Eleazar Medina Riojas
Expediente 1053/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/09/2019
Partes del expediente
- Eleazar Medina Riojas
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de septiembre de dos mil diecinueve. Vista de la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha quedado firme. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, tomando en consideración que en esta fecha causó estado el auto de tres de octubre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con mas de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo general Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que no obra la constancia de notificación del auto de catorce de agosto del año en curso, practicada a la parte quejosa. En consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a efecto de que a la brevedad realice la notificación del proveído de referencia. Cúmplase. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe. ... Toluca, Estado de México; catorce de agosto de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual informa que mediante auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por el ELEAZAR MEDINA RIOJAS; asimismo, remite el juicio de amparo indirecto 585/2019-8, formado con motivo del escrito de referencia. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto, por lo cual acúsese el recibo del oficio y anexo adjunto, fórmese expediente y asiéntese en el libro de gobierno con el registro 1053/2019-VII, y se procede a proveer lo conducente. Desechamiento. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ello es así, toda vez que las causas de improcedencia son de orden público y preferente, por lo que deben analizarse de manera oficiosa por este juzgado, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es .... III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." (Lo resaltado en el texto no es de origen). La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, mismas que pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal. Por otra parte, la fracción III del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, establece como presupuesto de procedencia del amparo en la vía indirecta, al impugnarse actos dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; éstos deben tratarse de la resolución definitiva o actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, de manera que no cualquier acto o resolución pronunciados en ese tipo de asuntos son reclamables en juicio constitucional. Es decir, según el artículo 107, fracción III, antes transcrito, el juicio de amparo biinstancial, contra actos dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (como acontece en el caso concreto), procede únicamente contra: a) La resolución definitiva; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Además, tratándose de la resolución definitiva, en la misma demanda de amparo se pueden reclamar las violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Asimismo, el numeral en cuestión establece lo que se debe de entender por actos que sean de "imposible reparación", los cuales son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese mismo contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, los cuales tutela la Constitución por medio de los derecho humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en como influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En ese tenor, el amparo indirecto procede, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, acorde con la siguiente distinción: - Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. - Derechos Adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Debe destacarse el estudio que realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 17/2002-PL, determinación en la cual identificó la naturaleza jurídica del procedimiento de extradición como un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, impugnable vía amparo indirecto por la naturaleza de las autoridades de que proviene, en los términos ahí precisados; lo anterior, partiendo de la interpretación de la fracción II de artículo 114 de la anterior Ley de Amparo. Correlativo con el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Destacó en este punto, que aparece la regla especial de procedencia consistente en que cuando dentro de un procedimiento administrativo seguido "en forma de juicio" se emitan actos que ameriten la inconformidad del particular, éstos no pueden válidamente reclamarse en amparo sino hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán reclamar en el amparo ante Juez de Distrito tanto las violaciones contenidas en dicha resolución, como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. Entonces, si la regla general, como se dijo, es que cualquier violación procesal se guarde para hacerla valer en amparo hasta que se dicta la resolución definitiva, resulta obvio que la razón de tal sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo en contra de cada acto procesal, para hacer expeditos los juicios y procedimientos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad; sobre todo, si se toma en cuenta que la celeridad es fundamental en todo procedimiento administrativo por ser de orden público. Al.... Analizado lo anterior, se destaca que los actos reclamados, consistentes en la negativa de citar a audiencia de desahogo de pruebas en el procedimiento de extradición 5/2018 y como consecuencia de ello, el inminente dictado de la opinión de extradición del quejoso hacia los Estados Unidos de América y su ejecución material. Dichos actos no son una resolución definitiva que ponen fin al procedimiento de extradición, ni tampoco se considera como de imposible reparación, porque no afectan un derecho sustantivo del quejoso tutelado en la constitución federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo del procedimiento de extradición, porque puede darse el caso que la resolución que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores, determine la improcedencia de la extradición del quejoso, con lo que la alegada violación, no dejaría huella en su esfera jurídica; caso contrario, esto es, que la determinación de extradición fuese procedente, aquellas infracciones podrían combatirse, en el sentido de que la recepción y tramitación de la solicitud de extradición fuese ilegal, sea por no cumplir con los requisitos legales, o por presentar alguna inconsistencia de carácter procesal, y esas infracciones pueden analizarse al verificar, inclusive, en sede de amparo indirecto, la ilegalidad de aquellas infracciones. En ese escenario, se reitera, que para determinar la procedencia del juicio de amparo por actos dentro del procedimiento que sean reparables, deben recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Ahora, tales actos no encuadran en alguna de las excepciones que contempla Ley de Amparo, pues principalmente sólo se acuerdan diversas cuestiones relativas a las pruebas a recabar dentro de dicho procedimiento, lo cual no es un acto de imposible reparación, pues el acto de autoridad que en dado caso afectaría la esfera jurídica del gobernado surgiría al dictarse la resolución correspondiente por el Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y contra esta última seria procedente el juicio de amparo, ya que con ella culminaría el procedimiento de extradición. Es aplicable en lo conducente la tesis II.2o.P.21 K, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1109, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, número de registro 197110, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE CUANDO SE RECLAMA LA SOLA ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL JUICIO DE EXTRADICIÓN. El juicio de amparo es improcedente cuando se reclama la sola aceptación de la solicitud de extradición en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la cual establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; por lo que si bien es cierto que en los juicios de extradición existe participación de los Jueces de Distrito, ésta se ciñe a colaborar en ese procedimiento para cumplir con la garantía de audiencia en favor de los gobernados, intervención que finaliza con el hecho de emitir una opinión que justifique la procedencia o improcedencia de tal reclamo, pero carece de coercibilidad e imperio, pues quien en definitiva resuelve legalmente acerca de la procedencia o no de la extradición, es la Secretaría de Relaciones Exteriores; por tanto, la sola aceptación de la solicitud de extradición por parte de las autoridades jurisdiccionales responsables, no es un acto de imposible reparación, pues el acto de autoridad que afecta la esfera jurídica de los gobernados surge al dictarse la resolución correspondiente por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y contra esta última es procedente el juicio de amparo, en términos de la fracción II del citado numeral, ya que con ella culmina el procedimiento de extradición; por tanto, al no impugnarse la resolución definitiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino la sola aceptación de la solicitud de extradición por parte de las autoridades responsables, el juicio de amparo es improcedente." En efecto, los actos referidos solamente producen efectos formales o intraprocesales al momento de su emisión, los cuales no afectan de manera inmediata y directa derecho sustantivo alguno como lo pretende hacer valer el agraviado, pues tal afectación en todo caso tendrá verificativo, hasta el momento en que el Juez federal responsable, remita junto con el expediente de extradición su opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores y una vez que el Titular de la misma dicte la resolución a que se refiere el artículo 30 de la Ley de Extradición Internacional, y será hasta la resolución que allí se emita, cuando estará en aptitud de hacer valer el medio extraordinario de defensa como es el juicio de amparo, como lo dispone el diverso artículo 33 de la ley en cita. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción III, de la invocada ley, por los motivos expuestos. Asimismo, respecto del inminente dictado de la opinión de extradición del quejoso hacia los Estados Unidos de América y su ejecución material, per se, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el artículo 217, todos de la Ley de Amparo que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.)" Apoya lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia número 19, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 13, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 917550, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia número 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 395568, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." De los preceptos y jurisprudencias antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, aquéllos que sea remota la ejecución de los hechos de que provienen, como sucede en la especie. En efecto, respecto al inminente dictado de la opinión de extradición del quejoso hacia los Estados Unidos de América y su ejecución material, hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación del hoy quejoso, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, debe probar por lo menos de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que el promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en el que tiene conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, y no por inducciones, tal como acontece en el caso concreto. Precisado lo anterior, debe destacarse que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos previos que en modo alguno informan que las autoridades van a llevar cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al referir el promovente que la afectación a su esfera jurídica puede derivarse de la posible opinión de extradición del quejoso hacia los Estados Unidos de América y su ejecución material, se considera que no existe un acto cierto e inminente en contra del quejoso. En esas condiciones, tales manifestaciones son insuficientes para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo; por tanto, resulta evidente que en el caso concreto lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que el quejoso no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1°, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.", en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.", resulta evidente que éste sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de garantías. Apoya lo aquí decidido, la tesis sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 291922, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD. Contra ellos no procede el recurso de amparo, mientras no haya un principio de ejecución." Asimismo, apoya a lo anterior la tesis aislada sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, que señala: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente el juicio de garantías." Resaltando el hecho de que el posible inminente dictado de la opinión de extradición del quejoso hacia los Estados Unidos de América y su ejecución material, no constituye un hecho real, sino únicamente es probable que acontezca, por lo cual al día de la fecha no incide en la esfera jurídica del agraviado, pues no se ha emitido resolución alguna. Sin que el quejoso se encuentre en alguna de las excepciones que contempla la propia fracción XVIII de la ley de la materia; en tal virtud, el quejoso estaba obligado a combatir la resolución reclamada por medio del recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia señaladas; con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Es menester destacar que constituye un hecho notorio que el mismo criterio se adoptó el ocho de agosto del año en curso, en el juicio de amparo 1030/2019, el cual fue promovido por el mismo promovente en favor del quejoso, contra el mismo acto y autoridad. Domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando usuario para recibir notificaciones electrónicas. Por tanto, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se comisiona al Secretario del Juzgado para que previo cercioramiento de su registro autorice el nombre del usuario "vhlopez7", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. Autorizados. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Delgado González y Carlos Enrique García Limón, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas que señala, en términos restringidos del numeral en cita, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, por así señalarlo la promovente. Uso de medios electrónicos. En conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a los autorizados para imponerse únicamente de los acuerdos que se dicten en este expediente, mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21, párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y vía electrónica al quejoso. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de agosto de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual informa que mediante auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por el ELEAZAR MEDINA RIOJAS; asimismo, remite el juicio de amparo indirecto 585/2019-8, formado con motivo del escrito de referencia. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto, por lo cual acúsese el recibo del oficio y anexo adjunto, fórmese expediente y asiéntese en el libro de gobierno con el registro 1053/2019-VII, y se procede a proveer lo conducente. Desechamiento. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ello es así, toda vez que las causas de improcedencia son de orden público y preferente, por lo que deben analizarse de manera oficiosa por este juzgado, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es .... III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." (Lo resaltado en el texto no es de origen). La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, mismas que pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal. Por otra parte, la fracción III del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, establece como presupuesto de procedencia del amparo en la vía indirecta, al impugnarse actos dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; éstos deben tratarse de la resolución definitiva o actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, de manera que no cualquier acto o resolución pronunciados en ese tipo de asuntos son reclamables en juicio constitucional. Es decir, según el artículo 107, fracción III, antes transcrito, el juicio de amparo biinstancial, contra actos dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (como acontece en el caso concreto), procede únicamente contra: a) La resolución definitiva; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Además, tratándose de la resolución definitiva, en la misma demanda de amparo se pueden reclamar las violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Asimismo, el numeral en cuestión establece lo que se debe de entender por actos que sean de "imposible reparación", los cuales son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese mismo contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, los cuales tutela la Constitución por medio de los derecho humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en como influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En ese tenor, el amparo indirecto procede, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, acorde con la siguiente distinción: - Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. - Derechos Adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Debe destacarse el estudio que realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 17/2002-PL, determinación en la cual identificó la naturaleza jurídica del procedimiento de extradición como un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, impugnable vía amparo indirecto por la naturaleza de las autoridades de que proviene, en los términos ahí precisados; lo anterior, partiendo de la interpretación de la fracción II de artículo 114 de la anterior Ley de Amparo. Correlativo con el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Destacó en este punto, que aparece la regla especial de procedencia consistente en que cuando dentro de un procedimiento administrativo seguido "en forma de juicio" se emitan actos que ameriten la inconformidad del particular, éstos no pueden válidamente reclamarse en amparo sino hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán reclamar en el amparo ante Juez de Distrito tanto las violaciones contenidas en dicha resolución, como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. Entonces, si la regla general, como se dijo, es que cualquier violación procesal se guarde para hacerla valer en amparo hasta que se dicta la resolución definitiva, resulta obvio que la razón de tal sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo en contra de cada acto procesal, para hacer expeditos los juicios y procedimientos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad; sobre todo, si se toma en cuenta que la celeridad es fundamental en todo procedimiento administrativo por ser de orden público. Al.... Analizado lo anterior, se destaca que los actos reclamados, consistentes en la negativa de citar a audiencia de desahogo de pruebas en el procedimiento de extradición 5/2018 y como consecuencia de ello, el inminente dictado de la opinión de extradición del quejoso hacia los Estados Unidos de América y su ejecución material. Dichos actos no son una resolución definitiva que ponen fin al procedimiento de extradición, ni tampoco se considera como de imposible reparación, porque no afectan un derecho sustantivo del quejoso tutelado en la constitución federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo del procedimiento de extradición, porque puede darse el caso que la resolución que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores, determine la improcedencia de la extradición del quejoso, con lo que la alegada violación, no dejaría huella en su esfera jurídica; caso contrario, esto es, que la determinación de extradición fuese procedente, aquellas infracciones podrían combatirse, en el sentido de que la recepción y tramitación de la solicitud de extradición fuese ilegal, sea por no cumplir con los requisitos legales, o por presentar alguna inconsistencia de carácter procesal, y esas infracciones pueden analizarse al verificar, inclusive, en sede de amparo indirecto, la ilegalidad de aquellas infracciones. En ese escenario, se reitera, que para determinar la procedencia del juicio de amparo por actos dentro del procedimiento que sean reparables, deben recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Ahora, tales actos no encuadran en alguna de las excepciones que contempla Ley de Amparo, pues principalmente sólo se acuerdan diversas cuestiones relativas a las pruebas a recabar dentro de dicho procedimiento, lo cual no es un acto de imposible reparación, pues el acto de autoridad que en dado caso afectaría la esfera jurídica del gobernado surgiría al dictarse la resolución correspondiente por el Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y contra esta última seria procedente el juicio de amparo, ya que con ella culminaría el procedimiento de extradición. Es aplicable en lo conducente la tesis II.2o.P.21 K, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1109, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, número de registro 197110, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE CUANDO SE RECLAMA LA SOLA ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL JUICIO DE EXTRADICIÓN. El juicio de amparo es improcedente cuando se reclama la sola aceptación de la solicitud de extradición en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la cual establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; por lo que si bien es cierto que en los juicios de extradición existe participación de los Jueces de Distrito, ésta se ciñe a colaborar en ese procedimiento para cumplir con la garantía de audiencia en favor de los gobernados, intervención que finaliza con el hecho de emitir una opinión que justifique la procedencia o improcedencia de tal reclamo, pero carece de coercibilidad e imperio, pues quien en definitiva resuelve legalmente acerca de la procedencia o no de la extradición, es la Secretaría de Relaciones Exteriores; por tanto, la sola aceptación de la solicitud de extradición por parte de las autoridades jurisdiccionales responsables, no es un acto de imposible reparación, pues el acto de autoridad que afecta la esfera jurídica de los gobernados surge al dictarse la resolución correspondiente por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y contra esta última es procedente el juicio de amparo, en términos de la fracción II del citado numeral, ya que con ella culmina el procedimiento de extradición; por tanto, al no impugnarse la resolución definitiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino la sola aceptación de la solicitud de extradición por parte de las autoridades responsables, el juicio de amparo es improcedente." En efecto, los actos referidos solamente producen efectos formales o intraprocesales al momento de su emisión, los cuales no afectan de manera inmediata y directa derecho sustantivo alguno como lo pretende hacer valer el agraviado, pues tal afectación en todo caso tendrá verificativo, hasta el momento en que el Juez federal responsable, remita junto con el expediente de extradición su opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores y una vez que el Titular de la misma dicte la resolución a que se refiere el artículo 30 de la Ley de Extradición Internacional, y será hasta la resolución que allí se emita, cuando estará en aptitud de hacer valer el medio extraordinario de defensa como es el juicio de amparo, como lo dispone el diverso artículo 33 de la ley en cita. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción III, de la invocada ley, por los motivos expuestos. Asimismo, respecto del inminente dictado de la opinión de extradición del quejoso hacia los Estados Unidos de América y su ejecución material, per se, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el artículo 217, todos de la Ley de Amparo que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.)" Apoya lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia número 19, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 13, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 917550, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia número 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 395568, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza." De los preceptos y jurisprudencias antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, aquéllos que sea remota la ejecución de los hechos de que provienen, como sucede en la especie. En efecto, respecto al inminente dictado de la opinión de extradición del quejoso hacia los Estados Unidos de América y su ejecución material, hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación del hoy quejoso, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, debe probar por lo menos de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que el promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en el que tiene conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, y no por inducciones, tal como acontece en el caso concreto. Precisado lo anterior, debe destacarse que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos previos que en modo alguno informan que las autoridades van a llevar cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al referir el promovente que la afectación a su esfera jurídica puede derivarse de la posible opinión de extradición del quejoso hacia los Estados Unidos de América y su ejecución material, se considera que no existe un acto cierto e inminente en contra del quejoso. En esas condiciones, tales manifestaciones son insuficientes para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo; por tanto, resulta evidente que en el caso concreto lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que el quejoso no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1°, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.", en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.", resulta evidente que éste sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de garantías. Apoya lo aquí decidido, la tesis sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 291922, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD. Contra ellos no procede el recurso de amparo, mientras no haya un principio de ejecución." Asimismo, apoya a lo anterior la tesis aislada sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, que señala: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente el juicio de garantías." Resaltando el hecho de que el posible inminente dictado de la opinión de extradición del quejoso hacia los Estados Unidos de América y su ejecución material, no constituye un hecho real, sino únicamente es probable que acontezca, por lo cual al día de la fecha no incide en la esfera jurídica del agraviado, pues no se ha emitido resolución alguna. Sin que el quejoso se encuentre en alguna de las excepciones que contempla la propia fracción XVIII de la ley de la materia; en tal virtud, el quejoso estaba obligado a combatir la resolución reclamada por medio del recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia señaladas; con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Es menester destacar que constituye un hecho notorio que el mismo criterio se adoptó el ocho de agosto del año en curso, en el juicio de amparo 1030/2019, el cual fue promovido por el mismo promovente en favor del quejoso, contra el mismo acto y autoridad. Domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando usuario para recibir notificaciones electrónicas. Por tanto, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se comisiona al Secretario del Juzgado para que previo cercioramiento de su registro autorice el nombre del usuario "vhlopez7", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. Autorizados. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Delgado González y Carlos Enrique García Limón, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas que señala, en términos restringidos del numeral en cita, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, por así señalarlo la promovente. Uso de medios electrónicos. En conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a los autorizados para imponerse únicamente de los acuerdos que se dicten en este expediente, mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21, párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y vía electrónica al quejoso. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.
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