Elena Luis Altamirano

Expediente 1082/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1082/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Elena Luis Altamirano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la determinación de diez de octubre de dos mil veintidós, en que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha causado estado dicha determinación. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a la autoridad responsable, pues ésta sólo puede interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a la autoridad que se señaló como responsable, como acontece en el presente juicio de amparo. Asimismo, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Ahora, con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, de conformidad con los puntos 8.1.2. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y artículo 21, inciso c), del citado acuerdo general, el original del incidente de suspensión es destruible, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal y original del incidente de suspensión, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Agréguese copia de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, por medio de la cual el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, manifiesta que no le fue posible llevar a cabo la notificación personal ordenada en proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, a la parte quejosa, por las razones que ahí expone. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la notificación del presente proveído y del diverso de diez de octubre del año en curso, por lista de acuerdos, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal. Notifíquese como está ordenado. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintidós. Informe justificado. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Presidente de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. Ahora bien, del informe rendido por la autoridad responsable se advierte que acepta la existencia de los actos reclamados y hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el quince de agosto de dos mil veintidós declaró cerrada la instrucción en autos del expediente 647/2022 (J. 32/0466/2022) de su índice, auto que fue notificado a las partes mediante boletín laboral el diecisiete de agosto de dos mil veintidós y que, debido a la carga de trabajo que opera en dicha Junta no ha podido emitir el laudo correspondiente. Se sobresee fuera de audiencia. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo, origen del sumario constitucional en que se actúa, se advierte que los actos reclamados consisten en: Paralización del procedimiento especial laboral del expediente (J. 32/0466/2022). Omisión de emitir el laudo correspondiente. De lo anteriormente puntualizado, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación. En ese sentido, los actos reclamados en esta instancia, tienen naturaleza eminentemente procesal, por lo que las eventuales afectaciones no se consideran de aquellas que menciona el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, debe entenderse que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos. Esto es, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así pues, en el particular, la quejosa combate afectaciones cometidas dentro del procedimiento laboral, pues reclama la paralización del procedimiento especial laboral del expediente (J. 32/0466/2022) y la omisión de emitir el laudo correspondiente. No obstante lo anterior, como se puso de manifiesto, dichos actos no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se tratan de una dilación y omisión autónomas al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se dan justamente dentro de éste, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta, esto es, la afectación de modo directo e inmediato a un derecho sustantivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias Constitucional, Común, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, Décima Época, registro 2011580, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia, que indica: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Ahora, conforme a la jurisprudencia transcrita, el juicio de amparo indirecto será procedente contra violaciones a los artículos 8, 14 y 17 Constitucionales, siempre que se trate de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, lo que no acontece en el caso, pues se considera que para que se actualice una abierta dilación del procedimiento, se debe producir una afectación material a derechos sustantivos, al ser únicamente una lesión formal que no trasciende en el juicio laboral de origen. Para sostener lo anterior, es importante resaltar que a efecto de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas a la materia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó mediante la contradicción de tesis 294/2018, que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. En ese sentido, el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo fija el plazo siguiente: "Articulo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Tribunal deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, el Tribunal notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera". Por tanto, si la parte quejosa se duele de la paralización del procedimiento de origen (J. 32/0466/2022) y la omisión de emitir el laudo correspondiente, se evidencia que no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Lo anterior, por las siguientes razones: La autoridad responsable, remitió como apoyo a su informe justificado copia certificada del auto de quince de agosto de dos mil veintidós emitido en el juicio laboral en cita, por el que declaró cerrada la instrucción y turnó el expediente al auxiliar de trámite para la emisión del laudo respectivo, el cual, fue notificado por boletín el diecisiete siguiente. De ahí, que de la última actuación de la autoridad responsable en el juicio de origen, esto es, el quince de agosto del año en curso a la presentación de la demanda, a saber, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, no había transcurrido cuarenta y cinco días naturales como lo indica el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que se evidencia, que únicamente transcurrieron treinta y cinco días naturales. Por tanto, queda claro que del contenido de la demanda de amparo no se desprenden elementos objetivos para que se pueda evidenciar que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En ese sentido, los actos que en esta vía se combate, tienen naturaleza eminentemente procesal, por lo que la eventual afectación no se consideran de imposible reparación que menciona el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En primer lugar, debe entenderse que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos. Esto es, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por ende, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de secuela procesal. Lo anterior es así, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, en el caso, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte. De la ejecutoria en comento derivó la jurisprudencia número 2a./J 33/2019 (10a), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, bajo el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En razón de lo antes expuesto, a la fecha existe criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De ahí, como se anticipó, los actos aquí reclamados no generan una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dichos actos no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Carta Magna, por lo que tienen el carácter de adjetivos pues no existe una dilación de procedimiento. En ese contexto y con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, 63 fracción V, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto. Sin que el sobreseimiento de que se trata cause agravio a la quejosa o la prive de defensa, pues, ni aun celebrándose ésta, la agraviada podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable; razones por las cuales, el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia. En mérito de lo anterior, se dejan sin efecto la fecha y hora señaladas en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós (fojas 10 a 15), para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las once horas con doce minutos del veinte de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintidós. Informe justificado. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Presidente de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. Ahora bien, del informe rendido por la autoridad responsable se advierte que acepta la existencia de los actos reclamados y hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el quince de agosto de dos mil veintidós declaró cerrada la instrucción en autos del expediente 647/2022 (J. 32/0466/2022) de su índice, auto que fue notificado a las partes mediante boletín laboral el diecisiete de agosto de dos mil veintidós y que, debido a la carga de trabajo que opera en dicha Junta no ha podido emitir el laudo correspondiente. Se sobresee fuera de audiencia. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo, origen del sumario constitucional en que se actúa, se advierte que los actos reclamados consisten en: Paralización del procedimiento especial laboral del expediente (J. 32/0466/2022). Omisión de emitir el laudo correspondiente. De lo anteriormente puntualizado, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación. En ese sentido, los actos reclamados en esta instancia, tienen naturaleza eminentemente procesal, por lo que las eventuales afectaciones no se consideran de aquellas que menciona el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, debe entenderse que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos. Esto es, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así pues, en el particular, la quejosa combate afectaciones cometidas dentro del procedimiento laboral, pues reclama la paralización del procedimiento especial laboral del expediente (J. 32/0466/2022) y la omisión de emitir el laudo correspondiente. No obstante lo anterior, como se puso de manifiesto, dichos actos no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se tratan de una dilación y omisión autónomas al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se dan justamente dentro de éste, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta, esto es, la afectación de modo directo e inmediato a un derecho sustantivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias Constitucional, Común, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, Décima Época, registro 2011580, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia, que indica: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Ahora, conforme a la jurisprudencia transcrita, el juicio de amparo indirecto será procedente contra violaciones a los artículos 8, 14 y 17 Constitucionales, siempre que se trate de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, lo que no acontece en el caso, pues se considera que para que se actualice una abierta dilación del procedimiento, se debe producir una afectación material a derechos sustantivos, al ser únicamente una lesión formal que no trasciende en el juicio laboral de origen. Para sostener lo anterior, es importante resaltar que a efecto de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas a la materia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó mediante la contradicción de tesis 294/2018, que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. En ese sentido, el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo fija el plazo siguiente: "Articulo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Tribunal deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, el Tribunal notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera". Por tanto, si la parte quejosa se duele de la paralización del procedimiento de origen (J. 32/0466/2022) y la omisión de emitir el laudo correspondiente, se evidencia que no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Lo anterior, por las siguientes razones: La autoridad responsable, remitió como apoyo a su informe justificado copia certificada del auto de quince de agosto de dos mil veintidós emitido en el juicio laboral en cita, por el que declaró cerrada la instrucción y turnó el expediente al auxiliar de trámite para la emisión del laudo respectivo, el cual, fue notificado por boletín el diecisiete siguiente. De ahí, que de la última actuación de la autoridad responsable en el juicio de origen, esto es, el quince de agosto del año en curso a la presentación de la demanda, a saber, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, no había transcurrido cuarenta y cinco días naturales como lo indica el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que se evidencia, que únicamente transcurrieron treinta y cinco días naturales. Por tanto, queda claro que del contenido de la demanda de amparo no se desprenden elementos objetivos para que se pueda evidenciar que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En ese sentido, los actos que en esta vía se combate, tienen naturaleza eminentemente procesal, por lo que la eventual afectación no se consideran de imposible reparación que menciona el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En primer lugar, debe entenderse que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos. Esto es, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por ende, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de secuela procesal. Lo anterior es así, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, en el caso, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte. De la ejecutoria en comento derivó la jurisprudencia número 2a./J 33/2019 (10a), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Laboral, bajo el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En razón de lo antes expuesto, a la fecha existe criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De ahí, como se anticipó, los actos aquí reclamados no generan una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dichos actos no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Carta Magna, por lo que tienen el carácter de adjetivos pues no existe una dilación de procedimiento. En ese contexto y con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, 63 fracción V, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto. Sin que el sobreseimiento de que se trata cause agravio a la quejosa o la prive de defensa, pues, ni aun celebrándose ésta, la agraviada podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable; razones por las cuales, el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia. En mérito de lo anterior, se dejan sin efecto la fecha y hora señaladas en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós (fojas 10 a 15), para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las once horas con doce minutos del veinte de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Incidental

    Por lo expuesto, fundado y, con apoyo además, en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: Único. Se niega a Elena Luis Altamirano, la suspensión definitiva de los actos reclamados, materia de esta litis incidental; en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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