Elena Beatriz Garcia Pérez

Expediente 1061/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 29 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1061/2021
Año
2021
Actuaciones
29
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Elena Beatriz Garcia Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que la inconforme haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En otro punto, de este asunto se desprende que en los autos de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, y de diez de marzo y de cinco de abril, las dos últimas datas de dos mil veintidós, dictados en este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo se impusieron diversas multas al servidor público que en esas fechas era el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, porque no atendió los requerimientos formulados al no remitir copias certificadas de todas las constancias que integran el juicio contencioso administrativo ******************** del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la capital de esta entidad federativa, en donde figuraba como parte, a pesar que se indicó que esas actuaciones eran indispensables para estar en aptitud para resolver este medio extraordinario de defensa. En diverso aspecto, se destaca que hasta el momento no está demostrado que se hicieron efectivos esos medios de apremio impuestos a la responsable a pesar de que ya fue enviada a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca Uno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la información con la que se contaba relativa a la identificación del servidor público que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, y el diez de marzo y el cinco de abril, las dos últimas datas de dos mil veintidós, era el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por tanto, a fin de estar en aptitud de emitir el pronunciamiento relativo al archivo y a la valoración documental de este medio extraordinario de defensa se estima necesario exponer las consideraciones siguientes. Primeramente, es necesario señalar que el ordinal 260, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone en lo que interesa que se sancionará con una multa de cien a mil días a la autoridad responsable que no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos por ese ordenamiento las constancias que le sean solicitadas en un medio extraordinario de defensa y el diverso 75, tercer párrafo, del propio ordenamiento estatuye que el órgano jurisdiccional que conozca de un juicio constitucional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En diverso aspecto, en la teoría general del proceso la vía de apremio se define como una providencia dictada por el Juez, para efectos de que se cumplan las determinaciones que él mismo haya dictado durante el proceso. Por otro lado, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española el término requerimiento tiene tres acepciones, entre las que destaca la que lo define como el acto judicial por el que se intima que se haga algo o se deje de ejecutar algo. Con base en lo anterior, es factible sostener que durante la tramitación de un juicio de amparo el órgano jurisdiccional respectivo debe requerir a la autoridad responsable las constancias que considere indispensables para estar en aptitud para resolver el medio extraordinario de defensa sometido a su conocimiento y que la ley de la materia prevé como medio de apremio la imposición de una multa de cien a mil días al ente público que no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos legalmente las constancias que le sean solicitadas en un medio extraordinario de defensa, por lo que ante el incumplimiento de un requerimiento de constancias el órgano jurisdiccional debe imponer en contra de la infractora un medio de apremio en el momento en el que se actualice la conducta sancionada. Ahora, para determinar la naturaleza de las multas que el Poder Judicial de la Federación impone con motivo del ejercicio de la función jurisdiccional que constitucionalmente tiene encomendada es necesario traer a contexto el contenido de los preceptos 1, 2 y 3 del Código Fiscal de la Federación, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 1. Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados. Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes." "Artículo 2. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este Artículo. II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace mención la fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del Artículo 21 de este Código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el Artículo 1o." "Artículo 3. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del Artículo 21 de este Código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstos y participan de su naturaleza. Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, podrán ser destinados a cubrir los gastos de operación e inversión de las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa, cuando dicho destino específico así lo establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado." De los segmentos normativos transcritos se obtiene, en lo que interesa, que las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, la procuración y la administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades, por lo que estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales; sin embargo, dan lugar a un crédito fiscal, de conformidad con lo que dispone el artículo 4 del citado ordenamiento legal, que a la letra dice: "Artículo 4. Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice. Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria para su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca dicho órgano." De ese dispositivo se desprende que los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tengan derecho a percibir pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos federales; por consiguiente, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen el carácter de aprovechamientos es incuestionable que determinadas en cantidad líquida constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado a proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución, previsto por el ordinal 145 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior permite concluir que las multas que impone el Poder Judicial de la Federación son verdaderos aprovechamientos federales, por lo que es pertinente examinar las disposiciones legales que señalan al órgano del Estado encargado de hacerlas efectivas. En este punto, se traen a contexto los ordinales 1, 2, 3, 6, 7, fracciones I, IV y XIII y tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que establecen lo siguiente: "Artículo 1. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades ejecutivas que señala esta ley." "Artículo 2. El Servicio de Administración Tributaria tiene por objeto la realización de una actividad estratégica del Estado consistente en la determinación, liquidación y recaudación de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y de sus accesorios para el financiamiento del gasto público. En la consecución de este objetivo deberá observar y asegurar la aplicación correcta, eficaz, equitativa y oportuna de la legislación fiscal y aduanera, así como promover la eficiencia en la administración tributaria y el cumplimiento voluntario por parte del contribuyente de las obligaciones derivadas de esa legislación." "Artículo 3. El Servicio de Administración Tributaria gozará de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su objeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones." "Artículo 6. La Tesorería de la Federación prestará en forma gratuita y de conformidad con lo que establece el presente capítulo y las disposiciones jurídicas aplicables, la asesoría y los servicios necesarios al Servicio de Administración Tributaria. Con base en la información y requerimientos que al efecto presente el Servicio de Administración Tributaria, la Tesorería de la Federación hará las previsiones necesarias para devolver a los contribuyentes, por cuenta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cantidades que, en su caso, corresponda (sic). El Servicio de Administración Tributaria y la Tesorería de la Federación convendrán, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, los plazos y las condiciones bajo los cuales se efectuarán dichas devoluciones." "Artículo 7. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes: I. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable; [.] IV. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios cuando, conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden federal; [.] XIII. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables." [.] "Tercero. Las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la presente ley, su reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos." El examen sistemático de las disposiciones legales transcritas pone de manifiesto que con la creación del Servicio de Administración Tributaria se creó un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el carácter de autoridad fiscal, encargado de manera especial y exclusiva, entre otras funciones, de las concernientes a la determinación, la liquidación y la recaudación de las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios; también se evidencia que respecto de esos rubros tributarios sólo se reservó a la Tesorería de la Federación el carácter de asesor y auxiliar gratuito del mencionado órgano. En esos términos, se factible concluir que corresponde al Servicio de Administración Tributaria realizar el cobro de las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación, por conducto de la unidad administrativa de ese órgano a la que directamente le está asignada esa función. Para evidenciar tal aserto es necesario traer a contexto lo establecido por los ordinales 2, apartado B, fracción I, y antepenúltimo párrafo, 16, fracciones VII, VIII, XXVIII, XXXIII, XLIX y LII, tercer párrafo, numeral 9 y 18 del Reglamento Interior del Servicio De Administración Tributaria, los cuales estatuyen: "Artículo 2. El Servicio de Administración Tributaria, para el despacho de los asuntos de su competencia, contará con las unidades administrativas siguientes: [.] B. Unidades Administrativas Centrales: I. Administración General de Recaudación: [.] Las administraciones generales estarán integradas por sus titulares y por administradores centrales, coordinadores, administradores, administradores desconcentrados, administradores de las aduanas, subadministradores, jefes de departamento, enlaces, supervisores, auditores, ayudantes de auditor, inspectores, abogados tributarios, ejecutores, notificadores, visitadores, verificadores, oficiales de comercio exterior, personal al servicio de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera y demás servidores públicos que señala este Reglamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio [.]" "Artículo 16. Compete a la Administración General de Recaudación: [.] VII. Recaudar directamente, por instituciones de crédito, terceros o a través de las oficinas de recaudación autorizadas, el importe de las contribuciones y aprovechamientos, así como los productos federales y demás ingresos de la Federación, aún y cuando se destinen a un fin específico; VIII. Proporcionar a la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información de los ingresos recaudados, a través de las instituciones de crédito, terceros u oficinas de recaudación autorizadas; [.] XXVIII. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y de inversiones a nombre de los contribuyentes deudores y responsables solidarios; colocar sellos y marcas oficiales con los que se identifiquen los bienes embargados, así como hacer efectivas las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal; [.] XXXIII. Enajenar, dentro o fuera del remate, bienes y negociaciones embargados a través del procedimiento administrativo de ejecución, así como expedir el documento que ampare la enajenación de los mismos; [.] XLIX. Determinar y cobrar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, el monto de la actualización, recargos, gastos de ejecución, honorarios y gastos extraordinarios que se causen en los procedimientos de ejecución que lleve a cabo, así como determinar y hacer efectivo el importe de los cheques no pagados de inmediato y de las indemnizaciones correspondientes; [.] LII. [.] La Administración General de Recaudación estará a cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos siguientes: [.] 9. Administradores Desconcentrados de Recaudación: [.]" "Artículo 18. Compete a las administraciones y subadministraciones desconcentradas de recaudación, ejercer las atribuciones que a continuación se señalan: I. A las administraciones desconcentradas de recaudación, las señaladas en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X respecto del trámite y resolución de las solicitudes y requerimientos a que se refiere dicha fracción, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX salvo el normar los procedimientos de notificación establecidos en el Código Fiscal de la Federación, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLVIII, XLIX, L, LI y LII del artículo 16 de este Reglamento, y II. A las subadministraciones desconcentradas de recaudación, las señaladas en las fracciones XIII, XIV y XIX salvo el normar los procedimientos de notificación establecidos en el Código Fiscal de la Federación, del artículo 16 de este Reglamento, así como tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que le presenten los contribuyentes sobre problemas relacionados con la presentación de declaraciones, pagos, imposición de multas y requerimientos de su competencia. Las administraciones desconcentradas de recaudación estarán a cargo de un Administrador Desconcentrado, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los subadministradores desconcentrados de recaudación, jefes de departamento, notificadores, ejecutores, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio." De la interpretación armónica de las disposiciones invocadas se advierte que el Servicio de Administración Tributaria cuenta para el despacho de los asuntos de su competencia con diversas unidades administrativas, entre las que se encuentra la Administración General de Recaudación a quien está asignada la función de recaudar directamente o a través de sus oficinas autorizadas las contribuciones, los aprovechamientos, así como los productos federales y concentrarlos en la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, esas disposiciones ponen de manifiesto que la Administración General de Recaudación cuenta con facultades para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, que respecto del cobro de créditos fiscales derivados de aprovechamientos federales establece el ordinal 145 del Código Fiscal de la Federación y que cuenta con los servicios de las Administraciones Desconcentradas de Recaudación que ejercen esas facultades dentro de una circunscripción determinada territorialmente. De conformidad con las anteriores premisas debe concluirse que las multas que el Poder Judicial de la Federación impone corresponde hacerlas efectivas a la Administración Desconcentrada de Recaudación que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que puedan cobrársele, en la especie, a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca Uno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 50/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL. Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código." También fortalece lo expuesto por las razones que suministran las jurisprudencias 2a./J. 138/2008 y 2a./J. 49/2003 sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respectivamente señalan: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. Del examen sistemático de lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o., fracciones I, IV y XIII, y tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, se advierte que con el establecimiento del Servicio de Administración Tributaria se creó un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el carácter de autoridad fiscal, encargado de manera especial y exclusiva, entre otras funciones, de las concernientes a la determinación, liquidación y recaudación de las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios, y se reservó a la Tesorería de la Federación el carácter de asesor y auxiliar gratuito del mencionado órgano. Por otro lado, conforme a lo establecido en los artículos 2o., 20, fracciones XVI, XVII, XXIII, LII, párrafos tercero y penúltimo, y 22 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, la Administración General de Recaudación es la unidad administrativa encargada de recaudar directamente o a través de sus oficinas autorizadas, las contribuciones, los aprovechamientos, las cuotas compensatorias, así como los productos federales, y de concentrarlos en la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la Tesorería de la Federación, de acuerdo con los artículos 11, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; dicha Administración cuenta con facultades para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que respecto del cobro de créditos fiscales derivados de aprovechamientos federales establece el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, al igual que cuenta con los servicios de las Administraciones Locales de Recaudación que ejercen esas facultades dentro de una circunscripción determinada territorialmente. Atento lo anterior, corresponde a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que pueden cobrársele, hacer efectivas las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación." Además, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional las tesis siguientes: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CORRESPONDE HACERLAS EFECTIVAS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A TRAVÉS DE SUS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (INAPLICACIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 3a./J. 10/88, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA, TOMO II, PRIMERA PARTE, JULIO A DICIEMBRE DE 1988, PÁGINA 267). Al constituir la jurisprudencia un criterio obligatorio que sobre la interpretación de la ley emiten los órganos jurisdiccionales legalmente facultados, debe ser revisada la vigencia de las normas jurídicas que les sirvieron de base para confirmar la vigencia de su observancia, a fin de garantizar la seguridad jurídica y su exacta aplicación, así como para evitar las confusiones o ambigüedades que pudiera generar la abrogación de la ley interpretada o la derogación de algunos de sus preceptos. En ese sentido, en la actualidad no tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 3a./J. 10/88 sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MULTAS IMPUESTAS POR LA SUPREMA CORTE. LA AUTORIDAD HACENDARIA DEBE HACERLAS EFECTIVAS, DE INMEDIATO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.", que establecía el criterio de que las multas de mérito deberían ejecutarse por la Tesorería de la Federación, pues ahora corresponde al Servicio de Administración Tributaria hacerlas efectivas a través de sus Administraciones Locales de Recaudación competentes, como aprovechamientos federales que son, por lo que en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo dicho criterio jurisprudencial ha quedado obsoleto y, por ende, ya no es aplicable." "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN COMO MEDIDA DE APREMIO. NO DEBEN CANCELARSE O CONDONARSE POR LA AUTORIDAD HACENDARIA. El hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esté autorizada para cancelar o condonar el pago de determinados créditos fiscales, como los señalados en los artículos 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, tanto para el ejercicio fiscal del 2002 como para el del 2003, y 146-A del Código Fiscal de la Federación, no significa que dentro de ellos estén comprendidas las multas que, como medida de apremio, imponen los órganos jurisdiccionales de carácter federal, en ejercicio de facultades relacionadas con el acceso, procuración y administración de justicia en términos del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues de lo contrario se haría nugatoria la facultad sancionadora del Poder Judicial de la Federación para hacer cumplir sus determinaciones. Lo anterior es así, porque la imposición de ese tipo de multas no tiene su origen en el ejercicio de la potestad tributaria, ya que su finalidad consiste no sólo en sancionar al infractor y realizar la consecuente recaudación tributaria, sino precisamente en hacer que se cumplan aquellas determinaciones, con el objeto de agilizar los procesos del orden judicial y cumplir con el deber que a todo órgano jurisdiccional le impone el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, por lo que la citada Secretaría deberá hacer efectivas las mencionadas multas, en términos de lo dispuesto en el artículo 31, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal e informar al órgano jurisdiccional sancionador sobre su ejecución." Por otra parte, se destaca que los medios de apremios que se impusieron en este medio extraordinario de defensa al servidor público que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, y el diez de marzo y el cinco de abril, las dos últimas datas de dos mil veintidós, era el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no guarda relación con la litis constitucional que se planteó en este asunto, la cual fue resuelta al dictarse la sentencia de treinta y uno de mayo del año próximo pasado; además, se tiene en cuenta que este asunto se encuentra concluido, porque ya feneció el plazo de diez días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de revisión previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo en contra de tal fallo en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que a la fecha aparezca que hiciera valer dicho medio de impugnación. En esa línea, se detecta que las multas señaladas se tratan de medidas de apremio impuestas en ese entonces al funcionario responsable señalado, las cuales corresponde hacer efectivas a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca Uno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que las acciones que ese ente fiscal realice para hacer efectivos esos medios de apremio no tienen relación alguna con la litis constitucional resuelta ni con la función jurisdiccional que este Tribunal ejerce. En efecto, debe decirse que esos actos son distintos e independientes; es así, porque las actuaciones que este Juzgado Federal llevó a cabo desde la radicación de este asunto hasta la presente determinación en el que se estableció que ya concluyó el plazo de diez días con el que la disidente contaba para interponer el recurso de revisión previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo en contra de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que a la fecha aparezca que hiciera valer dicho medio de impugnación y las acciones que la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca Uno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, haya realizado o realice a fin de hacer efectivos los medios de apremio señalados son de naturaleza administrativa. Lo anterior se sustenta en la tesis I.9o.A.122 A emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que informa: "MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SÓLO PUEDE EXAMINAR LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA HACERLAS EFECTIVAS, PERO NO AQUÉLLAS EN SÍ MISMAS CONSIDERADAS, POR SUS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS. En términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dicho órgano puede analizar la legalidad de los actos de la autoridad administrativa, entre otros, los créditos fiscales; no obstante, tratándose de las multas impuestas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, sólo puede examinar las actuaciones del procedimiento administrativo para hacerlas efectivas, pero no aquéllas en sí mismas consideradas, por sus fundamentos y motivos, sin que ello implique que se divida la continencia de la causa en el juicio contencioso administrativo federal o se rompan aspectos procesales, en tanto que se trata de actos distintos e independientes, uno jurisdiccional y otro administrativo. Lo anterior es así, porque no existe fundamento para que el indicado tribunal examine la legalidad de los actos de un Juez de Distrito, pues para ello existen otros medios de defensa, ya sea en el proceso o fuera de él, a través de los cuales pudieran someterse a escrutinio las actuaciones de dicho juzgador." En esos términos, este órgano jurisdiccional no está obligado a vigilar que los medios de apremio impuestos en este medio extraordinario de defensa a la responsable se hagan efectivos o no, porque esa situación corresponde a la Administración Desconcentrada de Recaudación que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que pueda cobrarlos. Además, el destino de este medio extraordinario de defensa no está supeditado a esperar a que los medios de apremio impuestos se hayan hecho efectivos o no; lo anterior, porque las actuaciones que se llevaron a cabo en este asunto son de índole jurisdiccional y aquellas que en todo caso realice la autoridad exactora respectiva para hacer efectivas las multas impuestas a la responsable son de naturaleza administrativa, lo que evidencia que los actos descritos son distintos e independientes entre sí, máxime que en la presente determinación se estableció que ya feneció el plazo legal para que la justiciable impugnara mediante el recurso de revisión la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que a la fecha aparezca que hiciera valer dicho medio de impugnación, lo que permite concluir que la labor judicial de este Tribunal de amparo ha terminado con la emisión de la resolución citada en último orden. Es así, porque las facultades de la Administración Desconcentrada de Recaudación que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que pueda cobrar los referidos medio de apremio no están previstas por la Ley de Amparo, que es la legislación que rige a este medio extraordinario de defensa, sino que esas atribuciones están reguladas por el Código Fiscal de la Federación y por diversos ordenamientos de naturaleza tributaria y en estos últimos están reguladas las figuras jurídicas de la prescripción y de la caducidad, así como los plazos que tiene la autoridad exactora a fin de hacer efectivos los medios de apremio impuestos por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, el que la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca Uno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, aún no haya demostrado que los medios de apremio que se impusieron en este juicio de amparo al servidor público que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, y el diez de marzo y el cinco de abril, las dos últimas datas de dos mil veintidós, era el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se hicieron efectivos no impide que en este asunto se provea lo relativo al archivo y a la valoración documental del expediente en el que actúa, porque se reitera que las actuaciones que este Juzgado Federal llevó a cabo desde la radicación de este medio extraordinario de defensa hasta la presente determinación en la que se estableció que ya concluyó el plazo de diez días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de revisión previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo en contra de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que a la fecha aparezca que hiciera valer dicho medio de impugnación son de índole jurisdiccional y las acciones que la autoridad fiscal federal señalada haya realizado o realice a fin de hacer efectivas las multas impuestas a la responsable son de naturaleza administrativa; por tanto, este órgano jurisdiccional no está obligado a esperar a que los medios de apremio impuestos se hagan efectivos o no por parte de la autoridad exactora respectiva a fin de emitir un pronunciamiento sobre esos tópicos. En ese contexto, se provee lo relativo al archivo y a la valoración documental del expediente en el que actúa en los términos siguientes: En cumplimiento a lo señalado por los arábigos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como se sobreseyó en este juicio de amparo acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción I, del propio acuerdo de observancia general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Por otra parte, dado que resulta innecesaria la retención de los tomos I y II de pruebas formados con las certificadas de diversas constancias que integran el juicio contencioso administrativo ******************** del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la capital de esta entidad federativa, que la autoridad responsable y ese Tribunal administrativo remitieron en atención a diversos requerimientos formulados en este asunto, devuélvanse esos instrumentos mediante los oficios que se elaboren con motivo de esta determinación; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar esos comunicados se cerciore que las personas con quienes entienda las diligencias respectivas asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo relativo. Notifíquese"

  2. Principal

    "Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 1061/2021 promovido por Elena Beatriz García Pérez en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES De la demanda de amparo se advierte que la inconforme Elena Beatriz García Pérez reclama el acto siguiente: De la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca combate: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio contencioso administrativo 865/18-15-01-4 del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En consideración de la titular de la acción de amparo el acto combatido vulnera sus derechos fundamentales y ocasiona perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Elena Beatriz García Pérez promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. La quejosa señaló como derecho fundamental violado el consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de la actuación combatida y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de veintinueve de septiembre del año próximo pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda registrándola con el progresivo 1061/2021; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto atribuido a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama el acto siguiente: De la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca combate: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio contencioso administrativo 865/18-15-01-4 del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS COMBATIDOS La Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca en su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las constancias que obran en este asunto, en particular con las diversas actuaciones del juicio contencioso administrativo 865/18-15-01-4 del control de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que el ente responsable y dicho órgano de administración de justicia remitieron en copias certificadas, a las cuales se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de cuyo contenido se deprende que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el citado fallo aún no estaba cumplida; de ahí que se tenga por demostrada la certeza de la actuación que se reprocha a la mencionada autoridad administrativa. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación20, de contenido siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. VI. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, de oficio se advierte que en relación con el acto reclamado a la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, consistente en la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio contencioso administrativo 865/18-15-01-4 del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que la inconforme no observó el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el recurso de queja previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Precepto constitucional que se encuentra reiterado -casi en idénticos términos- en el ordinal 1 de la Ley de Amparo, en cuanto indica que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución General y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal (ahora Ciudad de México); o que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando violen esos derechos humanos. Así, se aprecia que el juicio de amparo es el procedimiento jurisdiccional por virtud del cual los gobernados están en aptitud de exigir la restitución de sus derechos humanos cuando sean transgredidos por actos de las autoridades o de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad a partir de funciones que estén determinadas por una norma general; lo que revela que, por virtud de ese juicio, el particular puede exponer las violaciones que considere fueron cometidas contra sus derechos fundamentales -ya sea de manera directa o a través de la restricción de la soberanía de las entidades federativas, o de la invasión de la esfera de competencia de la autoridad federal-. Cabe destacar que el arábigo 107, fracción IV, de la Carta Magna establece una de las bases de procedencia del juicio de amparo indirecto, en la medida que consagra lo que doctrinariamente se conoce como el principio de definitividad, al señalar que si bien el juicio constitucional procede en contra de actos u omisiones de autoridades administrativas, una condición indispensable para la procedencia del amparo es que aquéllos ocasionen al gobernado un agravio que no se pueda reparar a través de algún medio de defensa legal, es decir, que en principio será obligatorio agotar cualquier instancia ordinaria a través de la cual se pueda reparar el agravio, dotando así a este juicio de un carácter evidentemente excepcional o extraordinario. Mientras que la Ley de Amparo en concordancia con el texto constitucional, refleja este carácter extraordinario del juicio en diversos preceptos, entre los que adquiere relevancia su artículo 61, fracción XX, que establece que es improcedente "contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley." Como se ve, la Carta Magna y la Ley de Amparo establecen que el gobernado estará exento de observar el mencionado principio de definitividad cuando en el medio de defensa o recurso ordinario de que se trate no se prevea la suspensión del acto reclamado (o se contemple sin los mismos alcances, con mayores requisitos o plazos que los que al efecto contempla la Ley de Amparo); así como cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Y, en ese tenor, estos parámetros propios del principio de definitividad no pueden alterarse ni aplicarse de manera diversa a lo establecido por el legislador o de manera inconsistente con la naturaleza del juicio de amparo, desde luego, a partir de su carácter extraordinario. Ahora, sobre estos medios de defensa ordinarios, no debe soslayarse que deben ser apreciados al tenor del artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Fundamental que dispone que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial"; de lo que se infiere el derecho fundamental a tener un acceso efectivo a la administración de justicia, para lo cual no basta que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos atinentes y justificados, pueda obtener una resolución en la que se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Siendo que ese derecho fundamental, a su vez, se conforma de los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, que han sido explicados en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de esta Segunda Sala de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Principios que operan y, por ende, son exigibles durante todas las etapas que integran el juicio, esto es, tanto en la contenciosa (que abarca la instrucción y el dictado de la resolución o sentencia respectiva), como en la posterior identificada con la materialización de la indicada resolución o sentencia (que abarca el procedimiento para cumplirla). Y, en ese tenor, es evidente que el derecho de acceso a la justicia se integra también con la concreción del derecho decidido en el fallo respectivo, pues de nada sirve una sentencia incluso favorable a las pretensiones de un gobernado si no logra integrarse a su situación, lo que evidencia la relevancia del antepenúltimo párrafo del propio artículo 17 de la Constitución Federal, que dispone que "las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones." En esa virtud, un juicio ordinario debe ser apreciado en su conjunto abarcando no sólo su trámite y sentencia, sino también su etapa de ejecución, pues así se infiere de la carga que el Constituyente Permanente impone a los legisladores federal y locales, en cuanto les ordena que deben establecer en las leyes que normen esos juicios las figuras, mecanismos o instancias necesarios para que, atendiendo a la independencia de los tribunales u órganos jurisdiccionales que los sustancian y resuelven, éstos puedan lograr la ejecución de sus decisiones. Ahora, debe destacarse que el normativo 73, fracción XXIX-H, de la Carta Magna contiene el fundamento constitucional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía y con facultades para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, de lo que se infiere que la finalidad es que se constituya como el órgano jurisdiccional ordinario con la potestad suficiente para configurar una pronta, expedita y efectiva impartición de justicia en materia administrativa. Y, para ese efecto, la legislación que lo rige, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 58 dispone lo siguiente: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La sala regional, la sección o el pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la sala regional, la sección o el pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la sala regional, la sección o el pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la sala regional, la sección o el pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la sala regional, la sección o el pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la sala regional, la sección o el pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El magistrado instructor o el presidente de la sección o el presidente del tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la sala regional, la sección o el pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la sala regional, la sección o el pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la sala regional, la sección o el pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la sala regional, la sección o el pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la sala regional, la sección o el pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la sala regional, la sección o el pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. [.]" Como se observa, el legislador en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempló un mecanismo específico para lograr el pleno cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual está compuesto, por un lado, por un procedimiento oficioso mediante el cual la Sala respectiva requerirá a la demandada que informe sobre el cumplimiento de algún fallo, pudiendo, en caso de contumacia, multar a la autoridad o incluso requerirla por conducto de su superior jerárquico; comisionar a algún funcionario para que dé cumplimiento directo a la resolución, cuando la naturaleza del acto lo permita; y eventualmente poner en conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de que se determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Por otro lado, el precepto en estudio contempla, como parte de la etapa de cumplimiento de una sentencia de nulidad dictada en un juicio administrativo, la posibilidad para el actor de promover un recurso de queja en los casos siguientes: 29.1. Contra la resolución que repita la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 29.2. En los casos en que la sentencia de nulidad haya obligado a la autoridad demandada a reponer un procedimiento o a emitir una nueva resolución en una instancia oficiosa, contra la resolución emitida y notificada después de concluido el plazo que al efecto les otorga la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en sus artículos 52 y 57, fracción I, inciso b). 29.3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 29.4. Contra el incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. Adquiere relevancia el supuesto previsto en el párrafo 29.3. que antecede, es decir, la queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, dentro de cuyo procedimiento el tribunal ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento que rinda un informe dentro del plazo de cinco días, en el que justificará el acto que provocó la queja; hecho lo cual la sala regional, la sección o el pleno que corresponda, resolverá dentro de los cinco días siguientes, pudiendo multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, informar a su superior jerárquico e, incluso, llegar a declarar el cumplimiento sustituto del fallo en caso de que sea procedente. En efecto, a través del informe sobre el incumplimiento denunciado, la autoridad demandada podrá comunicar si efectivamente existe o no ese incumplimiento, las medidas que esté preparando o que haya adoptado para acatar la sentencia de nulidad, las razones que justifiquen el retraso o, más aún, la imposibilidad que tenga para materializar la indicada sentencia. Y, una vez valorados los elementos que la autoridad aporte -desde luego, en conjunto con los que haga llegar la parte actora-, la sala, la sección o el pleno que corresponda podrán determinar: 31.1. Si efectivamente se configura una actitud contumaz o, por el contrario, la sentencia de nulidad se encuentra al menos en vías de cumplimiento. 31.2. Si existe una razón que justifique un retraso o, incluso, precisar y aclarar a la autoridad los efectivos alcances que tiene el fallo. 31.3. Si se configura una imposibilidad material para cumplir la sentencia y, por ende, proceda el cumplimiento sustituto. 31.4. Si determina que existe una actitud contumaz, podrá multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, e informar al superior jerárquico. Así, se aprecia que el medio de defensa en análisis forma parte del procedimiento que el legislador previó para logar el cumplimiento de las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, constituye una instancia apta al efecto, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y que están a cargo del propio órgano jurisdiccional; sobre lo cual es aplicable, en su contenido sustancial, la tesis 2. LXXIX/2013 (10a) de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País de rubro: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PLENA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS". Ciertamente, el hecho de que a pesar de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa aplique las medidas propias de este recurso de queja, se configuren casos en los que la autoridad demandada incurra en incumplimiento, esto es, adopte una actitud que implique desacato, no revela de suyo que el juicio administrativo no cuenta con un verdadero mecanismo coercitivo para la ejecución de sus sentencias, o que se trate de un medio de defensa ineficaz por sólo prever la posibilidad de imponer multas, dar vista a los superiores jerárquicos y a la contraloría interna de la dependencia correspondiente. Al contrario, estos mecanismos están desarrollados, por una parte, para aclarar y agilizar los alcances del fallo jurisdiccional y, por otra, conminar a la autoridad a realizar la conducta necesaria para lograr la satisfacción de derechos; siendo que el hecho de que el juicio de amparo permita aplicar medidas más duras (como lo es la configuración de tipos penales y la destitución del cargo del servidor público involucrado), no implica la inutilidad de los mecanismos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, incluyendo el recurso de queja por omisión en el cumplimiento. Incluso, resulta lógico que, para el juicio de amparo, como medio de impugnación extraordinario, el legislador haya establecido sanciones más severas; las cuales, aplicadas cuando el acto reclamado se constituya por el incumplimiento de una sentencia de nulidad, resultan hasta adecuadas por virtud de un criterio ascendente, pues en la medida en que la autoridad continúe con su contumacia, deberá enfrentar consecuencias rigurosas. Además, sostener que, para lograr la ejecución de una sentencia de nulidad la vía idónea es acudir al juicio de amparo, implica de facto desconocer y anular las reglas concienzudamente establecidas por el legislador para la plena ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, generar que el juicio constitucional se convierta en el medio inmediato de cumplimiento de las decisiones adoptadas en el juicio administrativo, lo que es inadmisible, pues ello implicaría soslayar que el juicio de amparo es de naturaleza extraordinaria. Por tanto, frente a la omisión de incumplimiento de una sentencia de nulidad, el gobernado debe interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque constituye un medio de defensa por virtud del cual dicha abstención puede ser corregida, pues, por su conducto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con elementos coercitivos concretos para obligar a la autoridad demandada a dar cumplimiento al fallo anulatorio, que es lo que pretende en última instancia el peticionario de amparo. Sin que sea óbice el hecho de que el legislador establezca que el afectado "podrá ocurrir en queja", dado que dicho vocablo no alude a una potestad o libertad del gobernado para decidir libremente si promueve ese medio de defensa o acude a la instancia constitucional, sino que se refiere al establecimiento o creación de un mecanismo para conseguir el cumplimiento de lo decidido en el juicio administrativo y a la posibilidad de recurrir o no el acto de incumplimiento respectivo. Sirve de apoyo el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 148/2007 de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO 'PODRÁ' EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO". Sobre todo porque, en el caso en análisis, no se actualiza alguna excepción al referido principio de definitividad, puesto que el acto reclamado no es de aquéllos que carezcan de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Carta Magna, el recurso de trato no se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, y éste forma parte de un juicio dentro del cual está prevista la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. En efecto, como se ha visto, el recurso de queja en comento está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, específicamente en su artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, lo que basta para que exista certeza de que fue directamente el legislador -y no la autoridad administrativa en alguna norma reglamentaria- quien lo estableció como medio de defensa en contra del incumplimiento de las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por ende, no se actualiza la respectiva hipótesis de excepción al principio de definitividad. Asimismo, no debe soslayarse que, como se explicó en párrafos precedentes, la instancia seguida ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa constituye un juicio que, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, abarca desde la etapa de instrucción, pasando por el dictado de la sentencia y hasta el procedimiento de cumplimiento; por lo que una vez que el particular decide someter su controversia al indicado medio de defensa ordinario, queda obligado a agotarlo en su integridad. Máxime que en el indicado proceso legal se encuentra contemplada la figura de la suspensión con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos para ello ni plazo incrementado para el otorgamiento de la suspensión provisional, según lo ha resuelto la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País en las jurisprudencias 2a./J. 27/2016 (10a.), 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 130/2013 (10a.) de rubros: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" y "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO". Y, en esos términos, es que debe estimarse colmado el requisito de trato, porque en el juicio tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sí está prevista en términos generales esa medida cautelar, aun cuando ésta proceda contra el acto impugnado y no propiamente contra la omisión de cumplir la sentencia de nulidad, pues los actos relativos a la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, no pueden concebirse de manera autónoma, independiente o aislada del procedimiento jurisdiccional de origen del que deriva, es decir, que no se puede soslayar el hecho de que la omisión reclamada es secundaria o accesoria al acto impugnado en el juicio y respecto del cual se declaró la nulidad en la sentencia cuyo incumplimiento constituye la materia de la litis. Máxime que la figura de la suspensión, aun cuando opera sobre la problemática de origen que lleva al particular a promover el juicio administrativo, genera que los perjuicios ocasionados por el acto impugnado sean paralizados hasta que se resuelve en definitiva el asunto, siendo que, en ese tenor, esos efectos paralizadores abarcan incluso hasta la etapa de cumplimiento en dicho juicio, pues ese alcance protector no desaparece, sino que se prolonga hasta la reparación definitiva que ocurre, precisamente, cuando se ejecuta plenamente la sentencia de nulidad. Así, no se puede llegar al extremo de exigir que, además de la suspensión que prevé la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, deba existir también una medida cautelar específica e independiente contra el incumplimiento de la sentencia que declaró su nulidad, pues ello no es lógico en el contexto integral del juicio contencioso, debiendo insistirse en que lo jurídicamente relevante es que el agravio que en contra de la actora generó el acto impugnado, sí es susceptible de ser paralizado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que, desde luego, en el caso de obtener una sentencia estimatoria, se prolongará hasta que ésta se ejecute, es decir, se materialice en la situación del particular. A mayor abundamiento, es de destacarse que, aun cuando el incumplimiento a una sentencia de nulidad es un acto atribuible de manera directa a la autoridad -desde luego, a la que fungió como demandada en el juicio administrativo o a aquélla con facultades para ejecutarla-, lo cierto es que se trata de un acto que ocurre en una instancia jurisdiccional, específicamente, en la etapa de cumplimiento. Por lo que resulta razonable que el actor queda obligado a recorrer todas y cada una de sus instancias, tanto para obtener la suspensión de lo impugnado como para conseguir la ejecución de la sentencia que evidenció su ilegalidad; sobre todo porque no es viable abandonar la vía ordinaria en la etapa de cumplimiento y saltar de manera inmediata, para lograr éste, a la vía extraordinaria. Luego, debe concluirse que tampoco se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad vinculado con la ausencia de una medida suspensional con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. Por otra parte, el incumplimiento de una sentencia de nulidad tiene la naturaleza de una abstención y, en consecuencia, no puede considerarse como un acto carente de fundamentación, ya que la exigencia de fundamentar, que está prevista desde el texto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se refiere, evidentemente, a actuaciones, es decir, a actos realizados formal y materialmente por la autoridad. Así, el principio de definitividad cuando se reclame ese incumplimiento a una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que, se insiste, constituye una actitud de omisión, no puede ser apreciado como un acto respecto del cual pueda exigirse fundamentación y, en ese tenor, no se actualiza la hipótesis de excepción respectiva. Finalmente, es de destacarse que el incumplimiento a una sentencia de nulidad no puede ser considerado como una violación directa a la Constitución Federal, porque se trata de un acto comprendido en una instancia jurisdiccional, específicamente en la etapa de ejecución, por lo que no puede apreciarse como un acto aislado o independiente del juicio sino que, al contrario, su validez depende de las reglas establecidas en la legislación ordinaria a efecto de lograr la materialización de los fallos respectivos. Así, aun cuando el quejoso alegue violaciones a preceptos constitucionales, lo cierto es que sus planteamientos no pueden tener la calidad de violaciones directas a la Carta Magna, pues, al tratarse de una omisión dentro del juicio administrativo, la falta de atención a lo ahí resuelto y las irregularidades planteadas se vinculan en principio con la inobservancia de las disposiciones que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla para hacer cumplir las sentencias dictadas en el juicio de nulidad -especialmente a su artículo 57 conforme al cual las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada están obligadas a acatarlas-, y sólo de manera indirecta se traducirían en una transgresión a la Ley Fundamental. En atención a todo lo hasta aquí expuesto, debe concluirse que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el gobernado debe necesariamente interponer el recurso de queja que prevé el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que se trata de un medio de defensa previsto expresamente para combatir ese incumplimiento y es adecuado para lograr su reparación o modificación, además de que respecto de él no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional; de ahí que este juicio constitucional sea improcedente al actualizarse el supuesto regulado por el arábigo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo." VII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto que la justiciable reclamó a la autoridad responsable Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, consistente en la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio contencioso administrativo 865/18-15-01-4 del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elena Beatriz García Pérez en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese."

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Agréguense los documentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la responsable encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca en atención al requerimiento de diecinueve de abril del año en curso, informa las acciones que realizó para estar en aptitud de remitir las copias certificadas de las constancias que integran el juicio contencioso administrativo 865/18-15-01-4 de la estadística de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la capital de esta entidad federativa, que fueron solicitadas, por lo que pide que en términos de lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley de Amparo se requiera a ese órgano de administración de justicia y a la Titular de la Unidad Jurídica de dicho organismo que envíen esas actuaciones y se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo. Al respecto, se tiene a la responsable por hechas sus manifestaciones y en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo que alude hágase de su conocimiento que la situación que expone no guarda correspondencia con el estado procesal en el que se encuentra el presente asunto, porque en autos consta que está en trámite y aún no se ha dictado la sentencia respectiva. Por otro lado, se toma conocimiento de las acciones que realizó para poder remitir las constancias requeridas, las cuales se precisa que fueron recibidas en el acuerdo de trece de mayo del año en curso, en donde se tuvo a la oficiante por atendida la prevención de diecinueve de abril pasado, por lo que deberá estarse a lo decidido en esa determinación. Finalmente, no es factible requerir a las autoridades que señala para que remitan las actuaciones del juicio contencioso administrativo 865/18-15-01-4, porque esas constancias ya obran en este asunto, las cuales se componen de las que la propia responsable remitió y de las diversas que fueron enviadas por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en atención al requerimiento de diecinueve de mayo del año en curso, y se recibieron el veinte de mayo posterior; de ahí la inviabilidad de la pretensión de la responsable. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en atención al requerimiento de dieciséis de mayo del año en curso, remite copias certificadas de diversas constancias que integran el juicio contencioso administrativo***, de las cuales se advierte las acciones que la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca realizó para dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en ese contradictorio. Al respecto, se tiene a la oficiante por cumplida la referida prevención y con fundamento en lo dispuesto por el precepto 119 de la Ley de Amparo se admiten las documentales exhibidas, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Por otro lado, para un mejor manejo de los documentos aportados, fórmese por separado el tomo II de pruebas, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Juzgado Federal, en el entendido de que conforma el expediente relativo a este asunto. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la comisión especial. Notifíquese.

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