Elena Canto del Toro
Expediente 444/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Elena Canto del Toro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Silvia Esther Quevedo Hernández, en favor de Eliana Canto del Toro y Juan José Bravo Enríquez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al Secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 444/2022-6, promovido por Silvia Esther Quevedo Hernández, en favor de Eliana Canto del Toro y Juan José Bravo Enríquez, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 11, 14 y 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, Silvia Esther Quevedo Hernández, en favor de Eliana Canto del Toro y Juan José Bravo Enríquez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS: ".La ilegal detención, retención, presentación o deportación; dictado en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en el supuesto acto de ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas." AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. EJECUTORA: Delegado Regional y de Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. SEGUNDO. RADICACIÓN Y SUSPENSIÓN DE PLANO. En proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el expediente 444/2022-6, en la cual se otorgó la suspensión de plano de los actos reclamados por los impetrantes, consistentes en la posible orden de detención, presentación, retención, incomunicación, deportación y privación de la libertad; se comisionó a la actuaria judicial de la adscripción para que notificase personalmente a los quejosos en el domicilio de la autoridad responsable; se requirió a la parte impetrante para que ratificase la demanda, con el apercibimiento que de no atender lo anterior, se tendría como no presentada la demanda. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Tras la diligencia de notificación personal, de donde se desprende que los quejosos ratificaron su demanda de amparo, mediante proveído de uno de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente asunto, por lo que se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, toda vez que ya se había efectuado el pronunciamiento respectivo en la suspensión de plano decretada con antelación; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La privación ilegal de la libertad de los quejosos en la estación migratoria de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Las órdenes de detención, presentación, retención, incomunicación y deportación. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS RELATIVOS A LAS ÓRDENES DE DETENCIÓN, PRESENTACIÓN, INCOMUNICACIÓN Y DEPORTACIÓN. No son ciertos los aludidos actos reclamados, por haberlos negado la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con sede en esta ciudad, en representación de las autoridades señaladas como responsables, al rendir informe justificado, pues aunque adujo por una parte que son parcialmente ciertos los actos que se les reclama, posteriormente a ello, realizó manifestaciones negando la emisión de dichos actos privativos de libertad. De lo anterior, se le dio vista oportuna a los quejosos en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que desvirtuaran lo anterior, lo cual era indispensable a efecto de que esta juzgadora estuviera en aptitud legal de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sin que de la demanda de amparo se pueda obtener dato alguno que permita advertir la existencia de los actos reclamados referidos, concretándose los quejosos a señalarlos en el apartado correspondiente, sin describir o narrar los hechos para su corroboración. Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis VI.2o.A.4 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. En las relatadas circunstancias, se consideran inexistentes los aludidos actos reclamados; con motivo de ello, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA RETENCIÓN DEL QUEJOSO EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA Y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Del análisis del informe justificado rendido por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con sede en esta ciudad, se advierte la existencia del acto reclamado relativo a la retención del quejoso en la estación migratoria de esta ciudad. La afirmación anterior se corrobora con las diversas constancias que la responsable acompañó, tanto al informe de cumplimiento de la suspensión de plano, como al informe justificado; consistente en copias certificadas de los expedientes administrativos migratorios de los quejosos Eliana Canto del Toro y Juan José Bravo Enríquez. Documentales públicas a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, por ser expedida por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma se invoca en lo conducente, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En ese tenor, se colige que la existencia del citado acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, por lo que hace al citado acto reclamado en estudio, de las constancias que acompañó la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con sede en esta ciudad, se advierte que a las doce horas con treinta minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, los quejosos efectivamente fueron puestos a disposición de esa autoridad; sin embargo, posteriormente a las veinte horas con veinte minutos del cinco de abril de dos mil veintidós, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en la presente controversia constitucional, se dictó acuerdo por el cual se les dio salida provisional de la estación migratoria a los quejosos Eliana Canto del Toro y Juan José Bravo Enríquez, para continuar su procedimiento administrativo bajo control de firma semanal. Asimismo, la autoridad migratoria, hizo constar que las quejosas al no haberse presentado semanalmente a firmar la apertura de control de firma (8 y 15 de abril) las tuvo por evadiendo el control migratorio y como consecuencia dio por concluido el procedimiento administrativo. En mérito de lo anterior, resulta evidente que en la fecha en que este órgano de amparo resuelve este sumario constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado. En mérito de lo cual, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia en estudio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." También resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
mesa 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de diez de mayo del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de ocho días para que las partes se impongan de su contenido se encuentra transcurriendo. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, SE DIFIERE la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexos que acompaña, consistentes en copias certificadas de los procedimientos administrativos migratorios de los quejosos; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, manéjense éstas por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Finalmente, no se estima pertinente hacer mayor pronunciamiento respecto a la aclaración que realiza la autoridad oficiante de la denominación correcta y competente de dichas autoridades señaladas responsables en el presente asunto, en virtud que en proveído de cuatro de abril del año en curso, se proveyó al respecto. Notifíquese.
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