Elda Bahena Ocampo
Expediente 515/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 515/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Elda Bahena Ocampo
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente **********, hubiese recurrido el proveído de veintidós de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual se ordenó desechar de plano por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.*
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE CITA: Cuernavaca, Morelos, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8° y 17, de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo presentada por **********, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 515/2019-C-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. De igual forma, con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 60, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena crear el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. En efecto, de un análisis al escrito inicial de demanda se aprecia que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir básicamente en lo siguiente: IV. ACTO RECLAMADO. Lo constituye la abierta dilación al proceso y la denegación de justicia al omitir resolver sobre la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, recabar dichas pruebas en un periodo máximo de 30 días y consecuentemente la omisión en notificar su determinación a las partes dentro del expediente laboral **********." Sin embargo, la omisión de resolver sobre la admisión o desechamiento de dichas pruebas, no es un acto que por regla general sea susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, a menos que se advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Lo anterior, se definió así en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011580, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Ahora bien, a efecto de establecer si en el caso efectivamente existe o no una demora o paralización total en el trámite del procedimiento donde deriva la omisión reclamada con el objeto de que sea procedente esta instancia constitucional, es necesario considerar que la audiencia de ley en la que las partes ofrecieron sus pruebas, y de las cuales la responsable se reservó acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de las mismas, se llevó a cabo el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. De acuerdo con el artículo 880 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado, que rige la tramitación del juicio de origen, establece que la Junta responsable resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche, en caso contrario se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes, por lo que dicho lapso de tiempo a fin de que se acordara lo conducente, transcurrió del veintisiete de marzo al dos de abril del año en curso. Luego, teniendo en cuenta el lapso de tiempo transcurrido para que se proveyera sobre dicha reserva, se obtiene que del tres de abril del año que transcurre, al quince de abril en curso, fecha en que presentó su demanda de amparo, solo han mediado trece días naturales, por lo que no puede decirse que se ha configurado una abierta dilación o paralización total del procedimiento derivado de la omisión de pronunciarse sobre la reserva señalada. Ello es así, pues el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado, que rige la tramitación del juicio de origen, establece un periodo máximo de cuarenta y cinco días naturales en que el juicio de origen pudiera permanecer inmóvil, lo cual resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. En consecuencia, como la parte quejosa reclama en su escrito inicial un acto que no es de imposible reparación y tampoco afecta algún derecho sustantivo, pues no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente.
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