Elena Martínez Hernández

Expediente 41/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 29 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
41/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barron
  • Elena Martínez Hernández
  • Angela Patricia Urritia Jiménez
  • Comisión del Servicios Profesionales de Carrera de Honor y Justicia de Tepejí del Río Ocampo, HIdalgo
  • Juzgado Segundo Civil y Familiar de Huejutla de Reyes, Hidalgo
  • Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
  • Juzgado Primero Famiiar de Oral de Cuarto Distrito Judicial de San Pedro Garza García, Nuevo León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Queja

    Pachuca de Soto, Hidalgo, tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante oficio 3111 se remitió al Juzgado Primero de Distrito en Estado de Hidalgo, la ejecutoria dictada en el presente asunto, como se advierte de la constancia de notificación agregada a foja noventa y uno de autos. Finalmente, al haberse declarado infundado el recurso de queja, y al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente, por otra parte, al no existir documento original que devolver; con fundamento en los artículos 12, 14, y 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental, toda vez que no se encuentra en ninguno de los supuestos que prevé el numeral 15 del acuerdo citado. Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que se inconformaran en contra de la resolución de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio; por tanto, se tiene por consentida dicha resolución. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 202 y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, y al no existir documento original que devolver, con fundamento en los artículos 12, 14, 18, fracción tercera, inciso a) y demás relativos y aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DEPURABLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos que prevé el último párrafo del numeral y acuerdo citados; en consecuencia, consérvese la demanda y la sentencia, con excepción de las restantes actuaciones. Notifíquese.

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE FECHA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA VEINTITRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: "Pachuca de Soto, Hidalgo, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto, el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable, Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante los oficios 27-1-2-57974/22 y 27-1-2-57982/22, de nueve y doce de diciembre de dos mil veintidós, respectivamente [fojas 65 y 66], informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo directo administrativo 41/2022. En la ejecutoria emitida por este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, en sesión ordinaria virtual celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Elena Martínez Hernández [por propio derecho], para el efecto de que la autoridad responsable: "a).- Deje insubsistente la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio contencioso administrativo federal 1276/21-27-01-5; y, b).- Emita otra en la que respecto al incremento de la cuota diaria de pensión, defina cómo es que deben realizarse los incrementos a la actora Elena Martínez Hernández, atendiendo a su fecha de jubilación, uno de octubre de dos mil nueve; hecho lo anterior, determine si en el particular, es aplicable o no a dicho concepto, la Unidad de Medida y Actualización, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis; o bien conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor o el aumento al salario base de los trabajadores en activo, el que le resulte más benéfico." En cumplimiento a la ejecutoria, la responsable: a) Remitió el oficio 27-1-2-57974/22, por el que informa que emitió el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintidós en el cual, dejó insubsistente la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 1276/21-27-01-5, del que se advierte: "[.] se deja sin efectos la sentencia de 30 de noviembre de 2021, que dio origen a la Demanda de Amparo.- Finalmente, túrnense los autos del presente juicio a fin de que se emita la sentencia que dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en la señalada demanda de amparo y remítase copia certificada de la sentencia en cumplimiento a lo ordenado. [.]." Primera parte del inciso b). Al momento de dictar la sentencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, definió cómo deben realizarse los incrementos de la cuota diaria de pensión de la quejosa Elena Martínez Hernández, atendiendo a su fecha de jubilación, al exponer: "[.] En estricto acatamiento a la ejecutoria de 24 de noviembre de 2022, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en el Amparo Directo Administrativo 41/2022 se procede a dar cumplimiento con los efectos precisados en el inciso B), para quedar de la siguiente manera: Respecto del argumento formulado por la parte actora en el sentido de que su cuota pensionaria le sea incrementada conforme a salarios mínimos el mismo es infundado ya que no le asiste sustancialmente la razón a la actora, pues tomando en consideración la aplicación de las normas en el tiempo. Lo anterior ya que la parte actora adquirió la calidad de pensionada el 1 de octubre de 2009; por lo que los incrementos de la cuota pensionaria del hoy demandante se realiza de conformidad con el artículo 8º del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del articulo Décimo Transitorio del Derecho por el que se expidió la Ley del Instituto de seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009. En efecto, el factor o parámetro de incremento de la pensión de la parte actora se rige por las normas vigentes en el momento en que fue otorgada, es decir conforme al aumento del índice Nacional de Precios al Consumidor y en caso que este resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general, a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, como se establece en el artículo 8° del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Derecho por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009. [.]" Segunda parte del incido b) Determinó si en el particular, es aplicable o no al incremento de la cuota diaria de pensión, la Unidad de Medida y Actualización, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis; o bien, conforme al Índice de Precios al Consumidor o al aumento al salario base de los trabajadores en activos, el que le resulte más benéfico, al exponer: "[.] En esta guisa, es claro que para el tema de los incrementos de la cuota diaria del hoy demandante ninguna aplicación tienen la Unidad de Medida y Actualización o el incremento de los Salarios Mínimos, pues de acuerdo con el artículo aplicable la pensión de la impetrante se incrementará año con año conforme al aumento del índice Nacional de Precios al Consumidor y en caso que este resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general, a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo. En virtud de lo anterior, resulta inexacta la apreciación de la parte actora cuando sostiene que su pensión debe incrementarse conforme a los aumentos que año con año ha tenido el Salario Mínimo General Vigente desde el 27 en enero de 2016, pues ése tampoco es el parámetro que la ley marca para qué las pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios sociales para los Trabajadores del Estado se incrementen. Ello, porque tal derecho (incremento de pensión) se encontraba protegido por la norma vigente en ese momento, precisamente por tratarse de un derecho adquirido, sin que resulte aplicable una norma anterior o posterior que modifique tal derecho. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 155/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ISSSTE. EL SISTEMA ESTABLECIDO EN LA LEY RELATIVA PARA EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)." (Transcribe texto) Más aún, cuando la segunda sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 37/2022 (11a.), ha establecido que el incremento o actualización es un aspecto accesorio derivado del otorgamiento del beneficio pensionario, que tiene como propósito fundamental que no pierda su poder adquisitivo por el solo transcurso del tiempo y, por tanto, constituye una mera expectativa de derecho para el titular de la pensión, el cual se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida; por lo que en todo caso, en el supuesto no concedido de que los incrementos de la cuota estuvieran relacionados con la Unidad de Medida y Actualización, con lo cual se corrobora que de ninguna forma tiene aplicación el Salario Mínimo en el cálculo de los incrementos de la cuota diaria pensionaria. La jurisprudencia 2a./J.37/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es localizable con el registro digital 2025232, del tenor literal siguiente: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO." (Transcribe texto) Por lo tanto, si tal como ya se expuso en líneas precedentes, el incremento de la cuota diaria pensionaria de la parte actora se debe calcular de conformidad con lo previsto en el artículo 8° del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Derecho por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009, es decir se deben realizar conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el índice Nacional de Precios al Consumidor o conforme a los aumentos que en el año calendario anterior se hayan otorgado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, cuando éstos sean mayores que aquél. Por lo que si bien la parte actora sostiene que los incrementos de la cuota pensionaria deben ser en calculados conforme a salarios mínimos para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), sin embargo en el caso, la cuota pensionaria debe ser incrementada conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el índice Nacional de Precios al Consumidor o conforme a los aumentos que en el año calendario anterior se hayan otorgado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, por lo que la Unidad de Medida y Actualización, no pueden ser tomada en consideración como parámetro para el incremento de la cuota diaria de pensión del accionante, de ahí lo infundado de los argumentos vertidos por la parte actora. [.]" De lo antes transcrito queda advertido que la Sala Regional responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 1276/21-27-01-5, como se precisó en los efectos mencionados; con lo que cumplió con lo señalado en el inciso a), de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, la autoridad responsable emitió otra el doce de diciembre de dos mil veintidós, en la cual, respecto del incremento de la cuota diaria de pensión, atendió a la fecha de jubilación de la quejosa, por ello, consideró que se regirá conforme al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y si es inferior a los aumentos otorgados de manera general, a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, es decir, al que le resulte más benéfico; además, determinó que a ese concepto no le es aplicable la Unidad de Medida y Actualización, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, por lo que su fallo cumple con lo señalado en el inciso b) de la ejecutoria de amparo. Así las cosas, al ajustar la nueva resolución a la ejecutoria de amparo emitida, la autoridad responsable Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dio total cumplimento a la misma, sin excesos ni defectos. Mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós [foja 88 de autos], con fundamento en los artículos 196, párrafo primero y tercero transitorio de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes por el término de diez días, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de mérito, a fin de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, sin que desahogaran la misma. Por último, toda vez que el nuevo acto de autoridad de doce de diciembre de dos mil veintidós, se ajustó en su totalidad a la ejecutoria de amparo, con fundamento en los párrafos primero y cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida, sin excesos ni defectos; por tanto, en su momento, ordénese el archivo del presente asunto."

  4. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto, el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable, Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante los oficios 27-1-2-57974/22 y 27-1-2-57982/22, de nueve y doce de diciembre de dos mil veintidós, respectivamente [fojas 65 y 66], informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo directo administrativo 41/2022. En la ejecutoria emitida por este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, en sesión ordinaria virtual celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Elena Martínez Hernández [por propio derecho], para el efecto de que la autoridad responsable: "a).- Deje insubsistente la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio contencioso administrativo federal 1276/21-27-01-5; y, b).- Emita otra en la que respecto al incremento de la cuota diaria de pensión, defina cómo es que deben realizarse los incrementos a la actora Elena Martínez Hernández, atendiendo a su fecha de jubilación, uno de octubre de dos mil nueve; hecho lo anterior, determine si en el particular, es aplicable o no a dicho concepto, la Unidad de Medida y Actualización, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis; o bien conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor o el aumento al salario base de los trabajadores en activo, el que le resulte más benéfico." En cumplimiento a la ejecutoria, la responsable: a) Remitió el oficio 27-1-2-57974/22, por el que informa que emitió el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintidós en el cual, dejó insubsistente la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 1276/21-27-01-5, del que se advierte: "[.] se deja sin efectos la sentencia de 30 de noviembre de 2021, que dio origen a la Demanda de Amparo.- Finalmente, túrnense los autos del presente juicio a fin de que se emita la sentencia que dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en la señalada demanda de amparo y remítase copia certificada de la sentencia en cumplimiento a lo ordenado. [.]." Primera parte del inciso b). Al momento de dictar la sentencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, definió cómo deben realizarse los incrementos de la cuota diaria de pensión de la quejosa Elena Martínez Hernández, atendiendo a su fecha de jubilación, al exponer: "[.] En estricto acatamiento a la ejecutoria de 24 de noviembre de 2022, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en el Amparo Directo Administrativo 41/2022 se procede a dar cumplimiento con los efectos precisados en el inciso B), para quedar de la siguiente manera: Respecto del argumento formulado por la parte actora en el sentido de que su cuota pensionaria le sea incrementada conforme a salarios mínimos el mismo es infundado ya que no le asiste sustancialmente la razón a la actora, pues tomando en consideración la aplicación de las normas en el tiempo. Lo anterior ya que la parte actora adquirió la calidad de pensionada el 1 de octubre de 2009; por lo que los incrementos de la cuota pensionaria del hoy demandante se realiza de conformidad con el artículo 8º del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del articulo Décimo Transitorio del Derecho por el que se expidió la Ley del Instituto de seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009. En efecto, el factor o parámetro de incremento de la pensión de la parte actora se rige por las normas vigentes en el momento en que fue otorgada, es decir conforme al aumento del índice Nacional de Precios al Consumidor y en caso que este resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general, a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, como se establece en el artículo 8° del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Derecho por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009. [.]" Segunda parte del incido b) Determinó si en el particular, es aplicable o no al incremento de la cuota diaria de pensión, la Unidad de Medida y Actualización, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis; o bien, conforme al Índice de Precios al Consumidor o al aumento al salario base de los trabajadores en activos, el que le resulte más benéfico, al exponer: "[.] En esta guisa, es claro que para el tema de los incrementos de la cuota diaria del hoy demandante ninguna aplicación tienen la Unidad de Medida y Actualización o el incremento de los Salarios Mínimos, pues de acuerdo con el artículo aplicable la pensión de la impetrante se incrementará año con año conforme al aumento del índice Nacional de Precios al Consumidor y en caso que este resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general, a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo. En virtud de lo anterior, resulta inexacta la apreciación de la parte actora cuando sostiene que su pensión debe incrementarse conforme a los aumentos que año con año ha tenido el Salario Mínimo General Vigente desde el 27 en enero de 2016, pues ése tampoco es el parámetro que la ley marca para qué las pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios sociales para los Trabajadores del Estado se incrementen. Ello, porque tal derecho (incremento de pensión) se encontraba protegido por la norma vigente en ese momento, precisamente por tratarse de un derecho adquirido, sin que resulte aplicable una norma anterior o posterior que modifique tal derecho. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 155/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ISSSTE. EL SISTEMA ESTABLECIDO EN LA LEY RELATIVA PARA EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)." (Transcribe texto) Más aún, cuando la segunda sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 37/2022 (11a.), ha establecido que el incremento o actualización es un aspecto accesorio derivado del otorgamiento del beneficio pensionario, que tiene como propósito fundamental que no pierda su poder adquisitivo por el solo transcurso del tiempo y, por tanto, constituye una mera expectativa de derecho para el titular de la pensión, el cual se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida; por lo que en todo caso, en el supuesto no concedido de que los incrementos de la cuota estuvieran relacionados con la Unidad de Medida y Actualización, con lo cual se corrobora que de ninguna forma tiene aplicación el Salario Mínimo en el cálculo de los incrementos de la cuota diaria pensionaria. La jurisprudencia 2a./J.37/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es localizable con el registro digital 2025232, del tenor literal siguiente: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO." (Transcribe texto) Por lo tanto, si tal como ya se expuso en líneas precedentes, el incremento de la cuota diaria pensionaria de la parte actora se debe calcular de conformidad con lo previsto en el artículo 8° del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Derecho por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009, es decir se deben realizar conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el índice Nacional de Precios al Consumidor o conforme a los aumentos que en el año calendario anterior se hayan otorgado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, cuando éstos sean mayores que aquél. Por lo que si bien la parte actora sostiene que los incrementos de la cuota pensionaria deben ser en calculados conforme a salarios mínimos para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), sin embargo en el caso, la cuota pensionaria debe ser incrementada conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el índice Nacional de Precios al Consumidor o conforme a los aumentos que en el año calendario anterior se hayan otorgado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, por lo que la Unidad de Medida y Actualización, no pueden ser tomada en consideración como parámetro para el incremento de la cuota diaria de pensión del accionante, de ahí lo infundado de los argumentos vertidos por la parte actora. [.]" De lo antes transcrito queda advertido que la Sala Regional responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 1276/21-27-01-5, como se precisó en los efectos mencionados; con lo que cumplió con lo señalado en el inciso a), de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, la autoridad responsable emitió otra el doce de diciembre de dos mil veintidós, en la cual, respecto del incremento de la cuota diaria de pensión, atendió a la fecha de jubilación de la quejosa, por ello, consideró que se regirá conforme al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y si es inferior a los aumentos otorgados de manera general, a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, es decir, al que le resulte más benéfico; además, determinó que a ese concepto no le es aplicable la Unidad de Medida y Actualización, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, por lo que su fallo cumple con lo señalado en el inciso b) de la ejecutoria de amparo. Así las cosas, al ajustar la nueva resolución a la ejecutoria de amparo emitida, la autoridad responsable Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dio total cumplimento a la misma, sin excesos ni defectos. Mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós [foja 88 de autos], con fundamento en los artículos 196, párrafo primero y tercero transitorio de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes por el término de diez días, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de mérito, a fin de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, sin que desahogaran la misma. Por último, toda vez que el nuevo acto de autoridad de doce de diciembre de dos mil veintidós, se ajustó en su totalidad a la ejecutoria de amparo, con fundamento en los párrafos primero y cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida, sin excesos ni defectos; por tanto, en su momento, ordénese el archivo del presente asunto. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.

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