la ratificación de la demanda en los términos que el aludido artículo establece-; ni se visualiza manifestación alguna de imposibilidad por parte de la directa parte quejosa, para instar el juicio de amparo correspondiente; por ende, es dable considerar la demanda de amparo, como un simple documento, en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer la firma electrónica de la directa parte agraviada, la cual es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del ocurso que suscriben. En mérito de lo anterior, toda vez que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de la parte agraviada, como establece la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en la especie no obra la firma electrónica de la directa parte quejosa Eleomar Salinas Peralta; consecuentemente, debe estimarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, en razón de que dicha circunstancia, entraña su falta de voluntad para promover el juicio de que se trata. Sirve de apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 8/2019 (10a.), del Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3 y 6 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 113 de la Ley de Amparo. Asimismo, cabe destacar el hecho de que se actualice una causa de improcedencia en el presente juicio de amparo, de ninguna manera implica que se esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo cuyo rubro a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.". SOLICITUD PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del aludido Acuerdo General. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Sin que haya lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones el señalado, ni por autorizados a los referidos en el escrito de cuenta, pues como se dijo, no existe persona que sea responsable del contenido del escrito de demanda. No obstante a lo anterior, por única ocasión se instruye al actuario judicial de la adscripción notifique el presente auto en el domicilio que se alude en el escrito de demanda. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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