Elena Guadalupe Mayoral Cruz
Expediente 252/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 252/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Elena Guadalupe Mayoral Cruz
Actuaciones
- Principal
MESA 5.- DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
MESA. 5. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ACUERDO QUE EN LO QUE INTERESA DICE: VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito aclaratorio de demanda firmado por Elena Guadalupe Mayoral Cruz, del que se advierte que en cumplimiento a la prevención que se le formuló en proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, manifiesta bajo protesta de decir verdad que: - El número del expediente principal 400/2012 del índice del Juzgado Civil de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco. - La fecha de la sentencia de primera instancia es dieciocho de enero de dos mil veintidós. - La parte que figura en el proceso civil era de parte incidentada. - La acción ejercida de parte del incidentista era la cancelación de la pensión alimenticia que recibía por parte del actor. La fecha de sentencia de segunda instancia es el quince de septiembre de dos mil veintidós. - La primera sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco determinó en su resolutivo TERCERO. Se revoca la sentencia interlocutoria de dieciocho de enero de dos mil veintidós, dictada por el Juez Civil de Primera Instancia del Décimo Noveno Distrito Judicial de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, en el Incidente de Cancelación de la Pensión Alimenticia, promovido por Armando Mayoral Rodríguez, en contra de Elena Guadalupe Mayoral Cruz, derivado del expediente original número 400/2012, relativo al Juicio Especial de Pensión Alimenticia. De igual forma, la quejosa manifiesta que no señala como acto reclamado la sentencia de segunda instancia, solo la falta de notificación de la resolución de primera y segunda instancia. En razón de lo anterior, se tiene a la citada promovente, por su propio derecho, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO. Ahora, en la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez o Jueza de Amparo deben analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: "a). La falta de notificación de la sentencia de primera instancia, así como la de segunda instancia. b). Del Juez de lo Civil de Primera Instancia del Décimo Noveno Distrito Judicial de Ciudad, Pemex, Macuspana, Tabasco, se reclama la Ejecución de la sentencia de segunda instancia, dictada en el toca civil 168/2022-l, seguido por Armando Mayoral Rodríguez en contra de Elena Guadalupe Mayoral Cruz." (sic). Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.]XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita, se encuentra motivado por el hecho de que la impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. En ese orden, resulta importante traer a contexto el contenido del artículo 142, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, que establece lo siguiente: ARTICULO 142.- Nulidad de las notificaciones Las notificaciones serán nulas cuando no se hagan en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación; II.- La notificación surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, sin reclamar su nulidad, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; III.- La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiriere que la ha conocido, pues de lo contrario quedará convalidada de pleno derecho la notificación; y IV.- Los juzgadores podrán en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo podrá concederse periodo probatorio cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate del emplazamiento. La sentencia que estime fundada la causa de nulidad invocada, mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juzgador deberá imponer la corrección disciplinaria que corresponda conforme al artículo 107, a los funcionarios o a las partes que aparezcan como responsables de la irregularidad. La resolución que decida el incidente de nulidad de notificación y el auto que la decrete de oficio, no serán recurribles. Sin embargo, si alguna de las partes considera que cualquiera de estas resoluciones le causa agravio, podrá hacerlo valer al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva." De la lectura del anterior precepto, se advierte que la nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiriere que la ha conocido es procedente el incidente de nulidad de notificaciones, por lo que si la impetrante acude a esta instancia constitucional doliéndose de la ilegal notificación de la resolución pronunciada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dictada en el toca de apelación 168/2022-I, es incuestionable que la parte quejosa estaba obligada a agotar, previamente a intentar el juicio de amparo el incidente de nulidad de notificaciones, contemplado en el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco; a través del cual puede modificarse o revocarse los actos que pretende combatir para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia VI.2oC J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1816, Tomo XXIII, marzo de 2006, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. " Así como, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual forma, la jurisprudencia VI.2º.C. J/309, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1775, Abril de 2009, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "INCIDENTE DE NULIDAD. PROCEDE CONTRA LA FALTA O LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO YA SE HUBIERA DECLARADO EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).Si se omite o se estima indebida la notificación de la sentencia de primera instancia, debe impugnarse a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, aun cuando ya se hubiere emitido el auto que declara ejecutoriado dicho fallo; en principio, porque el auto que da firmeza a una sentencia no cierra fase procesal alguna, como sí lo hace la sentencia de primer grado, mediante la cual termina la primera instancia, o la de segundo grado, con la que concluye la segunda instancia, ni se trata de la resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, con la que concluye ese periodo, sino que es una mera declaración, por virtud de la cual se hace del conocimiento de las partes que la sentencia respectiva ha quedado firme por no ser susceptible de impugnación o por no haber sido recurrida por alguna de ellas; pero además, porque la indicada incidencia no atenta contra la firmeza de la cosa juzgada, pues ésta no estriba en el auto que declara ejecutoriada una sentencia, sino está en la propia resolución, pues es ésta la que contiene la verdad legal establecida por el juzgador, irrebatible e inmodificable por virtud de un medio de defensa accesorio que no tenga la característica de ser un recurso que la ley expresamente establezca para obtener su revocación o modificación. Por tanto, si el señalado incidente de nulidad sólo tiene por finalidad dejar sin efectos todas las actuaciones a partir de la omitida o indebida notificación, es decir, las efectuadas después de emitida la sentencia de primera instancia y las practicadas con posterioridad, incluida en éstas el señalado auto de ejecutoriedad, para que se realice la notificación omitida o se practique nuevamente esa comunicación procesal, pero conforme a derecho, sin alterar el contenido de ese fallo, es evidente que con él puede impugnarse la omisión o indebida notificación de una sentencia de primer grado, aun cuando se hubiere declarado firme pues, de lo contrario, el afectado no tendría a su alcance algún medio ordinario ni extraordinario para emprender su defensa." En ese sentido, existe la obligación legal de agotar los recursos ordinarios que marca la ley que rige al acto, previo al ejercicio de la acción constitucional. Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente: En la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada por el Juez de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco. En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa respecto al acto reclamado antes precisado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral invocado, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: por revocación y por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan cuando se emite una determinación posterior que la sustituye procesalmente a la anterior, ya que será esta nueva determinación, y no la impugnada, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el juicio de amparo no puede coexistir con la nueva resolución que modifica los alcances de la primera; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Al respecto, es ilustrativa la tesis I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Registro: 165870, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Materia Común, consultable en la página 1491, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." De lo expuesto, se aprecia que la quejosa reclama la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada por el juez natural del dieciocho de enero de dos mil veintidós y de los antecedentes el acto reclamado, señala que dicha resolución el a-quo determinó que Armando Mayoral Rodríguez no acreditó los elementos de la acción del juicio de cancelación, por lo que éste debía seguir pagando la pensión alimenticia a la hoy quejosa; pero que dicho deudor alimentario interpuso recurso de apelación en contra de la referida sentencia, correspondiendo conocer a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el toca de apelación 168/2022-I. De ahí que, al haberse pronunciado resolución en el toca de apelación 168/2022-I, por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el quince de septiembre de dos mil veintidós, es evidente que la sentencia definitiva pronunciada por el Juez de origen, fue sustituida procesalmente, por lo que no es posible analizar la legalidad del auto reclamado, consistente en la falta de notificación de la referida sentencia definitiva, sin afectar las determinaciones posteriores a éste. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en la fracción XVIII y XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, por notoriamente improcedente, promovida por Elena Guadalupe Mayoral Cruz, contra actos que reclama de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otra autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
mesa 5 mesa 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito aclaratorio de demanda firmado por Elena Guadalupe Mayoral Cruz, del que se advierte que en cumplimiento a la prevención que se le formuló en proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, manifiesta bajo protesta de decir verdad que: - El número del expediente principal 400/2012 del índice del Juzgado Civil de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco. - La fecha de la sentencia de primera instancia es dieciocho de enero de dos mil veintidós. - La parte que figura en el proceso civil era de parte incidentada. - La acción ejercida de parte del incidentista era la cancelación de la pensión alimenticia que recibía por parte del actor. La fecha de sentencia de segunda instancia es el quince de septiembre de dos mil veintidós. - La primera sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco determinó en su resolutivo TERCERO. Se revoca la sentencia interlocutoria de dieciocho de enero de dos mil veintidós, dictada por el Juez Civil de Primera Instancia del Décimo Noveno Distrito Judicial de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, en el Incidente de Cancelación de la Pensión Alimenticia, promovido por Armando Mayoral Rodríguez, en contra de Elena Guadalupe Mayoral Cruz, derivado del expediente original número 400/2012, relativo al Juicio Especial de Pensión Alimenticia. De igual forma, la quejosa manifiesta que no señala como acto reclamado la sentencia de segunda instancia, solo la falta de notificación de la resolución de primera y segunda instancia. En razón de lo anterior, se tiene a la citada promovente, por su propio derecho, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO. Ahora, en la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez o Jueza de Amparo deben analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: "a). La falta de notificación de la sentencia de primera instancia, así como la de segunda instancia. b). Del Juez de lo Civil de Primera Instancia del Décimo Noveno Distrito Judicial de Ciudad, Pemex, Macuspana, Tabasco, se reclama la Ejecución de la sentencia de segunda instancia, dictada en el toca civil 168/2022-l, seguido por Armando Mayoral Rodríguez en contra de Elena Guadalupe Mayoral Cruz." (sic). Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.]XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita, se encuentra motivado por el hecho de que la impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. En ese orden, resulta importante traer a contexto el contenido del artículo 142, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, que establece lo siguiente: ARTICULO 142.- Nulidad de las notificaciones Las notificaciones serán nulas cuando no se hagan en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación; II.- La notificación surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, sin reclamar su nulidad, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; III.- La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiriere que la ha conocido, pues de lo contrario quedará convalidada de pleno derecho la notificación; y IV.- Los juzgadores podrán en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo podrá concederse periodo probatorio cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate del emplazamiento. La sentencia que estime fundada la causa de nulidad invocada, mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juzgador deberá imponer la corrección disciplinaria que corresponda conforme al artículo 107, a los funcionarios o a las partes que aparezcan como responsables de la irregularidad. La resolución que decida el incidente de nulidad de notificación y el auto que la decrete de oficio, no serán recurribles. Sin embargo, si alguna de las partes considera que cualquiera de estas resoluciones le causa agravio, podrá hacerlo valer al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva." De la lectura del anterior precepto, se advierte que la nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiriere que la ha conocido es procedente el incidente de nulidad de notificaciones, por lo que si la impetrante acude a esta instancia constitucional doliéndose de la ilegal notificación de la resolución pronunciada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dictada en el toca de apelación 168/2022-I, es incuestionable que la parte quejosa estaba obligada a agotar, previamente a intentar el juicio de amparo el incidente de nulidad de notificaciones, contemplado en el artículo 142 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco; a través del cual puede modificarse o revocarse los actos que pretende combatir para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia VI.2oC J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1816, Tomo XXIII, marzo de 2006, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. " Así como, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual forma, la jurisprudencia VI.2º.C. J/309, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1775, Abril de 2009, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "INCIDENTE DE NULIDAD. PROCEDE CONTRA LA FALTA O LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO YA SE HUBIERA DECLARADO EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).Si se omite o se estima indebida la notificación de la sentencia de primera instancia, debe impugnarse a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, aun cuando ya se hubiere emitido el auto que declara ejecutoriado dicho fallo; en principio, porque el auto que da firmeza a una sentencia no cierra fase procesal alguna, como sí lo hace la sentencia de primer grado, mediante la cual termina la primera instancia, o la de segundo grado, con la que concluye la segunda instancia, ni se trata de la resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, con la que concluye ese periodo, sino que es una mera declaración, por virtud de la cual se hace del conocimiento de las partes que la sentencia respectiva ha quedado firme por no ser susceptible de impugnación o por no haber sido recurrida por alguna de ellas; pero además, porque la indicada incidencia no atenta contra la firmeza de la cosa juzgada, pues ésta no estriba en el auto que declara ejecutoriada una sentencia, sino está en la propia resolución, pues es ésta la que contiene la verdad legal establecida por el juzgador, irrebatible e inmodificable por virtud de un medio de defensa accesorio que no tenga la característica de ser un recurso que la ley expresamente establezca para obtener su revocación o modificación. Por tanto, si el señalado incidente de nulidad sólo tiene por finalidad dejar sin efectos todas las actuaciones a partir de la omitida o indebida notificación, es decir, las efectuadas después de emitida la sentencia de primera instancia y las practicadas con posterioridad, incluida en éstas el señalado auto de ejecutoriedad, para que se realice la notificación omitida o se practique nuevamente esa comunicación procesal, pero conforme a derecho, sin alterar el contenido de ese fallo, es evidente que con él puede impugnarse la omisión o indebida notificación de una sentencia de primer grado, aun cuando se hubiere declarado firme pues, de lo contrario, el afectado no tendría a su alcance algún medio ordinario ni extraordinario para emprender su defensa." En ese sentido, existe la obligación legal de agotar los recursos ordinarios que marca la ley que rige al acto, previo al ejercicio de la acción constitucional. Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente: En la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada por el Juez de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco. En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa respecto al acto reclamado antes precisado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral invocado, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: por revocación y por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan cuando se emite una determinación posterior que la sustituye procesalmente a la anterior, ya que será esta nueva determinación, y no la impugnada, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el juicio de amparo no puede coexistir con la nueva resolución que modifica los alcances de la primera; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Al respecto, es ilustrativa la tesis I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Registro: 165870, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Materia Común, consultable en la página 1491, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." De lo expuesto, se aprecia que la quejosa reclama la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada por el juez natural del dieciocho de enero de dos mil veintidós y de los antecedentes el acto reclamado, señala que dicha resolución el a-quo determinó que Armando Mayoral Rodríguez no acreditó los elementos de la acción del juicio de cancelación, por lo que éste debía seguir pagando la pensión alimenticia a la hoy quejosa; pero que dicho deudor alimentario interpuso recurso de apelación en contra de la referida sentencia, correspondiendo conocer a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el toca de apelación 168/2022-I. De ahí que, al haberse pronunciado resolución en el toca de apelación 168/2022-I, por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el quince de septiembre de dos mil veintidós, es evidente que la sentencia definitiva pronunciada por el Juez de origen, fue sustituida procesalmente, por lo que no es posible analizar la legalidad del auto reclamado, consistente en la falta de notificación de la referida sentencia definitiva, sin afectar las determinaciones posteriores a éste. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en la fracción XVIII y XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, por notoriamente improcedente, promovida por Elena Guadalupe Mayoral Cruz, contra actos que reclama de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otra autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
mesa 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el escrito de demanda mediante la quejosa solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el número de expediente de amparo 252/2023-5. PREVENCIÓN. Establecido lo anterior, cabe precisar que el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Ahora, de conformidad con el artículo 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, se mandará requerir a la promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: PRIMERO. Precise en concreto en cuanto a los actos reclamados, lo siguiente: El número de expediente relativo a la sentencia de primera instancia que aduce. Fecha de la sentencia definitiva de primera instancia. Toda vez que en el capítulo respectivo, refiere como tal la falta de notificación de la sentencia de primera instancia y segunda instancia sin precisar mayores elementos para poder analizar la procedencia de la demanda, así como, en su caso la legalidad del acto reclamado. Segundo. Asimismo, precise si señala como acto reclamado la sentencia de segunda instancia: Lo anterior, porque en el capítulo de actos reclamados, a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, solo le reclama precisa: La falta de notificación de la resolución. TERCERO: Exhiba (5) cinco copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, esto es, una (1) para el agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, una (1) para cada una de las autoridades responsables (que en el caso son 2) una (1) para el tercero interesado y una (1) para la apertura del incidente de suspensión que solicita, lo anterior, toda vez que es un requisito previsto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. En el entendido de que, en caso de señalar más autoridades, deberá aumentar una copia más, por cada una de ellas. De igual forma, hágase saber al promovente del amparo el contenido del artículo 261 de la ley de la materia, que prevé las sanciones para la parte quejosa, para su abogado autorizado o para ambos, cuando con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado; numeral que al efecto se transcribe: En la inteligencia de que la prevención deberá desahogarse necesariamente por la parte promovente de la presente acción constitucional, toda vez que ésta constituye un acto de carácter personalísimo, que sólo puede realizar quien ejercitó la demanda de amparo. APERCIBIMIENTO Quedando apercibida la parte quejosa, que de no cumplir con la prevención antes mencionada dentro del término señalado, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en la fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo, en relación con el penúltimo párrafo del referido numeral. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda y como autorizados a conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud, de que éstos no cuentan con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese personalmente.
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