Eleazin Bamaca Perez
Expediente 11/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 11/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Eleazin Bamaca Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a este expediente el oficio 7291 remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión, interpuesto en contra de la sentencia firmada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el presente asunto, y se registró con el número de toca 386/2023. Circunstancia de la cual este Juzgado Federal queda enterado para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos, para los efectos legales conducentes, el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito. Mediante el cual, solicita el escrito de agravios original relativo al recurso de revisión interpuesto por ********************, autorizada del quejoso ******************** contra la sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el presente juicio constitucional. Al respecto, no existiendo impedimento legal alguno, a fin de que dicha Superioridad cuente con los elementos necesarios para pronunciarse respecto al medio de impugnación en comento, tal como lo solicita, mediante oficio que para tal efecto se gire, envíese el aludido escrito original de agravios. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede; se acuerda: glósese a los autos, para los efectos legales correspondientes, el escrito signado por Yadira Yazmín Concha Ku, autorizada del quejoso Eleazin Bamaca Pérez, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional el veintidós de marzo de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Asimismo, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, y cúmplase.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 11/2023-VI-B, promovido por Yadira Yazmín Concha Ku, en su carácter de apoderada legal de ELEAZIN BAMACA PÉREZ, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el cuatro siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Yadira Yazmín Concha Ku, en su carácter de apoderada legal de ELEAZIN BAMACA PÉREZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, se registró la demanda de que se trata con el número 13/2023-VI-B; se admitió a trámite, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa ELEAZIN BAMACA PÉREZ, en: El acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral número 1084/2020, con el que se tuvo por no interpuesta de demanda por lo que respecta a la persona moral denominada Cúspide Elite, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por conducto de su Presidenta; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, del propio ordenamiento legal, teniendo en cuenta que el acto reclamado, no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Ciertamente, los numerales citados disponen lo siguiente en las partes aludidas: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los preceptos anteriores se observa, que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente proceda en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Los actos que se consideran de esta naturaleza son aquellos que afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte y que la afectación que generan no sea susceptible de repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio. En cambio, quedan excluidos de esta categoría aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos y procesales dado que, por su naturaleza, sí es posible reparar su afectación mediante sentencia favorable porque ésta recae sobre cuestiones meramente formales. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que en los procedimientos judiciales propiamente dichos, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación, necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Dicha interpretación, fue dispuesta por la Corte a partir de las dos condiciones que el legislador estipuló para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento a que refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En otras palabras, los derechos adjetivos o procesales surgen durante el trámite de algún procedimiento o juicio y, por ende, si el gobernado sufre una afectación en los mismos, éstos pueden ser subsanados mediante sentencia definitiva favorable, o en caso de obtener sentencia en contra, pueden ser reclamados a través de las violaciones procesales sufridas mediante amparo directo de acuerdo con los artículos 171, 172 y 173 de la Ley de Amparo. Ahora bien, se afirma que en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que hacen prueba plena al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2° de la propia ley, se advierte, en lo que interesa: 1. Proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, con el que la Junta responsable, admitió a trámite la demanda promovida por Eleazin Bamaca Pérez, en contra de: 1) Instituto de la Pizza, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; 2) Negocios Estepa, Sociedad Anónima de Capital Variable; 3) White Water Acquisition, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; 4) Cúspide Elite, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; y, 5) Antonio Beltrán Lucero. Asimismo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Para lo cual, atendiendo a que los domicilios de dichos accionados se encuentra fuera de la residencia de la Junta responsable, ordenó girar exhortos a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje residentes en Ciudad Juárez, Chihuahua; Matamoros, Tamaulipas; y, Monterrey, Nuevo León, para realizar tales diligencias (fojas 10-11 anexo). 2. Diligencia de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en la que el actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, emplazó a juicio a la persona moral Instituto de la Pizza, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (fojas 60 anexo). 3. Proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, en el que los Integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, hicieron constar que los domicilios proporcionados como de los demandados Cúspide Elite, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y Antonio Beltrán Lucero, resultaron incorrectos y no localizables, respectivamente, por lo que no fue posible realizar el emplazamiento encomendado (foja 143 anexo) 4. Escrito presentado por la parte actora, aquí quejosa, el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el que proporcionó a la Junta responsable, nuevos domicilios para emplazar a los demandados Antonio Beltrán Lucero; Cúspide Elite, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; y, White Water Acquisition, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, manifestando que dichos domicilios eran los únicos de los que tenía conocimiento. Por lo que además, solicitó a la Junta responsable girara atentos oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Servicio de Administración Tributaria, a fin de que le informaran si contaban con un domicilio diverso de los referidos accionados. 5.- Audiencia de catorce de julio de dos mil veintidós, en la que, en lo que interesa, la responsable tuvo por recibido el escrito relacionado en el punto inmediato anterior; posteriormente, concedió el uso de la voz al apoderado de la parte actora, quien solicitó se tuvieran como nuevos domicilios de los referidos accionados los aportados en el citado ocurso, reiterando su solicitud relativa a girar los oficios señalados en el mismo. A lo que la Junta acordó remitir los correspondientes exhortos a fin de que se llevara a cabo el emplazamiento de los demandados de mérito; asimismo, apercibió a la parte actora para el caso que de resultar nuevamente incorrectos los domicilios señalados para notificar a la parte demandada, se le tendría por no interpuesta la demanda y se archivaría el expediente de origen como asunto totalmente concluido por lo que a Antonio Beltrán Lucero; y, Cúspide Elite, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable se refiere (fojas 146-148 anexo). 6. Diversa audiencia de quince de diciembre de dos mil veintidós, en la que, en primer término, la Junta responsable hizo constar la inasistencia de Instituto de la Pizza, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Antonio Beltrán Lucero; Cúspide Elite, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; y, White Water Acquisition, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, no obstante que la primera de las nombradas se encontraba debidamente emplazada. A continuación, por los motivos expuestos, en primer término, concedió a la parte quejosa el término de tres días para que proporcionara un diverso domicilio de la demandada White Water Acquisition, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; por lo que hace al demandado Antonio Beltrán Lucero, estableció que la diligencia de notificación levantada por el actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, Chihuahua, no se realizó conforme a derecho, por lo que ordenó remitir un nuevo exhorto para tal efecto; y, finalmente, atendiendo a que se trataba de la segunda ocasión en la que no fue posible notificar a la demandada Cúspide Elite, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por resultar nuevamente incorrecto el domicilio señalado, determinó hacer efectivo a la parte actora, el apercibimiento decretado en acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, y en consecuencia, tuvo por no interpuesta la demanda en contra de la referida persona moral, ordenando archivar el expediente como totalmente concluido por lo que a la misma se refiere. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Siendo así, se reitera, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues el referido acto reclamado, que tuvo por no interpuesta la demanda laboral por una de las demandadas, subsistiendo el procedimiento por otras, sólo afecta derechos procesales del impetrante, sin que en el caso se afecte derecho sustantivo alguno en su perjuicio, pues en el particular se reclamaron las mismas prestaciones a dichas patronales. En efecto, como se precisó con anterioridad, el amparo indirecto resulta improcedente cuando se reclama cualquier actuación dentro de un procedimiento, a menos que se trate de aquellos actos que sean calificados como de imposible reparación, entendidos éstos como los que afecten derechos sustantivos, para lo cual, habrá de tomarse en cuenta la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Ahora bien, el acto que la parte quejosa pretende combatir por esta vía consistente en el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 1084/2020, en el que se tuvo por no interpuesta la demanda laboral por lo que hace a la demandada Cúspide Elite, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, continuando el procedimiento por lo que atañe a Instituto de la Pizza, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Antonio Beltrán Lucero; y, White Water Acquisition, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, no vulnera derecho sustantivo alguno de la quejosa, toda vez que al haberse reclamado idénticas prestaciones, éstas pueden quedar satisfechas en su totalidad si dicho demandante obtiene laudo favorable contra las demandadas por las que se siguió el juicio, aun cuando no se hubiera llamado al resto de los designados. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 78/2000-SS, sostuvo que el auto dictado por una Junta de Conciliación y Arbitraje que niega a tener como demandados a uno o varios de los que se señalan en una demanda laboral, a quienes se les reclaman las mismas prestaciones que a aquel por el que se sigue el juicio, constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones del actor pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene al demandado por el que se siga el juicio. Y en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses del actor, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, máxime que la negativa acusada, al actualizarse, no contraviene algún derecho sustantivo del quejoso, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales, por ello es evidente que resulta impugnable a través del juicio de amparo directo. Es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento cincuenta y nueve, Tomo XIII, enero de dos mil uno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 190385, de rubro y texto: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE NIEGA SU ADMISIÓN RESPECTO DE UNO O VARIOS CODEMANDADOS A LOS QUE SE RECLAMAN IDÉNTICAS PRESTACIONES QUE A AQUEL POR EL QUE SE SIGUE EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que las violaciones se cometan en las resoluciones motivo de impugnación, o se hubieran cometido durante el procedimiento correspondiente, a condición, en este último caso, de que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. También puede inferirse, en contraposición a esa regla general de procedencia del amparo uniinstancial, que el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, actualizándose ésta cuando el acto reclamado produzca violación a algún derecho sustantivo del quejoso. De lo anterior se concluye que el auto dictado por una Junta de Conciliación y Arbitraje que niega a tener como demandados a uno o varios de los que se señalan en una demanda laboral, a quienes se les reclaman las mismas prestaciones que a aquel por el que se sigue el juicio, constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones del actor pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene al demandado por el que se siga el juicio, y en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses del actor, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, máxime que la negativa acusada, al actualizarse, no contraviene algún derecho sustantivo del quejoso, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales, por ello es evidente que resulta impugnable en términos de lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, a través del juicio de amparo directo. En tal virtud, si como quedó establecido, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la resolución que tuvo por no interpuesta la demanda presentada en contra de una persona moral demandada, respecto de la que se reclamaron las mismas prestaciones que a otras sobre las que continuó el procedimiento laboral del origen, es evidente que la trascendencia del acto reclamado dependerá del sentido de la resolución que ponga fin al juicio de origen. Pues en caso de que ésta sea contraria a los intereses de la parte quejosa, el acto aquí reclamado se traducirá en una violación procesal reclamable en amparo directo; por ende, es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo al tenor del artículo 172, fracción XII de la Ley de Amparo. De ahí que, el acto reclamado no pueda considerarse como de "imposible reparación", porque no trae como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza sustantiva de manera inmediata, ya que sus efectos son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia favorable dentro del expediente laboral de origen, al haberse reclamado las mismas prestaciones tanto a la demandada Cúspide Elite, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como a los diversos Instituto de la Pizza, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Antonio Beltrán Lucero; y, White Water Acquisition, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. En tales circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia examinada, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en este juicio con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, no es obstáculo a lo anterior, que la demanda de amparo haya sido admitida a trámite por este órgano jurisdiccional, pues en ese momento sólo se contaba con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa; de ahí que, en ese momento procesal no se consideró notoria y manifiesta para estimar que se actualizaba la causa de improcedencia analizada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada con registro 202792, visible a página cuatrocientos setenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, Materia: Común, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta". QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ELEAZIN BAMACA PÉREZ, por conducto de su apoderada legal, contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución definitiva, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de la publicación de la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.
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