Eleazar Enrique Hernández Almaraz

Expediente 641/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
641/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
05/11/2020

Partes del expediente

  • Eleazar Enrique Hernández Almaraz
  • Ma. Elena Carrillo Govea, Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil veinte. SE RECIBE EXHORTO DILIGENCIADO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta 34563/2020 que suscribe la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 527/2020-119.E., que se le envió para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notificara al quejoso Eleazar Enrique Hernández Almaraz, el auto de quince de octubre del año en curso. Acúsese recibo y dese de baja en el libro de gobierno respectivo. SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veintidós de octubre del año en curso, por el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO. Tomando en consideración que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar en este cuaderno, formado con motivo de haberse desechado la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En consideración a lo anterior y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que dentro de los presentes autos no obra glosado documento original alguno, ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con este asunto; aunado a que el presente cuaderno de desechada no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se estima encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, punto vigésimo primero, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que ES SUSCEPTIBLE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de octubre de dos mil veinte. SE AGREGA ESCRITO COMO CONSTANCIA. Agréguese a los autos el escrito de cuenta que suscribe Diego Leonardo Rosales Álvarez, autorizado de la parte quejosa, a través del cual hace manifestaciones en torno a los actos reclamados en esta instancia constitucional; sin que haya lugar a mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de veintidós de octubre del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Eleazar Hernández Almaraz, motivo por el cual ya no es posible atender sus manifestaciones. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil veinte. SE CUMPLE PREVENCIÓN. Visto el primero de los escritos de cuenta que suscribe Diego Leonardo Rosales Álvarez, autorizado de la parte quejosa en términos amplios, a través del cual cumple con la prevención que se hizo a la parte que representa mediante acuerdo de quince de octubre del año en curso, y al efecto exhibe copia de los autos que le fueron solicitados. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Los artículos 61, fracción XIII, 62, 107 fracción V y 113, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos de la Ley de Amparo antes transcritos, se obtiene que las causas de improcedencia son de orden público e interés social; por ese motivo el órgano que conozca del asunto deberá analizar la demanda y si advierte la actualización manifiesta e indudable de alguna causa de improcedencia desechará de plano la demanda. Además, que cuando se reclamen actos dentro de un juicio, el amparo indirecto será procedente a condición de que tales actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; entendiéndose como tales los que afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución o en Tratados Internacionales. Así, en diversas ejecutorias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha definido que son actos de imposible reparación, aquellos que de una manera inmediata, lesionan el interés de una de las partes en el juicio, y que tal afectación perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no es posible repararlos en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo: el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera. A mayor abundamiento, es pertinente exponer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversas ejecutorias, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal que esta afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho de que se trata. En contraposición a lo anterior, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el que resulta afectado, obtiene sentencia a su favor. Así, se concluye, que los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en como influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. Da sustento a la anterior consideración la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "Época: Novena Época Registro: 180415 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Octubre de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. LVII/2004 Página: 9 ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. Solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003. Magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 10 de agosto de 2004. Mayoría de siete votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número LVII/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta de septiembre de dos mil cuatro.". Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de rubro y testo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2011338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Página: 1902 ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. Amparo en revisión 95/2015. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 6 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez. Queja 75/2015. Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas de la Comisión Federal de Competencia Económica. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez. Queja 55/2015. Operbes y Bestphone, ambas S.A. de C.V. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Rodolfo Meza Esparza. Queja 100/2015. Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. Amparo en revisión 160/2015. Radiodifusora XETAK-AM, S.A. de C.V. 17 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Agustín Ballesteros Sánchez. Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2016 a las 10:01 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". En el caso, la quejosa reclama los siguientes actos: a) El acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Zamora, dentro de la causa penal número 00527/2020 y NUC 1010-2018-39187. En dicho cuerdo se determinó lo siguiente: ".Recibo los escritos firmados por Alejandro Castro Navarro, quien tiene carácter de defensor del imputado Eleazar Hernández Almaraz, a quien se le instruye la causa penal 527/2020, por su participación en el delito de despojo y daño en las cosas; mediante el cual, solicita audiencia para control judicial sobre actos del ministerio público y se envíen los autos de la presente causa penal al juez federal. Acorde a lo anterior, se le dice al promovente que la que suscribe se encuentra impedida para dar respuesta a su petición, ya que mediante determinación tomada en audiencia de 12 septiembre de 2020, se declaró la incompetencia de este órgano jurisdiccional por razón de fuero; quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y términos que estime pertinente. De igual forma, respecto a su diversa petición para remitir la presente causa penal al juez federal, se le dice que, dicha determinación se tomó en la audiencia aludida del 12 de septiembre de 2020; sin embargo, la causa será envidada a la autoridad competente una vez que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por el asesor de la víctima y el agente del ministerio público, en virtud de que si bien es cierto que la apelación, por regla general no suspende la ejecución de la resolución impugnada, atendiendo a la posibilidad de que el recurso de apelación implica la posibilidad de que sean modificadas o revocadas las determinaciones de este órgano jurisdiccional, razón por la cual se ordena reservar la remisión de la causa al juez penal federal que se estimó competente una vez que se resuelva lo concerniente a la apelación interpuesta por el ministerio público y asesor jurídico." b) El auto de siete de octubre de dos mil veinte, dictado por el Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca penal X-49/2020. El contenido del citado auto, en lo conducente, es del tenor siguiente: ".El suscrito ordena registrar los medios de impugnación en los libros de gobierno y electrónico de este órgano jurisdiccional de alzada, para efectos del control, con número XI-49/2020, que por razón de orden concierne. Al no advertir que los apelantes, licenciados Josué Raúl Chávez Ramos y Carlos Alzati Velázquez, asesor legal y ministerio público, respectivamente, solicitaran exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ni considerarse necesario realizar audiencia respectiva, en términos de lo prescrito en el artículo 478 del referido código, quedan los autos a la vista del suscrito para el dictado de la resolución que corresponda, reservando efectuar el pronunciamiento sobre el presente medio de impugnación, a que alude el ordinal 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el momento de pronunciar el fallo.." Como se observa en el primer acuerdo la juez de control, en respuesta a la petición de la parte encausada, reitera su determinación de doce de septiembre de dos mil veinte, en el sentido de que la causa penal será remitida al juez federal una vez que sea resuelto el recurso de apelación interpuesto por el asesor de la víctima y el agente del ministerio público, en virtud a la posibilidad que dicha determinación pueda ser modificada o revocada por el tribunal de alzada. Además, en el segundo de los acuerdos, el magistrado responsable se avocó al conocimiento de citado recurso de apelación y puso los autos en estado de dictar la resolución correspondiente. En efecto, esta potestad federal estima que los acuerdos reclamados no tiene sobre la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, dado que no afectan de manera directa e inmediata ningún derecho sustantivo de ésta, es decir, que no se impide el ejercicio de un derecho, ni se genera una afectación patrimonial y, de hecho, en su caso únicamente podría generar afectaciones de naturaleza adjetiva o procesal, como podría ser la posible dilación consistente en la espera del dictado de la resolución de apelación; por tanto, la demanda de amparo resulta improcedente, y por ello, debe desecharse. Aunado a lo anterior, es factible considerar que por la naturaleza transitoria de los acuerdos reclamados, la admisión de la presente demanda podría ser perjudicial para el propio quejoso, debido a que podría generarse la expectativa de un derecho o resultado, o bien, un retardo mayor en la impartición de justicia, porque para evitar la actualización de una posible causa de improcedencia eventualmente podría instruirse al juez natural a que no remita las constancias de la causa penal al juez federal, sino hasta en tanto sea resuelto el juicio constitucional. Lo anterior, pues resulta evidente que tal acto no transgrede en perjuicio de la parte promovente algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, debe precisarse que la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de garantías conforme al numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales; lo que, en el caso, no acontece, pues únicamente se afectan derechos adjetivos cuya afectación pueden ser reparada una vez que se dicte la resolución respectiva. Tiene aplicación a lo anterior la tesis jurisprudencial sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Octava Época Registro: 205651 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 56, Agosto de 1992 Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/92 Página: 11 EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla. El Tribunal en Pleno en su sesión privada celebrada el miércoles diecinueve de agosto en curso, por unanimidad de diecinueve votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 24/1992, la tesis de jurisprudencia que antecede. Ausentes: Carlos de Silva Nava y José Antonio Llanos Duarte. México, D. F., a 20 de agosto de 1992. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 244, página 164.". Por último, la improcedencia analizada resulta notoria, porque en el caso concreto este órgano de control constitucional no realizó mayor análisis o demostración para arribar a la conclusión anotada, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como diversos Tribunales Colegiados de Circuito, ya han realizado la interpretación respecto a la hipótesis en estudio. Además, se estima que aún en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Eleazar Hernández Almaraz, contra actos de la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Zamora y del Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Lo anterior, sin que resulte excesivo, que la determinación que ahora se adopta no contraviene el principio pro persona a favor de la parte quejosa, pues ello no implica que las cuestiones planteadas ante una determinada autoridad deban ser resueltas indefectiblemente de manera favorable, ni aun cuando se trate de establecer una interpretación más amplia y extensiva a determinadas normas jurídicas. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "Época: Décima Época Registro: 2004748 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.) Página: 906 PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Amparo directo en revisión 2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte Generali, S.A. de C.V. Actualmente Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 10 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo en revisión 112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores Diesel de Zacatecas, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. Tesis de jurisprudencia 104/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de septiembre de dos mil trece." De igual forma, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. SE AUTORIZA A LA PARTE QUEJOSA CONSULTA DEL EXPEDIENTE Y PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES, VÍA ELECTRÓNICA. En atención al segundo de los escritos del promovente Diego Leonardo Rosales Álvarez, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente en que se actúa, así como la práctica de las notificaciones, vía electrónica, con usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación "drosales94" En consideración a lo anterior, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias para tal efecto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.

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