Eleazin Bamaca Pérez

Expediente 275/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 26 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
275/2023
Año
2023
Actuaciones
26
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Eleazin Bamaca Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el diez de octubre de dos mil veintitrés, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 fracción I, del Acuerdo General sin número, de dos de junio de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es destruíble. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos los autos, para resolver el presente juicio de amparo 275/2023-VII-B, promovido por Yadira Yazmín Concha Kú, apoderada del quejoso Eleazin Bamaca Pérez, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el veintitrés siguiente a este Órgano de Control Constitucional, compareció la parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, misma que mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se registró con el número 275/2023-VII-B, y se admitió a trámite; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se mandó emplazar a la parte tercero interesada; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama: El acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral número 1084/2020, con la cual se tuvo por no interpuesta la demanda en el juicio natural, por lo que respecta a White Water Acquisition, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. TERCERA. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por conducto de su Presidenta; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, del propio ordenamiento legal, teniendo en cuenta que el acto reclamado, no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Ciertamente, los numerales citados disponen lo siguiente en las partes aludidas: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los preceptos anteriores se observa, que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente proceda en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Los actos que se consideran de esta naturaleza son aquellos que afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte y que la afectación que generan no sea susceptible de repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio. En cambio, quedan excluidos de esta categoría aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos y procesales dado que, por su naturaleza, sí es posible reparar su afectación mediante sentencia favorable porque ésta recae sobre cuestiones meramente formales. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que en los procedimientos judiciales propiamente dichos, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación, necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Dicha interpretación, fue dispuesta por la Corte a partir de las dos condiciones que el legislador estipuló para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento a que refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En otras palabras, los derechos adjetivos o procesales surgen durante el trámite de algún procedimiento o juicio y, por ende, si el gobernado sufre una afectación en los mismos, éstos pueden ser subsanados mediante sentencia definitiva favorable, o en caso de obtener sentencia en contra, pueden ser reclamados a través de las violaciones procesales sufridas mediante amparo directo de acuerdo con los artículos 171, 172 y 173 de la Ley de Amparo. Ahora bien, se afirma que en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que hacen prueba plena al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2° de la propia ley, se advierte, en lo que interesa: 1. Proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, con el que la Junta responsable, admitió a trámite la demanda promovida por Eleazin Bamaca Pérez, en contra de: 1) Instituto de la Pizza, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; 2) Negocios Estepa, Sociedad Anónima de Capital Variable; 3) White Water Acquisition, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; 4) Cúspide Elite, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; y, 5) Antonio Beltrán Lucero. Asimismo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Para lo cual, atendiendo a que los domicilios de dichos accionados se encuentran fuera de la residencia de la Junta responsable, ordenó girar exhortos a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje residentes en Ciudad Juárez, Chihuahua; Matamoros, Tamaulipas; y, Monterrey, Nuevo León, para realizar tales diligencias (fojas 10-11 anexo). 2. Diligencia de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en la que el actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, emplazó a juicio a la persona moral Instituto de la Pizza, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (foja 60 anexo). 3. Proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, en el que los Integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, hicieron constar que los domicilios proporcionados como de los demandados Cúspide Elite, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y Antonio Beltrán Lucero, resultaron incorrectos y no localizables, respectivamente, por lo que no fue posible realizar el emplazamiento encomendado (foja 143 anexo). 4. Escrito presentado por la parte actora, aquí quejosa, el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el que proporcionó a la Junta responsable, nuevos domicilios para emplazar a los demandados Antonio Beltrán Lucero; Cúspide Elite, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; y, White Water Acquisition, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, manifestando que dichos domicilios eran los únicos de los que tenía conocimiento. Por lo que además, solicitó a la Junta responsable girara atentos oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Servicio de Administración Tributaria, a fin de que le informaran si contaban con un domicilio diverso de los referidos accionados (fojas 130 a 134, anexo). 5.- Audiencia de catorce de julio de dos mil veintidós, en la que, en lo que interesa, la responsable tuvo por recibido el escrito relacionado en el punto inmediato anterior; posteriormente, concedió el uso de la voz al apoderado de la parte actora, quien solicitó se tuvieran como nuevos domicilios de los referidos accionados los aportados en el citado ocurso, reiterando su solicitud relativa a girar los oficios señalados en el mismo. A lo que la Junta acordó remitir los correspondientes exhortos a fin de que se llevara a cabo el emplazamiento de los demandados de mérito; asimismo, apercibió a la parte actora para el caso que de resultar nuevamente incorrectos los domicilios señalados para notificar a la parte demandada, se le tendría por no interpuesta la demanda y se archivaría el expediente de origen como asunto totalmente concluido por lo que a Antonio Beltrán Lucero; y, Cúspide Elite, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable se refiere (fojas 146-148 anexo). 6. Diversa audiencia de quince de diciembre de dos mil veintidós, en la que, en primer término, la Junta responsable hizo constar la inasistencia de Instituto de la Pizza, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Antonio Beltrán Lucero; Cúspide Elite, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; y, White Water Acquisition, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, no obstante que la primera de las nombradas se encontraba debidamente emplazada. A continuación, por los motivos expuestos, en primer término, concedió a la parte quejosa el término de tres días para que proporcionara un diverso domicilio de la demandada White Water Acquisition, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; por lo que hace al demandado Antonio Beltrán Lucero, estableció que la diligencia de notificación levantada por el actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, Chihuahua, no se realizó conforme a derecho, por lo que ordenó remitir un nuevo exhorto para tal efecto; y, finalmente, atendiendo a que se trataba de la segunda ocasión en la que no fue posible notificar a la demandada Cúspide Elite, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por resultar nuevamente incorrecto el domicilio señalado, determinó hacer efectivo a la parte actora, el apercibimiento decretado en acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, y en consecuencia, tuvo por no interpuesta la demanda en contra de la referida persona moral, ordenando archivar el expediente como totalmente concluido por lo que a la misma se refiere. (fojas 192 a 194 anexo). 7. Escrito presentado por la parte actora, aquí quejosa, el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en el que proporcionó a la Junta responsable, nuevo domicilio para emplazar a la demandada White Water Acquisition, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, manifestando que dicho domicilio era el único del que tenía conocimiento. Por lo que además, solicitó a la Junta responsable girara atentos oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Servicio de Administración Tributaria, a fin de que le informaran si contaban con un domicilio diverso de la referida accionada (fojas 195 a 198, anexo). 8. Por acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés, tuvo por recibido el referido escrito de la parte quejosa, y atendiendo a que no dio cumplimiento al requerimiento de quince de diciembre de dos mil veintidós, pues proporcionó de nuevo el mismo domicilio de la demandada White Water Acquisition, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; hizo efectivo el apercibimiento decretado, y en consecuencia, tuvo por no interpuesta la demanda en contra de la referida persona moral, ordenando archivar el expediente como totalmente concluido por lo que a la misma se refiere (foja 222, anexo). Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Ahora bien, en el caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues el referido acto reclamado, que tuvo por no interpuesta la demanda laboral por una de las demandadas, subsistiendo el procedimiento por otras, sólo afecta derechos procesales del impetrante, sin que en el caso se afecte derecho sustantivo alguno en su perjuicio, pues en el particular se reclamaron las mismas prestaciones a dichas patronales. En efecto, como se precisó con anterioridad, el amparo indirecto resulta improcedente cuando se reclama cualquier actuación dentro de un procedimiento, a menos que se trate de aquellos actos que sean calificados como de imposible reparación, entendidos éstos como los que afecten derechos sustantivos, para lo cual, habrá de tomarse en cuenta la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Ahora bien, el acto que la parte quejosa pretende combatir por esta vía consistente en el acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 1084/2020, en el que se tuvo por no interpuesta la demanda laboral por lo que hace a la demandada White Water Acquisition, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. En la que se continuó el procedimiento por lo que atañe a Instituto de la Pizza, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y Antonio Beltrán Lucero, no vulnera derecho sustantivo alguno de la quejosa, toda vez que al haberse reclamado idénticas prestaciones, éstas pueden quedar satisfechas en su totalidad si dicho demandante obtiene laudo favorable contra los demandados por los que se siguió el juicio, aun cuando no se hubiera llamado al resto de los designados. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 78/2000-SS, sostuvo que el auto dictado por una Junta de Conciliación y Arbitraje que niega a tener como demandados a uno o varios de los que se señalan en una demanda laboral, a quienes se les reclaman las mismas prestaciones que a aquel por el que se sigue el juicio, constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones del actor pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene al demandado por el que se siga el juicio. Y en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses del actor, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, máxime que la negativa acusada, al actualizarse, no contraviene algún derecho sustantivo del quejoso, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales, por ello es evidente que resulta impugnable a través del juicio de amparo directo. Es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento cincuenta y nueve, Tomo XIII, enero de dos mil uno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 190385, de rubro y texto: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE NIEGA SU ADMISIÓN RESPECTO DE UNO O VARIOS CODEMANDADOS A LOS QUE SE RECLAMAN IDÉNTICAS PRESTACIONES QUE A AQUEL POR EL QUE SE SIGUE EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que las violaciones se cometan en las resoluciones motivo de impugnación, o se hubieran cometido durante el procedimiento correspondiente, a condición, en este último caso, de que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. También puede inferirse, en contraposición a esa regla general de procedencia del amparo uniinstancial, que el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, actualizándose ésta cuando el acto reclamado produzca violación a algún derecho sustantivo del quejoso. De lo anterior se concluye que el auto dictado por una Junta de Conciliación y Arbitraje que niega a tener como demandados a uno o varios de los que se señalan en una demanda laboral, a quienes se les reclaman las mismas prestaciones que a aquel por el que se sigue el juicio, constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones del actor pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene al demandado por el que se siga el juicio, y en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses del actor, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, máxime que la negativa acusada, al actualizarse, no contraviene algún derecho sustantivo del quejoso, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales, por ello es evidente que resulta impugnable en términos de lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, a través del juicio de amparo directo. En tal virtud, si como quedó establecido, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la resolución que tuvo por no interpuesta la demanda presentada en contra de una persona moral demandada, respecto de la que se reclamaron las mismas prestaciones que a otras sobre las que continuó el procedimiento laboral del origen, es evidente que la trascendencia del acto reclamado dependerá del sentido de la resolución que ponga fin al juicio de origen. Pues en caso de que ésta sea contraria a los intereses de la parte quejosa, el acto aquí reclamado se traducirá en una violación procesal reclamable en amparo directo; por ende, es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo al tenor del artículo 172, fracción XII de la Ley de Amparo. De ahí que, el acto reclamado no pueda considerarse como de "imposible reparación", porque no trae como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza sustantiva de manera inmediata, ya que sus efectos son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia favorable dentro del expediente laboral de origen, al haberse reclamado las mismas prestaciones tanto a la demandada White Water Acquisition, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como a los diversos Instituto de la Pizza, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y Antonio Beltrán Lucero. En tales circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia examinada, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en este juicio con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, no es obstáculo a lo anterior, que la demanda de amparo haya sido admitida a trámite por este órgano jurisdiccional, pues en ese momento sólo se contaba con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa; de ahí que, en ese momento procesal no se consideró notoria y manifiesta para estimar que se actualizaba la causa de improcedencia analizada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada con registro 202792, visible a página cuatrocientos setenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, Materia: Común, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta". QUINTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMA. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eleazin Bamaca Pérez por conducto de su apoderada, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos señalados en la cuarta consideración de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Toda vez que de las constancias que obran en autos, se desprende que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la tercero interesada Instituto de la Pizza, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues el emplazamiento vía exhorto que se le practicó, se notificó por lista de estrados el cinco de septiembre en curso; por tal motivo, SE ACUERDA: Se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las diez horas con veintisiete minutos del diez de octubre del año actual, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la comunicación oficial 167/2023-V-B y número de orden 228/2023-V-B, recibido electrónicamente en este tribunal, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, derivado del exhorto con número de orden 199/2023 y origen 100/2023, relativo al presente juicio de amparo, del índice de este órgano jurisdiccional, que se librara para su diligenciación. Asimismo, ya que tecnológicamente no es posible vincularla al expediente electrónico formado con motivo de este juicio de amparo ni tampoco pueda ser atendida; por tanto, a fin de que obre en éste último, proceda la oficialía de partes de este Juzgado a su registro en el panel condensado de promociones. Ahora bien, por cuanto de las actuaciones integrantes de la referida comunicación oficial, formado con motivo de la enviada por este órgano jurisdiccional, se aprecia que se apersonó a los autos de dicho exhorto Roberto Carlos Canto Madrigal, quien se ostentó como apoderado de la tercero interesada Instituto de la Pizza, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Téngase por diligenciada dicha comunicación oficial y désele de baja en el Libro de Gobierno respectivo del índice de este Juzgado Federal, para los fines estadísticos correspondientes. Y por cuanto la indicada tercero interesada compareció a los autos del referido exhorto por conducto de quien se ostentó como su apoderado, se provee lo conducente en los siguientes términos: Con apoyo en los artículos 6 de la Ley de Amparo, y 3, fracción VI del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, toda vez que el ocursante manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento que remitió vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del original, se reconoce la personalidad con la que comparece, para los efectos del presente juicio. Sin que sea el caso proceder como insta, en el sentido de que se vuelva a practicar la diligencia de emplazamiento en el domicilio que refiere, por cuanto de los autos se tiene que mediante acuerdo de siete de los corrientes, se tuvo a su Gerente General ********************, por presentado a este juicio y además, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese.

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