Elda Salinas Gadea

Expediente 725/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
725/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Elda Salinas Gadea

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO Y/O RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS QUE CITA. Cuernavaca, Morelos, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta relativa al auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada no desahogó dicha oportunidad procesal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgador Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Al respecto, cabe destacar lo siguiente: Por sentencia emitida el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Elda Salinas Gadea para los efectos siguientes: " SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. En consecuencia, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, una vez que tenga conocimiento de la ejecutoria que se pronuncie en el presente juicio de amparo, señale una nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia de ley en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del término legal que previene el artículo 878, de la Ley Federal del Trabajo, y la desahogue en sus términos, en la inteligencia que deberá realizar todos los actos a ella imputable a fin lograr el desahogo de la citada audiencia."" Así, por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgador declaró ejecutoriada la resolución de mérito, y requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector, en reiteradas ocasiones. En esas condiciones, quien resuelve considera que el Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no estuvo en posibilidades de ajustarse a la concesión de amparo, en virtud que mediante oficio acordado el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dicha autoridad informó a este Juzgador que comparecieron en sus instalaciones las partes que intervienen en el procedimiento laboral ***********, a efecto de celebrar convenio mediante el cual solicitaron poner fin a la controversia laboral suscitada entre ellos, y posteriormente por oficio acordado el siete de diciembre del mismo año, remitió copia del auto en virtud del cual se tuvo por ratificado el mencionado convenio, por lo que se ordenó el archivo definitivo de dicho expediente. Bajo esa tesitura, si el amparo fue concedido a la parte actora a efecto de que la Junta responsable llevara a cabo la audiencia de ley dentro del juicio laboral de origen, lo cierto es que el mismo ha dejado de ser jurídicamente posible, toda vez que las partes convinieron poner fin a la controversia laboral de origen, solicitando que dicho convenio celebrado fuera elevado a la categoría de laudo, y ante dicha circunstancia fue ordenado el archivo definitivo del expediente ********del índice de la responsable. Ante las circunstancias narradas, se concluye la imposibilidad jurídica de tener por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, toda vez que aconteció un cambio de situación jurídica del juicio de origen, ya que se superó el obstáculo para su continuación. Por tanto, la autoridad se encuentra imposibilitada en dar cumplimiento a la protección constitucional concedida al peticionario de amparo, ya que no tendría sentido práctico requerirle su cumplimiento En esa tesitura, se declara que existe imposibilidad jurídica para el cumplimiento al fallo constitucional. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 12, en relación con el 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina lo siguiente: 1.El presente expediente PRINCIPAL, se considera Depurable, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo Séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al ser un juicio de amparo donde se CONCEDIÓ la protección constitucional; además, de que no es de RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia; y una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en la carátula respectiva; debiendo conservar el citado expedientes, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los noventa días subsecuente, deberá realizarse la depuración del mismo, a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18 ya referido; procediendo a la transferencia respectiva. 2. Transferir el cuaderno PRINCIPAL, transcurridos tres años a partir de esta fecha, una vez realizada su depuración, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, y acta correspondiente tal y como lo dispone el Capítulo Décimo, artículo 27, 28 y 29 del acuerdo normativo citado, y el manual correspondiente. Por otro parte, se hace constar que en presente asunto NO existen documentos originales aportados por las partes, ni se ordenó la formación de anexos. En el entendido de una vez que se remita al archivo el presente asunto, la secretaria (o), deberá hacer constar que el expediente físico coincide con el electrónico en su totalidad. Finalmente, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "PRINCIPAL. SE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO Y ORDENA ARCHIVO.". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. Así lo acordó el Juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de la Secretaria Herminia Hernández Mireles, que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta relativa al auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada no desahogó dicha oportunidad procesal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgador Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Al respecto, cabe destacar lo siguiente: Por sentencia emitida el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Elda Salinas Gadea para los efectos siguientes: " SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. En consecuencia, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, una vez que tenga conocimiento de la ejecutoria que se pronuncie en el presente juicio de amparo, señale una nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia de ley en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del término legal que previene el artículo 878, de la Ley Federal del Trabajo, y la desahogue en sus términos, en la inteligencia que deberá realizar todos los actos a ella imputable a fin lograr el desahogo de la citada audiencia."" Así, por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgador declaró ejecutoriada la resolución de mérito, y requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector, en reiteradas ocasiones. En esas condiciones, quien resuelve considera que el Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no estuvo en posibilidades de ajustarse a la concesión de amparo, en virtud que mediante oficio acordado el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dicha autoridad informó a este Juzgador que comparecieron en sus instalaciones las partes que intervienen en el procedimiento laboral ***********, a efecto de celebrar convenio mediante el cual solicitaron poner fin a la controversia laboral suscitada entre ellos, y posteriormente por oficio acordado el siete de diciembre del mismo año, remitió copia del auto en virtud del cual se tuvo por ratificado el mencionado convenio, por lo que se ordenó el archivo definitivo de dicho expediente. Bajo esa tesitura, si el amparo fue concedido a la parte actora a efecto de que la Junta responsable llevara a cabo la audiencia de ley dentro del juicio laboral de origen, lo cierto es que el mismo ha dejado de ser jurídicamente posible, toda vez que las partes convinieron poner fin a la controversia laboral de origen, solicitando que dicho convenio celebrado fuera elevado a la categoría de laudo, y ante dicha circunstancia fue ordenado el archivo definitivo del expediente ********del índice de la responsable. Ante las circunstancias narradas, se concluye la imposibilidad jurídica de tener por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, toda vez que aconteció un cambio de situación jurídica del juicio de origen, ya que se superó el obstáculo para su continuación. Por tanto, la autoridad se encuentra imposibilitada en dar cumplimiento a la protección constitucional concedida al peticionario de amparo, ya que no tendría sentido práctico requerirle su cumplimiento En esa tesitura, se declara que existe imposibilidad jurídica para el cumplimiento al fallo constitucional. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 12, en relación con el 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina lo siguiente: 1.El presente expediente PRINCIPAL, se considera Depurable, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo Séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al ser un juicio de amparo donde se CONCEDIÓ la protección constitucional; además, de que no es de RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia; y una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en la carátula respectiva; debiendo conservar el citado expedientes, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los noventa días subsecuente, deberá realizarse la depuración del mismo, a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18 ya referido; procediendo a la transferencia respectiva. 2. Transferir el cuaderno PRINCIPAL, transcurridos tres años a partir de esta fecha, una vez realizada su depuración, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, y acta correspondiente tal y como lo dispone el Capítulo Décimo, artículo 27, 28 y 29 del acuerdo normativo citado, y el manual correspondiente. Por otro parte, se hace constar que en presente asunto NO existen documentos originales aportados por las partes, ni se ordenó la formación de anexos. En el entendido de una vez que se remita al archivo el presente asunto, la secretaria (o), deberá hacer constar que el expediente físico coincide con el electrónico en su totalidad. Finalmente, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "PRINCIPAL. SE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO Y ORDENA ARCHIVO.". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. Así lo acordó el Juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de la Secretaria Herminia Hernández Mireles, que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  3. Principal

    agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Encargada del despacho de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa con copia certificada del acta levantada con motivo de la celebración del convenio entre las partes en el juicio laboral ***de su índice. En atención a su contenido, se requiere a ********, Encargada del Despacho de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos para que, en un término no mayor a cinco días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe a este Juzgado el acuerdo recaído a las constancias de mérito; en el entendido que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo que se le concede, se le impondrá una multa

  4. Principal

    En ese sentido, requiérase a la Presidenta Ejecutora del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en un plazo no mayor a diez días contados a partir de la recepción del presente proveído, informe si a la fecha le ha sido cubierto a la parte quejosa el pago de +++; en el entendido que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo que se le concede, o no informar el impedimento legal que se tenga para ello, se le impondrá una multa de cien días equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, y se procederá en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo.

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