Eleno Ávila Medina

Expediente 129/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
129/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Eleno Ávila Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, doce de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de este expediente, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de inconformidad en contra del acuerdo del cuatro de julio pasado, en el que se declaró cumplida la sentencia; en consecuencia, téngase por precluido ese derecho y se declara firme el citado proveído; archívese el expediente como asunto concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 18 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, en virtud de que de la certificación inicial se advierte que las partes no los exhibieron. Finalmente, se ordena la devolución del tomo de pruebas al Tribunal Unitario Agrario Distrito 51, con sede en esta ciudad; solicítese el acuse de recibo. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, cuatro de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guarda este expediente, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa y tercero interesado en acuerdo del veinticuatro de junio de dos mil veintidós a efecto de que manifestaran lo que estimaran pertinente con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a determinar si el fallo protector se encuentra cumplido. En ese sentido, se precisa que mediante resolución del veintisiete de mayo del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al impetrante XXXX contra los actos que reclamó del Tribunal Unitario Agrario Distrito 51, con residencia en esta ciudad. Luego, en proveído del veinte de junio pasado se declaró ejecutoriada dicha resolución, oportunidad en la que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, en el entendido de que la concesión fue para el efecto siguiente: ".deje insubsistente el auto del ocho de abril de dos mil veintiuno emitido en el juicio agrario XXX, de su índice; y en su lugar dicte otro en el que requiera el cumplimiento de la sentencia, en términos del artículo 191 de la Ley Agraria". Así las cosas, mediante oficio recibido en este órgano de control el veintitrés de junio de dos mil veintidós, la citada autoridad remitió copia certificada del acuerdo del veintidós del mismo mes y año, dictado en el expediente agrario XXX, de donde se desprende que dejó insubsistente el punto segundo del acuerdo del ocho de abril del año actual relativo a la solicitud de ejecución de sentencia y en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Agraria requirió al tercero interesado XXX para que desocupara y entregara a favor del impetrante la parcela XXXX del ejido "Iguala". Con lo anterior, en proveído del veinticuatro de junio del año actual se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado para que manifestaran lo que estimaran pertinente, apercibidos que de no hacerlo así, este órgano jurisdiccional resolvería lo procedente, sin que se hayan pronunciado al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el citado apercibimiento y este Juzgado de Distrito se pronuncia sobre el cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, del contenido de la constancia remitida por el tribunal agrario, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la normativa de la materia, se advierte que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Lo que se afirma así, en virtud que la autoridad responsable dejó insubsistente el punto segundo del acuerdo del ocho de abril del año actual relativo a la solicitud de ejecución de sentencia y, en términos de lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Agraria, requirió al tercero interesado David Velázquez Villa para que desocupara y entregara a favor del quejoso la parcela 389 Z-1P-1/1 del ejido "Iguala", apercibiéndolo que de incumplir con lo ordenado aplicaría la medida de apremio consistente en una multa y ordenaría la ejecución forzosa con inclusión de la ruptura de chapas y el auxilio de la fuerza pública. En ese contexto, se considera que al dar cumplimiento a la sentencia de amparo la citada autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en su ejecución al limitar su actuación a lo ordenado en el fallo protector, acatando en sus términos los efectos para los cuales fue concedida la protección de la Justicia de la Unión, tal como quedó señalado en párrafos precedentes. En relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, y 196 de la Ley de Amparo, se considera que la quejosa fue restituida en el goce de sus derechos vulnerados y, por ende, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la sentencia. Una vez que transcurra el plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, acuérdese lo conducente con relación al archivo de este asunto. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Citatorio. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso el proveído del cuatro de julio de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, cuatro de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guarda este expediente, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa y tercero interesado en acuerdo del veinticuatro de junio de dos mil veintidós a efecto de que manifestaran lo que estimaran pertinente con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a determinar si el fallo protector se encuentra cumplido. En ese sentido, se precisa que mediante resolución del veintisiete de mayo del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al impetrante XXXX contra los actos que reclamó del Tribunal Unitario Agrario Distrito 51, con residencia en esta ciudad. Luego, en proveído del veinte de junio pasado se declaró ejecutoriada dicha resolución, oportunidad en la que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, en el entendido de que la concesión fue para el efecto siguiente: ".deje insubsistente el auto del ocho de abril de dos mil veintiuno emitido en el juicio agrario XXX, de su índice; y en su lugar dicte otro en el que requiera el cumplimiento de la sentencia, en términos del artículo 191 de la Ley Agraria". Así las cosas, mediante oficio recibido en este órgano de control el veintitrés de junio de dos mil veintidós, la citada autoridad remitió copia certificada del acuerdo del veintidós del mismo mes y año, dictado en el expediente agrario XXX, de donde se desprende que dejó insubsistente el punto segundo del acuerdo del ocho de abril del año actual relativo a la solicitud de ejecución de sentencia y en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Agraria requirió al tercero interesado XXX para que desocupara y entregara a favor del impetrante la parcela XXXX del ejido "Iguala". Con lo anterior, en proveído del veinticuatro de junio del año actual se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado para que manifestaran lo que estimaran pertinente, apercibidos que de no hacerlo así, este órgano jurisdiccional resolvería lo procedente, sin que se hayan pronunciado al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el citado apercibimiento y este Juzgado de Distrito se pronuncia sobre el cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, del contenido de la constancia remitida por el tribunal agrario, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la normativa de la materia, se advierte que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Lo que se afirma así, en virtud que la autoridad responsable dejó insubsistente el punto segundo del acuerdo del ocho de abril del año actual relativo a la solicitud de ejecución de sentencia y, en términos de lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Agraria, requirió al tercero interesado David Velázquez Villa para que desocupara y entregara a favor del quejoso la parcela 389 Z-1P-1/1 del ejido "Iguala", apercibiéndolo que de incumplir con lo ordenado aplicaría la medida de apremio consistente en una multa y ordenaría la ejecución forzosa con inclusión de la ruptura de chapas y el auxilio de la fuerza pública. En ese contexto, se considera que al dar cumplimiento a la sentencia de amparo la citada autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en su ejecución al limitar su actuación a lo ordenado en el fallo protector, acatando en sus términos los efectos para los cuales fue concedida la protección de la Justicia de la Unión, tal como quedó señalado en párrafos precedentes. En relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, y 196 de la Ley de Amparo, se considera que la quejosa fue restituida en el goce de sus derechos vulnerados y, por ende, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la sentencia. Una vez que transcurra el plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, acuérdese lo conducente con relación al archivo de este asunto. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe".

  4. Principal

    En Iguala de la Independencia, Guerrero, a las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo ****************, promovido por ***********, por derecho propio, el Juez José Álvaro Vargas Ornelas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria adscrita a este Juzgado Federal, procede a su verificativo. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, reproduce todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó el Tribunal Unitario Agrario Distrito 51, con residencia en esta ciudad, y certifica que las demás partes no ofrecieron medio de convicción alguno. El Juez acuerda: se tiene a la autoridad responsable citada ofreciendo las constancias referidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y se tiene por perdido el derecho de los restantes sujetos procesales para hacerlo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para alegar. Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra este periodo. Sin diligencias pendientes por practicar se dio por concluida esta audiencia, de la que se realiza acta para constancia legal. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 129/2022-I; y, R E S U L T A N D O: I.Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, recibido en esa misma fecha en este órgano de control, ******, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra un acto del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 51, con residencia en esta ciudad. II. En auto del cuatro de mayo siguiente se ordenó registrar el expediente con el consecutivo 129/2022-I, se admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad en los artículos 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que ejerce jurisdicción dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular, aunado a que al ser un órgano de control que no tiene jurisdicción especial, debe conocer de todos los asuntos a que se refieren los artículos del capítulo II de la citada normativa orgánica. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama: - El auto del ocho de abril de dos mil veintidós dictado en el expediente ********** del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 51, con residencia en esta ciudad, en el cual, la citada responsable negó acordar de conformidad la petición realizada por el quejoso a fin de que dictara las medidas necesarias para ejecutar la sentencia dictada en el citado asunto. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario Distrito 51, con residencia en esta ciudad, en virtud de que lo aceptó de manera expresa; certeza que se acredita con la copia certificada del expediente *********, la cual remitió en apoyo a su informe; documental que tiene valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Por tratarse de una cuestión de estudio preferente y de orden público, en el caso se analizará la procedencia del juicio por así disponerlo expresamente el artículo 62 de la normativa de la materia. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna ni de oficio se advierte que se actualice, por lo que se procede al estudio de fondo de asunto. QUINTO. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en este apartado, en virtud de que la ley de amparo no obliga a transcribirlos. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Los conceptos de violación, suplidos a favor de la parte quejosa en términos del artículo 79, fracción IV, inciso b) de la Ley de Amparo, son fundados. En efecto, la parte quejosa sostiene en lo medular que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio los derechos humanos al debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, y que omite aplicar los artículos 164, 181 y 191 de la Ley Agraria, aunado a que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. En ese sentido, conviene precisar que el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el derecho fundamental de tutela jurisdiccional o acceso a la justicia, que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa y en su caso, se ejecute esa decisión. Tal postulado descansa en los siguientes principios: 1.Justicia pronta: a través de la cual las autoridades se encuentran constreñidas a dirimir los conflictos sometidos a su potestad, dentro de los términos y plazos que para tal efecto prevean las leyes; 2.Justicia completa: la autoridad que conoce del asunto, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, resuelve si asiste razón al gobernado sobre los derechos en disputa, analizando todos y cada uno de los puntos debatidos; 3.Justicia imparcial: descansa en brindar certeza y seguridad jurídica al gobernado de que el fallo que se emita en la controversia de la cual forma parte, esté apegado a derecho y no exista inclinación hacia alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4.Justicia gratuita: radica en que los órganos del Estado y los funcionarios encargados de su impartición no cobrarán a las partes en contienda contribución alguna. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, tomo XXVI, octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 171257, Novena Época, de título: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". De lo expuesto, se evidencia que el derecho fundamental de tutela judicial efectiva implica que la ejecución del fallo o sentencia que se emita debe ser completa, perfecta, integral y sin demora, dado que se trata de una cuestión de orden público. Asimismo, el derecho fundamental de acceso a la justicia no se limita a obtener una sentencia en el cual se dirima la litis planteada, sino que conlleva su cumplimiento, dado que la figura de cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales del derecho a la seguridad jurídica, en la medida que el sometimiento a sus consecuencias constituye la base esencial de un Estado de derecho. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 151, libro 48, noviembre de 2017, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2015591, de rubro: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN". Ahora bien, del artículo 191 de la Ley Agraria, se desprende que los tribunales agrarios están obligados a proveer la eficaz e inmediata ejecución y cumplimiento de sus sentencias, encontrándose inclusive facultados para hacer uso de todas las medidas que estimen necesarias para tal fin. Lo anterior, encuentra explicación en el hecho de que el cumplimiento de las sentencias dictadas por los tribunales agrarios es de orden e interés público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracciones VII y XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que establece el beneficio de la garantía social a la población campesina y salvaguarda, en su fracción VII, la propiedad sobre la tierra perteneciente a los grupos de población ejidal y comunal, reconociéndoles personalidad jurídica y la oportunidad legal de defender sus derechos, pues para garantizar la seguridad jurídica y la impartición de justicia en materia agraria, entre otros aspectos, el Constituyente, a través de la fracción XIX, reguló la creación de los tribunales federales agrarios, de plena jurisdicción, dotados de autonomía para resolver, con apego a la ley, de manera expedita, los conflictos agrarios. Dispositivo que se encuentra estrechamente vinculado al aludido artículo 17 constitucional, pues como quedó expuesto, los tribunales están obligados a impartir justicia de manera pronta y expedita, sustanciando los asuntos dentro de los plazos y términos legales, y que las leyes federales y locales deben establecer los medios necesarios para que se garantice la plena ejecución de las resoluciones. Luego, la vinculación de ambas disposiciones lleva a concluir que, por la importancia del principio social establecido constitucionalmente, se impone la obligación para el tribunal jurisdiccional que emite una resolución en materia agraria, de vigilar, de oficio, su íntegro cumplimiento. Lo anterior se justifica plenamente si se toma en consideración que ello reviste gran trascendencia para la vida jurídica institucional del país, no sólo por el interés social que existe para que la verdad legal prevalezca en aras de la concordia, tranquilidad y seguridad de los ejidatarios, sino porque, esencialmente, constituye una forma de hacer imperar el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previsto en el mencionado artículo 27, que es el sustento y finalidad de la organización del sector campesino y rural de nuestro país. Tan es así que, como se adelantó, el artículo 191 de la Ley Agraria prevé que los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes. En ese contexto, se concluye que los preceptos indicados sustentan la imperiosa necesidad jurídica de que la sentencia agraria sea plenamente cumplida y que el tribunal agrario que la emitió esté constreñido a vigilar, de oficio, que las partes la acaten, a proveer su eficaz e inmediata ejecución, a fijar sus alcances, a determinar quiénes están vinculados con su acatamiento, y en su momento, a emitir la resolución fundada y motivada que la declare cumplida. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con número de registro electrónico 180430 de título, subtítulo y texto siguientes: "TRIBUNALES AGRARIOS. ESTÁN OBLIGADOS A PROVEER DE OFICIO LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DE SUS SENTENCIAS". En el caso, de las constancias relativas al acto reclamado se advierte que mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el siete de abril de dos mil veintidós, el quejoso ******* solicitó el cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente 64/2021 y que se dictaran todas las medidas necesarias para ello, petición a la cual recayó el acuerdo del ocho de abril pasado, donde la responsable respondió que no había lugar a acordar de conformidad, pues consideró que las partes lo terminaron por la vía de conciliación y que en el convenio celebrado para tal efecto el diez de noviembre de dos mil veintiuno, el cual fue calificado de legal y elevado a categoría de sentencia, las partes no pactaron la ejecución forzosa. Determinación que constituye el acto reclamado. Resulta conveniente precisar que en la sentencia dictada en el juicio de origen, la autoridad responsable calificó de legal y aprobó el convenio celebrado por las partes y lo elevó a categoría de sentencia con el carácter de cosa juzgada, por lo que conminó a las partes a estar y pasar por él en todo lugar y tiempo en términos de lo expresamente convenido. Ahora, si bien en las cláusulas del citado pacto de voluntades no se acordó la ejecución forzosa de la sentencia, ello de modo alguno justifica la contravención al referido artículo 191 de la Ley Agraria. Por lo que fue incorrecta la determinación de la autoridad responsable al negar acordar de conformidad la petición del quejoso para lograr la ejecución de la sentencia, pues en estricto apego al artículo 191 de la normativa que rige el acto reclamado no existe razón para que no se procure su ejecución, lo que pone de manifiesto la transgresión a los derechos fundamentales del promovente, pues considerar lo contrario conlleva a su contravención. En las condiciones anotadas, al resultar fundados los conceptos de violación en estudio, esto en suplencia de la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo, por haberse trasgredido en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano contenido en el artículo 17 constitucional; lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada para el único efecto de que la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 51, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente el auto del ocho de abril de dos mil veintiuno emitido en el juicio agrario 64/2021, de su índice; y en su lugar dicte otro en el requiera el cumplimiento de la sentencia, en términos del artículo 191 de la Ley Agraria. R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso *********, contra el acto que reclamó a la autoridad precisada en el considerando segundo y para los efectos indicados en el diverso cuarto de este fallo. Notifíquese por lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Monserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien da fe. Doy fe.

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