Eleazar Arregoitia Rivera

Expediente 1097/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1097/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Eleazar Arregoitia Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 1724/2019, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y el anexo que adjuntó al mismo, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida dentro del presente juicio de garantías; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, es de aplicación supletoria a ésta, agréguese al expediente para que obren como corresponda. Ahora bien, toda vez que la aludida responsable comunica el cumplimiento dado a la sentencia protectora emitida en este juicio de amparo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase dicho informe a la vista de las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; en el entendido que de no hacerlo, este órgano de control constitucional determinará de oficio si se cumplió con la misma por ser una cuestión de orden público. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    IV. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico al quejoso el proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  3. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada dentro del juicio de amparo 1097/2019-IV y celebrada a las diez horas con quince minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. El licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas: Se declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El Secretario Jesús Florentino González González: Juicio de amparo 1097/2019-IV promovido por Eleazar Arregoitia Rivera contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. De igual forma, se hace constar que ninguna de las partes se encuentra presente. El Juez: Secretario, efectúe una relación de las constancias que integran el presente asunto. El Secretario: Se da cuenta con el escrito inicial de demanda de amparo (fojas 1 a 2); asimismo, se hace constar que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, omitió rendir informe justificado, no obstante que recibió el oficio por el que se le requirió desde el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, tal como se desprende de la constancia que obra en autos (foja 08). El Juez: Se tiene al Secretario haciendo una relación de las constancias que integran el presente juicio de amparo; asimismo, se tiene por omisa a la autoridad responsable. Enseguida, se declara abierto el período probatorio, Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. El Secretario: Se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. El Juez: Téngase a la Secretaría haciendo constar que no se formularon pruebas en el presente asunto y al no haber más que relatar se declara cerrado dicho período y abierto el de alegatos. El Secretario: se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos en este expediente. El Juez: téngase a la Secretaría haciendo constar que no se formularon alegatos en el presente asunto, con lo anterior se cierra dicho periodo y se procede a dictar la resolución correspondiente. S E N T E N C I A Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1097/2019-IV, promovido por Eleazar Arregoitia Rivera contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado en este juzgado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, Eleazar Arregoitia Rivera promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: "4.1.- De la autoridad señalada como responsable, se reclama la omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, y específicamente, la substanciación del juicio, en términos diversos a los establecidos por la Ley. 4.2.- El emplazamiento legal a juicio de la patronal en el juicio principal. 4.3.- El auto de fecha 15 DE OCTUBRE DE 2019, mediante el cual, señala como fecha para que tenga verificativo la audiencia inicial del juicio, las DIEZ horas DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2019, vulnerando con ello, lo establecido por los artículos 685 y 883, de la Ley Federal del Trabajo y la substanciacón del juicio laboral, desde su inicio hasta su conclusión en los términos establecidos por el Código Obrero." Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. Mediante auto emitido el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó formar expediente, mismo que fue registrado bajo el número 1097/2019-IV, se admitió a trámite la misma, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención de la peticionaria del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de garantías y de la constancia que obra en autos, se desprende que los actos que reclama la parte quejosa consisten en: La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al programar en exceso de tiempo la fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones relativa al expediente administrativo laboral 990/E06/2019; y, La omisión de ordenar el emplazamiento de la parte demandada dentro del citado juicio laboral. No escapa para este Juzgado de Distrito que el quejoso señala también como acto destacado: ".la omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 a 891 del ordenamiento legal en cita, y específicamente, la substanciación del juicio, en términos diversos a los establecidos por la Ley." Por lo que solicita se le conceda el amparo de forma extensiva para todas las actuaciones subsecuentes, pretensión que sustenta en la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 45/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Empero, se invoca como hecho notorio para quien ahora resuelve, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo los actos que aquí se analizarán se delimitaron en función de los mismos, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamadas. TERCERO. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado en el plazo de quince días que se concedió para tal efecto, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja ocho, por lo que, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le atribuyen. CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No obstante que la demanda de origen fue presentada ante la junta responsable con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, en la presente sentencia se atienden dispositivos legales vigentes antes de esa fecha, ello en atención a lo estipulado en el artículo Octavo Transitorio, el cual prevé que los procedimientos iniciados con posterioridad a su publicación se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Así las cosas, se advierten fundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en la medida necesaria para ello, por ser el impetrante del amparo la parte trabajadora en el juicio laboral de origen y, en consecuencia, suficiente para conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitada. Es aplicable al caso la jurisprudencia 105/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 63 del tomo XXVIII, octubre de 2008, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su rubro y texto dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Al establecer el artículo 76 bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja." En efecto, debe destacarse que no obstante que la parte quejosa invoca como garantías violadas las contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 123 constitucionales, en sus conceptos de violación se duele de transgresión a la pronta impartición de justicia misma que se encuentra contenida en el artículo 17 de la Constitución y no en los preceptos que menciona. Cierto, al efecto refiere que dentro del expediente administrativo laboral 990/E06/2019, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se señaló una fecha que excede el término establece la Ley Federal del Trabajo; por lo que, es a la luz de este último numeral que se efectuará el estudio del presente asunto. Para el caso, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El mandato contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de impartir justicia, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; en cuyo cumplimiento deben concurrir, por una parte, el legislador, al establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda autoridad que realice actos materialmente jurisdiccionales; es decir, todos aquellos órganos del Estado que tienen encomendada la tarea de resolver controversias, declarando el derecho entre las partes. El derecho fundamental en comento también tiene como propósito que los gobernados puedan acudir ante los tribunales con el propósito de que se les imparta justicia, esto es, para que mediante la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, resuelvan una situación jurídica, declarando el derecho aplicable, o bien, la existencia de una obligación y, en su caso, la hagan efectiva. Esta prerrogativa a favor de los gobernados implica el disfrute de diversos derechos relacionados con la impartición de justicia, a saber: 1. Prontitud, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de impartir justicia, de resolver las controversias que les sean planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes aplicables. 2. Exhaustividad, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de la totalidad de los temas debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución sustentada en la ley aplicable al caso concreto. 3. Imparcialidad, que implica que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismos respecto de alguna de las partes, ni arbitrariedad en su sentido. 4. Gratuidad, que significa que los órganos del Estado encargados de impartir justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así pues, todas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución de dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, están obligadas al cumplimiento de los principios mencionados, con independencia de si son órganos formalmente administrativos, legislativos o judiciales. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En ese orden de ideas, es menester señalar lo que dispone el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." (lo resaltado es de este tribunal) En el caso concreto, se advierte del escrito de demanda de amparo que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso aduce que la Junta responsable, en auto emitido el quince de octubre de dos mil diecinueve, dentro del expediente administrativo laboral 990/E06/2019, que promovió, se fijaron las diez horas del seis de mayo de dos mil veinte, para el efecto de que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; esto es, más de cuatro meses de lo establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; con lo cual se trasgredió dicho precepto. Tales circunstancias, hacen evidente que la responsable no ha acatado los términos legales para la prosecución del juicio de origen, lo que implica que no ha cumplido con las obligaciones jurídicas que les impone la Ley Federal del Trabajo. Además, dado que la Junta responsable no rindió su respectivo informe justificado, no se desprende dato alguno que demuestre que ya se hubiere emplazado a la parte demandada en el expediente administrativo laboral 990/E06/2019, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 771 de la Ley Federal de Trabajo, mismo que dispone: "Artículo 771. El Tribunal cuidará, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante él se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar sentencia, salvo disposición en contrario." Como se advierte del numeral transcrito, los Presidentes de las Juntas deben cuidar, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda; sin embargo, como se vio en el cuerpo de este fallo, la autoridad responsable omitió rendir su respectivo informe justificado y, con motivo de ello, se presumieron como ciertos los actos que se le imputaron, en lo que interesa, la falta de emplazamiento a la parte demandada, lo que acarrea que, en esa parte, la Junta en comento haya omitido realizar las diligencias necesarias para dar continuidad al procedimiento laboral, entre las cuales se encuentra el emplazamiento, como es su obligación. No se desatiende la excesiva carga de trabajo del tribunal laboral; sin embargo, ello no es justificable para fijar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones fuera del plazo previsto por la norma laboral. Consecuentemente, al resultar fundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso Eleazar Arregoitia Rivera, para que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad: a) Deje sin efectos la hora y fecha señaladas en el auto emitido el quince de octubre de dos mil diecinueve, dentro del expediente administrativo laboral 990/E06/2019 y fije nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el entendido de que deberá ajustarse al plazo a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; y, b) Ordene dentro del citado juicio el emplazamiento de la parte demandada en el expediente administrativo laboral 990/E06/2019, llamamiento que deberá constatar que efectivamente se materialice para dar continuidad al procedimiento laboral. En relación al cumplimiento de esta resolución, no se pasa desapercibido que la obligación de la autoridad responsable nace a partir de que causa ejecutoria; sin embargo, ello no impide que actúe de inmediato, máxime si se toma en cuenta que el auto que constituye el acto reclamado data del mes de octubre de dos mil diecinueve, en el que se fijaron las diez horas del seis de mayo de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, esto es, con una dilación muy prolongada, si se toma en cuenta lo establecido en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. Aunado a ello, la protección constitucional que se otorga también tiene el efecto de que la Junta responsable, al fijar la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral 990/E06/2019, deberá ajustarse al plazo que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y vigilar que se lleve al cabo la audiencia en la fecha indicada, lo que implica la realización de las notificaciones respectivas, además, en la hipótesis de no tener verificativo, ésta deberá ser reprogramada ajustándose al plazo legal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Eleazar Arregoitia Rivera, contra la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por Eleazar Arregoitia Rivera, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas; regístrese en el libro de gobierno que para ese efecto se lleva en este Tribunal Federal bajo el 1097/2019-IV; y con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo en vigor, se admite la misma. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia en vigor, dése la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; sin que sea necesaria la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. En términos del artículo 117 de la ley de la materia, pídase el informe justificado a las autoridad señalada como responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente; ello conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada respecto a esa unidad, en dicha publicación de veintiocho del indicado mes y año, con apoyo en el numeral 260, fracción II, de la legislación de la materia. Se requiere a las partes para que informen oportunamente a este Tribunal Federal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento, como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa por la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente; ello conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada respecto a esa unidad, en dicha publicación de veintiocho del indicado mes y año, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con quince minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase a la parte agraviada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a los profesionistas que menciona por tratarse de trabajadores en la materia laboral. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

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