Elda Paola Melo Cortina

Expediente 250/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
250/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Elda Paola Melo Cortina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Parte quejosa interpone recurso de revisión. Agréguese el escrito electrónico presentado a nombre de ******************** autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra del auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Al respecto, es importante precisar que la evidencia criptográfica que obra en el escrito de cuenta pertenece a ********************, autorizada en términos amplios de la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se ordena tramitar el citado recurso y correr traslado a las partes con copia del escrito de agravios, una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente en que se actúa, en el término de tres días siguientes a ello, remítase el original del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, a fin de que se sirva sustanciarlo. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula el expediente electrónico, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico los documentos recibidos en ese formato, por lo que únicamente se enviarán al Tribunal Colegiado aquellas constancias que obran de forma física en el expediente. En ese sentido, infórmese al Tribunal Colegiado que conozca del citado medio de impugnación que ya está disponible la consulta del expediente electrónico de este asunto. Finalmente, fórmese cuaderno de antecedentes en el que se integrarán al expediente físico los documentos recibidos en ese formato. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada y electrónicamente a la agente del Ministerio Público de la adscripción.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia Visto el estado procesal de autos, se advierte que en el presente juicio de amparo en cuanto al acto reclamado se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; circunstancia que impone sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en reiteradas ocasiones, el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea en el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia respectiva. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, o bien, cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Resulta ilustrativa al caso, la jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, tomo I, libro 55, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a junio de 2018, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente: "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." Sentado lo anterior, es preciso destacar que la parte quejosa reclama el siguiente acto: De la Jueza Segunda de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, el auto de diez de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario familiar de guarda y custodia 413/2021, en la parte en el que se negó decretar una medida de apremio en contra del padre de las menores involucradas, para haber permitido la salida del Estado de una de las niñas para una competencia deportiva. En ese contexto, respecto a dicho acuerdo se estima que antes de acudir al juicio constitucional, la parte quejosa debió impugnarlo a través del recurso de reclamación previsto en los artículos 408 a 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que dicen: "Artículo 408. La reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento." "Artículo 409. Los autos que no fueren apelables, pueden ser reclamados ante el Tribunal que los dictó." "Artículo 410. Son aplicables al recurso de reclamación las disposiciones siguientes: I. Se interpondrá en el momento de la audiencia o dentro de los dos días siguientes, a partir de que surta efectos la notificación del auto impugnado; II. Se formulará por escrito o verbalmente expresando el hecho infractor, las disposiciones legales violadas y los conceptos de violación; III. La reclamación no suspende el curso del juicio, se tramitará por cuerda separada y se mandará substanciar con vista de la contraria por el término de dos días; IV. La resolución que al efecto se dicte, no admite recurso; y V. Cuando el estado de los autos lo requiera, se podrá resolver antes de que se turnen los mismos para fallar la cuestión planteada." "Artículo 411. Procede la reclamación contra autos que se dicten en el trámite de segunda instancia, siendo aplicables las reglas que para su trámite establece este Capítulo." "Artículo 412. El Tribunal, bajo su más estricta responsabilidad podrá suspender la ejecución de una resolución reclamada, fijando las garantías procedentes, cuando de no hacerlo se puedan causar perjuicios de imposible reparación." De los citados preceptos legales se desprende que contra los autos que no fueren apelables y que no pongan fin al procedimiento, procede el recurso de reclamación ante el órgano jurisdiccional que los dictó. En este orden de ideas, si el acto reclamado consiste en un auto en el cual se negó la petición de la quejosa relativa a decretar una medida de apremio en contra del padre de las menores involucradas, para haber permitido la salida del Estado de una de las niñas para una competencia deportiva, en su contra es procedente el recurso de reclamación, pues éste tiene por objeto revocar o modificar acuerdos que no ponen fin al procedimiento, como es el caso del proveído recurrido. Aunado a lo anterior, el citado recurso resulta eficaz para reparar la posible violación en un plazo razonable, ya que, al no existir disposición expresa en cuanto al plazo para resolver dicho recurso, debe estarse al de tres días previsto en el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en términos del artículo 410, fracción V, de dicha legislación, el recurso se podrá resolver antes de que se turne el expediente para emitir el fallo respectivo, lo que dota de eficacia al recurso de reclamación, permitiendo que se resuelva previamente al dictado de la sentencia de fondo cuando como en el caso el estado de los autos así lo requiera, de modo que resulta idóneo para conducir a la insubsistencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VI.1o.C.95 C, de rubro y contenido siguientes: "RECLAMACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE CUALQUIER AUTO QUE NO PONGA FIN AL JUICIO, Y NO SÓLO CONTRA LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN LA AUDIENCIA (LEGISLACIÓN PARA EL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 408 y 409 del nuevo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por regla general, el recurso de reclamación procede en contra de cualquier auto que no ponga fin al procedimiento, siempre y cuando no sea apelable, y se interpondrá ante el tribunal que lo dictó; y si bien es verdad que el diverso artículo 410, fracción I, del ordenamiento legal citado, hace referencia a una audiencia, no menos cierto resulta que ello se debe a que aclara cuál es el término para la interposición del recurso, cuando lo acordado consiste en una actuación llevada a cabo por ese medio, y no que la reclamación sólo procede contra las determinaciones contenidas en las audiencias, ya que esto descontextualizaría la fracción de que se trata, además de que enseguida prevé el término para interponer la reclamación, cuando no se trata de una actuación determinada en audiencia, es decir, una actuación cualquiera." Igualmente, es ilustrativa en la parte conducente la tesis VI.2o.C.657 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 2021, tomo XXIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2009. Que dice: "RECLAMACIÓN. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE LA DEMANDA Y RECONOCE LA PERSONALIDAD DE SU PROMOVENTE, EN LOS JUICIOS DEL ORDEN CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De los artículos 377, 408, 409 y 410, fracciones I y II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del uno de enero de dos mil cinco, se advierte que el recurso de apelación sólo procede contra sentencias definitivas o resoluciones que, sin decidir el fondo, ponen fin a la instancia; mientras que la reclamación procede contra proveídos que no son apelables. De tal suerte, contra la resolución que admite la demanda en un juicio civil y reconoce la personalidad de su promovente, procede el recurso de reclamación, al ser un auto no apelable y porque en la codificación en cita no existe disposición legal alguna que prohíba la interposición de dicho medio de impugnación en contra de esa clase de resoluciones." Es cierto que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual prevé el principio de definitividad respecto de actos jurisdiccionales también establece algunos casos de excepción a dicho principio, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, y en general, los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso, excepto la sentencia definitiva en el proceso penal; y cuando se trate de persona extraña al procedimiento, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, del análisis de la demanda de amparo, no se advierte que en el caso se surta alguno de tales supuestos. Lo anterior, ya que la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña a juicio, dado que es la parte demandada en el juicio de origen, al cual ya compareció a contestar la demanda, aunado a que no se ha dictado sentencia definitiva en ese procedimiento. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 47/2011, visible en la página 1627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." También resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 698, Tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Adicionalmente, se invoca la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de 2001, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Asimismo, tampoco se aprecia que el acto reclamado haya sido verificado en algún procedimiento penal para que actualice alguna de las excepciones relativas, pues como ya se dijo, deriva de un juicio en materia familiar. De igual forma, no se observa que el recurso de reclamación esté sujeto a una interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinar su procedencia, pues como se ha puesto de relieve, se encuentra suficientemente regulado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por lo que se colige la obligación de la parte quejosa de agotar el medio de defensa ordinario. No se soslaya que este juzgado, al resolver el diverso juicio de amparo 821/2022, promovido por la propia parte quejosa contra el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario familiar de guarda y custodia 413/2021, determinó hacer procedente el juicio de amparo, por considerar que no era exigible que se hubiera agotado previamente el recurso de reclamación en contra del acuerdo reclamado, de acuerdo con el criterio contenido en la jurisprudencia 77/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 990, libro XXV, tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2013, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Del criterio transcrito se desprende que la Suprema Corte sostuvo que el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar las violaciones a las leyes que se hayan cometido en la resolución o acto impugnado, ya que en términos del artículo 1° constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias están obligadas a respetar y garantizar los derechos humanos, y que, particularmente, los derechos de los niños merecen una protección especial dada la vulnerabilidad en que se encuentran, por lo que será posible dejar de observar el principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en que se encuentre implicado un menor de edad, cuando el recurso ordinario que haya que agotarse no admita la suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, se alegado por cualquiera de las partes. Así, a la luz de ese criterio, este órgano jurisdiccional estimó procedente aquel juicio de amparo 821/2022, por considerar que el recurso de reclamación no contemplaba la suspensión del acto. Sin embargo, este Juzgado Federal ha modificado tal criterio a partir del pronunciamiento realizado sobre ese tema por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 73/2021, en el que sostuvo, esencialmente, que el citado recurso de reclamación sí prevé la suspensión del auto impugnado, como se advierte de la transcripción siguiente: "(.) En ese orden, contrario a lo argumentado en el desahogo de vista referido, el recurso de reclamación previsto en los artículos 408 a 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla puede considerarse como un recurso judicial efectivo, pues es idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad real, de interponer un recurso sencillo y rápido que permite alcanzar, la protección judicial requerida. Es así, pues como se expuso en consideraciones anteriores, los artículos 408 a 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que regulan el recurso de reclamación establecen que el mismo tiene por objeto revocar o modificar un auto que no sea recurrible en apelación, su tramitación es ágil, como puede advertirse del artículo 410 de la indicada legislación, que dispone: (se transcriben) De lo anterior, se colige que los plazos para decidir si el auto que no pone fin al procedimiento se revoca o modifica son breves, y de requerirlo el estado de los autos puede resolverse antes de que se turnen los autos para dictar sentencia, y aun cuando, por regla general no suspende la prosecución del juicio la autoridad que conozca del mismo, bajo su más estricta responsabilidad, puede suspender la ejecución de la resolución reclamada, fijando las garantías procedentes, cuando de no hacerlo se puedan causar daños o perjuicios de imposible reparación. Ahora bien, lo alegado respecto a que la posibilidad de que se suspenda la ejecución del acto impugnado no tiene una regulación precisa en la legislación estatal, debe desestimarse. Se afirma lo anterior, pues el artículo 412 de la legislación adjetiva, establece: "Artículo 412. El Tribunal, bajo su más estricta responsabilidad podrá suspender la ejecución de una resolución reclamada, fijando las garantías procedentes, cuando de no hacerlo se puedan causar perjuicios de imposible reparación". La redacción de tal numeral, contrario a lo argumentado por el representante especial de los menores, deja claro que para decretar la suspensión de la resolución reclamada no se requiere mayor requisito que su solicitud o, en su caso, la apreciación de la autoridad responsable, pues únicamente prevé una medida de garantía cuando se determine que es procedente suspender la ejecución del auto impugnado y ello pueda causar perjuicios de imposible reparación. En ese orden, no se advierte la incertidumbre a que se alude en el desahogo de vista, pues al no prever un plazo para decretar la suspensión, debe atenderse al plazo genérico que establece el artículo 50 del código de procedimientos civiles para el Estado de Puebla, que dispone: "Artículo 50. Las sentencias definitivas, una vez turnado el expediente al Juez, deberán dictarse dentro de quince días, salvo el caso de que el volumen excesivo de las actuaciones, su consecuente lectura y estudio no lo permitan, en cuyo caso se deberá ampliar el término hasta por un periodo igual. Las sentencias interlocutorias se dictarán dentro de ocho días. Los autos, dentro del tercer día" Así, al no existir disposición diversa, el plazo para proveer la solicitud de suspensión será de tres días, acorde al numeral transcrito que corresponde a la regla genérica para dictar un auto, sin que exista incertidumbre al respecto. Ahora bien, por cuanto hace a lo alegado respecto de que, al no establecer un plazo para suspender la ejecución de la determinación impugnada en reclamación, ello se erige como una excepción al principio de definitividad, debe estimarse infundado. Se afirma lo anterior, pues la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: (Lo transcribe) La indicada porción normativa prevé la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, en la cual se regulan las excepciones al mismo, a saber, cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento; cuando se trate del auto de vinculación a proceso; y, finalmente cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Así, respecto de esta última hipótesis, la excepción al principio de definitividad se actualiza cuando la procedencia del recurso se sujete a una interpretación adicional o cuando el fundamento legal sea insuficiente para determinarla, es decir, se refiere a la procedencia del propio medio de impugnación, tópico respecto del cual, como se explicó en párrafos que anteceden, la norma procesal es clara y suficiente para delimitar su procedencia; pero nunca habla la citada fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, de los requisitos de la suspensión prevista en el recurso, por lo que analizar tal tema, en todo caso implicaría adicionar una hipótesis no contemplada por la norma. (.)" Por tanto, no puede colmarse el requisito relativo a que el recurso ordinario no prevea la suspensión del acto, para que opere la excepción al principio de definitividad, aun cuando se alegue que el acto reclamado pudiera afectar los derechos de las niñas involucradas, pues, en ese caso, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el recurso de definitividad. Asimismo, no pasa inadvertido que el tercero interesado impugnó mediante recurso de queja la admisión de la demanda en el presente juicio de amparo, alegando, entre otras cuestiones, que no se había agotado en contra del auto reclamado el principio de definitividad, esto es, el recurso de reclamación previsto en la ley procesal civil para el Estado de Puebla, y que al resolver tal medio de impugnación el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en sesión del siete de septiembre de dos mil veintitrés, haya declarado infundada la queja. Sin embargo, tal circunstancia no afecta la conclusión alcanzada en este proveído, ya que el argumento toral de dicho órgano jurisdiccional para emitir su decisión, fue que la causa prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, no era notable ni manifiesta, pues en ese momento no existía certeza plena de que el acuerdo reclamado se hubiera emitido en un procedimiento ordinario o privilegiado, por lo que para definir esa tema era necesario contar con el informe justificado de la Jueza responsable. Esto es, en ningún momento el órgano colegiado resolvió que la causa de improcedencia no pudiera actualizarse una vez que se contara con el informe con justificación de la autoridad responsable y las constancias generadoras del acto reclamado. En ese contexto, actualmente ya se cuenta con las actuaciones en cuestión, y de la copia certificada del juicio familiar 413/2021, se desprende, sin lugar a dudas, que en el auto admisorio del cinco de abril de dos mil veintiuno se determinó tramitar el procedimiento en la vía ordinaria y no privilegiada, tal como se desprende de la siguiente transcripción: ". Se admite en procedimiento ordinario la acción de guarda y custodia promovida por Fernando Munguía Merino en contra de Elda Paola Melo Cortina. Lo anterior, atento a que el promovente solicita la guarda y custodia de las niñas de iniciales (V.M.M.) y (V.M.M.), en forma provisional y en su momento definitiva, por lo cual lo acción ejercitada se admite vía ordinaria, en virtud de que se tramitará en procedimiento privilegiado las cuestiones de custodia provisional y no definitiva. (.)." Por tanto, dado que actualmente se tiene plena certeza y seguridad de que el juicio familiar de origen se tramita en la vía ordinaria es posible establecer que la quejosa sí estaba obligada a combatir el acuerdo reclamado a través del recurso de reclamación, previamente a acudir al juicio de amparo, de ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que lo se impone sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Finalmente, no sobra decir que tampoco pasa inadvertido que la quejosa al contestar el recurso de queja promovido en contra de la admisión de la demanda de amparo expusiera que el juicio de origen se tramitó en la vía privilegiada y, por ende, no podía promover recurso alguno en contra del auto reclamado; sin embargo, como se ha puesto de relieve no se tiene duda de que el juicio se sustancia en la vía ordinaria. En las relatadas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; electrónicamente a la quejosa, personalmente al tercero interesado y por oficio a la representante coadyuvante de las niñas.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia Visto el estado procesal de autos, se advierte que en el presente juicio de amparo en cuanto al acto reclamado se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; circunstancia que impone sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en reiteradas ocasiones, el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea en el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia respectiva. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, o bien, cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Resulta ilustrativa al caso, la jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, tomo I, libro 55, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a junio de 2018, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente: "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." Sentado lo anterior, es preciso destacar que la parte quejosa reclama el siguiente acto: De la Jueza Segunda de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, el auto de diez de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario familiar de guarda y custodia 413/2021, en la parte en el que se negó decretar una medida de apremio en contra del padre de las menores involucradas, para haber permitido la salida del Estado de una de las niñas para una competencia deportiva. En ese contexto, respecto a dicho acuerdo se estima que antes de acudir al juicio constitucional, la parte quejosa debió impugnarlo a través del recurso de reclamación previsto en los artículos 408 a 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que dicen: "Artículo 408. La reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento." "Artículo 409. Los autos que no fueren apelables, pueden ser reclamados ante el Tribunal que los dictó." "Artículo 410. Son aplicables al recurso de reclamación las disposiciones siguientes: I. Se interpondrá en el momento de la audiencia o dentro de los dos días siguientes, a partir de que surta efectos la notificación del auto impugnado; II. Se formulará por escrito o verbalmente expresando el hecho infractor, las disposiciones legales violadas y los conceptos de violación; III. La reclamación no suspende el curso del juicio, se tramitará por cuerda separada y se mandará substanciar con vista de la contraria por el término de dos días; IV. La resolución que al efecto se dicte, no admite recurso; y V. Cuando el estado de los autos lo requiera, se podrá resolver antes de que se turnen los mismos para fallar la cuestión planteada." "Artículo 411. Procede la reclamación contra autos que se dicten en el trámite de segunda instancia, siendo aplicables las reglas que para su trámite establece este Capítulo." "Artículo 412. El Tribunal, bajo su más estricta responsabilidad podrá suspender la ejecución de una resolución reclamada, fijando las garantías procedentes, cuando de no hacerlo se puedan causar perjuicios de imposible reparación." De los citados preceptos legales se desprende que contra los autos que no fueren apelables y que no pongan fin al procedimiento, procede el recurso de reclamación ante el órgano jurisdiccional que los dictó. En este orden de ideas, si el acto reclamado consiste en un auto en el cual se negó la petición de la quejosa relativa a decretar una medida de apremio en contra del padre de las menores involucradas, para haber permitido la salida del Estado de una de las niñas para una competencia deportiva, en su contra es procedente el recurso de reclamación, pues éste tiene por objeto revocar o modificar acuerdos que no ponen fin al procedimiento, como es el caso del proveído recurrido. Aunado a lo anterior, el citado recurso resulta eficaz para reparar la posible violación en un plazo razonable, ya que, al no existir disposición expresa en cuanto al plazo para resolver dicho recurso, debe estarse al de tres días previsto en el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en términos del artículo 410, fracción V, de dicha legislación, el recurso se podrá resolver antes de que se turne el expediente para emitir el fallo respectivo, lo que dota de eficacia al recurso de reclamación, permitiendo que se resuelva previamente al dictado de la sentencia de fondo cuando como en el caso el estado de los autos así lo requiera, de modo que resulta idóneo para conducir a la insubsistencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VI.1o.C.95 C, de rubro y contenido siguientes: "RECLAMACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE CUALQUIER AUTO QUE NO PONGA FIN AL JUICIO, Y NO SÓLO CONTRA LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN LA AUDIENCIA (LEGISLACIÓN PARA EL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 408 y 409 del nuevo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por regla general, el recurso de reclamación procede en contra de cualquier auto que no ponga fin al procedimiento, siempre y cuando no sea apelable, y se interpondrá ante el tribunal que lo dictó; y si bien es verdad que el diverso artículo 410, fracción I, del ordenamiento legal citado, hace referencia a una audiencia, no menos cierto resulta que ello se debe a que aclara cuál es el término para la interposición del recurso, cuando lo acordado consiste en una actuación llevada a cabo por ese medio, y no que la reclamación sólo procede contra las determinaciones contenidas en las audiencias, ya que esto descontextualizaría la fracción de que se trata, además de que enseguida prevé el término para interponer la reclamación, cuando no se trata de una actuación determinada en audiencia, es decir, una actuación cualquiera." Igualmente, es ilustrativa en la parte conducente la tesis VI.2o.C.657 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 2021, tomo XXIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2009. Que dice: "RECLAMACIÓN. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE LA DEMANDA Y RECONOCE LA PERSONALIDAD DE SU PROMOVENTE, EN LOS JUICIOS DEL ORDEN CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De los artículos 377, 408, 409 y 410, fracciones I y II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del uno de enero de dos mil cinco, se advierte que el recurso de apelación sólo procede contra sentencias definitivas o resoluciones que, sin decidir el fondo, ponen fin a la instancia; mientras que la reclamación procede contra proveídos que no son apelables. De tal suerte, contra la resolución que admite la demanda en un juicio civil y reconoce la personalidad de su promovente, procede el recurso de reclamación, al ser un auto no apelable y porque en la codificación en cita no existe disposición legal alguna que prohíba la interposición de dicho medio de impugnación en contra de esa clase de resoluciones." Es cierto que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual prevé el principio de definitividad respecto de actos jurisdiccionales también establece algunos casos de excepción a dicho principio, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, y en general, los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso, excepto la sentencia definitiva en el proceso penal; y cuando se trate de persona extraña al procedimiento, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, del análisis de la demanda de amparo, no se advierte que en el caso se surta alguno de tales supuestos. Lo anterior, ya que la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña a juicio, dado que es la parte demandada en el juicio de origen, al cual ya compareció a contestar la demanda, aunado a que no se ha dictado sentencia definitiva en ese procedimiento. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 47/2011, visible en la página 1627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." También resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 698, Tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Adicionalmente, se invoca la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de 2001, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Asimismo, tampoco se aprecia que el acto reclamado haya sido verificado en algún procedimiento penal para que actualice alguna de las excepciones relativas, pues como ya se dijo, deriva de un juicio en materia familiar. De igual forma, no se observa que el recurso de reclamación esté sujeto a una interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinar su procedencia, pues como se ha puesto de relieve, se encuentra suficientemente regulado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por lo que se colige la obligación de la parte quejosa de agotar el medio de defensa ordinario. No se soslaya que este juzgado, al resolver el diverso juicio de amparo 821/2022, promovido por la propia parte quejosa contra el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario familiar de guarda y custodia 413/2021, determinó hacer procedente el juicio de amparo, por considerar que no era exigible que se hubiera agotado previamente el recurso de reclamación en contra del acuerdo reclamado, de acuerdo con el criterio contenido en la jurisprudencia 77/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 990, libro XXV, tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2013, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Del criterio transcrito se desprende que la Suprema Corte sostuvo que el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar las violaciones a las leyes que se hayan cometido en la resolución o acto impugnado, ya que en términos del artículo 1° constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias están obligadas a respetar y garantizar los derechos humanos, y que, particularmente, los derechos de los niños merecen una protección especial dada la vulnerabilidad en que se encuentran, por lo que será posible dejar de observar el principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en que se encuentre implicado un menor de edad, cuando el recurso ordinario que haya que agotarse no admita la suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, se alegado por cualquiera de las partes. Así, a la luz de ese criterio, este órgano jurisdiccional estimó procedente aquel juicio de amparo 821/2022, por considerar que el recurso de reclamación no contemplaba la suspensión del acto. Sin embargo, este Juzgado Federal ha modificado tal criterio a partir del pronunciamiento realizado sobre ese tema por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 73/2021, en el que sostuvo, esencialmente, que el citado recurso de reclamación sí prevé la suspensión del auto impugnado, como se advierte de la transcripción siguiente: "(.) En ese orden, contrario a lo argumentado en el desahogo de vista referido, el recurso de reclamación previsto en los artículos 408 a 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla puede considerarse como un recurso judicial efectivo, pues es idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad real, de interponer un recurso sencillo y rápido que permite alcanzar, la protección judicial requerida. Es así, pues como se expuso en consideraciones anteriores, los artículos 408 a 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que regulan el recurso de reclamación establecen que el mismo tiene por objeto revocar o modificar un auto que no sea recurrible en apelación, su tramitación es ágil, como puede advertirse del artículo 410 de la indicada legislación, que dispone: (se transcriben) De lo anterior, se colige que los plazos para decidir si el auto que no pone fin al procedimiento se revoca o modifica son breves, y de requerirlo el estado de los autos puede resolverse antes de que se turnen los autos para dictar sentencia, y aun cuando, por regla general no suspende la prosecución del juicio la autoridad que conozca del mismo, bajo su más estricta responsabilidad, puede suspender la ejecución de la resolución reclamada, fijando las garantías procedentes, cuando de no hacerlo se puedan causar daños o perjuicios de imposible reparación. Ahora bien, lo alegado respecto a que la posibilidad de que se suspenda la ejecución del acto impugnado no tiene una regulación precisa en la legislación estatal, debe desestimarse. Se afirma lo anterior, pues el artículo 412 de la legislación adjetiva, establece: "Artículo 412. El Tribunal, bajo su más estricta responsabilidad podrá suspender la ejecución de una resolución reclamada, fijando las garantías procedentes, cuando de no hacerlo se puedan causar perjuicios de imposible reparación". La redacción de tal numeral, contrario a lo argumentado por el representante especial de los menores, deja claro que para decretar la suspensión de la resolución reclamada no se requiere mayor requisito que su solicitud o, en su caso, la apreciación de la autoridad responsable, pues únicamente prevé una medida de garantía cuando se determine que es procedente suspender la ejecución del auto impugnado y ello pueda causar perjuicios de imposible reparación. En ese orden, no se advierte la incertidumbre a que se alude en el desahogo de vista, pues al no prever un plazo para decretar la suspensión, debe atenderse al plazo genérico que establece el artículo 50 del código de procedimientos civiles para el Estado de Puebla, que dispone: "Artículo 50. Las sentencias definitivas, una vez turnado el expediente al Juez, deberán dictarse dentro de quince días, salvo el caso de que el volumen excesivo de las actuaciones, su consecuente lectura y estudio no lo permitan, en cuyo caso se deberá ampliar el término hasta por un periodo igual. Las sentencias interlocutorias se dictarán dentro de ocho días. Los autos, dentro del tercer día" Así, al no existir disposición diversa, el plazo para proveer la solicitud de suspensión será de tres días, acorde al numeral transcrito que corresponde a la regla genérica para dictar un auto, sin que exista incertidumbre al respecto. Ahora bien, por cuanto hace a lo alegado respecto de que, al no establecer un plazo para suspender la ejecución de la determinación impugnada en reclamación, ello se erige como una excepción al principio de definitividad, debe estimarse infundado. Se afirma lo anterior, pues la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: (Lo transcribe) La indicada porción normativa prevé la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, en la cual se regulan las excepciones al mismo, a saber, cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento; cuando se trate del auto de vinculación a proceso; y, finalmente cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Así, respecto de esta última hipótesis, la excepción al principio de definitividad se actualiza cuando la procedencia del recurso se sujete a una interpretación adicional o cuando el fundamento legal sea insuficiente para determinarla, es decir, se refiere a la procedencia del propio medio de impugnación, tópico respecto del cual, como se explicó en párrafos que anteceden, la norma procesal es clara y suficiente para delimitar su procedencia; pero nunca habla la citada fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, de los requisitos de la suspensión prevista en el recurso, por lo que analizar tal tema, en todo caso implicaría adicionar una hipótesis no contemplada por la norma. (.)" Por tanto, no puede colmarse el requisito relativo a que el recurso ordinario no prevea la suspensión del acto, para que opere la excepción al principio de definitividad, aun cuando se alegue que el acto reclamado pudiera afectar los derechos de las niñas involucradas, pues, en ese caso, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el recurso de definitividad. Asimismo, no pasa inadvertido que el tercero interesado impugnó mediante recurso de queja la admisión de la demanda en el presente juicio de amparo, alegando, entre otras cuestiones, que no se había agotado en contra del auto reclamado el principio de definitividad, esto es, el recurso de reclamación previsto en la ley procesal civil para el Estado de Puebla, y que al resolver tal medio de impugnación el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en sesión del siete de septiembre de dos mil veintitrés, haya declarado infundada la queja. Sin embargo, tal circunstancia no afecta la conclusión alcanzada en este proveído, ya que el argumento toral de dicho órgano jurisdiccional para emitir su decisión, fue que la causa prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, no era notable ni manifiesta, pues en ese momento no existía certeza plena de que el acuerdo reclamado se hubiera emitido en un procedimiento ordinario o privilegiado, por lo que para definir esa tema era necesario contar con el informe justificado de la Jueza responsable. Esto es, en ningún momento el órgano colegiado resolvió que la causa de improcedencia no pudiera actualizarse una vez que se contara con el informe con justificación de la autoridad responsable y las constancias generadoras del acto reclamado. En ese contexto, actualmente ya se cuenta con las actuaciones en cuestión, y de la copia certificada del juicio familiar 413/2021, se desprende, sin lugar a dudas, que en el auto admisorio del cinco de abril de dos mil veintiuno se determinó tramitar el procedimiento en la vía ordinaria y no privilegiada, tal como se desprende de la siguiente transcripción: ". Se admite en procedimiento ordinario la acción de guarda y custodia promovida por Fernando Munguía Merino en contra de Elda Paola Melo Cortina. Lo anterior, atento a que el promovente solicita la guarda y custodia de las niñas de iniciales (V.M.M.) y (V.M.M.), en forma provisional y en su momento definitiva, por lo cual lo acción ejercitada se admite vía ordinaria, en virtud de que se tramitará en procedimiento privilegiado las cuestiones de custodia provisional y no definitiva. (.)." Por tanto, dado que actualmente se tiene plena certeza y seguridad de que el juicio familiar de origen se tramita en la vía ordinaria es posible establecer que la quejosa sí estaba obligada a combatir el acuerdo reclamado a través del recurso de reclamación, previamente a acudir al juicio de amparo, de ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que lo se impone sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Finalmente, no sobra decir que tampoco pasa inadvertido que la quejosa al contestar el recurso de queja promovido en contra de la admisión de la demanda de amparo expusiera que el juicio de origen se tramitó en la vía privilegiada y, por ende, no podía promover recurso alguno en contra del auto reclamado; sin embargo, como se ha puesto de relieve no se tiene duda de que el juicio se sustancia en la vía ordinaria. En las relatadas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo a través del presente proveído se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; electrónicamente a la quejosa, personalmente al tercero interesado y por oficio a la representante coadyuvante de las niñas.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional Vista la certificación de cuenta, se advierte que en la agenda de audiencias de este Juzgado Federal se señaló este día para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; sin embargo, con fundamento en los artículos 9, fracción XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y el diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por causas de fuerza mayor, los titulares de los Juzgados Primero al Décimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con excepción del Juzgado Sexto, acordaron declarar como hábiles pero con suspensión de plazos y términos procesales, del veinticinco al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Lo anterior obedeció a que, a las diez horas de esta fecha, personal adscrito a diversos órganos jurisdiccionales que laboran en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Puebla, realizaron una manifestación, y se impidió el acceso de las personas justiciables y público en general a dicho inmueble. En ese tenor, es evidente que por esa circunstancia, las partes en el presente juicio se vieron impedidas a ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para presentar alguna promoción o comparecer a la audiencia constitucional, la cual en términos del artículo 124 de la ley de la materia, es de carácter público. Consecuentemente, a fin de no violar las reglas esenciales del procedimiento y no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración Es aplicable el siguiente criterio: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Autorización de consulta y notificación vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En términos de lo acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario ********************que pertenece a ********************, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

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