Efrén Téllez Nava

Expediente 153/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
153/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
06/06/2019

Partes del expediente

  • Efrén Téllez Nava

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de junio de dos mil diecinueve. Vista con estado de autos; causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinte de mayo del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Efrén Téllez Nava; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-153/2019 promovido por Efrén Téllez Nava, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. A continuación, el Secretario destaca que en proveído de diecisiete de enero del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento formulado en autos, y se ordenó tener como inexistente a las autoridades señaladas como responsables "Comandante Primero y Segundo de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán", y "Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán", por lo que no se hace mayor pronunciamiento respecto de las mismas. Así también, que dentro del presente juicio de amparo les resulta el carácter de terceros interesados a Evelia Ángeles Gabriel, así como a Arturo Sarabia Alcocer, agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán, quienes intervinieron en la causa penal ZIT 134/2018, así como a los ofendidos con iniciales C.I.O.R. y G.H.M.; quienes fueron debidamente emplazados al presente juicio de amparo, como se desprende de las constancias que obran agregadas en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con los informes justificados que obran en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por las siguientes autoridades: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro. Agente del Ministerio Público en apoyo de la Unidad de Investigación IV de la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tuvieron por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en el sumario la documental que el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro acompañó a su informe justificado, además, la diversa consistente en un disco óptico, el cual contiene los registros del proceso penal de origen; pruebas que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Tales medios de convicción se tuvieron por admitidos y desahogados dada su propia y especial naturaleza y, al no existir diversas pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente formularon los alegatos que a su parte corresponden los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, así como a este órgano jurisdiccional. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo V-153/2019, promovido por Efrén Téllez Nava, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, y otra autoridad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido el mismo día en el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, tribunal que en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por auto de doce de febrero de la presente anualidad remitió el presente asunto a este juzgado, demanda de amparo promovida por Efrén Téllez Nava, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, y otra autoridad. La parte quejosa precisó como transgredidos en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de catorce de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el juicio en que se actúa, en el cual se ordenó continuar con el trámite, mismo que había sido admitido, registrándose la misma con el número de expediente V-153/2019; se notificó dicha situación a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta correspondiente, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con ejecución material dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto cuya ejecución podría tener verificativo en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a las autoridades responsables consiste en la orden de detención y/o aprehensión y/o localización y/o retención dictada en su contra, así como su ejecución. TERCERO.- Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Agente del Ministerio Público en apoyo de la Unidad de Investigación IV de la Fiscalía Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán, se obtiene que negó la existencia del acto que el quejoso le atribuyó; además, el solicitante del amparo no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de dicha autoridad responsable. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia de contenido literal siguiente: "Época: Octava Época Registro: 227634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/20 Página: 627 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables. No se soslaya que del propio informe se desprende que la autoridad informó que se encuentra la carpeta de investigación con número único de caso 1006201844750, sin embargo, se abordará lo relativo a dicha manifestación en el siguiente considerando. CUARTO.- Existencia de los actos reclamados. Por otra parte, del contenido del informe justificado emitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, se desprende que es cierto el acto reclamado, toda vez que dentro de la causa penal ZIT 134/2018 decretó orden de aprehensión en contra del quejoso, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, previsto en los artículos 117, 122, 135, fracción I, incisos b), c) y d) y fracción VI, del Código Penal del Estado de Michoacán. Además, tales manifestaciones se corroboran con las documentales que remitió como sustento del mismo; medios de convicción que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. Por similitud, apoya lo anterior la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos". Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. En el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. En efecto, de la lectura integral de la demanda se desprende que el quejoso reclama del Juez en cita, la orden de detención y/o aprehensión y/o localización y/o retención dictada en su contra. Ahora bien, la causal de improcedencia prevista en dicho numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. [.]". Del artículo transcrito se conoce que el juicio de amparo es improcedente cuando existan los siguientes elementos: 1.- Que exista otro juicio de amparo pendiente de resolución. 2.- Que haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. A fin de demostrar que en el presente caso opera la causal de improcedencia antes referida, es menester traer a colación que en este propio órgano de control constitucional se encuentra radicado el diverso juicio de amparo V-989/2018, también promovido por Efrén Téllez Nava; demanda que fue recibida en la oficialía de partes de este juzgado, el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, lo que constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Cobra aplicación al particular la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: "Época: Novena Época Registro: 172215 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Junio de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 103/2007 Página: 285 HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco". Situación que se corrobora de la información contenida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la cual es una base de datos oficial electrónica que contiene un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de este sistema, como hecho notorio aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes, y en ese tenor pueden concederle valor probatorio pleno. Corrobora lo considerado, los criterios establecidos en las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 174899 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Junio de 2006 Materia(s): Común Tesis: P./J. 74/2006 Página: 963 HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio". "Época: Décima Época Registro: 2017123 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Página: 10 HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Contradicción de tesis 423/2016. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 8 de marzo de 2018. Mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Carlos Alberto Araiza Arreygue". En ese sentido, del citado juicio de amparo V-989/2018, se obtienen los siguientes antecedentes: a) Efrén Téllez Nava, reclamó del Juez del Sistema Acusatorio, Oral región Zitácuaro, así como del Juez Primero Penal, residente en la misma ciudad, la orden de aprehensión girada en su contra, y de diversas autoridades la ejecución de dicho mandato; b) El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, en su denominación correcta, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto que se le atribuye, toda vez que dentro de la causa penal ZIT 134/2018 decretó orden de aprehensión en contra del quejoso, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, previsto en los artículos 117, 122, 135, fracción I, incisos b), c) y d) y fracción VI, del Código Penal del Estado de Michoacán; c) El Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Zitácuaro, Michoacán, negó la existencia del acto reclamado; y, d) El cinco de abril pasado, se llevó a cabo la audiencia constitucional, además, que se encuentra pendiente el dictado de la sentencia correspondiente. Luego, en forma paralela a dicho asunto, el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, el aquí quejoso promovió nuevamente juicio de amparo en contra de la misma autoridad (Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro) y contra el mismo acto reclamado (orden de aprehensión dictada dentro del proceso penal número ZIT 134/2018). De lo antes expuesto, es inconcuso que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en virtud de que se encuentra radicado el diverso juicio de amparo V-989/2018 del índice de este juzgado federal, el cual fue promovido por el mismo quejoso, el veintiséis de noviembre de dos mil quince, contra el mismo acto reclamado y misma autoridad responsable. De ahí que, el presente juicio de amparo resulte improcedente, dada la litispendencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya finalidad es impedir que se resuelva en dos ocasiones el mismo problema jurídico, pues al tratarse de dos asuntos en donde se ventilan iguales aspectos; entonces, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2006145 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/2014 (10a.) Página: 265 LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten. Contradicción de tesis 307/2012. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actualmente Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 21 de marzo de 2013. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, en contra de las consideraciones, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, con reservas hasta el momento de conocer el engrose respectivo; votó en contra Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausentes: Juan N. Silva Meza y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Encargada del engrose: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Efrén Téllez Nava, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. VISTA CON INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta con el que la autoridad que lo remite rinde el informe justificado que le fue requerido, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Dva

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Vista con estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación IV de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán, no ha rendido su informe justificado respecto del acto reclamado en esta vía constitucional, no obstante de haber sido requerido con la oportunidad debida, siendo el caso, que a la fecha ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Requerimiento. Teniendo en consideración que ante la omisión de la autoridad en cita, lo que procedería, en su caso, al momento de resolver el presente asunto, es el que se presuma cierto el acto que se le atribuye; con la finalidad de estar en aptitud de analizar la constitucionalidad del acto reclamado, requiérase a la autoridad en cita, a efecto de que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita la totalidad de constancias con las que acredite la constitucionalidad del acto reclamado. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de ese lapso, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia. Diferimiento de la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las diez horas con cincuenta minutos del dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

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