Elda Gabriela Dominguez Flores
Expediente 574/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 574/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elda Gabriela Dominguez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de octubre de dos mil veintitrés Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en términos de lo establecido en el Capítulo Cuarto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es conservable ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Quinto, artículo 17, fracción III, inciso a), y por consiguiente, en el Capítulo Octavo artículo 25, concerniente a la digitalización de expedientes. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio y anexos de cuenta, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.JCMA
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de veinte de junio de dos mil veintitrés; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el único punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "(.) Acuerde de inmediato la promoción recibida el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el juicio laboral 583/2015; lo que deberá hacer con libertad de jurisdicción y notificar a la parte quejosa el citado auto. (.)" En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 574/2023-V-B promovido por **************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el dos de mayo siguiente en este órgano jurisdiccional, Elda Gabriela Domínguez Flores solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos de la Junta Especial Numero Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de tres de mayo del año en curso, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse la conducta omisiva de autoridad que ejerce sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de acordar el escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el juicio laboral 583/2015. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. En ese tenor, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, a saber, veintiocho de abril del año en curso, la autoridad responsable no ha emitido el acuerdo respecto del escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, registrado con folio 13583; por lo tanto la conducta omisiva existe, ya que por regla general la existencia del acto reclamado se analiza a la data en que se promueve el juicio de amparo. Las constancias descritas ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.3/943, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA." CUARTO. Estudio del concepto de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. Resultan esencialmente fundados los argumentos contenidos en el único concepto de violación, los cuales son suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Lo anterior ha sido determinado así, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, con número de registro 171257, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De esos principios destaca el relativo a justicia pronta que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En los antecedentes del escrito inicial de la demanda la parte quejosa se aprecia que entregó el escrito el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 583/2015; aunado a que de las constancias que integran el informe justificado se advierte dicha circunstancia. Por su parte, el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo impone a la Junta el deber de acordar las promociones que le sean presentadas, por regla general, dentro de las cuarenta y horas siguientes a su recepción. Para mayor ilustración, el mencionado artículo se cita textualmente: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Conforme a este numeral, se advierte que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, principio que rige su actividad, y que en el caso particular no se ha respetado. En efecto, el numeral transcrito de la mencionada ley laboral, dispone que las Juntas dictarán sus resoluciones en el mismo acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a en que reciba promociones por escrito. Así, el precepto constitucional y el legal antes mencionado, relativo a procurar la garantía de acceso a la justicia, pone de manifiesto el hecho de que la autoridad laboral, a través de la función jurisdiccional que le corresponde debe llevar a cabo mediante la realización de los actos procesales necesarios que culminan con el pronunciamiento del acuerdo respectivo y estos no pueden contravenir lo dispuesto en los preceptos legales a que se ha hecho referencia, en atención a que la conducta omisiva traería como consecuencia un retraso injustificado en la secuela del conflicto sometido a su consideración con grave perjuicio en la administración de justicia, y menoscabo de la garantía que salvaguarda el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de la parte quejosa violentando su derecho de que se le administre justicia pronta y expedita. Lo que acontece en el presente asunto; pues, dado que de la actuación en estudio, es evidente que la responsable desde el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, fecha en que la parte quejosa presentó el escrito dirigido al juicio laboral de origen, no ha emitido el acuerdo respectivo a lo peticionado por esta; o por lo menos no está acreditado en este juicio con prueba fehaciente que ello haya acontecido; por lo que desde la citada fecha, se ha retardado al no resolver lo conducente. Ahora bien, la demora en el dictado del acuerdo correspondiente a la promoción presentada por la quejosa el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, es violatoria del derecho a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque implica una abierta dilación del procedimiento de ejecución, ya que impide que las pretensiones esenciales de la parte quejosa, trasciendan al procedimiento, sea de forma favorable o desfavorable; a mas que la temporalidad frente al reclamo formulado en el ocurso que se aduce se encuentra carente de acuerdo, permite apreciar en este caso concreto, que constituye una abierta dilación. Lo dicho en el párrafo que antecede se apoya en la jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.), con número de registro 2024318, de rubro siguiente: "DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN". Así, en el caso, no se ha acordado el ocurso presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el juicio laboral de origen; de ahí que la omisión que se le atribuye a la autoridad responsable es violatoria de los artículos reproducidos al retrasar la impartición de justicia reclamada por la quejosa. En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. QUINTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante lo fundado de los conceptos de violación, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la autoridad responsable: Acuerde de inmediato la promoción recibida el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el juicio laboral 583/2015; lo que deberá hacer con libertad de jurisdicción y notificar a la parte quejosa el citado auto. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), con número de registro 2005150, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)". Por tanto, la sentencia tiene por efecto que la autoridad responsable acuerde el escrito con libertad de jurisdicción, sin poder darle alcances más allá de esto, ya que implicaría prejuzgar sobre hechos futuros y dar por sentado que incurrirá en nuevas omisiones y dilaciones que deben prevenirse desde ahora, soslayando incluso, la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a **************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones cuarta y quinta de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Andrés Lesher González, secretario en funciones de Juez, autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el siete de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 175, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con el artículo 44, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Jadilson Alonso Navarro secretario que da fe.
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