Elena Nieves Hurtado Bautista

Expediente 220/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
220/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Elena Nieves Hurtado Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa y tercero interesado no hicieron manifestación alguna respecto a la vista otorgada en auto de veintisiete de octubre del año en curso, en el que se tuvo a la autoridad responsable informando sobre el cumplimiento al fallo protector. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, la ejecutoria de amparo, se encuentra o no cumplida, o si existe imposibilidad material para su cumplimiento. Efectos de la ejecutoria de amparo En el caso, por sentencia de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ELENA NIEVES HURTADO BAUTISTA para que la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, realizara lo siguiente: "[...] a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) En su lugar dicte otra en la que, con plenitud de jurisdicción, de forma exhaustiva, fundando y motivando, resuelva lo que conforme a derecho corresponda, realizando la valoración de las pruebas aportadas por las partes y además las objeciones realizadas. Se precisa que este órgano jurisdiccional no está en aptitud de sustituir válidamente a la autoridad responsable, pues al desconocerse los motivos en que se sustenta la resolución reclamada, no puede justipreciar la validez de las conclusiones, y por ende, emitir pronunciamiento alguno sobre su constitucionalidad en cuanto al fondo, pues no debe perderse de vista que, de acuerdo con la técnica del amparo, la autoridad que conoce de éste debe limitarse a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales de instancia. [.]" Análisis del cumplimiento de la ejecutoria Al respecto, de las constancias que obran en autos, mismas que tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte el cumplimiento de los lineamientos de la ejecutoria, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1.- En proveído de veinte del actual, se agregó el oficio P/1732/2022 de veinticinco de octubre de este año, en el que se tuvo al Presidente de la Junta Especial Numero 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Oaxaca de Juárez, remitiendo copia de la resolución interlocutoria dictada en esa misma data en el expediente J.32/0571/2020 de la que se observa lo siguiente: La responsable procedió a dejar sin efecto la diversa interlocutoria de treinta de septiembre del actual. Así de la lectura de la determinación emitida, se aprecia que en el apartado denominado "resultando", transcribió los resolutivos de la determinación de diecisiete de junio del actual, los cuales dicen lo siguiente: "(.) PRIMERO. Se deja sin efecto la resolución incidental de liquidación de 26 de enero de 2021, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el Juicio de Amparo Indirecto número 220/2022. SEGUNDO. Se condena a AFORE XXI BANORTE S.A DE C.V a pagar a la parte actora ELENA NIEVES HURTADO BAUTISTA $73, 457.26 (setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 26/100 m.n) por concepto de RETIRO. TERCERO. Remítase copia certificada al Juzgado Octavo de Distrito en Estado de Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el Juicio de Amparo Indirecto número 220/2022. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a las partes (.)." Por otro lado, la responsable refirió que la quejosa promovió juicio de amparo ante este órgano jurisdiccional registrado con el número 220/2022 a quien se concedió el amparo y protección de la justicia federal para efecto de que se deje insubsistente la resolución incidental de diecisiete de junio del actual, emita otra con plenitud de jurisdicción de forma exhaustiva, fundando y motivando, realizando la valoración de las pruebas aportadas por las partes y demás objeciones realizadas por las partes. Seguidamente en el rubro "considerando", refirió que acorde al artículo 843 de la Ley Federal de Trabajo, esa junta de conciliación y arbitraje es competente para resolver y conocer el incidente de liquidación planteado en el expediente J.32/571/2020. Posteriormente, señaló que en laudo de veinte de mayo del dos mil veintiuno, en el resolutivo segundo se ordenó abrir el incidente de liquidación para determinar el monto de la subcuenta de retiro. Ante ello, manifestó que sólo por excepción puede ordenarse la apertura del incidente de liquidación cuya tramitación tiene por objeto cuantificar en cantidad liquida los conceptos de la condena decretada en el laudo definitivo, por ello el incidente no puede abarcar o incluir en la cuantificación conceptos sobre los cuales no haya condena expresa en el laudo, pues el incidente en mención no es una segunda oportunidad para ampliar la controversia o introducir nuevos elementos en ella, pues su finalidad es cuantificar la condena decretada en el laudo a liquidar. Por lo que atendiendo a la condena establecida en el laudo de veinte de mayo del dos mil veintiuno, debe versar sobre el concepto de devolución de recursos acumulados en la cuenta individual en el ramo retiro que corresponde a la demandada devolver a la actora. Es por lo anterior, que señaló correspondía a la Afore desvirtuar y demostrar el destino y monto de los recursos cuya devolución demandó la actora y que, mediante estado de cuenta al treinta y uno de agosto del dos mil veinte, acreditó la existencia en su cuenta individual de la cantidad de $374,891.53 (trescientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos con cincuenta y tres centavos 53/100) documental de la que reiteró su plena eficacia probatoria, como fue determinado en el laudo de veinte de mayo de dos mil veinte. Manifestó que la demandada de conformidad con el artículo 899-D de la Ley Federal del Trabajo, ofreció en el juicio la documental "RESUMEN DE CUENTAS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS" de veinte de septiembre del dos mil veintiuno, el cual, refirió carece de valor probatorio pues no fue perfeccionada. Aunado a que la demandada incidentista en audiencia de siete de octubre del dos mil veintiuno, controvirtió dicho resumen objetándolo en cuanto a su contenido, literalidad y exactitud, al estimar que se trata de una copia simple que carece de valor probatorio, por consiguiente ninguna eficacia se le concedería en el expediente laboral J.32/571/2020. Sin embargo, atendiendo a que este juzgado, no tuvo por cumplida la ejecutoria, expuso haber requerido a la demandada para que le informara lo que sucedió con los recursos económicos contenidos en el estado de cuenta individual de ahorro para el retiro aportado por la actora, el cual obra en autos del expediente laboral J.32/571/2020, es decir, cuál fue el destino de los $374,891.53 (trescientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos con cincuenta y tres centavos 53/100) que la actora demostró existían en la subcuenta de ahorro para el retiro al treinta y uno de abril del dos mil veinte, según observó del estado de cuenta del periodo de uno de septiembre del dos mil diecinueve al treinta y uno de agosto del dos mi veinte. Para ello informó la demandada mediante escrito de dieciséis de agosto del dos mil veintidós, que por lo que hace a los recursos del Ramo Retiro (Retiro 97) de la Subcuenta de Retiro, Cesantía en edad avanzada y vejez, fueron cubiertos en cumplimiento al laudo recaído en el juicio laboral SAR 716/2019, y para ello adjuntó el "acta de pago" de nueve de diciembre del dos mil veinte, en la que se cumplimentó el laudo de veintitrés de agosto del dos mil veinte, con el cheque 0602133 por la cantidad de $98,016. 48 (novente y ocho mil dieciséis pesos, cuarenta y ocho centavos, moneda nacional) expedido por el Banco Mercantil del Norte S. A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte a favor de la quejosa. Así para tener certeza de lo analizado ordenó traer a la vista el expediente laboral SAR 716/2019 mediante el cual corroboró la existencia de la documental exhibida. Por tanto, refirió que acorde al requerimiento realizado por este juzgado el catorce de octubre de octubre del año en curso, mediante el cual dice la autoridad se expuso lo siguiente: Fue señalado que el alcance de la interlocutoria es determinado por los elementos aportados por las partes en la audiencia de pruebas y alegatos del incidente de liquidación y a su vez los alcances de este se determinaron en el laudo de veinte de mayo del dos mil veintiuno. Que en el laudo dictado en el juicio laboral J.32/571/2020 la litis planteada por la responsable únicamente se fijó para el caso de que la parte actora no contara con los requisitos para la devolución de las cantidades reclamadas. En su caso, la demandada AFORE XXI BANORTE S.A DE C.V debió de hacer valer la excepción de cosa juzgada si se consideraba su actualización, situación que no acontece en el caso, puesto que en ningún momento tal excepción fue opuesta pues la Ley Federal del Trabajo determina el momento en que deben ser analizadas las acciones y exepciones ofrecidas por las partes y en base a eso plantear la Litis en el laudo. Se encuentra revocando sus propias determinaciones e incumpliendo con lo establecido en el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, ya que, no es el momento procesal oportuno para el estudio de excepciones, en razón a que ya existe un laudo firme, el cual determinó la Litis y los alcances del incidente de liquidación. Y en atención a esas consideraciones, prescindió de considerar la existencia de cosa juzgada. Por otro lado, tomando en cuenta que con la documentación aportada por la demandada AFORE XXI BANORTE S.A DE C.V no acreditó lo que sucedió con los recursos económicos contenidos en el estado de cuenta individual de ahorro para el retiro aportado por la actora, es decir, el destino de los $374,891.53 (trescientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos con cincuenta y tres centavos 53/100) que la actora demostró existían en su subcuenta de ahorro para el retiro al treinta y uno de abril del dos mil veinte, documental a la que otorgó pleno valor probatorio al no haber sido desvirtuada en el juicio, con apoyo en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, se condenó a la demandada AFORE XXI BANORTE S.A DE C.V a pagar a la actora el concepto de retiro por la cantidad de referencia. De lo anterior, se advierte que la ejecutoria dictada en este asunto, se encuentra cumplida, pues en torno al efecto descrito en el inciso a) de la ejecutoria, la responsable procedió a dejar sin efecto interlocutoria de treinta de septiembre del actual dictada en el juicio laboral J.32/571/2020. Por otro lado, respecto al inciso b) de la resolución que concedió el amparo, se advierte que la responsable el veinticinco de octubre de este año, con plenitud de jurisdicción de forma exhaustiva, fundando y motivando, resolvió lo correspondiente, esto es, valoró la documental aportada por la actora consiste en el estado de cuenta individual de ahorro para el retiro, a la cual otorgó pleno valor probatorio; medio de convicción mediante el cual estimó demostrada la existencia de la cantidad de $374,891.53 (trescientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos con cincuenta y tres centavos 53/100) al treinta y uno de abril del dos mil veinte. Así también, la responsable, al pronunciarse sobre el alcance demostrativo de la documental "RESUMEN DE CUENTAS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS" de veinte de septiembre del dos mil veintiuno, ofrecida por la parte demandada, determinó que carecía de valor probatorio al no haber sido perfeccionada. Aunado a que la demandada incidentista en audiencia de siete de octubre del dos mil veintiuno, controvirtió dicho resumen objetándolo en cuanto a su contenido, literalidad y exactitud, al estimar que se trata de una copia simple que carece de valor probatorio, por consiguiente ninguna eficacia se le concedería en el expediente laboral J.32/571/2020. En consecuencia, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de su derecho de petición consagrado en el artículo 8° Constitucional, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, al atenderse sus efectos, sin excesos ni defectos. Sin que sea un obstáculo para arribar a una consideración diferente que la junta responsable no haya expuesto, conforme lo resuelto en la ejecutoria de amparo: La razón por la que estimó la existencia de una "diferencia" resultante en la cantidad de $301,434.27 (trescientos un mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos, veintisiete centavos, moneda nacional), acreditada por la demandada como la contenida en la subcuenta "CESANTÍA Y VEJEZ Y CUOTA SOCIAL"; y la demostrada por la actora durante el juicio por la cantidad de $374,891.53 (trescientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos, cincuenta y tres centavos, moneda nacional); cuando el primer monto corresponde a un concepto diverso al de "RETIRO" que fue condenada a pagar la demandada conforme al laudo dictado en el juicio de origen; máxime que como lo precisó en la resolución reclamada, en el laudo, concretamente en el considerando V, se tuvo a la actora demostrando la existencia de un monto exacto por concepto de "RETIRO". Lo anterior, pues al haber desestimado la documental consistente en el "RESUMEN DE CUENTAS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS" de veinte de septiembre del dos mil veintiuno, ofrecida por la tercera interesada y otorgar valor al estado de cuenta al treinta y uno de agosto del dos mil veinte ofrecida por la quejosa, determinó procedente la devolución de la cantidad de $374,891.53 (trescientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos con cincuenta y tres centavos 53/100), monto exacto por el concepto relativo al ramo de retiro, no se aprecia diferencia alguna en cuanto al monto liquidado. Asimismo, tampoco representa un obstáculo para establecer el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que la autoridad responsable señalara en la resolución analizada, que prescindió de considerar la cosa juzgada en virtud de lo argumentado por este Juzgador en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós. Ello, dado que, el estudio que en su caso realizara la Junta responsable en relación a la existencia o no de cosa juzgada al emitir la resolución dentro del incidente de liquidación del laudo en el juicio laboral de origen, no constituyó un aspecto a considerar dentro de los efectos por los que se concedió el amparo a la quejosa. Además, el fragmento del acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós dictado en este juicio, transcrito por la autoridad responsable en la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, diverso a lo que señaló, no forma parte de las razones que sustentaron el requerimiento formulado en dicho proveído a la Junta en virtud del incumplimiento de la sentencia de amparo, ya que constituyen los argumentos expresados por la parte quejosa en atención a la vista dada con la diversa resolución dictada por la aludida Junta con motivo de diverso requerimiento efectuado por este Juzgador; razonamientos que si bien fueron plasmados en el acuerdo de catorce de octubre en cuestión, se insiste, no son las consideraciones que llevaron a este Juzgador a requerir a la Junta el acatamiento del fallo concesorio. Archivo Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido, toda vez que en el presente sumario constitucional se dictó sentencia definitiva la cual en este proveído se tuvo por cumplida. Valoración Ahora bien, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se considera que es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los citados numerales 12 y 14; en virtud que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General. Además, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito; además, atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no se estima que debe ser considerado de relevancia documental. Destino Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la DEPURACIÓN de este expediente, para lo cual, de conformidad con el artículo 18, párrafo tercero del multicitado Acuerdo General, se ordena conservar la demanda de amparo, auto de inicio, sentencia, acuerdo en el que causó ejecutoria esta última y en la que se declaró cumplida, así como este proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio procedente de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Oaxaca de Juárez, por medio del cual remite copia certificada de las documentales con las que acredita el cumplimiento a la resolución dictada en autos. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con las referidas constancias, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de este acuerdo, exprese lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citad ejecutoria de amparo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de Óscar Alejandro Zuñiga García, quien refiere ser apoderado legal de la quejosa Elena Nieves Hurtado Bautista, pues expone que en autos del juicio laboral 571/2020, fue reconocida esa personalidad y para ello exhibe la copia del auto de uno de diciembre de dos mil veinte dentro del expediente laboral en cita. Asimismo, desahoga la vista otorgada en proveído de tres de octubre de esta anualidad, en los siguientes términos: Refiere que en sentencia de fecha dieciocho de mayo del actual, este Juzgado encontró fundado el acto reclamado por la hoy quejosa, sin embargo, la autoridad responsable al dictar la interlocutoria de fecha treinta de septiembre del dos mil veintidós por la cual pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo cae en defectos, por lo cual no debe de ternarse por cumplida la ejecutoria pues sus efectos fueron para que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada, dictara una nueva y con libertad de jurisdicción resolviera conforme a derecho, realizando la valoración de las pruebas aportadas por las partes y además las objeciones realizadas. En este sentido, en la interlocutoria de treinta de septiembre del dos mil veintidós, la autoridad responsable sigue sin valorar la prueba ofrecida por la parte actora en el juicio de origen, pues se basa únicamente en la documental aportada por la demandada AFORE XXI BANORTE S.A. DE C.V., de la cual sigue sin dar el razonamiento del por qué le otorga pleno valor probatorio a pesar de las objeciones realizadas por la parte actora, pues la carga de la prueba corresponde a la demandada AFORE XXI BANORTE S.A. DE C.V. De igual manera, refiere que como se ha determinado el incidente de liquidación no es una nueva oportunidad para introducir nuevos elementos, si no, lo que se pretende es liquidar el laudo, el cual ya se ha pronunciado sobre las pretensiones de la actora y su existencia. Y la autoridad responsable omite pronunciarse nuevamente sobre las objeciones realizadas por la parte actora sobre la prueba documental ofrecida por la demandada, prueba a la que le sigue otorgando pleno valor probatorio a pesar de que la misma autoridad responsable encontró como equivocado su medio de perfeccionamiento y que además se estableció que no aporto los elementos necesarios para su desahogo, esto en razón de que la documental ofrecida como prueba es resultado de un avance de la ciencia y conforme a la jurisprudencia y la ley estos documentos deben ser perfeccionados para tener pleno valor probatorio. Ahora bien, la autoridad responsable en su resolutivo segundo determina la existencia de cosa juzgada en el presente asunto, sin embargo, es de establecerse que el alcance de la interlocutoria que nos ocupa es determinado por los elementos aportados por las partes en la audiencia de pruebas y alegatos del incidente de liquidación y a su vez los alcances de este se determinaron en el laudo de fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno, el cual fuera dictado por la autoridad responsable. Laudo en el cual se aprecia que la Litis planteada por la responsable únicamente se fijó para el caso de que la parte actora no contara con los requisitos para la devolución se las cantidades reclamadas. En su caso la demandada AFORE XXI BANORTE S.A. DE C.V., debió de hacer valer la excepción de cosa juzgada si consideraba que se actualizaba dicha excepción, situación que no acontece en el presente caso, puesto que en ningún momento tal excepción fue opuesta, pues la ley Federal del Trabajo determina el momento en que deben ser analizadas las acciones y excepciones ofrecidas por las partes y en base a eso plantear la Litis en el laudo. Por tanto, la autoridad responsable se encuentra revocando sus propias determinaciones e incumpliendo con lo establecido en el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, ya que, no es el momento procesal oportuno para el estudio de excepciones, en razón de que ya existe un laudo firme el cual determino la Litis y los alcances del incidente de liquidación. A su vez corresponde a la demandada acreditar cual fue el destino de los recursos de la cuenta individual de la actora, pues es esta administradora la única que maneja dichos recursos y de autos se advierte que en ningún momento la demandada ha hecho valer la excepción de cosa juzgada, encontrándose la autoridad responsable violando el procedimiento y revocando sus propias determinaciones. Por otro lado, Óscar Alejandro Zuñiga Garcia, quien refiere ser apoderado legal de la quejosa Elena Nieves Hurtado Bautista, solicita se otorgue al usuario "alejandrozuniga", el acceso al expediente electrónico y la realización de notificaciones por este medio. En atención a lo anterior: Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce a Óscar Alejandro Zuñiga Garcia con la personalidad en la que se ostenta en promovente, pues lo acredita con la copia del auto de uno de diciembre de dos mil veinte dentro del expediente laboral. ALTA DE USUARIO Atento a la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente consulte el expediente electrónico de este asunto, al registro de usuario: "alejandrozuniga", mismo que fue proporcionado en la demanda de amparo. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Ahora, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del citado Acuerdo General 12/2020, como lo solicita se autoriza al registro de usuario: "alejandrozuniga" la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase al promovente que para ser notificado de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, únicamente en caso de no lograrse la notificación por ese medio, se deberá efectuar en el domicilio que señalan en autos. Para ello, instrúyase a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que proceda a vincular el usuario que indica la promovente previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. Ahora en atención a que la parte quejosa se pronunció respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, la citada ejecutoria se encuentra o no cumplida. En el caso, por sentencia de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para que la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, realizara lo siguiente: "[...] a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) En su lugar dicte otra en la que, con plenitud de jurisdicción, de forma exhaustiva, fundando y motivando, resuelva lo que conforme a derecho corresponda, realizando la valoración de las pruebas aportadas por las partes y además las objeciones realizadas. Se precisa que este órgano jurisdiccional no está en aptitud de sustituir válidamente a la autoridad responsable, pues al desconocerse los motivos en que se sustenta la resolución reclamada, no puede justipreciar la validez de las conclusiones, y por ende, emitir pronunciamiento alguno sobre su constitucionalidad en cuanto al fondo, pues no debe perderse de vista que, de acuerdo con la técnica del amparo, la autoridad que conoce de éste debe limitarse a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales de instancia. [.]." En efecto, de las documentales que obran en los autos, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia lo siguiente: En proveído de nueve de agosto del actual, se agregó el oficio P/1136/2022 de ocho de agosto del actual (R.E 010777), en el que se tuvo al Presidente de la Junta Especial Numero 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Oaxaca de Juárez, remitiendo copia de la resolución interlocutoria dictada en esa misma data en el expediente J.32/0571/2020 de la que se observa lo siguiente: La responsable procedió a dejar sin efecto la diversa interlocutoria de diecisiete de junio del actual. Así de la lectura de la determinación emitida, se aprecia que en el apartado denominado "resultando", transcribió los resolutivos de la determinación de ocho de julio del actual, los cuales dicen lo siguiente: "(.) PRIMERO. Se deja sin efecto la resolución incidental de liquidación de 17 de junio de 2022, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el Juicio de Amparo Indirecto número 220/2022. SEGUNDO. Se condena a AFORE XXI BANORTE S.A DE C.V a pagar a la parte actora ELENA NIEVES HURTADO BAUTISTA $73, 457.26 (setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 26/100 m.n) por concepto de RETIRO. TERCERO. Remítase copia certificada al Juzgado Octavo de Distrito en Estado de Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el Juicio de Amparo Indirecto número 220/2022. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a las partes (.)." Seguidamente, la responsable refirió que la quejosa promovió juicio de amparo ante este órgano jurisdiccional registrado con el número 220/2022 a quien se concedió el amparo y protección de la justicia federal para efecto de que se deje insubsistente la resolución incidental de diecisiete de junio del actual, emita otra con plenitud de jurisdicción de forma exhaustiva, fundando y motivando, realizando la valoración de las pruebas aportadas por las partes y demás objeciones realizadas por las partes. Seguidamente en el rubro "considerando", refirió que acorde al artículo 843 de la Ley Federal de Trabajo, esa junta de conciliación y arbitraje es competente para resolver y conocer el incidente de liquidación planteado en el expediente J.32/571/2020. Posteriormente, señaló que en laudo de veinte de mayo del dos mil veintiuno, en el resolutivo segundo se ordenó abrir el incidente de liquidación para determinar el monto de la subcuenta de retiro. Ante ello, manifestó que solo por excepción puede ordenarse la apertura del incidente de liquidación cuya tramitación tiene por objeto cuantificar en cantidad liquida los conceptos de la condena decretada en el laudo definitivo, por ello el incidente no puede abarcar o incluir en la cuantificación conceptos sobre los cuales no haya condena expresa en el laudo, pues el incidente en mención no es una segunda oportunidad para ampliar la controversia o introducir nuevos elementos en ella, pues su finalidad es cuantificar la condena decretada en el laudo a liquidar. Por lo que atendiendo a la condena establecida en el laudo de veinte de mayo del dos mil veintiuno, debe versar sobre el concepto de devolución de recursos acumulados en la cuenta individual en el ramo retiro que corresponde a la demandada devolver a la actora. Es por lo anterior, que corresponde a la Afore desvirtuar y demostrar el destino y monto de los recursos cuya devolución demandó la actora y que, mediante estado de cuenta al treinta y uno de agosto del dos mil veinte, acreditó la existencia en su cuenta individual de la cantidad de $374,891.53 (trescientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos con cincuenta y tres centavos 53/100) documental de la que reiteró su plena eficacia probatoria. Manifestó que la demandada de conformidad con el artículo 899-D de la Ley Federal del Trabajo, ofreció en el juicio la documental "RESUMEN DE CUENTAS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS" de veinte de septiembre del dos mil veintiuno, el cual, refirió carece de valor probatorio pues no fue perfeccionada. No obstante lo anterior, y con la finalidad de no afectar derecho humano de seguridad social al desconocer el desglose de los importes de cada uno de los conceptos que integran las cuenta individual de la actora y que de no existir condena se afecten los recursos que financian su pensión, con fundamento en los artículos 735, 782, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo requirió a la demandada AFORE XXI BANORTE S.A DE C.V a fin de que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación: informará y justificara lo que sucedió con los recursos económicos contenidos en el estado de cuenta individual de ahorro para el retiro aportado por la parte actora, es decir, el destino de los $374,891.53 (trescientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos con cincuenta y tres centavos 53/100) que la actora demostró existían en la subcuenta de ahorro para el retiro al treinta y uno de agosto del dos mil veinte, según lo apreció del estado de cuenta del periodo de uno de septiembre de dos mil diecinueve al treinta y uno de agosto del dos mil veinte. Efectuó apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le tendría por no interesado y se procedería a resolver conforme a los elementos que obraran en esos autos. En auto de veintinueve de agosto del actual, se agregó el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial No. 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual remite copias certificadas de los siguientes documentos: 1. Escrito presentado por la apoderada legal del "AFORE XXI BANORTE, S.A DE C.V, BANORTE, S.A. DE C.V" en autos del juicio laboral J.32/0571/2020 de fecha dieciséis de agosto del dos mil veintidós. 2. Resumen de cuenta para trámites administrativos; reporte de retiro y/o transferencia de recursos de la cuenta individual a nombre de la quejosa ambos de dieciséis de agosto del dos mil veintidós. 3. Auto de nueve de diciembre de dos mil veinte en el expediente laboral J.32/0571/2020. Ahora de la lectura de las documentales citadas se aprecia que en el escrito presentado por la apoderada legal de la demandada manifestó los diversos cobros realizados por la quejosa respecto de su cuenta individual NSS 78867100816 desprendida de los registros de su representada en virtud del plan privado de pensiones, del Instituto Mexicano del Seguro Social, contenido en el registro de pensiones y jubilaciones del Contrato Colectivo de Trabajo que dicha institución tiene suscrita con el sindicato y al amparo del cual se otorgó a la actora, una jubilación por años de servicio en la fecha y montos que a continuación se describirán, los cuales refirió se acreditan con el "REPORTE DE RETIRO Y/O TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL". CONCEPTO MONTO FECHA Desempleo $25, 683.90 02/09/2019 Retiro 97 $98, 016.48 03/11/2020 SAR 92 $24, 326. 67 20/09/2019 Expuso que por lo que hace al ramo retiro 97 de la Subcuenta de Retiro, Cesantía y edad avanzada y vejez, fueron cubiertos por su representada en cumplimiento al diverso laudo recaído en el juicio laboral SAR 716/2019, y para ello adjuntó el acta de pago de nueve de diciembre del dos mil veinte, en la que se cumplimentó el laudo de veintitrés de agosto del dos mil veinte, con el cheque 0602133 por la cantidad de $98, 016, 48 expedido por el Banco Mercantil del Norte S. A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte a favor de la quejosa. Por otro lado, respecto a los saldos existentes en la cuenta individual de Elena Nieves Hurtado Bautista, respecto de su cuenta individual NSS 78867100816 refiere se acredita con el "RESUMEN DE CUENTA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS" expedido el dieciséis de agosto del actual a nombre de la quejosa por la cantidad de $298, 669.48 (doscientos noventa y ocho mil seiscientos sesenta y nueve pesos con cuarenta y ocho centavos) correspondiente al ramo Retiro, Cesantía y edad avanzada y vejez de su cuenta individual. Ante ello, la junta responsable en auto de veintidós de agosto del actual dictado en el incidente de liquidación relativo al juicio laboral J.32/571/2020, tuvo a la demandada dando cumplimiento a lo solicitado y ordenando turnar los autos para el dictado de la resolución correspondiente. Seguidamente, en proveído de tres de octubre del actual, se agregó a los autos el oficio P/1596/2022 de treinta de septiembre del actual, la responsable remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de treinta de septiembre del actual, de la cual se aprecia lo siguiente: Procedió a dejar sin efecto la diversa resolución de diecisiete de junio de dos mil veintidós procediendo a dictar nueva determinación. Así se aprecia que en el apartado denominado "resultando", transcribió los resolutivos de la determinación de diecisiete de junio del actual, los cuales dicen lo siguiente: "(.) PRIMERO. Se deja sin efecto la resolución incidental de liquidación de 26 de enero de 2021, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el Juicio de Amparo Indirecto número 220/2022. SEGUNDO. Se condena a AFORE XXI BANORTE S.A DE C.V a pagar a la parte actora ELENA NIEVES HURTADO BAUTISTA $73, 457.26 (setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 26/100 m.n) por concepto de RETIRO. TERCERO. Remítase copia certificada al Juzgado Octavo de Distrito en Estado de Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el Juicio de Amparo Indirecto número 220/2022. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a las partes (.)." Seguidamente, la responsable refirió que la quejosa promovió juicio de amparo ante este órgano jurisdiccional registrado con el número 220/2022 a quien se concedió el amparo y protección de la justicia federal para efecto de que se deje insubsistente la resolución incidental de diecisiete de junio del actual, emita otra con plenitud de jurisdicción de forma exhaustiva, fundando y motivando, realizando la valoración de las pruebas aportadas por las partes y demás objeciones realizadas por las partes. Seguidamente en el rubro "considerando", la responsable cita el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo para fundamentar que es competente para resolver el incidente de liquidación planteado. Luego, menciona que en laudo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, en el resolutivo segundo se ordenó abrir el incidente para determinar el monto de la sub cuenta de retiro. Ante ello, manifestó que solo por excepción puede ordenarse la apertura del incidente de liquidación cuya tramitación tiene por objeto cuantificar en cantidad liquida los conceptos de la condena decretada en el laudo definitivo, por ello el incidente no puede abarcar o incluir en la cuantificación conceptos sobre los cuales no haya condena expresa en el laudo, pues el incidente en mención no es una segunda oportunidad para ampliar la controversia o introducir nuevos elementos en ella, pues su finalidad es cuantificar la condena decretada en el laudo a liquidar. Por lo que atendiendo a la condena establecida en el laudo de veinte de mayo del dos mil veintiuno, refirió que en el asunto debía únicamente determinarse el monto de la Subcuenta de Retiro que le correspondía a la actora y devolverle la demandada como se condenó en el referido laudo. Continuó manifestando que correspondía a la Afore desvirtuar y demostrar el destino y monto de los recursos cuya devolución demandó a la actora y que, mediante estado de cuenta al treinta y uno de agosto del dos mil veinte, acreditó la existencia en su cuenta individual de la cantidad de $374,891.53 (trescientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos con cincuenta y tres centavos 53/100) documental de la que reiteró su plena eficacia probatoria en juicio como se determinó en el veinte de mayo del dos mil veinte. Manifestó que la demandada de conformidad con el artículo 899-D de la Ley Federal de Trabajo, ofreció en juicio la documental RESUMEN DE CUENTAS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS de veinte de septiembre del dos mil veintiuno, el cual carece de valor probatorio al no haber sido perfeccionada. Sin embargo al haber requerido a la demandada AFORE XXI BANORTE S.A DE C.V para que informara lo que sucedió con los recursos económicos contenidos en el estado de cuenta individual de ahorro para el retiro aportado por la parte actora, es decir de la cantidad de $374,891.53 (trescientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos con cincuenta y tres centavos 53/100) que la actora demostró existían en su cuenta de ahorro para el retiro el treinta y uno de abril del dos mil veinte, según lo observó del estado de cuenta del periodo de uno de septiembre del dos mil diecinueve al treinta y uno de agosto del dos mil veinte, haciendo referencia a lo informado por la demandada. Mencionado que con independencia del perfeccionamiento en juicio versan sobre reclamos que fueron cosa juzgada, trayendo a la vista el expediente laboral 716/2019, apreciando de los autos de dicho juicio y en la calidad con la que fueron y de la existencia de un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes respecto de la causa de pedir, por lo que ya no era factible modificarse o de distinto pronunciamiento respecto de dicha cuestión y que adquirió firmeza al cumplimiento que dio la demandada a la condena impuesta, sin desatender a lo decidido en diverso juicio laboral. Por tanto al haber existido un pronunciamiento derecho entre las mismas partes respecto de la misma causa de pedir, daba lugar a cosa juzgada, como consecuencia lo que pretendía el actor era improcedente al existir pronunciamiento respecto de su reclamo. De lo anterior, se advierte que la ejecutoria dictada en este asunto, no se encuentra cumplida, pues si bien es cierto que la responsable expuso haber requerido a la demandada AFORE XXI BANORTE S.A DE C.V para que informara lo que sucedió con los recursos económicos contenidos en el estado de cuenta individual de ahorro para el retiro aportado por la parte actora, es decir de la cantidad de $374,891.53 (trescientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos con cincuenta y tres centavos 53/100) que la actora demostró existían en su cuenta de ahorro para el retiro el treinta y uno de abril del dos mil veinte. Y advirtió que en la cuenta individual NSS 78867100816 de la quejosa Elena Nieves Hurtado Bautista, obra la cantidad de $298, 669.48 (doscientos noventa y ocho mil seiscientos sesenta y nueve pesos con cuarenta y ocho centavos) correspondiente al ramo Retiro, Cesantía y edad avanzada y vejez de su cuenta individual, mismo que se acredita con el "RESUMEN DE CUENTA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS" expedido el dieciséis de agosto del actual. La responsable no expuso: Por qué jurídicamente la documental "RESUMEN DE CUENTA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS" de veinte de septiembre del dos mil veintiuno, resultó suficiente para determinar que en la cuenta individual de la actora, no existían recursos relativos a la subcuenta de "RETIRO 1997", como lo hizo notar la demandada en el escrito mediante el cual ofreció pruebas en el incidente de liquidación; y sólo existían recursos en la subcuenta de "CESANTÍA Y VEJEZ Y CUOTA SOCIAL", a efecto de establecer la inexistencia de recursos que debían devolverse a la quejosa. No explicó los motivos por los cuales no tomó en cuenta en audiencia de pruebas y alegatos de siete de octubre de dos mil veintiuno, que la actora controvirtió el "RESUMEN DE CUENTA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS" de veinte de septiembre del dos mil veintiuno, el cual fue objetado en cuanto a su autenticidad de contenido, literalidad y exactitud, al estimar que se trataba de una copia simple que carecía de valor probatorio. Asimismo no explicó por qué otorgó valor probatorio al "RESUMEN DE CUENTA PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS", a pesar de que dicha probanza no fue ofrecida con los elementos necesarios para su desahogo, ni cumplió con los requisitos establecidos por la Ley Federal del Trabajo De igual manera, no expuso por qué ya no tomaría en cuenta las diversas pruebas aportadas por la actora en el incidente; y la razón por la cual únicamente dio relevancia a la documental ofrecida por la demandada. Asimismo, tampoco estableció la razón por la que estimó la existencia de una "diferencia" resultante en la cantidad de $301,434.27 (trescientos un mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos, veintisiete centavos, moneda nacional), acreditada por la demandada como la contenida en la subcuenta "CESANTÍA Y VEJEZ Y CUOTA SOCIAL"; y la demostrada por la actora durante el juicio por la cantidad de $374,891.53 (trescientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos, cincuenta y tres centavos, moneda nacional); cuando el primer monto corresponde a un concepto diverso al de "RETIRO" que fue condenada a pagar la demandada conforme al laudo dictado en el juicio de origen; máxime que como lo precisó en la resolución reclamada, en el laudo, concretamente en el considerando V, se tuvo a la actora demostrando la existencia de un monto exacto por concepto de "RETIRO". Cuestiones que fueron precisadas en las consideraciones que integra la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo, y respecto de los cuales, se insisten, la Junta responsable no se ocupó al emitir la resolución que dictó en pretendido cumplimiento al fallo constitucional. En razón a lo anterior, se tiene por no cumplida la ejecutoria de amparo, pues como se hizo notar, la autoridad responsable, si bien con plenitud de jurisdicción resolvió lo que conforme a derecho estimó conducente, omitió pronunciarse en relación con cada uno de los aspectos referidos, relativos a la valoración de pruebas aportadas por las partes en el incidente de liquidación. En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación cumpla con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y remita copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto, o en su caso, informe el trámite que realiza, para lo cual deberá utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento. Con relación a lo anterior, se precisa, que la concesión del amparo es para el efecto siguiente: "[.] Deje insubsistente la resolución reclamada. En su lugar dicte otra en la que, con plenitud de jurisdicción, de forma exhaustiva, fundando y motivando, resuelva lo que conforme a derecho corresponda, realizando la valoración de las pruebas aportadas por las partes y además las objeciones realizadas. Se precisa que este órgano jurisdiccional no está en aptitud de sustituir válidamente a la autoridad responsable, pues al desconocerse los motivos en que se sustenta la resolución reclamada, no puede justipreciar la validez de las conclusiones, y por ende, emitir pronunciamiento alguno sobre su constitucionalidad en cuanto al fondo, pues no debe perderse de vista que, de acuerdo con la técnica del amparo, la autoridad que conoce de éste debe limitarse a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales de instancia. [...]." Efectos que también comprenden las consideraciones que integran la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la referida responsable que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado supralíneas y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga. Ahora, en relación con las manifestaciones de la parte quejosa, deberá estarse a lo acordado con anterioridad, pues su pretensión sustancialmente, consiste en declarar el incumplimiento de la ejecutoria de amparo; lo que aconteció en los términos expuestos en párrafos anteriores. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio procedente de la Junta Especial Numero 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Oaxaca de Juárez, por medio del cual remite copia certificada de las documentales con las que acredita el cumplimiento a la resolución dictada en autos. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con las referidas constancias, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de este acuerdo, exprese lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citad ejecutoria de amparo. Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a las partes, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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