Elena Cruz Bengochea
Expediente 827/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 827/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Elena Cruz Bengochea
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; quince de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que el presente cuaderno de antecedes en auto de diez de enero de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del asunto, dentro de los seis meses. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con lo establecido en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (documentos vigentes en la época en que se dio por concluido este asunto) se determina que este cuaderno original es DESTRUIBLE dentro de los tres años los que transcurren del diez de enero de dos mil veintidós, al diez de enero del dos mil veinticinco. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; diez de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el comunicado 192/2022 procedente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por medio del cual acusa recibo del oficio con el que se le remitió el juicio de amparo 827/2021, promovido por Evaristo Victoriano Toribio Pájaro apoderado legal de Elena Cruz Bengochea, así como un tomo de pruebas y comunica que acepta la competencia planteada. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción I, inciso a) del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y atendiendo a que en el presente juicio éste órgano jurisdiccional declinó competencia legal a favor de diverso juzgado, el expediente es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA VI...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. -SE AGREGA OFICIO- Agréguese a los autos el oficio procedente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en Salina Cruz, por medio del cual informa que el exhorto 112/2021 orden 401/2021 fue turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, y para acreditar lo anterior remite copia de la boleta 000423/2021. De lo anterior se toma nota para los efectos legales consiguientes, sin hacer mayor pronunciamiento al respecto dado que ya obra en autos la comunicación oficial de referencia. -DECLINATORIA POR INCOMPETENCIA- Vistas las constancias procesales, se aprecia lo siguiente: 1.- Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial; turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y recibido en la citada fecha en este juzgado; la quejosa ELENA CRUZ BENGOCHEA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES a).- Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 22, con residencia en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, con domicilio oficial en la avenida Morelos número 1191, colonia Lázaro Cárdenas de Tuxtepec, Oaxaca. b).- La Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de Oaxaca, con domicilio oficial en la avenida Fuerza Aérea Mexicana, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. IV.- LA LEY O ACTO DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: 1. Del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 22, con residencia en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, con domicilio Oficial en la avenida Morelos número 1191, colonia Lázaro Cárdenas de Tuxtepec, Oaxaca, le reclamo el quinto punto del acuerdo del acta de audiencia celebrada el dos de julio del dos mil veintiuno, en el que impone multa a mí poderdante Elena Cruz Bengochea, por la cantidad de $896.20 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), ordenándose en consecuencia girar oficio correspondiente a la autoridad fiscal respectiva. 2. De la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca; le reclamo el cobro de la multa por la cantidad de $896.20 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), ordenada por la autoridad responsable ordenadora". 2.- En proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno, se admitió y se registró la demanda de amparo con el número 827/2021, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 3.- En proveídos de dieciocho de agosto y tres de septiembre, ambos de dos mil veintiuno, se agregaron los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos, en representación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y Secretario de Acuerdos quien suple la ausencia del Magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 22 con sede en Tuxtepec, Oaxaca y anexos que se acompañaron; con los cuales se dio vista a las partes, para que se impusieran de su contenido. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Ahora bien, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Así, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El artículo Constitucional, transcrito inicialmente, se ha interpretado de la manera siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época). Por su parte, el normativo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al del 37 de la ley en la materia vigente, se interpretó: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). La intelección de los numerales, tesis y jurisprudencia apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, que establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio constitucional, no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción, se haya presentado la demanda. Ahora, de las constancias procesales se observa que al rendir informe justificado la autoridad ordenadora Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con residencia en Tuxtepec, Oaxaca (R.E 12295) aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en el punto de acuerdo QUINTO del acta de audiencia de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario 2162/2016; en el que hizo efectivo el apercibimiento decretado en el punto de acuerdo TERCERO de la diversa audiencia de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno; impuso multa a la quejosa por la cantidad de $896.20 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), y giró oficio a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para que haga efectivo el requerimiento de pago de multa en el domicilio que aparece en la credencial para votar de la aquí quejosa, expedida por el Instituto Nacional Electoral, esto es, en el municipio de San Pedro Huamelula, Oaxaca. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable ejecutora Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con residencia en Reyes Matencón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado haya negado el cobro de la multa respectiva, toda vez que dicho acto resulta inminente, pues la autoridad responsable ordenadora refiere que giró el oficio respectivo a la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. De lo expuesto, se advierte que se surte la hipótesis señalada en el inciso a), que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Bajo ese tenor, los actos consistentes en el cobro de la multa a la quejosa por la cantidad de $896 (ochocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N), de la que se duele el promovente, tendrá ejecución en el lugar donde reside en el inmueble ubicado en el municipio de San Pedro Huamelula, Oaxaca. Se ordena remitir los autos al Juez competente Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por los artículos 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, al que se estima competente para que siga conociéndolo, a quien se ordena remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Salina Cruz, el juicio de amparo 827/2021, y un tomo de pruebas; para que una vez recepcionados se solicita a su Titular comunique a este órgano de Control Constitucional, lo que tenga a bien determinar. Lo anterior, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XIII, relativo al Decimotercer Circuito que en lo que interesa, establece: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Se dejan sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con seis minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. LA PRESENTE DETERMINACION SE PUBLICA HASTA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADO EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTUNO Y EN TERMINOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR "REFLEJADO EN LISTA DE ACUERDOS Y NO ASÍ EN CAPTURA DE SITENSIS DE ACTUARIA(SISE)," YA QUE NO FUE PREAUTORIZADO NI AUTORIZADO EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO POR EL ENCARGADO DEL DESPACHO)
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 20816/2021 procedente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 112/2021 orden 401/2021 de este índice, enviado para realizar el emplazamiento del tercero interesado Comisariado y Consejo de Vigilancia de San Pedro Huamelula, Oaxaca; en consecuencia, dése de baja la aludida comunicación oficial en el libro de gobierno y en la estadística. Ahora de las constancias que remite el exhortante, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, al tercero interesado Comisariado y Consejo de Vigilancia de San Pedro Huamelula, Oaxaca sin que señalara domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a dicha parte procesal por lista de acuerdos, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para tal efecto. Notifíquese y cúmplase.
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