Elena Vianey Zuviri Larraga y otros
Expediente 816/2013 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2013.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/09/2013
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Elena Vianey Zuviri Larraga y otros
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término de tres días previsto en el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del treinta de agosto al tres de septiembre del año en curso, sin que la parte quejosa haya impugnado la resolución de veintidós de agosto del mismo año, por la cual este tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida, en contra del acto reclamado a la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 65/2013; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por resolución de veintidós de agosto de dos mil trece, remítase al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, la demanda de garantías y sus anexos, así como copia certificada de la citada resolución, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. En su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE. Visto el oficio de la Presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes bajo el número 4927/2013 por el que remite original y dos copias de la demanda de amparo, promovida por Elena Vianey Zuviri Larraga, por propio derecho, oficios 1379/2013 y 1435/2013 con un anexo certificado del Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huejutla de Reyes, Hidalgo, el diverso 1554/2013 de la oficiante con el que rinde informe con justificación, constancia de emplazamiento a la parte tercera interesada en tres fojas, un escrito de la misma, copia certificada del toca civil 65/2013 y testimonio de apelación consistente en copia certificada del expediente 920/2011; fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que los quejosos señalaron como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridad ordenadora a la H. Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, (.) Señalo como autoridad ejecutora al C. Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huejutla de Reyes, Hidalgo (.). - - - IV. SENTENCIA DEFINITIVA: La dictada en el toca de apelación número 065/2013 por la H. Primera Sala Civil y Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el quince de mayo de dos mil trece, la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, emitió resolución en el toca civil 65/2013, relativo al recurso de apelación interpuesto por Ricardo Hernández Hernández, en contra del auto de ocho de noviembre de dos mil doce, dictado por el Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Huejutla de Reyes, Hidalgo, dentro del juicio escrito familiar 920/2011, promovido por Elena Vianey Zuviri Larraga, con contra del antes mencionado, resolución en la que se determinó revocar el auto recurrido para decretar la acumulación del mencionado al diverso 366/2011 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tantoyuca, Veracruz, con la finalidad de evitar resoluciones contradictorias en relación con la medida provisional de guarda y custodia del menor Alan Ricardo Hernández Zuviri. Inconforme con dicha resolución Elena Vianey Zuviri Larraga, por propio derecho, promovió juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170, en su parte correspondiente, dispone que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de quince de mayo del presente año, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el toca civil 65/2013, que revocó el auto de ocho de noviembre de dos mil doce, dictado por el Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Huejutla de Reyes, Hidalgo, dentro del juicio escrito familiar 920/2011, para el efecto de decretar la acumulación del mencionado juicio al diverso 366/2011 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tantoyuca, Veracruz, con la finalidad de evitar resoluciones contradictorias en relación con la medida provisional de guarda y custodia del menor Alan Ricardo Hernández Zuviri; por lo tanto, dicha resolución no es definitiva, toda vez que no pone fin al procedimiento; de ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Es aplicable la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 16/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA "NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL "COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE "INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE "DISTRITO QUE CORRESPONDA. De la interpretación "sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se "desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia "definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano "competente para conocer de éste y cuál es la determinación que "debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no "puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de "procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano "jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente "relacionados, de tal manera que no es posible explicar la "procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda "de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una "sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo "relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo "conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal "incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia "del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de "conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema "Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. "40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO "PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. "ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO "DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO "DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta "congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de "la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un "tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de "Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia "del juicio de garantías." Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia, con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se indica a las partes que el Poder Judicial de la Federación, debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º , 3º , 5º , 6º , 7º y 8º del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
- Juicio de Amparo Directo
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