Elena Oralia Ríos Silva y Otros.
Expediente 572/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/08/2019
Partes del expediente
- Elena Oralia Ríos Silva y Otros.
- Elena Oralia Ríos Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el oficio 283, firmado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 55/2019-I (386) de nuestro índice. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y dése de baja la comunicación oficial de referencia en la estadística mensual de este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista.Así lo acuerda y firma el licenciado Armando González Urbina, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario ante quien actúa y da fe. Juan Pablo.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede, se observa que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días previsto por el artículo 97, fracción I de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de quince de julio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Mario Alberto Sánchez Aguirre, Luis Enrique Lejia Mota, Julio Damián Álvarez González, Elena Oralia Ríos Silva, Perla Romana Robles Contreras, Elsy Carolina Ortega Martínez, Tanya Gisela Leyva de la Rosa, Rolando Martínez Palacios, Aurora Damián De León, Karla Magdalena Nava Reta y Dulce María Casillas De León; consecuentemente, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado estado. En ese orden de ideas, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desecho la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese por lista.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, quince de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el escrito firmado por los quejosos Mario Alberto Sánchez Aguirre, Luis Enrique Lejia Mota, Julio Damián Álvarez González, Elena Oralia Ríos Silva, Perla Romana Robles Contreras, Elsy Carolina Ortega Martínez, Tanya Gisela Leyva de la Rosa, Rolando Martínez Palacios, Aurora Damián De León, Karla Magdalena Nava Reta y Dulce María Casillas De León, mediante el cual da contestación a la prevención que este órgano jurisdiccional le hiciera en auto de seis del mes y año en curso. En el proveído antes mencionado se requirió a la parte quejosa a efecto de que en el término de cinco días, y bajo protesta de decir verdad, aclarara: Cuál de los ochos resolutivos de la determinación emitida el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente DJ/DN/PRIM/363, es el que genera la causa de pedir con su demanda de garantías. En ese orden, la parte quejosa en su escrito aclaratorio manifestó bajo protesta de decir verdad que: "Queremos aclarar que nos referimos como resolutivo al documento en general, ya que en el encabezado del documento que consta de 45 hojas lo titulan resolutivo administrativo laboral y que obra bajo el expediente DJ/DN/PRIM/363, con fecha 16 de mayo de 2019. Ahora bien, de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio de la misma, se observa que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución administrativa laboral emitida el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente DJ/DN/PRIM/363, del índice de la Comisión Investigadora de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en la que se ordenó la reinstalación del profesor Cuauhtémoc González Chavira, como director de la escuela primaria Lic. Antonio Caso, turno matutino, de la Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. En ese sentido, este Juzgado Federal advierte que la demanda de amparo intentada por los citados agravios resulta notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que para los efectos del juicio de amparo, son autoridades responsables todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho y que están en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser de esa naturaleza la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar, en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de garantías, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número 42, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Igualmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en la Jurisprudencia 479, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Del análisis del texto del artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable, previamente aludido, para los efectos del juicio de amparo, que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado numeral, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, la que, con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establece en las tesis de jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello, sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del precepto en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. Señalado lo anterior, es necesario precisar que a fin de entender cuándo un acto es emitido por una autoridad, para los efectos del juicio de amparo, se deben conocer los tres tipos de relaciones que existen entre las autoridades y los particulares, a saber: a) Relaciones de coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) Relaciones de supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público, en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) Relaciones de supra ordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el imperativo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Del contenido de los artículos antes mencionados y de la precisión de las relaciones que surgen entre las autoridades y los particulares, se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al supuesto de que los hechos que en el mismo se reclamen provengan de un acto de autoridad, o bien, de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, y que además afecten los derechos supremos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí que aquellos actos emanados de relaciones de supra ordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Ahora bien, en el caso concreto, del análisis de la demanda de amparo se observa que los actos reclamados a la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, consisten en la resolución administrativa laboral emitida el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente DJ/DN/PRIM/363, en la que se ordenó la reinstalación del profesor Cuauhtémoc González Chavira, como director de la escuela primaria Lic. Antonio Caso, turno matutino, de la Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. En esa medida, este juzgador considera que la autoridad que la parte quejosa señaló como responsable, no actúa en su carácter de autoridad, sino en un plano de coordinación con la parte quejosa, ya que, la decisión de reinstalar al profesor Cuauhtémoc González Chavira, como director de la escuela primaria Lic. Antonio Caso, la realizó en plano de igualdad, no supra a subordinación. Por ende, las omisiones o decisiones que se adopten en las instituciones oficiales, que tengan vinculación con el desempeño de las labores de sus trabajadores, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva institución actúa como patrón frente a sus empleados. Luego entonces, si los actos reclamados son consecuencia del nexo laboral, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. Sirve de apoyo por las razones que expone, la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito". Por tanto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe desechar de plano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.Así lo acuerda y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria ante quien actúa y da fe. L'JGBG/Juan Pablo
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, cinco de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito signado por los quejosos Mario Alberto Sánchez Aguirre, Luis Enrique Lejia Mota, Julio Damián Álvarez González, Elena Oralia Ríos Silva, Perla Romana Robles Contreras, Elsy Carolina Ortega Martínez, Tanya Gisela Leyva de la Rosa, Rolando Martínez Palacios, Aurora Damián De León, Karla Magdalena Nava Reta y Dulce María Casillas De León, por medio del cual pretenden dar cumplimiento a la prevención que se le hizo en auto de uno del mes y año en curso. Ahora bien, en el proveído de mérito, se previno a los agraviados para que dentro del término de cinco días, en vía de aclaración de su demanda, y bajo protesta de decir verdad, especificaran: a) El lugar de residencia las autoridades que señalaron como responsables. b) La fecha en que se emitió la determinación en donde se encuentra contenido el resolutivo que les causa perjuicio; así como la fecha en que quedaron debidamente enterados del mismo. c) Qué se precisó en el multicitado resolutivo, que a su modo de ver les causa los perjuicios que relacionaron con su demanda de garantías. En el ocurso con el que se da cuenta, los referidos agraviados exponen lo siguiente: EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SON LA PARTE ORDENADORA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN TAMAULIPAS, SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIRECCIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA MISMAS QUE TIENEN SU DOMICILIO EN CALZADA GENERAL LUIS CABALLERO, S/N, TAMATAN, C.P. 87078, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, Y POR LA PARTE EJECUTORA SEÑALAMOS A LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN TAMAULIPAS Y EL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN TAMAULIPAS MISMAS QUE SE UBICAN EN EL EDIFICIO TORRES GUBERNAMENTAL "JOSÉ LÓPEZ PORTILLO", CON DOMICILIO EN BOULEVARD PRAXEDIS BALBOA, COLONIA AMPLIACIÓN PEPENADORES, C.P 87085, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. EL RESOLUTIVO ADMINISTRIVO LABORAL FUE ELABORADO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2019, FIRMADO POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURIDICA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN TAMAULIPAS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, Y FUE APLICADO EL DÍA 24 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO MATUTINA EN LA CIUDAD DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, UBICADA EN CALLE HIDALGO, ENTRE TERCERA Y CUARTA, S/N, ZONA CENTRO, C.P., 87500. LO QUE EL DOCUMENTO EN MENCIÓN PRECISA ESTA CONTENIDO EN 45 HOJAS ESCRITA COMPUTADAS, AL SER UN DOCUMENTO DEMASIADO EXTENSO NOS PERMITIMOS ANEXARLO AL PRESENTE ESCRITO EN COPIA FOTOSTATICA PARA DESECHAR CUALQUIER ALTERACIÓN AL MISMO, CON LOS TANTOS QUE CONSIDERAMOS NECESARIOS PARA SU ANALISIS Y ASI CORRER TRASLADO A LAS PARTES MENCIONADAS. NOS REQUIERE TAMBIÉN DE USTEDES QUE SEÑALAMOS UN DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, AL NO CONTAR CON TAL REQUISITO, RATIFICAMOS EL DOMICILIO QUE HACEMOS MENCION EN EL INICIO DEL PRESENTE ESCRITO Y MANIFESTAMOS QUE NO TENEMOS INCONVENIENTES EN TRASLADARNOS A LA CIUDAD DE MATAMOROS PARA LEER ACUERDOS O LAS NOTIFICACIONES PERSONALES QUE USTED DETERMINA. Como puede verse, las manifestaciones vertidas por los quejosos Mario Alberto Sánchez Aguirre, Luis Enrique Lejia Mota, Julio Damián Álvarez González, Elena Oralia Ríos Silva, Perla Romana Robles Contreras, Elsy Carolina Ortega Martínez, Tanya Gisela Leyva de la Rosa, Rolando Martínez Palacios, Aurora Damián De León, Karla Magdalena Nava Reta y Dulce María Casillas De León, en el escrito anteriormente trascrito en su parte conducente, lejos de crear certeza en lo que fue materia de prevención, genera más dudas sobre los antecedentes que conforman el acto que reclama con su demanda de garantías, ya que de las constancias que anexó consistentes en la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, emitida en el expediente DJ/DN/PRIM/363, se observa que la componen ocho resolutivos, sin que los agraviados especifiquen cuál de ellos es el que les causa algún agravio, pues en su demanda de garantías señalaron que era un resolutivo de la determinación que refieren el que generaba su reclamo. En atención a lo anterior, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, previo a emitir resolución respecto a la admisión de la demanda de amparo, se previene nuevamente a los promoventes, para que dentro del término de cinco días, y bajo protesta de decir verdad, aclare: Cuál de los ocho resolutivos de la determinación emitida el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente DJ/DN/PRIM/363, es el que genera la causa de pedir con su demanda de garantías. Apercibidos que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada su demanda de garantías, en términos del referido numeral 114 de la ley de la materia en vigor. Aquí cabe aclarar que, en el caso, se optó por conceder a los promoventes un nuevo término de cinco días para que diera cumplimiento con la prevención que se le realizara el proveído de uno de julio del año en curso, reiterada a través del presente acuerdo, en virtud de que no transcurrió ningún día desde la fecha en que fue notificado del auto mencionado en primer término y la fecha en que presentó el ocurso aclaratorio que nos ocupa. Finalmente, toda vez que los quejosos manifestaron que no cuentan con domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se notifiquen por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese personalmente.Así lo acuerda y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario ante quien actúa y da fe. Juan Pablo.
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