Elba Rivera Trejo
Expediente 1683/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1683/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/09/2019
Partes del expediente
- Elba Rivera Trejo
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. ? Causa estado el acuerdo en que se tiene por no presentada la demanda de amparo. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó tener por no presentada la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (...)." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ya no son necesarias las constancias que en copia certificada envió la autoridad responsable Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Alatriste, con residencia en Chignahuapan, Puebla a su oficio 3010 recibido en este órgano jurisdiccional el doce de septiembre de dos mil diecinueve (tomos I, II, III, IV, V, VI y VII), consecuentemente, devuélvanse dichas constancias a la referida autoridad, para los efectos legales correspondientes, sin que sea necesario el acuse de recibo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Se tiene por no presentada la demanda. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días concedido a la parte quejosa en auto de dos de septiembre de dos mil diecinueve, transcurrió del diez al diecisiete de septiembre del actual, sin que haya desahogado la prevención que se le formuló, a fin de que subsanara la irregularidad de su demanda de amparo y cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo; en tales condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Elba Rivera Trejo, por propio derecho, y con el carácter de apoderada legal de María Candelaria González Vela. Por tanto, dese de baja el presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se precisa que respecto del acto reclamado que señaló en el capítulo respectivo consistente en la interlocutoria dictada el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho dentro del incidente de petición de herencia derivado del juicio sucesorio intestamentario 250/2014 del índice de la responsable, que determinó desechar las pruebas ofrecidas por la parte demandada incidental consistentes en prueba de cotejo e inspecciones judiciales, el amparo es notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. De una revisión de las constancias remitidas por el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Alatriste, con residencia en Chignahuapan, Puebla, consistentes en copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario 250/2014 de su índice, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que se actualiza de forma patente, notoria y absolutamente clara la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para sustentar dicha aseveración, conviene precisar el contenido de las disposiciones referidas, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La lectura de los preceptos legales trascritos revela la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entres sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, de conformidad con el artículo 17 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la parte quejosa promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor de los mismos; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segundas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En la ejecutoria que motivó el criterio transcrito, se expusieron esencialmente las consideraciones que se transcriben a continuación: "SEXTO. Estudio de fondo. Demostrado que sí existe contradicción de tesis sobre la cuestión jurídica señalada, el punto a resolver consiste en determinar, si en términos de lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover el juicio de garantías contra un acto que legalmente debe notificarse, puede o no iniciar cuando antes de dicha notificación, el quejoso tiene conocimiento fehaciente del acto reclamado. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos." Del precepto transcrito, se advierte que el artículo 21 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Esto es, conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. De igual manera, conviene destacar que el artículo 21 de la Ley de Amparo, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia del referido artículo 21, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de garantías, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Al respecto, cabe citar la tesis de este Tribunal Pleno, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.-El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan 'que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día', como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." (No. Registro IUS: 232213. Tesis aislada. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 193-198, Primera Parte, página 71). En congruencia con lo anterior, es dable concluir que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, en razón de que no puede limitársele el acceso a los tribunales federales cuando tiene conocimiento por cualquier otro medio de un acto que le depara perjuicio y, por ende, se encuentra en aptitud de instaurar la vía constitucional. Esto se afirma, en virtud de que el artículo 166, fracción V, de la ley de la materia, literalmente dispone: "Artículo 166. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: "..."V. La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que haya tenido conocimiento el quejoso de la resolución recurrida." La disposición legal transcrita prevé que en la demanda de amparo directo, entre otros requisitos, debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que se haya tenido conocimiento de la resolución. Esta última disposición establece implícitamente a favor del gobernado, el derecho a promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el acto reclamado, de modo tal que reitera lo que establece el referido artículo 21, en el sentido de permitir al quejoso promover el juicio desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto que le afecta. Lo anterior con independencia de que en el trámite del juicio de amparo directo, generalmente se contará con la notificación proveniente de los tribunales judiciales, administrativos y de trabajo, dado que la demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable y ésta, a su vez, está obligada a hacer constar en el pie del escrito de demanda, la fecha en que le fue notificada al quejoso la resolución reclamada, como la de la presentación del escrito inicial de demanda, y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas, conforme a lo que dispone el artículo 163 de la ley de la materia. En consecuencia, si en autos obra prueba fehaciente de que el quejoso conoció el contenido del acto reclamado íntegramente, con anterioridad a la fecha en que la autoridad responsable le notificó, el cómputo de los quince días que establece el referido artículo 21, debe realizarse a partir de la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento de aquél. Es decir, si el particular tiene conocimiento, previamente a la notificación que ordena la ley que rige el acto reclamado, a través de cualquier otro medio, como puede ser el momento en que hubiese recibido copias del mismo, es válido que a partir de ese momento inicie el cómputo del plazo para la presentación del juicio de amparo, siempre y cuando se acredite plenamente que el quejoso conoció de manera completa el acto reclamado. Dicho en otras palabras, el inicio del plazo para la presentación del juicio de garantías contra un acto que legalmente debe notificarse, tendrá lugar a partir de que el quejoso tiene pleno conocimiento de éste, o se hace sabedor de él, con independencia de que la ley que lo rige establezca la notificación como medio para darlo a conocer a los interesados que sean parte del juicio. Considerar lo contrario, conduciría a permitir al particular la promoción anticipada del juicio de garantías, cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación pero ignorar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan tal situación." Conviene precisar que aun cuando el criterio transcrito analizó el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada, resulta ilustrativo para establecer las hipótesis de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos consentidos por no promoverse el juicio de amparo dentro del plazo de quince días previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, dada la similitud en la redacción de ambos preceptos, tal como se pone de manifiesto en el cuadro comparativo siguiente: Artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada. Artículos 17, párrafo primero, y 18 de la Ley de Amparo vigente. "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:" Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Por lo anterior, el criterio jurisprudencial invocado continúa vigente ya que no se contrapone con lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, tal como lo prevé su artículo Sexto Transitorio, que establece: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Una vez establecidos los tres supuestos normativos previstos para el cómputo del plazo de quince días para promover el juicio de amparo, se colige que el acto reclamado en el presente juicio de amparo se ubica en la primera de las hipótesis, esto es, que el plazo se deberá computar a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto la notificación a la parte quejosa del acuerdo que reclama. Se dice lo anterior, toda vez que la parte promovente reclama la resolución interlocutoria dictada el veintiséis octubre de dos mil dieciocho dentro del incidente de petición de herencia derivado del juicio sucesorio intestamentario 250/2014 del índice de la responsable, en el que, entre otras cosas, se determinó desechar las pruebas ofrecidas por la parte demandada incidental consistentes en prueba de cotejo e inspecciones judiciales. Ahora bien, con lo manifestado por la propia parte quejosa en su demanda de amparo, específicamente en el punto relativo a los actos reclamados, donde manifestó que la resolución que reclama se le notificó el seis de agosto de dos mil diecinueve, como se pone de relieve con la siguiente transcripción: "IV. ACTOS RECLAMADOS. PRIMERO. DEL CIUDADANO JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALATRISTE, PUEBLA, reclamo la sentencia interlocutoria de Recurso de Reclamación interpuesto por la suscrita, desde el día 23 de agosto de 2018, en contra del auto de fecha 21 de agosto del mismo año 2018, que desecha diversas probanzas ofrecidas dentro del expediente número 250/2014 relativo al incidente de petición de Herencia tramitado dentro del juicio sucesorio intestamentario a Bienes de JOSÉ PLACIDO RAÚL GONZÁLEZ VÁZQUEZ y/o RAÚL GONZÁLEZ VÁZQUEZ y/o RAÚL GONZÁLEZ, así como también de MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VELA y/o CONCEPCIÓN VELA DE GONZÁLEZ y/o CONCEPCIÓN VELA GONZÁLEZ y/o CONCEPCIÓN VELA, resolución de fecha veintiséis de octubre de 2018, y notificada a la suscrita el día seis de agosto del presente año 2019, dictada por la autoridad responsable Entonces el plazo de quince días para interponer juicio de amparo en contra de la resolución reclamada debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de ésta, y para determinar ese momento debe atenderse al contenido de los artículos 51 y 75 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que estipulan: "Artículo 51. La notificación es el acto procesal mediante el cual los tribunales dan a conocer el contenido de una resolución judicial a las partes. La citación es un llamamiento hecho al destinatario para que comparezca o acuda a la práctica de alguna diligencia judicial. El requerimiento es el medio a través del cual los tribunales conminan a las partes o a terceros para que cumplan con un mandato judicial. Salvo disposición expresa en esta Ley, las notificaciones surten efectos el día en que se practican." "Artículo 75. Los términos empezarán a correr al día siguiente en que se hubiere hecho la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento." De los preceptos legales transcritos se desprende que las notificaciones surtirán efectos el día en que se practiquen. En tales condiciones, como se ha venido reiterando, si el seis de agosto de dos mil diecinueve se notificó a la parte quejosa la resolución reclamada, surtió sus efectos en ese mismo día, y en términos de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda empezó a correr a partir del día hábil siguiente, esto es, el siete de agosto posterior y culminó el veintisiete de agosto del año en curso, siendo inhábiles los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de agosto del año en curso, por corresponder a sábados y domingos, inhábiles de conformidad con artículo 19 de la Ley de Amparo, tal como se pone de manifiesto con el siguiente calendario: ...Consecuentemente, si el plazo para la interposición de la demanda de amparo transcurrió del siete al veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, y ésta se presentó en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla hasta el veintinueve de agosto del año en curso, es evidente que su presentación resulta extemporánea, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional respecto del acto reclamado en esta vía, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, aunque la demanda de amparo se hubiera presentado dentro de los plazos que establece la Ley de Amparo, la misma resultaría improcedente al actualizarse de oficio una diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, los que establecen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. En ese sentido, se colige que la resolución reclamada dictada el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, que desecho diversas probanzas ofrecidas por la parte demandada incidental consistentes en prueba de cotejo e inspecciones judiciales, constituye un acto dictado dentro del juicio de origen que no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Se afirma lo anterior, ya que por regla general, lo atinente al desahogo de pruebas únicamente puede ocasionar una violación a derechos procesales que podrían repararse en la sentencia definitiva, lo que tornaría intrascendente cualquier violación que pudiera derivarse de esa determinación. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes. Las consideraciones vertidas encuentran sustento, en los criterios siguientes: *** Asimismo, al caso son aplicables, en lo conducente, las jurisprudencias del Pleno y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcriben a continuación: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." "DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN. SU DESECHAMIENTO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que, por regla general, el desechamiento de pruebas en el juicio civil es reclamable mediante juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo y, que esta regla general sufre una excepción cuando se está ante el supuesto en el que el desechamiento de las pruebas pueda tener una ejecución de imposible reparación, porque en tal caso, se estaría vulnerando una garantía individual que no es susceptible de repararse aunque la sentencia llegare a ser favorable. En ese orden, se debe considerar que la naturaleza jurídica del documento que se exhibe como base de la acción en un juicio, es la de un documento probatorio con el que se pretende demostrar un hecho o acreditar un derecho y, en ese sentido, es dable concluir que su desechamiento no genera de manera inexorable la imposibilidad jurídica de que el juez resuelva el fondo del asunto sometido a su consideración, pues la relación jurídica sustantiva existente entre las partes en un juicio civil no sólo es susceptible de ser acreditada con el documento base de la acción, ya que ésta puede quedar demostrada con el demás acervo probatorio; por ende, el acto que desecha el documento base de la acción no reviste la característica de ser un acto de imposible reparación y, siendo así, para su impugnación habrá de seguirse la regla general que estatuye que el desechamiento de las pruebas en el juicio civil constituye una violación reclamable mediante el juicio de amparo directo, sin que se actualice una excepción que haga procedente, de inmediato, el amparo en la vía indirecta." Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En tales condiciones, se reitera que el amparo promovido por la parte quejosa es notoriamente improcedente. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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Vista la comparecencia de ***, perito nombrado por la autoridad responsable Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puebla, en materia de grafoscopía, se le tiene aceptando y protestando el cargo conferido; además acredita tener conocimientos en la materia dado que adjuntó copia certificada de las documentales que así lo acreditan. Asimismo, cabe precisar que mediante auto de dos de septiembre de la presente anualidad, se reservó la solicitud de la autoridad responsable Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puebla, de girar oficio al Director Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puebla, a efecto de que permita a los peritos que en su caso nombren las restantes partes, el perito oficial y el ya señalado por la autoridad oferente y les permita el acceso a los documentos originales que se encuentran a su cargo y que contiene las firmas indubitables y sobre las cuales versará el cuestionario propuesto por la autoridad que ofreció la prueba pericial en grafoscopía; de ahí que una vez que fenezca el plazo otorgado a la parte quejosa y a las restantes autoridades responsables para que designen perito de su parte en materia de grafoscopía y protesten el cargo conferido, se acordara lo conducente.
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Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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