Eleazar Medina Riojas

Expediente 1220/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1220/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/10/2019

Partes del expediente

  • Eleazar Medina Riojas

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México a tres de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 24938, del índice de este juzgado, y comunica que dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el defensor particular de la parte quejosa contra el auto de veintitrés de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, mismo que se registró con el número 209/2019; en consecuencia, estese en espera de la determinación que al respecto realice el superior jerárquico. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México a veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito firmado por Víctor Hugo López Ramírez quien se ostenta como defensor particular del quejoso Eleazar Medina Riojas, por medio del cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintitrés de los actuales, por el cual se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el recurso de mérito; asimismo, ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada, aceptando la existencia del auto impugnado. A fin de resolver dicho medio de impugnación, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del invocado artículo 101 de la Ley de Amparo. Notifíquese y vía electrónica al quejoso.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México a veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo López Ramírez, en su carácter de defensor particular del quejoso Eleazar Medina Riojas, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 1220/2019-VI. Desechamiento. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. .... En efecto, este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se acredita la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción III, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que, como se ve, el aspecto sobre el cual versa en esencia el acto que se tilda de inconstitucional, no tiene una ejecución de imposible reparación. El citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El artículo 107, fracción III, de la citada Ley establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." (Lo resaltado en el texto no es de origen). La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, mismas que pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal. Por otra parte, la fracción III del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, establece como presupuesto de procedencia del amparo en la vía indirecta, al impugnarse actos dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; éstos deben tratarse de la resolución definitiva o actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, de manera que no cualquier acto o resolución pronunciados en ese tipo de asuntos son reclamables en juicio constitucional. Es decir, según el artículo 107, fracción III, antes transcrito, el juicio de amparo biinstancial, contra actos dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (como acontece en el caso concreto), procede únicamente contra: a) La resolución definitiva; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Además, tratándose de la resolución definitiva, en la misma demanda de amparo se pueden reclamar las violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Asimismo, el numeral en cuestión establece lo que se debe de entender por actos que sean de "imposible reparación", los cuales son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese mismo contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, los cuales tutela la Constitución por medio de los derecho humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en como influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En ese tenor, el amparo indirecto procede, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, acorde con la siguiente distinción: - Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. - Derechos Adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. .... Analizado lo anterior, se destaca el acto reclamado donde el acto reclamado consistente en la resolución del recurso de revocación resuelto en la audiencia de tres de septiembre del año en curso, el proceso de extradición 5/2018, relativo a la indamisión de la prueba documental nueva o superveniente consistente en la declaración de Jesús Enrique Rejón Aguilar, resuelto por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en el procedimiento de extradición 5/2018, no es una resolución definitiva que pone fin al procedimiento de extradición, ni tampoco se considera como de imposible reparación, porque no afectan un derecho sustantivo del quejoso tutelado en la constitución federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo del procedimiento de extradición, porque puede darse el caso que la resolución que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores, determine la improcedencia de la extradición del quejoso, con lo que la alegada violación, no dejaría huella en su esfera jurídica; caso contrario, esto es, que la determinación de extradición fuese procedente, aquellas infracciones podrían combatirse, en el sentido de que la recepción y tramitación de la solicitud de extradición fuese ilegal, sea por no cumplir con los requisitos legales, o por presentar alguna inconsistencia de carácter procesal, y esas infracciones pueden analizarse al verificar, inclusive, en sede de amparo indirecto, la ilegalidad de aquellas infracciones. En ese escenario, se reitera, que para determinar la procedencia del juicio de amparo por actos dentro del procedimiento que sean reparables, deben recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Ahora, tales actos no encuadran en alguna de las excepciones que contempla Ley de Amparo, pues principalmente sólo se acuerdan diversas cuestiones relativas a las pruebas a recabar dentro de dicho procedimiento, lo cual no es un acto de imposible reparación, pues el acto de autoridad que en dado caso afectaría la esfera jurídica del gobernado surgiría al dictarse la resolución correspondiente por el Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y contra esta última seria procedente el juicio de amparo, ya que con ella culminaría el procedimiento de extradición. ...En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción III, de la invocada ley, por los motivos expuestos. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia señaladas; con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando usuario para recibir notificaciones electrónicas. Por tanto, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se comisiona al Secretario del Juzgado para que previo cercioramiento de su registro autorice el nombre del usuario "vhlopez7", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. Autorizados. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Delgado González y Carlos Enrique García Limón, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas que señala, en términos restringidos del numeral en cita, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, por así señalarlo la promovente. Uso de medios electrónicos. En conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a los autorizados para imponerse únicamente de los acuerdos que se dicten en este expediente, mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21, párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y vía electrónica al quejoso. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.

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