Elena Araceli Aquino Fábian
Expediente 1389/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1389/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Elena Araceli Aquino Fábian
- Miembros de la Junta Especial Número dos Bis de la Local de Conciliación Y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que la inconforme haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 1389/2022 promovido por********************, apoderada de ********************, en contra del acto y la autoridad que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES Ante la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en Oaxaca, se tramita el expediente laboral ********************. En la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, la justiciable ofreció diversas pruebas, las cuales ha omitido calificar la junta responsable. La inconforme señala que el acto combatido afecta su derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca,********************, apoderada de ********************, promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. La parte quejosa señaló como derecho fundamental violado el consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de la actuación combatida y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto lo registró con el progresivo 1389/2022 y previno a la parte quejosa para que aclarara su escrito inicial. A través de los ocursos presentados el veintiuno y veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, la justiciable atendió la prevención formulada, por lo que en el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a la autoridad judicial responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos atribuidos a unas autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y sus escritos aclaratorios, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama el acto siguiente: De la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en Oaxaca, combate: La omisión de calificar las pruebas ofrecidas en la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en el expediente laboral ******************** y su notificación. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS La Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en Oaxaca, en su informe justificado negó la existencia de la omisión que le fue reprochada; empero, de las constancias que integran este asunto se advierte que esa negativa se desvirtúa; por tanto, debe tener por demostrada la certeza de la omisión reclamada a esa entidad pública. Además, esa certeza se corrobora con la copia autorizada del proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés que la responsable remitió en apoyo a su informe de ley, a la que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que de esa constancia se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo la autoridad responsable no había dado proveído sobre las probanzas ofrecidas por la justiciable en la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************; de ahí que se tiene por demostrada la existencia del acto reclamado a la responsable. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con el acto impugnado a la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en Oaxaca consistente en la omisión de calificar las pruebas ofrecidas en la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en el expediente laboral ******************** y su notificación, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de esa omisión, porque el nueve de enero del año en curso, el tribunal laboral dictó un auto en el expediente laboral ********************, en donde calificó la admisión o no de las probanzas ofertadas por la justiciable en la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que indica: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que la disconforme reclama a la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en Oaxaca consistente en la omisión de calificar las pruebas ofrecidas en la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en el expediente laboral ******************** y su notificación. Ahora, de la constancia que obra en este sumario, en particular del proveído de nueve de enero del año en curso, se advierte que el tribunal laboral dictó una determinación en el expediente laboral ********************, en donde calificó las probanzas ofertadas por la justiciable en la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós y ordenó la notificación. En esos términos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto impugnado a la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en Oaxaca consistente en la omisión de calificar las pruebas ofrecidas en la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en el expediente laboral ******************** y su notificación; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto que la justiciable reclamó a la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en Oaxaca consistente en la omisión de calificar las pruebas ofrecidas en la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en el expediente laboral ******************** y su notificación. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, apoderada de ********************, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase al Presidente de la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en Oaxaca, por rendido su informe justificado y por presentada la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Notifíquese por lista.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese la promoción y anexo señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que ********************, quien se ostenta como apoderada de ******************** da cumplimiento al auto preventivo de catorce de diciembre de dos mil veintidós. Al respecto, se tiene por cumplido el citado requerimiento y se dicta la determinación que corresponde en cuanto al libelo inicial. Admisión. Con fundamento en lo establecido por los ordinales 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda presentada por ********************, quien se ostenta como apoderada de ********************, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, porque la parte quejosa no solicitó la medida cautelar, sin que se tramite de oficio, ya que el acto reclamado no encuadra en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Solicitud del informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación por escrito dentro del plazo de quince días; asimismo, hágasele de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido por el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomado en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlo y en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido de que deberá exponer las razones y los fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o la legalidad del acto reclamado y acompañará en su caso copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo; con apercibimiento que de no hacerlo así se impondrá en su contra una multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el ordinal 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe justificado. Igualmente, deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra del acto atacado en este asunto o alguno diverso relacionado con el juicio de origen. Se autoriza al actuario de la adscripción para que la solicitud de informe justificado sea entregada al correo electrónico oficial de cada autoridad, misma que deberá ser corroborada por el fedatario por cualquier medio levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23 874, así como las constancias respectivas. Requerimiento a la autoridad responsable. En términos de los ordinales 6, 11 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca para que, al momento de rendir su informe justificado remita la certificación correspondiente, donde se acredite que ********************, tiene el carácter de apoderada de ******************** en el juicio laboral ********************. Notificación a la autoridad señalada como responsable. En términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le será notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificará mediante lista que publica este Juzgado. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo dispuesto por el precepto 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el caso de no cumplir con esta obligación se les impondrá la multa a que se refiere el numeral 251 de la ley de la materia. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Emplazamiento de la representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este auto de forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda de amparo y sus aclaraciones, así como del instrumento con el que el promovente acreditó su personalidad, entregándole copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Reconocimiento de terceros interesados. De momento este órgano jurisdiccional reserva proveer lo relativo al reconocimiento de terceros interesados en este juicio de amparo, hasta en tanto obren las constancias del procedimiento de origen y esté en posibilidad de determinar a quién le reviste esa calidad. Pruebas. Con fundamento en lo estatuido por el ordinal 119 de la Ley de Amparo téngase a la parte quejosa por anunciadas las documentales que exhibió en sus escritos aclaratorios, las cuales serán relacionadas, admitidas y desahogadas en la audiencia constitucional conforme a lo previsto por los diversos 123 y 124 de la citada legislación. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el ordinal 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal requiérase al resto de las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos datos serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Juicio en línea. Se exhorta a las partes a que de ser posible continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional.
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