Elena Terán Ávila

Expediente 363/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
363/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
06/12/2021

Partes del expediente

  • Elena Terán Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiuno de abril del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio promovido por ******, por derecho propio y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales E.G.C.C., J.A.C.C., y A.D.C.C.; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación aplicable, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria; glósese el original del incidente de suspensión relativo y archívese el expediente como asunto concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, es depurable toda vez que en este último se concedió la suspensión provisional y definitiva. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo; se previene a la quejosa, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de su notificación comparezca a este juzgado por sí o por persona autorizada, a recoger los documentos que exhibió en su escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo, serán depurados. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Por otra parte, una vez que este expediente cumpla seis meses de archivo como asunto concluido, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Finalmente, agréguese a los autos el oficio del Administrador Postal de Correos de México en esta ciudad, atento a su contenido y toda vez que los acuses ya obran agregados en el expediente en el que se actúa y en el electrónico; por tanto, se tiene al oficiante dado cumplimiento al requerimiento formulado en auto del diez de junio anterior. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    1. Iguala de la Independencia, Guerrero, diez de junio de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan las actuaciones, se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios 4040, 4041, 4042, 4043 y 4044, dirigidos a diversas autoridades, mediante los cuales se ordenó la notificación de la sentencia de este sumario constitucional; consecuentemente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de la Oficina de Correos de México de esta ciudad, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, informe el trámite dado a los mismos, los cuales fueron enviados mediante factura del siete de mayo de dos mil veintiuno; al efecto, remítase copia simple de la misma. Se previene al requerido que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, con apoyo en el artículo 259, en relación al diverso 237, fracción I, de la legislación aplicable, se le aplicará una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido dígasele que una vez que cause ejecutoria el fallo definitivo emitido en autos se acordará lo conducente. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    1. veintiuno de abril de dos mil veintiuno 363/20191-Divb, *** *** *** V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 363/2019-I; y, R E S U L T A N D O I.*** *** ***, por derecho propio, y en representación de los menores *** *** ***, de apellidos *** ***, por escrito recibido en este Juzgado Federal el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso de la Unión (Cámara de Senadores) y otras autoridades. II. Previa declaratoria de incompetencia de este órgano de control, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, en resolución del treinta de enero de dos mil veinte, relativa al conflicto competencial 20/2019, determinó que este Jugado Federal debía conocer de la demanda relativa. III. Ante lo anterior, en auto del dieciocho de febrero de dos mil veinte, este Juzgado Federal admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado trató de ejecutarse dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se indica que los actos reclamados en la demanda de amparo se hacen consistir en: 1. La iniciativa, discusión, aprobación, sanción y promulgación del artículo 18, fracción VII, de la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y 2. La resolución del once de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en el expediente 368647. TERCERO. La Cámara de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, y las diversas autoridades Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Justicia Militar, y Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, todos en la Ciudad de México, aun cuando negaron los actos que se les atribuyen, se tienen por ciertos; esto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitieron en apoyo a sus informes justificados. CUARTO. Respecto a los actos reclamados consistentes en la iniciativa, discusión, aprobación, sanción y promulgación del artículo 18, fracción VII, de la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con lo dispuesto en los diversos 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, ya que la impetrante no acreditó la existencia del que señaló como primer acto de aplicación del citado precepto, en su perjuicio. De dichos numerales se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior a su entrada en vigor, para afectar el interés legítimo o jurídico del quejoso. En tales términos, cabe destacar que dentro de nuestro sistema jurídico, las normas generales pueden generar esa afectación en dos momentos distintos; a saber: a) Por su sola entrada en vigor (normas autoaplicativas). b) Con motivo de su primer acto de aplicación (normas heteroaplicativas). En el primer momento, es suficiente que las personas se ubiquen dentro de los supuestos previstos en un ordenamiento jurídico, que por su sola expedición les imponga una determinada obligación de dar, hacer o no hacer, provocando así la afectación a su esfera jurídica, al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas, es decir, sin condicionar su individualización; en este caso, la acción constitucional debe ejercerse dentro del plazo de treinta días contados a partir del inicio de su vigencia, acorde a lo previsto en la fracción I, del artículo 17 de la Ley de Amparo. Cabe señalar que las leyes autoaplicativas, también pueden ser impugnadas con motivo de su primer acto de aplicación, una vez que transcurrieron los treinta días para que sean impugnadas con motivo de su entrada en vigor, porque los gobernados se colocan dentro de la hipótesis que se prevé de forma automática al realizar un acto. En el segundo momento, se requiere la existencia de un acto concreto de aplicación de la norma, para que se produzca la afectación en su esfera de derechos, al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas; esto es, se condiciona su individualización a un acto ajeno al inicio de su vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla establecida en el primer párrafo del artículo 17 de la normativa de la materia. Por consiguiente, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su sola entrada en vigor la afectación se genere de forma automática -individualización incondicionada-, o bien, porque tal perjuicio se haya ocasionado con motivo de un acto de aplicación concreto -individualización condicionada-, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su actuar se afecta de modo directo al solicitante del amparo. En ese contexto, este Juzgador Federal estima que dada la naturaleza de la norma impugnada con su sola entrada en vigor no causa perjuicio a la impetrante, sino que para actualizar el perjuicio requiere de una condición, es decir, la existencia de un acto posterior de aplicación que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la quejosa y que se funde en el citado precepto legal, lo cual da pauta, para impugnarse de inconstitucional, como condición sine qua non. En efecto, el precepto legal cuestionado establece: "Artículo 18.- Las deducciones en el tiempo de servicios y de antigüedad procederán en los siguientes casos: (.) VII. A los que hayan estado sujetos a proceso penal en el que se pronuncia resolución que declare extinguida la acción penal por prescripción o la pena por el mismo motivo, se les deducirá, en el primer caso, el tiempo fijado por la ley para la prescripción del delito; y en el segundo, el tiempo durante el cual se hayan sustraído de la acción de la justicia, más aquél que transcurra en presentarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, y (.)." Como es de verse, se requiere de la condición de algún acto administrativo, acto jurisdiccional, del acto jurídico emanado de la voluntad del particular o del hecho jurídico ajeno a la voluntad humana para su realización que cause un perjuicio a la parte quejosa. Ahora bien, la parte quejosa reclama el citado artículo de naturaleza heteroaplicativa; por ende, debe demostrar la existencia de un acto de aplicación, y no sólo eso, sino también que dicho acto irrumpió en la esfera de sus derechos, lo que no acontece en la especie. Así es, para la procedencia de este juicio de amparo, la parte quejosa debió demostrar que existió un primer acto de aplicación de dicha norma, siendo que en la resolución del once de septiembre de dos mil diecinueve, únicamente se menciona el numeral tildado de inconstitucional en el sentido de que la autoridad correspondiente no estaba facultada para resolver sobre el agravio hecho valer por la quejosa tocante a que se le aplicó indebidamente el numeral 18, fracción VII, de la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; empero, no fue motivo de estudio por la responsable para arribar a su determinación; por ende, no se le aplicó. Es así, habida cuenta que en la resolución reclamada no se hizo alguna deducción del tiempo de servicios o de antigüedad de Germain Cervantes Terán, sobre la base de que estuvo sujeto a un proceso penal y que prescribió la acción penal o el delito. Al respecto, cabe señalar que las deducciones en el tiempo de servicios de la citada persona física, se hicieron en términos de la fracción II del citado numeral 18, esto es, sobre la premisa de que las deducciones que efectivamente se hicieron fueron por el tiempo equivalente a las condenas privativas de la libertad impuestas a Germain Cervantes Terán. Son aplicables al respecto, de manera analógica, las jurisprudencias sustentadas por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 229 y 230, el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, registros 207221 y 207223, cuyos rubros son: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD". e "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA". En ese contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los diversos 5º, fracción I, de esa normativa y 107, fracción I, de la Constitución, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de la iniciativa, discusión, aprobación, sanción y promulgación del artículo 18, fracción VII, de la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Por otra parte, con relación al acto reclamado consistente en la resolución del once de septiembre de dos mil diecinueve, se comparte el criterio de la autoridad responsable Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en la Ciudad de México, respecto a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracciones III, incisos b) y c), y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tales preceptos establecen el principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consiste en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general debe agotar los medios ordinarios de defensa que establece la legislación aplicable, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 447, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 297 del Tomo VI, Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394403, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS". Asimismo, tiene aplicación la diversa jurisprudencia 451, que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 300, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394407, de rubro: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO". Del texto del mencionado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa en el supuesto de que contra los actos reclamados proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. La referencia que se hace a la no exigencia de mayores requisitos significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la normativa de la materia para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Al caso, conviene citar los artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece que el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, además contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Y que el órgano de referencia conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación, entre otras: las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado se estima que la peticionaria, previo a promover demanda de amparo, debió promover el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por tanto, del análisis de los artículos reproducidos, es factible concluir que en el caso se actualiza la fracción XX del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la cual se establece que el juicio de amparo se torna improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio, o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los que prevé la legislación de amparo, y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 2a.J. 27/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011289, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". En el entendido de que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En ese contexto, si en el presente asunto se reclama la resolución del once de septiembre de dos mil diecinueve, es evidente que contra tal determinación procede juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por otra parte, es importante destacar que el mencionado principio de definitividad, debe respetarse aun cuando la parte quejosa señale actos reclamados cuya ejecución sea de imposible reparación, pues si bien es cierto que contra dicha particularidad procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, toda vez que como ya se precisó, aun tratándose de actos de imposible reparación, tal determinación debe combatirse mediante los recursos o medios legales de defensa correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo. Ante ello, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este asunto. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia de las que se ha dado noticia y se decretó el sobreseimiento de la contienda constitucional en que se actúa, tal situación imposibilita a este juzgador para efectuar el análisis de las demás que se invocaron y de los conceptos de violación planteados. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** *** ***, por propio derecho y en representación de los menores *** *** ***, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a las partes. Lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien da fe, hasta hoy veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del órgano de control. Doy fe.

  4. Principal

    1. Iguala de la Independencia, Guerrero, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que en sesión del dos de diciembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del suscrito José Álvaro Vargas Ornelas, a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con efectos a partir del dieciséis de enero del año en curso, y que en virtud de que desde ese día y hasta el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno gozó de licencia médica, hasta el veintiséis siguiente, se incorporó a las labores propias del órgano jurisdiccional. Por otro lado, vista la circular SECNO/13/2021, de la que se desprende que el dos y tres de marzo del año en curso, se aplicó un breve régimen de transición, bajo el esquema de contingencia previsto en el artículo 1o., fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, y a partir del tres de agosto de dos mil veinte, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, se ordenó levantar la suspensión de los plazos y términos procesales, mientras se garantice la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid- 19. Atento a lo anterior, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales en este juicio de amparo y se continúa el procedimiento. Ahora bien, del estado de autos se advierte que debido a la suspensión de labores por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, no fue posible la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del diecinueve de febrero anterior; en consecuencia, se fijan las once horas del catorce de abril del año en curso, para que tenga verificativo. Notifíquese por lista electrónica y por oficios a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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